En las alcaldías del Área Metropolitana de Caracas la meta física de la mayoría de los proyectos ha tenido que reducirse debido a la inflación y a la escasez de equipos e insumos. Los planes de inversión se ajustan  a la disponibilidad presupuestaria y, frente a este panorama, la recaudación de impuestos es fundamental.

Las direcciones de rentas de las alcaldías realizaron campañas para incentivar el pago de impuestos pues en el caso de la alcaldía de Sucre de los 25 mil contribuyentes de inmuebles, 18 mil estaban morosos. Los municipios también aumentaron las fiscalizaciones para hacer más eficiente la recaudación y se realizaron auditorías a los sospechosos habituales.

El Hatillo tuvo que actualizar sus alícuotas pues algunos montos no se ajustaban hace cuatro años.  También lanzó un botón de pago para cancelar los impuestos vía online y en 2017 realizarán otro incremento de las alícuotas.

El escenario será diferente en Sucre donde el director de la alcaldía, José Luis López, asegura que el sector privado comercial y empresarial no soporta un aumento en las alícuotas por lo que no está previsto hacerlo.  «Ha habido un descenso progresivo en el número de empresas en el municipio y también en la regularidad del pago».

Bayardo Monagas, director de la alcaldía de Baruta, explicó que parte del excedente de la recaudación de impuestos de 2015 tuvo que usarse para cubrir los aumentos salariales decretados por el Ejecutivo, en detrimento de otros proyectos en el área de asfaltado. La misma situación se repitió en el municipio El Hatillo.

«Debido a la inflación y a la disponibilidad de recursos las metas de todos los proyectos se han visto afectadas. Por ejemplo, solo pudimos cumplir 60% de nuestros planes de asfaltado. Lo más preocupante es que el proceso de planificación se pierde pues la inflación te come la mitad del presupuesto», dice Jordy Moncada, director de la alcaldía El Hatillo. Agregó que  en 2017 la prioridad será invertir en seguridad y vialidad, que son las principales preocupaciones de los vecinos.

«Se van a incorporar 22 funcionarios policiales formados en la UNES, se adquirirán cámaras de videovigilancia para el municipio, y en 2017 se invertirá diez veces más que este año en reparación de huecos, aceras, desmalezamiento y limpieza de quebradas», precisó Moncada.

Monagas explica que además de la inflación desproporcionada no se consigue asfalto ni cemento. «Hemos ejecutado los proyectos pero reduciendo las metas. El año que viene le daremos prioridad a dos áreas medulares: equipamiento policial, reparación de patrullas y asfaltado».

En el municipio Sucre todos los servicios se han visto afectados por limitaciones presupuestarias y por la escasez. «Ya no hacemos asfaltado completo sino que colocamos paños en los tramos más críticos, lo mismo ha ocurrido con los muros de contención. No hemos podido tener una licitación de medicinas completa para el hospital Pérez de León ni para la red ambulatoria pues todas resultan desiertas o incompletas. No hay repuestos para los vehículos por lo que las patrullas están en la mitad de su capacidad operativa», precisó López y agregó que cada día es más difícil «actuar autónomamente sobre tus decisiones presupuestarias. El Ejecutivo Nacional decreta aumentos a tiempo y a destiempo y sin cumplir con la asignación de los recursos».

En el caso de la alcaldía de Sucre, 8% del presupuesto total proviene del Situado Constitucional. El porcentaje es parecido en el resto de los municipios del Área Metropolitana pues  entre el 80 y 90% de sus ingresos son propios y provienen de la recaudación de impuestos.

Alonso Domínguez, director de la Oficina de Apoyo Estratégico de Chacao, dijo que el presupuesto para el ejercicio fiscal 2017 se ha concebido en un escenario de incertidumbre macroeconómica, luego de 11 trimestres consecutivos en recesión. «Este es el presupuesto  más reducido de la historia de Chacao. Hemos priorizado el gasto de personal, la dotación de la policía y el mantenimiento del espacio urbano».

El abogado experto tributario, Leonardo Palacios, explicó que el cierre de empresas, la falta de divisas, las trabas para obtener licencias reducen la actividad económica y perjudican la tributación municipal.