Abogados de Capriles explican que su inhabilitación es inconstitucional y parte de una "retaliación política”
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Abogados de Capriles explican que su inhabilitación es inconstitucional y parte de una “retaliación política”

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Los abogados del Gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, declararon este martes 11 que su inhabilitación, la cual es la sanción accesoria de una multa, es inconstitucional. Además, señalaron que el proceso estuvo plagado de irregularidades al no realizar un juicio o permitir la defensa del afectado.

Rafael Chavero y Bernardo Pulido, abogados de Capriles, aseguraron que ejercerán todos los mecanismos legales nacionales e internacionales para revertir esta decisión.

La multa e inhabilitación contra el gobernador de Miranda parten de cuatro faltas que la Contraloría le adjudicó sin demostrar, ni dejar ver, prueba alguna, explicó Chavero. Más allá, la decisión tomada resulta inconstitucional, puesto que las sentencias solo pueden ser dictadas por tribunales en un juicio y no por la Contraloría, señaló en rueda de prensa.

La sentencia de la Contraloría rompe con las leyes venezolanos al pretender inhabilitar a un funcionario de elección popular, cuando solo tiene potestad para aplicarla a funcionarios administrativos. Las inhabilitaciones políticas que permite la Constitución son solo aquellas por “una sentencia penal definidamente firme que se haya determinado que el hecho es un delito contra el patrimonio público”, declararon los abogados. Chavero consideró que “es el pueblo el que debe decidir que funcionarios quien puede representar quien ocupe un cargo o no”.

Otra irregularidad es la naturaleza de la inhabilitación y la multa que esta acompaña. “Es una pena accesoria y la pena principal es la multa. No hubo daño patrimonial. La multa es por un monto bajo (Bs. 40.000) y la inhabilitación es por el término más alto (15 años)” por lo cual Chavero lo consideró como “un acto de babarie y de retaliación política”.

Comunicado de la Contraloría

El organismo especificó, en un comunicado, que estas acciones emprendidas por Capriles comprometieron el presupuesto público de la Gobernación de Miranda y que la inhabilitación comenzará a surtir efecto cuando el mandatario regional cese funciones como gobernante.

En el texto, firmado por el contralor Manuel Galindo, se dice que el dos veces candidato presidencial fue negligente “durante los años 2011, 2012 y primer trimestre del año 2013 (…) al no presentar el proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2013 ante el Consejo Legislativo del estado”.

También que Capriles celebró “convenios de cooperación internacional entre la gobernación a su cargo y las Embajadas de la República de Polonia y de Gran Bretaña, sin la autorización legal requerida”.

Finalmente, la Contraloría cita el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en la que se especifica que dicha institución es la única que puede imponer sanciones a actores políticos.

 

*Con información de El Universal

 

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