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“Les imponen defensores públicos que no defienden”: La ruta por la libertad llegó a la sede de la Defensa Pública:

En el segundo día de la ruta por la Libertad y Justicia, los familiares de las personas detenidas por razones políticas llegaron hasta la defensa pública

presos políticos
Familiares de presos políticos en la Defensa Pública en Caracas. / Cortesía
Redacción Runrun.es
Hace 3 semanas

“A los presos políticos se les asignan defensores públicos que no velan por sus intereses ni los apoyan en la recopilación de pruebas que podrían demostrar su inocencia”, denunció un portavoz del Comité por la Libertad de los Presos Políticos durante una protesta frente a la sede de la Defensa Pública, en Caracas, en el segundo día de la “ruta por la libertad y la justicia”.

El vocero añadió que los defensores públicos tienen la obligación de garantizar la tutela judicial efectiva, ya que es una garantía legal fundamental para los detenidos: “No se puede seguir vulnerando este derecho a los presos políticos”.

La ruta por la libertad y la justicia es una iniciativa impulsada por la organización para visibilizar y defender a las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. El objetivo de la campaña es recorrer diversas instituciones del Estado para presentar pruebas y recursos que evidencien la crítica situación que enfrentan estos presos.

Durante su visita a la Defensa Pública, los representantes del Comité exigieron que se respete el derecho de los detenidos a elegir libremente a sus abogados, tal como lo establece el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho artículo señala:

El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia, la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa”. 

“En este país te obligan a tener defensa pública (…) a los defensores les impiden ingresar al centro penitenciario, no les reciben las documentaciones. A las familias de los presos políticos nos persiguen, nos cambian la vida, y a nuestros familiares no les permiten defenderse”, expresó Sandra Hernández, esposa de Luis Bandres, un militar detenido en enero de 2019, tras narrar que al sargento de la Guardia Nacional lo llevaron a una celda de castigo por más de 15 días, sin comida y sin agua, “por el simple hecho de tener defensa privada”.

Exigencias a la Defensa Pública 

Durante la parada en la Defensa Pública, los familiares pidieron el cumplimiento de la tutela judicial efectiva, garantizando una defensa real y sin dilaciones, así como el respeto al principio de presunción de inocencia, asegurando que nadie sea tratado como culpable sin pruebas. 

Además, exigieron acceso a una “defensa legal adecuada y equitativa”, oponiéndose a la imposición arbitraria de defensores públicos y gestiones para que los imputados con presentación periódica puedan cumplir este requisito en sus estados de residencia, evitando traslados costosos e innecesarios.

En un documento dirigido a Daniel Ramírez Herrera, defensor público general, afirman además que las desapariciones e incomunicación prolongada se han convertido en un hecho repetitivo y que no se trata de un asunto aislado. 

“No se trata de un hecho aislado o que respondan a errores procesales puntuales. Más bien, este tipo de práctica se ha convertido en un instrumento frecuente de represión contra las personas opositoras o identificadas como tales, lo que genera un impacto grave en el círculo social de las personas desaparecidas”, manifiestan en el documento. 

defensa pública
Parte del documento entregado a la Defensa Pública.

Este miércoles, 26 de febrero, los familiares de presos políticos estarán visitando la Defensoría Pública con la exigencia de que se respeten los derechos humanos de las personas detenidas por razones políticas. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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