Algunas de las 20 víctimas, presuntamente asesinadas en Táchira, entre marzo y septiembre de 2021

Un registro realizado por Monitor de Víctimas en Táchira permitió identificar que 33 % de los homicidios ocurridos en el estado entre marzo y septiembre de 2021 fueron cometidos por el grupo guerrillero colombiano, que opera en casi todos los municipios de la entidad andina. 70 % de las víctimas eran jóvenes de entre 18 y 30 años edad

Equipo Monitor de Víctimas Táchira

Monitor de Víctimas Táchira logró documentar entre marzo y septiembre de 2021 que, de los 61 homicidios registrados en estos siete meses, 20 presuntamente fueron perpetrados por uno de los grupos guerrilleros que operan en la entidad andina, específicamente por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ocupa la mayoría de los municipios.  

Mediante entrevistas con familiares e información extraoficial de fuentes policiales y militares se pudo determinar que todas las víctimas fueron asesinadas con armas de fuego. Solo una era una mujer de 27 años de edad; mientras que 13 eran hombres con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años de edad. Los seis restantes tenían entre 31 y 48 años de edad. Tres víctimas no han sido identificadas.

Por otra parte, el mes de mayo resultó tener el mayor número de homicidios a manos de presuntos grupos guerrilleros, aglomerando el 30 % de los hechos, según la base de datos recopilada durante los siete meses por Monitor de Víctimas.

Pese a que, por años, el gobierno venezolano ha evitado reconocer de todas las formas posibles, la presencia activa de distintos grupos guerrilleros en Táchira y en otros estados, las arbitrariedades y formas de gobernanza criminal de estos grupos poco a poco se han hecho evidentes e inocultables.

Así lo han denunciado residentes de las zonas afectadas y organizaciones de la sociedad civil que hacen seguimiento a las actividades de estos grupos armados no estatales en Venezuela. Estas ONG se dedican precisamente a visibilizar y revelar sus acciones, documentando los casos a través de testimonios de familiares de las víctimas, allegados y hasta de algunos miembros de la fuerza pública.

De las misma forma, los medios de comunicación también han registrado y denunciado las acciones del ELN.

Fernández Feo el municipio con más guerrilla y más víctimas

La estela sangrienta empaña 11 municipios del Táchira, de los 29 que posee la región fronteriza, siendo el municipio Fernández Feo, ubicado al sur de la entidad, el de mayor incidencia, acumulando el 30 % de los hechos.

En Fernández Feo se contabilizaron 6 casos, y justo allí, están asentados dos grupos guerrilleros:  el ELN y el Frente Bolivariano de Liberación (FBL) conocido como “Los Boliches” o “guerrilla venezolana”, éstos últimos más dedicados a la extorsión.

Esta municipio es un punto estratégico que conecta los estados Táchira, Apure y Barinas, bordeada por el área montañosa del Páramo del Tamá y la cordillera del Uribante. Por allí pasa la Troncal 005, vía que desde San Cristóbal, conduce a Barinas. También por otra carretera, se llega a El Nula, La Victoria y Guasdualito, que colindan con el  Arauca colombiano. 

Esta última podría considerarse una ruta fácil y expedita para el contrabando, el narcotráfico y el tráfico de armas. Además, es una zona agropecuaria, cuyos habitantes históricamente se han dedicado al cultivo de diferentes rubros y a la cría de ganado, un atractivo económico para la presión y extorsión, por parte de la guerrilla.  

Uno de los casos documentados por Monitor de Víctimas fue el homicidio, la noche del 8 de marzo, del barbero Jackson Alexmar Cáceres Ramírez, de 25 años, quien fue secuestrado de su casa, por un grupo de hombres armados, que se identificó como ELN. Horas después, lo hallaron muerto en el sector Caño Tigre, a pocos kilómetros de su casa.

Para el historiador y presidente de Fundación El Amparo, Walter Márquez, en el municipio Fernández Feo «también operan células de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que realmente están asentadas en el vecino estado Apure, pero que ocasionalmente, cruzan a territorio tachirense, obviamente, para cometer alguna fechoría”. 

Esta misma libertad para desplazarse entre un estado y otro, lo tendría el ELN, que, evidenciando el poder que ostenta y la permeabilidad de nuestras fronteras, habitualmente secuestran a vecinos de Apure y los trasladan al Táchira, para asesinarlos, de acuerdo a publicaciones de la prensa regional.

Un ejemplo es el caso de José Alberto Toro García, de 40 años de edad, era obrero de una finca ubicada en el Nula, estado Apure, y fue interceptado en la carretera por presuntos guerrilleros, cuando se dirigía a su casa, en Barinas, la mañana del 20 de marzo. Horas después, lo localizaron abaleado, en el sector La Azulita de Táchira.

Los demás homicidios atribuidos al ELN ocurrieron en los siguientes municipios:  2 en Bolívar, zona limítrofe con Norte de Santander de Colombia; 2 casos en García de Hevia; 1 en Panamericano; 1 en Ayacucho; que son municipios ubicados al norte del Táchira, frontera con Puerto Santander, Colombia, y también dominados por el ELN.

También hubo 2 homicidios en Independencia; 1 en Libertador, vecino del estado Barinas; 1 en Rafael Urdaneta; 1 en Junín; 1 Lobatera; y 2 en Córdoba, municipios ampliamente ocupados por el ELN, y en los cuales se moviliza libremente, con la anuencia de las autoridades civiles, policiales y militares.   

Gobernanza criminal con estilo eleno

Los habitantes de muchas comunidades del estado Táchira han convivido durante las dos últimas décadas con grupos irregulares. Se somenten a sus reglas y en ocasiones aprueban que estos grupos armados no estatales desarrollen las llamadas “operaciones limpieza”, en las que ejecutan a presuntos delincuentes.

Pero en realidad las acciones de la guerrilla no discriminan y tienen intereses claros de índole político e ideológico. “También ajustician personas contrarias a sus acciones y a sus supuestos ideales; a posibles miembros de grupos rivales, y hasta capturan y entregan a las autoridades venezolanas a aquellos con requerimientos judiciales, a militares desertores”, aseguró un residente de San Antonio del Táchira, que prefirió no identificarse. 

“Incluso, sin verificar, han tomado la vida de inocentes señalados de algún delito inexistente, sólo porque alguien ´de confianza´, que les paga la “vacuna” o que tiene poder político, los hace ver como antisociales”, agregó el denunciante.

Dependiendo del señalamiento que tengan contra la víctima –explicó- la secuestran por varios días, o la asesinan en la vía pública. A algunas les dejan un cartel en el que indican porqué le quitaron la vida, como para que sirva de escarmiento a otros.

Importante destacar que sobre todo hacia algunos de los municipios de la zona de montaña y norte del Táchira, como Jáuregui, José María Vargas, Seboruco, Ayacucho, Panamericano, García de Hevia,   se especula que hay varios jóvenes desaparecidos, que se cree, fueron reclutados por el ELN. Muy pocos familiares han denunciado públicamente.  

Esta sumisión a las acciones del grupo criminal contribuye a la que la guerrilla ejerza control total sobre las comunidades y territorios. “La población temerosa, sabe que no puede denunciar porque las autoridades no actuarán contra los subversivos, por lo que prefieren pagar la vacuna, someterse y callar”, analizó el criminólogo Jesús Alberto Berro.

“Ese es el comportamiento del ser humano, prefiere adoptar una actitud, no digamos cómplice, sino más bien precavida, ante situaciones como esas”, explicó el experto. Esto es debido a la inacción de las instituciones. “La colectividad calla para no meterse en problemas. Porque si va a denunciar algo ante la Policía, no sabe, si con quien va a hablar, es el jefe de la banda”, agregó.

Dijo también que en ocasiones la colectividad prefiere la contraprestación que le ofrece el irregular o subversivo, una especie de “beneficios” de seguridad a cambio de la conocida vacuna.  “Es como una especie de combo la que ofrecen: ́no te vamos a secuestrar, no te vamos a extorsionar, si tienes acreedores, nos ocupamos de que te paguen, te brindaremos seguridad, haremos profilaxia, si tú nos señalas quiénes son los que te causan daño; es decir, es todo un paquete lo que le ofertan a cambio de la vacuna”, detalló Berro.

De alguna manera los grupos irregulares, como el ELN, terminan ejerciendo las funciones que el Estado no cumple, y las comunidades sienten que son atendidas.

La guerrilla no olvida, tampoco perdona 

Son múltiples los hechos violentos atribuidos al ELN y muchos de ellos son una muestra de la forma en que opera y se mueve este grupo criminal por el territorio venezolano.

En el mes de marzo, Diego Ernesto Hurtado Ángel, de 31 años, un piloto aviador de nacionalidad colombiana, residenciado en El Nula, estado Apure, fue asesinado, presuntamente por el ELN, luego de ser secuestrado. Su cadáver abaleado fue hallado en la zona sur del Táchira, 15 días después que los subversivos se lo llevaron por la fuerza de su casa.

Una fuente policial aseguró que Diego Hurtado, había realizado vuelos ilegales, transportando droga del ELN; y posteriormente, hizo o pretendió hacer lo mismo, pero con el grupo rival, las disidencias de Farc.

Esto habría sido imperdonable y una ofensa para los “elenos”, suficiente como para que tomaran represalias en su contra. Durante el tiempo en cautiverio, lo torturaron, le quemaron los oídos y la lengua, como una especie de mensaje, para los que se atrevieran a hacer lo mismo.

Impunidad para los grupos armados no estatales

Ninguno de los homicidios en los que se menciona a la guerrilla como autora, ha sido esclarecido policialmente por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el órgano detectivesco responsable de las investigaciones.

«Aunque estas muertes quedan sin resolver, su modus operandi tiene características muy particulares, pues las víctimas mueren por múltiples impactos de bala en la cabeza, y los cadáveres se hallan maniatados, con los rostros cubiertos y con varias partes del cuerpo quemadas. Estos rasgos han sido adjudicados a la actuación de dichos grupos, según lo relata el principal diario periodístico de la región”, detalló el Observatorio Venezolano de Violencia, Capítulo Táchira, en su más reciente informe semestral.

El documento ubica a Táchira en el primer lugar entre los estados con más homicidios ocasionados por la acción de Grupos Armados Irregulares (GAI), al punto que este móvil desplazó los casos de muertes por intervención policial (MIP). Estos últimos tuvieron una disminución de 233 %, en comparación con el primer semestre del 2020, cuando se ubicó en 29,7 %.

El informe de la OVV Táchira determinó que el 36 % de la violencia en la entidad es perpetrada por los grupos armados irregulares, cuya presencia se ha podido identificar en el 85 % de los municipios del estado, y sostiene que el 70 % de los homicidios registrados en el primer semestre de 2021, fueron cometidos por estos grupos, entre los que destaca el ELN.