Una noche de agosto, el profesor Ramón Mogollón recorría apresurado las calles de San Cristóbal, una ciudad venezolana en la frontera con Colombia, con un frasco en la mano. Era una muestra de heces de su hija más pequeña, enferma del estómago hacía días, pero en cada laboratorio clínico al que entraba se negaban a atenderlo: en ningún lugar se conseguían los reactivos para analizarla.
“Acá no se encuentra nada, y lo peor es que cuando consigues comida o medicinas todo viene de Colombia y cuesta 10 veces más”, contó Mogollón, un profesor universitario de 37 años, en una entrevista telefónica. “Mi sueldo se ha reducido a menos de 50 dólares. Cuando uno siente que ya no puede más, siempre aparece un problema nuevo. Ahora todos estamos hablando del revocatorio pero casi no me quedan esperanzas”.
La vida de muchos venezolanos es una lucha contra el tiempo, que se desvanece en las largas filas que deben hacer para conseguir alimentos, medicinas, servicios de salud, combustible y casi cualquier provisión que ha desaparecido por la profunda crisis económica del país. Una investigación de la Universidad Simón Bolívar muestra que nueve de cada diez venezolanos ya no pueden comprar los alimentos que necesitan y el Fondo Monetario Internacional ha estimado que la inflación superará el 720 por ciento este año.
El tiempo también juega en contra del 75 por ciento de los ciudadanos que, según una encuesta reciente, cree que el presidente Nicolás Maduro debe salir del poder por la vía de un referendo revocatorio, un mecanismo que permite la remoción de las autoridades elegidas por votación popular mediante una nueva consulta.
La única forma para que los venezolanos puedan convocar a elecciones presidenciales anticipadas, acortando el actual mandato que finaliza en 2019, es que se celebre un revocatorio antes del 10 de enero de 2017 y la oposición lo gane. Además, deben lograr una votación mayor a la que obtuvo Nicolás Maduro en 2013 (7.587.579 votos).
Pero, para llegar a eso, la oposición venezolana se enfrenta a una carrera de obstáculos.
Los periodos presidenciales en Venezuela son de seis años, y eso significa que, constitucionalmente, la revocación popular del mandato de un presidente no puede hacerse antes de que haya cumplido tres años en su cargo.
A su vez, la constitución establece que la revocación solo puede hacerse antes de que inicie su quinto año de mandato; caso contrario, el vicepresidente asumirá el cargo por lo que reste del periodo presidencial. Eso le deja un margen de solo doce meses a quienes busquen convocar a un referendo revocatorio. Y ahora, en los hechos, prácticamente les quedan seis meses para lograrlo.
Aunque Maduro hizo su juramento el 19 de abril de 2013, en realidad fue electo para culminar el cuarto periodo presidencial de Hugo Chávez (quien murió cuando estaba en el poder a causa de un cáncer), que se inició el 10 de enero de 2013. Es por eso que el 10 de enero de 2017 es la fecha límite para el revocatorio, porque después ya comienza su quinto año de mandato.
Si el referendo se celebra después del 10 de enero, y lo gana la oposición venezolana, el futuro presidente de Venezuela será Aristóbulo Istúriz, vicepresidente y miembro fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), lo que garantizaría la permanencia del chavismo en el poder hasta el 2019.
