Muertes de tres detectives opacó el Día Nacional del Policía
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Entre el 13 y 14 de julio de 2023, tres funcionarios de seguridad fueron asesinados en los estados Guárico, Miranda y Zulia, poco antes de la conmemoración del Día Nacional del Policía en Venezuela que se celebró el pasado 16 de julio. Todos pertenecían al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y fueron asaltados por grupos armados.
El detective agregado Emilio González, de 26 años, fue emboscado junto a otros dos uniformados por un grupo de hombres con armas largas, mientras investigaba a bandas delictivas que operan en el municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, de acuerdo con el director del Cicpc, Douglas Rico. A González lo mataron y sus acompañantes resultaron heridos. Uno de sus victimarios, identificado como Deulis Rafael Bravo, murió cuando trataba de “evitar su detención”, dijo el jefe policial.
En Guárico, el detective Rafael Arias Torres y su padre fueron sometidos por presuntos delincuentes en la finca donde trabajaba su progenitor, en el municipio Ortiz. Fueron secuestrados, llevados a la carretera nacional Las Lajitas – La Fe y asesinados por múltiples disparos.
En el municipio Sucre del estado Miranda, el detective Ángel Ramírez también fue atacado por presuntos criminales identificados como Edwar, Brayan Ramírez, alias «Chupata»; Enderson, alias «El Cachorro»; y otro hombre apodado «Nolasco», explicó el director a través de su Instagram.
Se desconoce el móvil de los dos primeros sucesos, pero para el tercero, Rico indicó que “lo habrían amenazado de muerte al enterarse que era funcionario policial”.
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Cuatro casos en tres estados de enero a junio de 2023
La plataforma Monitor de Víctimas contabilizó cuatro casos en tres estados de Venezuela de enero a junio de 2023. Dos en el municipio Sucre, estado Miranda, uno en el municipio Iribarren, estado Lara, y otro en el municipio Valdez, estado Sucre.
Aunada a las cifras de la organización, en otros estados se presentaron sucesos similares. En Anzoátegui, un militar, capitán del ejército, fue emboscado junto a un acompañante y asesinado con armas de fuego el 11 de febrero. En Barquisimeto, estado Lara, un detective agregado del Cicpc falleció el 21 de febrero tras recibir múltiples golpes con una patineta por sus victimarios. El 1 de marzo, un oficial agregado de la PNB y su primo fueron encontrados sin vida en la comunidad de Güerito, municipio José Ángel Lamas, estado Aragua.
Durante una persecución, dos militares fallecieron a manos de integrantes de la megabanda el «Tren del Llano» en el estado Guárico, y un militar de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) murió en un enfrentamiento con criminales tras frustrar un robo en el estado Portuguesa.
De acuerdo con la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), al menos 74 policías y militares murieron de manera violenta por emboscadas, robos y enfrentamientos durante el 2022; 59 de estos eran policias, 13 militares y dos escoltas. Para el 2021, el total de homicidios fue 87.
La recopilación de información sobre asesinatos de funcionarios por la organización inició en 2015, año en el que el Ministerio Público dejó de emitir cifras oficiales de los funcionarios muertos.
«El trabajo de un policía es un oficio lleno de riesgos. Cada día los funcionarios que integran los distintos cuerpos de seguridad se enfrentan a un sinfín de peligros», narró la nota de prensa Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, donde felicitaba a los funcionarios por el Día Nacional del Policía.
La realidad venezolana es que aún siendo un trabajo tan arriesgado, los cuerpos de seguridad presentan fallas en la dotación de armamento, uniformes, entrenamiento y mantenimiento de patrullas desde hace años, así como deficiencias en la selección y capacitación de personal, de acuerdo con la ONG Acceso a la Justicia.
“La ausencia de cuerpos policiales con miembros bien formados, entrenados y dotados con los medios técnicos necesarios explica por qué la criminalidad sigue campeando en el país, poniendo en riesgo la vida y las propiedades de millones de personas, y limitando las posibilidades de desarrollo, por cuanto la delincuencia, entre otros aspectos, ahuyenta potenciales inversores extranjeros”, indicó la ONG.
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