El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró en el mes de enero de 2015 al menos 518 protestas. Equivalente a 17 protestas diarias en todo el país. 16% más que en enero de 2014 cuando fueron 445.
Los índices registrados en este mes revelan que los conflictos y la protesta social se mantienen y van en aumento.
Históricamente en el primer mes del año los índices de protesta son bajos, debido a que usualmente el país se reactiva prácticamente comenzando la tercera semana de enero, luego de las fiestas de navidad y año nuevo. Sin embargo, en años recientes se observa que la frecuencia de protestas registrada en enero es alta.
Enero 2015 registró un importante número de protestas, superando al mismo mes de los 4 años anteriores.
Se destaca que casi el 80% de las acciones de calle y conflictos documentados en este mes estuvo relacionado con derechos sociales.
Las protestas se orientaron hacia:
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Rechazo a la escasez de alimentos, medicinas y productos de higiene 147 (28%)
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Derechos laborales 134 (26%)
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Solicitud de vivienda y servicios básicos 113 (22%)
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Demandas por seguridad ciudadana, derechos de personas privadas de libertad, derecho a la justicia 79 (15%)
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Rechazo al gobierno 28 (6%)
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Exigencias educativas 17 (3%)
Las protestas para exigir el derecho humano a alimentación y en rechazo al desabastecimiento y escasez de alimentos, productos de higiene personal y medicinas continúan en ascenso desde el segundo semestre de 2014.
El gobierno nacional no ha conseguido la fórmula para solventar la compleja situación de desabastecimiento y escasez de productos, consecuencia del modelo económico desarrollado en el país, que ha derivado en una grave crisis caracterizada por una marcada dependencia de las importaciones, un debilitamiento progresivo del aparato productivo nacional y altos índices de inflación, a la par del impacto que tiene para la economía venezolana la caída de los precios del petróleo, principal generador de divisas, entre otros factores.
En relación a las protestas de calle rechazando la escasez y desabastecimiento el OVCS ve con mucha preocupación el aumento de actos vandálicos en contra de abastos, supermercados, farmacias, transportes, almacenes y galpones. Tan solo en el mes de enero se registraron al menos 12 saqueos y 19 intentos de saqueo.
Persisten las protestas en el mundo laboral
Observamos igualmente que los conflictos laborales se mantienen. La difícil situación que atraviesa el país en términos económicos afecta también al sector privado de la economía. Cada vez son más las protestas que protagonizan trabajadores de ese sector, ya sean por reivindicaciones laborales o por causas asociadas a la escasez de materia prima que incide directamente en el funcionamiento de sus centros de trabajo, y suman sus reclamos a la de los trabajadores y empleados del sector público, que tradicionalmente han sido y son los que más protestan.
El OVCS ante la resolución 008610
El OVCS también ve con gran preocupación que ante el aumento sostenido de los conflictos y la protesta social en Venezuela, la respuesta del Estado sea el aumento de la represión empleando la fuerza pública. Así como el desarrollo y consolidación de una andamiaje jurídico dirigido a judicializar el derecho a la manifestación pacífica, que tiene su principal expresión en lacriminalización de la protesta y la apertura de juicios penales a luchadores sociales, trabajadores, sindicalistas, vecinos y estudiantes. Al respecto, el pasado 27.01.15 fue publicada en la Gaceta oficial numero 40.589 la resolución 008610 del Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MPPD) mediante la cual formaliza la actuación de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (Fanb) en el control de manifestaciones, autorizando el “uso de la fuerza potencialmente mortal” en las mismas. El OVCS Considera que la resolución 008610 es un salto atrás en materia de garantía y respeto a los derechos humanos, su entrada en vigor viola el artículo 68 de la CRBV que establece “se prohíbe el uso de armas de fuego en el contexto de manifestaciones pacíficas”. Por lo tanto, es una medida inconstitucional que va en contra de la dignidad y el espíritu democrático de quienes salen a las calles a conquistar derechos y exigir reivindicaciones de manera pacífica.
