Una nueva providencia obliga a las ONG a revelar sus fuentes de cooperación y beneficiarios.
La mayoría de las organizaciones rechazan la posibilidad de inscribirse en el registro contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo antes del 1 de mayo
663 organizaciones no gubernamentales venezolanas firmaron un comunicado en rechazo a la normativa publicada en la Gaceta Oficial número 42.098, providencia 001-2021 del pasado 30 de marzo de 2021, la cual establece que están obligadas a inscribirse en un Registro Unificado de Sujestos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz.
La providencia, en su artículo 6.4, sostiene que las ONG deben entregar un listado de los organismos nacionales o extranjeros de los cuales reciban dádivas, donaciones o aportes y también revelar quienes son sus beneficiarios. Este procedimiento deberá hacerse antes del 1 de mayo de 2021.
“Ya nosotros en Provea sabíamos que 2021 iba a ser un año en que el gobierno iba a intentar silenciar a la sociedad civil luego que había logrado neutralizar al liderazgo político venezolano”, dijo Rafael Uzcátegui, coordinador del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos.
A mediados de enero de este año, el diputado de la asamblea nacional chavista, Diosdado Cabello, amenazó con cárcel a Uzcátegui a propósito de un tuit donde el coordinador de Provea sostiene que el gobierno de Maduro se benefició de fondos del gobierno británico.
Uzcátegui indicó que no solo él ha sido víctima de acoso, sino también medios de comunicación y miembros de otras ONG, como el caso de Azul Positivo en el estado Zulia, en el que cuatro de sus miembros fueron detenidos por supuesta conspiración y terrorismo y hoy en dia tienen medidas cautelares.
“Eso de alguna forma viene a sustentar esa teoría del gobierno del carácter delincuencial que posee todo aquel que lo cuestione públicamente”, aseveró Uzcategui.
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Una lista peligrosa
Laura Louza, directora de la ONG Acceso Justicia, sentenció que en Venezuela pareciera que es un delito solidarizarse con las personas que han sido víctimas de atropellos.
“Es muy peligroso eso de estar dando listas, sabemos lo que ha hecho el Estado venezolano con las listas, como el caso de la lista Tascón y eso puede llevar a una estigmatización tanto de los donantes como de los beneficiarios que a lo mejor son personas naturales o incluso pueden ser víctimas del Estado, lo cual es aún más peligroso”, dijo Louza.
Uzcátegui sostuvo que en el caso de Provea están negados a inscribirse en tal registro porque consideran inaceptable colocar en riesgo a las personas que han solicitado protección frente al propio Estado.
“Estamos invocando el principio de la desobediencia civil, que es cuando se desacata una ley que se considera injusta y se está dispuesto a acarrear las consecuencias de ese acto”.
De acuerdo a Laura Louza, la providencia es una especie de cheque al portador a favor del gobierno. “No especifican los castigos, prevé sanciones genéricas, esto es lo que se llama una ley penal en blanco, no hay delito, ni sanción específica. Además viola la constitución porque no puede haber una sanción sin una ley previa, que tiene que ser una ley formal no una providencia del Ejecutivo”.
Louza informó que establecer una demanda contra el Estado o una apelación tampoco sería efectivo porque desde 2005, el 95% de los casos son ganados por el Estado y de 2016 en adelante, el 100%.
El ejemplo de Nicaragua
Rafael Uzcátegui de Provea dijo que esta nueva amenaza del gobierno de Maduro es una copia al carbón de lo sucedido en Nicaragua en octubre de 2020, donde el Parlamento aprobó una ley que autoriza multas y la intervención de bienes y activos a las ONG que intervengan en “cuestiones, actividades o temas de política interna”.
“Es la misma narrativa nicaragüense, que es el gran ejemplo a seguir, son intentos con apariencia legal por acabar con las libertades, también van a intentar desde la Asamblea Nacional atacar a las ONG con la Ley de Cooperación Internacional, cuya intención es la de inhibir y generar desconfianza entre las víctimas a las que brindamos apoyo”.
Uzcátegui indicó que pese a que al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos le fue retirado su registro jurídico y le incautaron sus inmuebles, este sigue operando.
Carlos Meléndez del Observatorio Venezolano de Universidades coincide con Uzcátegui en que las ONG no deben ceder y aceptar las posibles consecuencias de no inscribirse en el registro.
“El mandato de salvar vidas, procurar el desarrollo del país y defender derechos está por encima de cualquier artilugio jurídico”, sostuvo.
Meléndez indicó que la firma de más de 600 ONG venezolanas rechazando la pretensión del gobierno es la vía para encarar esta arbitrariedad.
“La postura debe ser siempre la actuación en conjunto, la reflexión en bloque y en red. Las ONG con mayor liderazgo y alcance nacional deben conducir la ruta de defensa, pero siempre procurando los espacios para la incorporación de todas las ONG de la sociedad civil”.
De esta concurrencia en bloque no posee certeza, Susana Raffalli, portavoz de Caritas. “Todavía no sabemos. La semana que viene estaremos asesorándonos para eso”, resaltó.
Otras como Caracas Mi Convive y Alimenta la Solidaridad se sumaron al comunicado, pero esperan que organismos internacionales intervengan. “Entiendo que la ONU y otras instancias están tratando de mediar”, indicó su director, Roberto Patiño.
Los riesgos
Para Carlos Meléndez del Observatorio de Universidades los eventuales riesgos de no inscribirse en el registro y las posteriores acciones del gobierno son:
1- Persecuciones penales y tributarias
2- Mayores obstáculos en el cumplimiento de los objetivos de cada ONG
3- Dificultades en las relaciones con ONG internacionales y las agencias de la ONU
4- Vulnerabilidad de la vida y seguridad de las personas que trabajan en las ONG
5- Más inconvenientes para recibir financiamiento para la promoción y defensa de los DDHH
6- Que de ahora en adelante, las ONG que nazcan en Venezuela tengan que someterse al control político del gobierno
7- Que la emergencia humanitaria se haga más compleja en vista de la disminución de la actuación de la sociedad civil autónoma, transparente y democrática.
8 – Que las ONG internacionales se vayan o no quieran venir a Venezuela
“Las consecuencias deben dimensionarse de manera compleja. La principal sería la perdurabilidad de la crisis y la mayor destrucción de los que nos queda de país”. dijo Meléndez.
