La alimentación fue el derecho más vulnerado durante el año 2016 en el país, según el Observatorio Venezolano de Prisiones; ONG que este lunes realizó su tercer simposio anual en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Susana Rafalli, nutricionista e investigadora de Provea, Gloria Perdomo, directora de la fundación Luz y Vida, Luis Francisco Cabezas, presidente de Abuelos Miranda y miembro fundador de la ONG Convite, Humberto Prado, presidente del Observatorio Venezolano de Prisiones, Mariela Magallanes, diputada de la Asamblea Nacional y Marco Antonio Ponce, del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, fueron los ponentes invitados quienes explicaron desde sus respectivas áreas de trabajo cómo el hambre ha afectado a los más débiles de la sociedad: madres embarazadas, niños, ancianos y reclusos.

Cabezas presentó datos del Observatorio Mirandino del Envejecimiento, institución que de julio a noviembre de este año midió a 389 abuelos (70% mujeres y 30% hombres), en 10 casas de Abuelos en Barlovento, Valles del Tuy y el Área Metropolitana de Caracas; donde pudo registrar que 80% de la muestra se ubicó casi al borde inferior recomendable del índice de masa corporal, perdiendo hasta 2 y 3 dígitos por persona.

“De abril a noviembre la pérdida de peso mensual es de 1,7 kilogramos. En el mes de julio el porcentaje de personas que registraban un índice de masa muscular inferior a 18,5 era del 15%. Al mes de noviembre este porcentaje pasó a ser al 25%. En promedio mensual, 73% de la muestra pierde peso. 57% de ellos han acumulado pérdidas que van desde 0,1 kilos a 4 kilos, 33% pierden entre 4,1 kilos a 7 kilos y el restante supera los siete kilos de peso”, dijo Cabezas; quien se confesó preocupado ante la dificultad de conseguir alimentos para satisfacer la demanda de los adultos mayores y alertó sobre las condiciones de los sanatorios mentales: “Allí la están pasando mal”.

Felipe Carrasquero y Eladia y Maritza Díaz ofrecieron sus testimonios: “Si cobro 27.000 bolívares de pensión cómo compro un pollo a 3.900 bolívares el kilo. Es una tragedia muy grande esto se ser viejo y pobre. Yo quiero vivir, no nos dejen morir de hambre”, dijo Carrasquero mientras Eladia reconoció que en 78 años de vida nunca había vivido nada similar en cuanto a alimentación. Maritza añadió que anteriormente aguantaba el hambre a punta de cigarrillos y café pero ahora esta alternativa también le resulta inaccesible: “Tomo solo té de toronjil y sin azúcar. No como igual que antes. Cada vez que me evalúan, peso un poquito menos y a todo lo que me pongo tengo que meterle porque si no se me cae”.

Los niños también forman parte de los sectores de la sociedad más frágiles ante el problema del hambre. Gloria Perdomo de la Fundación Luz y Vida, con más de 30 años de trabajo en zonas rurales como Turgua, o populares como Antímano y Petare, comentó lo que sucede en las escuelas a través del testimonio de los propios niños: “Hubo un caso en el liceo que hubo niños que no trajeron almuerzos, se desmayaron”.

De acuerdo a los relatos que recogió en las aulas, Perdomo reseñó que los niños, en general, no disfrutan de las tres comidas diarias. Dijeron comer una vez al día y alimentarse en su mayoría con plátano, arepa o arroz solo.
Los adolescentes no escapan de los estragos del hambre: “Me ha pasado, porque a veces llego y no hay nada que comer, o hay muy poco, me acuesto para que mis hermanos menores puedan comer, tengo una hermana que tiene tres años y no quisiera que pasara más hambre (…) en mi casa hemos disminuido nuestro consumo, antes desayunábamos, almorzábamos y cenábamos, ahora no. Ahora si desayunamos “poquito”, cenamos, dependiendo si hay, pero no, las tres comidas no podemos, para poderlo rendir”.

Susana Rafalli, nutricionista e investigadora de Provea, participó a través de un video pues se encuentra en África en labores de ayuda humanitaria internacional. En la grabación afirmó que nunca antes el derecho a la alimentación había sido tan vulnerado, pues explicó que los pilares donde se debería garantizar el abastecimiento han sido resquebrajados: garantía de la disponibilidad, libre acceso a los alimentos y respeto al consumo.

Dijo que Venezuela se encontraba en un nivel alarmante de fabricación de alimentos, con bajísimo nivel de desarrollo tecnológico, en el último lugar de producción científica y con un parque industrial en el suelo.
Alertó sobre las consecuencias que esto genera en los índices de desnutrición infantil: “La producción nacional ha disminuido 60% y la importación 40%, el consumo de alimentos ha caído 30% y la dieta del venezolano es cada vez más pobre. La desnutrición infantil está entre el 22 y el 30% en niños menores a 5 años; justo cuando ocurre la formación cognitiva e intelectual pues luego ya no habrá reparación ni regreso de este proceso. Esto es inadmisible”.

Humberto Prado mostró cifras sobre el hacinamiento carcelario. Indicó que, en promedio, este se ubica en 216% en todo el país; pero va del 101% al 1010%. La capacidad de los centros de reclusión es de 25.550 y habría 55.219 reclusos: “Se vulnera un principio, 69% de la población carcelaria está en detención preventiva. En los centros penitenciarios hay escabiosis, VIH-Sida y tuberculosis. Aquí el problema es de las autoridades y ellos son responsables penal, civil y administrativamente”.

Prado deploró el trato indigno al cual someten a los privados de libertad, lo cual implica dormir en el piso, hacer las necesidades en envases plásticos y pasar hambre.

Dijo que guardaba el testimonio de Carlos Herrera, padre de Juan Herrera, quien le habría indicado que a su hijo se lo comieron en un penal del país. Y se preguntó cómo podía alimentarse a los presos si por cada uno se presupuesta diariamente 20,69 bolívares y solo una arepa cuesta al menos 1.500 bolívares.

Prado responsabilizó al gobierno del hacinamiento y de provocar refriegas internas en los centros penitenciarios pues a su juicio el encierro y el hambre provoca el canibalismo carcelario.

La diputada de la Asamblea Nacional Mariela Magallanes se refirió a los Claps como evidencia del apartheid político que impulsa este gobierno como medida de control social: “Se trata de un plan preconcebido por un régimen dictatorial que comenzó con Chávez y las misiones pero que cayó por la reducción del ingreso petrolero”.

Marco Antonio Ponce, del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, señaló que en lo que va de año hubo 5.772 protestas. 26% de ellas fue para exigir el derecho a la alimentación: “Hubo registro de 711 saqueos o intentos de saqueo a nivel nacional, 199% más que en 2015; situación que no disminuirá en el año 2017 pues se mantienen los elementos que inciden en la molestia social: negación de ir a elecciones, dificultad para acceder a la cesta básica y degradación moral del venezolano, entre otros”.

El simposio cerró con las palabras de Prado, quien a pesar del panorama expuesto se admitió esperanzado ante un nuevo año. Invitó a los presentes a una cuarta cita y pidió que ante este presente convulso cada quien haga lo que mejor sabe hacer para construir una Venezuela distinta.