El artículo 43 de la Constitución reza que el Gobierno es el encargado de proteger la vida de los reclusos
Con el supuesto suicidio del presidente de Cartón de Venezuela ya suman más de diez los presos políticos que han fallecido en cautiverio durante el mandato de Nicolás Maduro
“El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma”, reza el artículo 43 de la Constitución de Venezuela.
La tarde del pasado 20 de abril, el fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente Tarek William Saab anunció vía Twitter la muerte por supuesto suicidio de Leoner Azuaje Urrea, presidente de la empresa gubernamental Cartón de Venezuela (Cartoven) y quien fuese aprehendido por estar presuntamente involucrado en una trama de corrupción que hasta la fecha lleva más de 60 detenidos.
Según Saab, Azuaje se habría ahorcado con una sábana en una celda de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). El propio fiscal aseguró que las autoridades consiguieron cuadernos donde este supuestamente reconoció estar atravesando por un periodo de depresión y ansiedad. Además, según su versión, aparentemente constataron su situación de salud mental con un compañero de celda y hablaron con un terapeuta que lo atendía.
He #comisionado a los fiscales 50 y 67 Nac para #investigar el lamentable suicidio del ciudadano Leoner Azuaje Urrea en su lugar de reclusión: #instruyendo a la Unidad Criminalistica del #MP junto al #CICPC: para adelantar la inspección técnica, las entrevistas y autopsia de ley.
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 20, 2023
El Estado no adopta medidas para evitar muertes en prisión
De acuerdo con una base de datos de Runrunes, con la muerte de Azuaje ya suman 11 los presos políticos o exfuncionarios del gobierno que han fallecido bajo custodia del Estado en el régimen de Nicolás Maduro: Rodolfo González “El aviador”, teniente Rafael Arreaza, concejal Fernando Albán, directivo de Pdvsa y Citgo Nelson Martínez, capitán Rafael Acosta Arévalo, productor ganadero Pedro Santana, el pemón Salvador Franco, Gabriel Medina y general Raúl Baduel.
Según Marino Alvarado, excoordinador general de Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) el Gobierno venezolano es el único responsable de la vida de las personas privadas de libertad
“El Estado debe adoptar una medida que evite que el detenido fallezca ya sea por violencia de terceros o por enfermedad”.
El presunto “suicidio" de Leoner Azuaje Urrea demuestra que en Venezuela persisten condiciones de reclusión que no garantizan la integridad y la vida de personas bajo custodia del Estado.
Exigimos una investigación independiente sobre esta lamentable muerte, identificando a… pic.twitter.com/wR6f0uMErf
— PROVEA (@_Provea) April 20, 2023
Alvarado indicó que aunque no hay pruebas para apuntar a un posible asesinato en el caso de Azuaje, el comportamiento de los organismos de seguridad en ocasiones anteriores permite dejar la puerta abierta a esta posibilidad.
Según testimonios de trabajadores del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) a la página Crímenes Sin Castigo, el cadáver de Azuaje presentaba hematomas en la parte media y baja del abdomen, escoriaciones en la región intercostal derecha y antebrazos y signos de tortura en la planta de los pies.
“La Misión de Determinación de Hechos de la ONU se inclina por el asesinato en vez de la tesis del suicidio en el caso de Albán, con Azuaje y González igualmente quedan grandes interrogantes”, aseveró Alvarado.
Albán murió en octubre de 2018 al caer del décimo piso de la sede del Sebin en Plaza Venezuela, mientras que González falleció en marzo de 2015 por presunto ahorcamiento en su lugar de reclusión en El Helicoide.
“Por otro lado, en el caso de Baduel y el de Franco hubo negligencia para atender su estado de salud”, añadió Alvarado.
Del ex ministro de Defensa del fallecido presidente Hugo Chávez se dijo que había fallecido por covid-19 en octubre de 2021 en el Sebin, sus familiares negaron que padeciera esta enfermedad.
Foro Penal, por su parte, informó que el pemón Salvador Franco tenía coronavirus y una enfermedad gastrointestinal. Murió en enero de 2021 en la cárcel de El Rodeo II esperando ser trasladado a un centro asistencial.
“Cualquier persona que fallezca en prisión es culpa del Estado y eso aplica para los presos políticos y comunes”, dijo Carlos Nieto Palma, coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad.
Claudia Pimentel esposa de Lioner Azuaje pide ayuda a las autoridades teme por la integridad de su familia #LeonerAzuaje #losuicidaron #suicidio #justicia @TarekWiliamSaab @MinpublicoVEN @TarekWiliamSaab @MinpublicoVEN pic.twitter.com/ErzS37JgUx
— justicia para leoner (@Justicialeoner) April 21, 2023
Violando el debido proceso de Azuaje
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, manifestó que en el caso de Azuaje y en el de la mayoría de los detenidos en la supuesta operación anticorrupción que lleva a cabo el madurismo se violaron varias leyes.
“Todo el procedimiento ha estado mal desde un principio, la audiencia de presentación la hicieron fuera del lapso establecido, la presentación la llevaron a cabo en la noche y en un comando de la policía política, además entiendo que ninguno ha estado representado por su abogado de confianza”.
Alvarado sentenció que el Gobierno de Maduro tiene un largo historial de violaciones a los derechos humanos de los encarcelados.
“Presentan a los detenidos donde les parece y no ante tribunales, les asignan a una defensa pública escogida a dedo y no permiten la visita de familiares”.
Para Alvarado, la única manera de llegar al fondo de los hechos en el aparente suicidio de Azuaje es que patólogos independientes hagan otra autopsia del cadáver.
“ El problema aquí es que no hay confianza alguna ni en el Ministerio Público ni en los patólogos del Senamecf”.
Prado sostuvo que casos sombríos como el de Azuaje tienen a la administración madurista siendo investigada en la Corte Penal Internacional.
“El Protocolo de Minnesota tiene como objeto proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación mediante la promoción de una investigación eficaz de toda muerte potencialmente ilícita o sospechosa de desaparición forzada”.
El director del OVP dijo que en Venezuela no hay autonomía ni separación de poderes. “Y no me cabe ninguna duda que no hay transparencia”.
Muertes en cárceles a la orden del día
Prado indicó que todos los informes de organizaciones internacionales como los de Amnistía Internacional, ONU, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Humans Right Watch (HRW) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) ponen a Venezuela en las postrimerías del respeto a los derechos fundamentales.
“Estamos en presencia de un Estado violador sistemático de derechos humanos, Venezuela lleva 18 años consecutivos saliendo en el Capítulo IV de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es la lista negra de los estados que más violan derechos humanos”, agregó Prado.
Recalcó que en la cárceles de Venezuela han muerto miles de personas durante estos 23 años de chavismo
“Son casi 8.000 quienes han fallecido bajo custodia y el gobierno no ha aplicado la garantía de no repetición y reparación a las víctimas”.
Nieto Palma dijo que la crisis humanitaria compleja ha hecho que el patrón de muertes en prisión haya cambiado en Venezuela en los últimos años.
“Ahora vemos muertos por hambre. A los privados de libertad no les dan comida y menos medicinas. Hace 10 años la principal causa de muerte en las prisiones era la violencia, ahora los reos mueren por desnutrición y tuberculosis. No solo el presidente es responsable de esto, también quienes han manejado el sistema penitenciario”.
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