Aunque usted no lo crea: Reacción en Aporrea es respetuosa con decisión a favor de Simonovis

No escribo para fijar opinión personal que me involucre en el debate visceral sobre tan polémico caso como lo es el referente a Ivan Simonovis. Primero necesitaría examinar el expediente personalmente.

Pero si escribo para exponer serena y responsablemente como militante revolucionario de toda mi vida y abogado constitucionalista los acontecimientos que ya ocurrieron y advertir sus consecuencias jurídicas con la finalidad de eliminar interpretaciones incorrectas que confundan al pueblo de Venezuela. En efecto, Simonovis acaba de salir de la cárcel por orden de un tribunal.

Luego de una sentencia penal que le impuso alrededor de 30 años de prisión por presunta autoria intelectual en homicidio durante el golpe de Estado se abril 2002, Simonovis ya habría pagado un tercio de la pena, es decir, casi 10 años, entonces por razones de severa enfermedad ha sido favorecido con arresto domiciliario, al menos así ha sido la reciente decisión de un tribunal.

Importante es aclarar que esta decisión, desde nuestro sereno enfoque constitucional, no compromete al Presidente Nicolás Maduro, ya que el poder judicial es independiente frente al ejecutivo y toma decisiones propias. Distinto habría sido un indulto presidencial que nunca ocurrió en este caso. Ni una ley de amnistía emanada se la Asamblea Nacional que tampoco aconteció. 

Ciertamente las respetables víctimas y asociaciones de derechos humanos que se opusieron a la medida humanitaria a favor de Simomovis deben conocer que el poder judicial ha desarrollado una evaluación sobre la situación del penado y es sobre la base de su enfermedad y deterioro físico que ha fundamentado el arresto domiciliario. No pretendo convencerles de que renuncien a sus legítimos derechos de impugnar esta medida, solo les oriento sobre los canales adecuados para hacerlo.

Efectivamente en el campo judicial, que no es el del poder ejecutivo, los interesados podrán exigir la revisión de esta medida humanitaria, tal derecho es inherente a las víctimas y a todo venezolano que invoque derechos colectivos y difusos respecto a conocer los veredictos de la administración de justicia. Ello despejará dudas de muchos sobre la constitucionalidad y legalidad del beneficio otorgado. 

Simonovis no se pronunciará ante medios de comunicación, le ha sido prohibido judicialmente como condición para la vigencia de la medida humanitaria. De modo que cualquier debate sobre su caso debería darse en los tribunales si se quiere discutir sobre lo jurídico. Y en lo político, serían el TSJ y la Fiscal General quienes podrían rendir explicaciones y el poder popular tiene pleno derecho a interpelarlos.

Desde el punto de vista internacional y mediático, esta medida humanitaria pudiera ponerle fin al uso político y propagandístico de un caso eminentemente judicial que fue largamente aprovechado por figuras la dirigencia opositora para presentar al Estado venezolano como violador de derechos humanos y hacerlo merecedor de sanciones internacionales. 

El Estado venezolano hoy puede sustentar con firmeza que el poder judicial no está politizado y es independiente del Ejecutivo, pues si así no fuere, entonces jamás Simomovis habría salido de prisión. 

Finalmente, aclaramos no ha dejado de existir la sanción penal contra Simomovis, la cual se deriva de un juicio con sentencia firme. Simplemente ha variado provisionalmente su modo de cumplimiento que ahora es arresto domiciliario o casa por cárcel con efectivos del Sebin frente a su residencia. 

Simomovis permanecerá el arresto domiciliario mientras el tribunal penal de ejecucion concluya que el estado clínico del penado así lo justifica. 

Quien suscribe, hijo de un preso político de mi mismo nombre durante los represivos gobiernos de AD y Copei, y fuera injustamente privado de libertad por ser militante comunista de las gloriosas FALN, manifiesto que no sufro odio por el pasado y consigno mi respeto por la esposa Bony y los hijos del penado quien al margen de la responsabilidad totalmente personal del comisario, han defendido la posición que les corresponde como familia, tal como mi familia hizo lo propio durante la oprobiosa época de la Cuarta República.

Aporrea

No escribo para fijar opinión personal que me involucre en el debate visceral sobre tan polémico caso como lo es el referente a Ivan Simonovis. Primero necesitaría examinar el expediente personalmente.

Pero si escribo para exponer serena y responsablemente como militante revolucionario de toda mi vida y abogado constitucionalista los acontecimientos que ya ocurrieron y advertir sus consecuencias jurídicas con la finalidad de eliminar interpretaciones incorrectas que confundan al pueblo de Venezuela. En efecto, Simonovis acaba de salir de la cárcel por orden de un tribunal.

Luego de una sentencia penal que le impuso alrededor de 30 años de prisión por presunta autoria intelectual en homicidio durante el golpe de Estado se abril 2002, Simonovis ya habría pagado un tercio de la pena, es decir, casi 10 años, entonces por razones de severa enfermedad ha sido favorecido con arresto domiciliario, al menos así ha sido la reciente decisión de un tribunal.

Importante es aclarar que esta decisión, desde nuestro sereno enfoque constitucional, no compromete al Presidente Nicolás Maduro, ya que el poder judicial es independiente frente al ejecutivo y toma decisiones propias. Distinto habría sido un indulto presidencial que nunca ocurrió en este caso. Ni una ley de amnistía emanada se la Asamblea Nacional que tampoco aconteció. 

Ciertamente las respetables víctimas y asociaciones de derechos humanos que se opusieron a la medida humanitaria a favor de Simomovis deben conocer que el poder judicial ha desarrollado una evaluación sobre la situación del penado y es sobre la base de su enfermedad y deterioro físico que ha fundamentado el arresto domiciliario. No pretendo convencerles de que renuncien a sus legítimos derechos de impugnar esta medida, solo les oriento sobre los canales adecuados para hacerlo.

Efectivamente en el campo judicial, que no es el del poder ejecutivo, los interesados podrán exigir la revisión de esta medida humanitaria, tal derecho es inherente a las víctimas y a todo venezolano que invoque derechos colectivos y difusos respecto a conocer los veredictos de la administración de justicia. Ello despejará dudas de muchos sobre la constitucionalidad y legalidad del beneficio otorgado. 

Simonovis no se pronunciará ante medios de comunicación, le ha sido prohibido judicialmente como condición para la vigencia de la medida humanitaria. De modo que cualquier debate sobre su caso debería darse en los tribunales si se quiere discutir sobre lo jurídico. Y en lo político, serían el TSJ y la Fiscal General quienes podrían rendir explicaciones y el poder popular tiene pleno derecho a interpelarlos.

Desde el punto de vista internacional y mediático, esta medida humanitaria pudiera ponerle fin al uso político y propagandístico de un caso eminentemente judicial que fue largamente aprovechado por figuras la dirigencia opositora para presentar al Estado venezolano como violador de derechos humanos y hacerlo merecedor de sanciones internacionales. 

El Estado venezolano hoy puede sustentar con firmeza que el poder judicial no está politizado y es independiente del Ejecutivo, pues si así no fuere, entonces jamás Simomovis habría salido de prisión. 

Finalmente, aclaramos no ha dejado de existir la sanción penal contra Simomovis, la cual se deriva de un juicio con sentencia firme. Simplemente ha variado provisionalmente su modo de cumplimiento que ahora es arresto domiciliario o casa por cárcel con efectivos del Sebin frente a su residencia. 

Simomovis permanecerá el arresto domiciliario mientras el tribunal penal de ejecucion concluya que el estado clínico del penado así lo justifica. 

Quien suscribe, hijo de un preso político de mi mismo nombre durante los represivos gobiernos de AD y Copei, y fuera injustamente privado de libertad por ser militante comunista de las gloriosas FALN, manifiesto que no sufro odio por el pasado y consigno mi respeto por la esposa Bony y los hijos del penado quien al margen de la responsabilidad totalmente personal del comisario, han defendido la posición que les corresponde como familia, tal como mi familia hizo lo propio durante la oprobiosa época de la Cuarta República.

Aporrea