Runrun.es cuenta en este especial cómo el subregistro de muertes en Venezuela por Covid-19 quedó sepultado, mientras que el desplome del país se palpaba desde los hospitales hasta los cementerios. Las escenas revisitadas configuran la emergencia sanitaria de una nación con unas estadísticas oficiales de fallecimientos y contagios que nunca correspondieron con la realidad
Volver a los titulares de la prensa nacional e internacional sobre Venezuela entre marzo y abril de 2021, es repasar la tragedia. Centros de salud rebasados, aumento de muertes del personal sanitario, largas filas de personas para comprar oxígeno medicinal y para cremar cadáveres, se emparejaban con los reportes que por redes sociales y por Whatsapp hacían los usuarios para contar cuántos de sus familiares estaban infectados o habían fallecido por el virus que ocasionó la pandemia.
Los números también hablan sobre ese período. Según datos oficiales, en abril de 2021 se registró el mayor número de muertes por covid-19 en Venezuela: 534. Pero la OMS apunta que hubo 4,4 veces más de lo que anunciaron los voceros de Nicolás Maduro. Ese, sin embargo, no fue el mes con el más alto subregistro de fallecimientos por el virus en el país. En agosto de 2020, durante la primera ola mortal, las cifras reales de decesos fueron casi ocho veces mayor que las declaradas en los reportes del gobierno.
La OMS no fue la única institución que habló del subregistro de muertes en Venezuela durante la pandemia. Ya en marzo de 2022, una investigación del académico Dmitry Kobak, de la Universidad de Tubingen en Alemania, situó al país entre una veintena de naciones con inconsistencias en sus datos de muertes sobre la enfermedad.
A través de la revisión de las estadísticas de la OMS, en este especial se expone cómo, mes a mes, el subregistro de muertes en Venezuela quedó sepultado, mientras que en hospitales, clínicas privadas, registros civiles, cementerios y crematorios se palpaba la realidad de un país que colapsaba en medio del confinamiento.
Para esta investigación se visitaron las sedes de los registros civiles de los cinco municipios de la zona metropolitana de Caracas. A pesar de que en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Registro Civil de Venezuela está consagrado el derecho que todos los ciudadanos tienen de acceder a los archivos, en cada una de estas oficinas públicas, a excepción de Chacao, fue negado el permiso de revisarlos sin razón alguna.
El acceso a los libros de actas de defunción de los años 2019, 2020 y 2021 de Chacao, permitió constatar que los fallecimientos por enfermedades respiratorias, no reportados como covid-19, fueron mayores durante la pandemia. En 2019, 16% de las muertes registradas en Chacao fueron causadas por enfermedades respiratorias. En 2021, ese porcentaje se elevó a 22%.
Otro dato que llama la atención es la poca cantidad de actas de defunción que durante 2020 reflejaron al Covid-19 como causa de muerte. En agosto de ese año, cuando se registró el primer pico de la pandemia en Venezuela, solo nueve de los 20 fallecimientos por enfermedades respiratorias fueron consecuencia del virus. A través de testimonios obtenidos en la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (la principal morgue de Caracas) se conoció que varias de las actas de las personas que murieron por la enfermedad generada por el nuevo coronavirus, y a las que se le habían practicado exámenes que lo confirmaban, no señalaban a este en el recuadro de la causa de muerte.
Tres fuentes médicas consultadas coincidieron en que esa negación podría estar vinculada a la necesidad de agilizar los trámites funerarios por parte de las familias, quienes podían pasar varios días para cremar a los suyos cuando morían por el virus, debido al colapso de cementerios y crematorios. Sin embargo, con esa falta se ignoraron las directrices que la OMS dictó en medio de la pandemia sobre el llenado de los certificados de defunción.
Esta investigación fue realizada en alianza con Data Crítica y gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
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