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DDHH Olvidados

La pareja homosexual es invisible ante la ley

El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ ha documentado 10 casos de discriminación en entornos de salud o entornos médicos

/ Runrun.es
Yeannaly Fermin
Hace 7 meses

Actualmente muchos hombres y mujeres muestran abiertamente sus preferencias sexuales más allá de lo que diga la ley, la religión y la sociedad. Sin embargo, la invisibilidad de la pareja homosexual, incluso en los centros de salud, es un tema complejo. En Venezuela, las parejas del mismo sexo no gozan de los mismos derechos y protecciones que el resto de los ciudadanos heterosexuales. 

La ausencia de un marco legal en apoyo a la comunidad LGBTI+ deriva  en una cadena de violaciones de derechos que van desde el rechazo, violencia, acoso y hostigamiento, hasta la negación de asistir a la pareja en medio de una emergencia de salud que involucre trámites legales.

Luis Hernández sufrió en carne propia el rechazo, la exclusión y la vulneración de sus derechos cuando su pareja, Juan González, sufrió un accidente y tuvo que ser llevado de emergencia a una clínica en Caracas. 

Mientras los doctores atendían a Juan, una enfermera se encargaba de completar el formulario y los trámites para el ingreso. Todo marchaba bien hasta que le preguntaron a Luis su parentesco con Juan. Cuando este respondió que era su pareja, el trato cordial y amable de la enfermera se transformó por completo. Le dijo que ese tema de “parejitas” en la clínica no se admitían y le indicó que del caso debía encargarse un familiar directo. 

El caso de Luis y Juan no es el único. El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ ha registrado casos similares donde queda expuesto lo vulnerable que es la pareja homosexual en cuestiones de asistencia a la salud.

Kenia y Yesenia* tuvieron un accidente de tránsito en 2023. A Yesenia no le pasó nada, pero Kenia no corrió con la misma suerte. Por la gravedad de sus heridas, tuvieron que hacerle varias transfusiones de sangre, pero la familia de Kenia, que siempre se opuso a la relación, le impidió a Yesenia encargarse de los trámites, donarle sangre y hasta verla. 

Sin impedimentos, pero…

La doctora Luz Lugo, especialista en gastroenterología en el hospital Domingo Luciani, aseveró que actualmente no hay ninguna prohibición para que una persona homosexual acompañe a su pareja en un momento de salud grave.

 “No hay motivo para que en ningún centro de salud se le impida o se le invalide su derecho, pero las decisiones que comprometan la vida del paciente sí debe tomarlas un familiar directo porque el matrimonio entre personas personas del mismo sexo aún no es válido en el país y eso conlleva a que muchos derechos tampoco existan”, dijo. 

Para Lugo todo ser humano tiene que ser tratado de igual manera independientemente de sus decisiones de vida, de sus elecciones y de sus gustos. Explicó que si algunos médicos demuestran estar en desacuerdo con la preferencia sexual de una persona o algún disgusto a la hora de atenderla, es una conducta que carece de ética y además es discriminatoria. 

Sin embargo, la realidad es otra. La violencia y la discriminación continúa siendo un problema latente para las personas LGBTIQ+ en Venezuela. El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ ha documentado 10 casos de discriminación en entornos de salud o entornos médicos. En siete de estos casos les impidieron o les dificultaron a personas donar sangre debido a su orientación sexual.

Adicionalmente, para el año 2023, el observatorio registró dos casos de personas trans a quienes se les dificultó que pudieran acceder a servicios o cosas asociadas a asistencia médica por temas de identidad de género. 

Desprotegidos por la ley

Eduardo Trujillo Ariza, abogado defensor de derechos humanos, explicó que el no reconocimiento de las uniones estables o el matrimonio entre personas del mismo sexo, implica trabas que van más allá de la negación de asistir en una clínica a una pareja del mismo sexo. 

El abogado señaló que incluso en casos de inhumaciones o cremaciones de personas homosexuales, las parejas no son reconocidas como familiares directos, por tanto, no pueden tomar decisiones. 

Otra traba para las uniones homosexuales en Venezuela es que si una persona recibe un seguro o una póliza de salud no puede incluir a una pareja del mismo sexo. 

La posibilidad de adquirir préstamos bancarios en conjunto tampoco es posible, sin contar las consecuencias que se derivan cuando una de las personas fallece y tienen propiedades, carros y demás bienes en común, pues el sobreviviente queda en total inseguridad, desprotección legal y a merced de la familia de la persona que murió.

Eduardo Trujillo Ariza apuntó que aunque hay una mayor aceptación social a la diversidad sexual, estos avances no se han traducido en cambios legislativos para dar acceso a derechos como por ejemplo, los efectos sucesorales (herencias y testamentos) entre personas del mismo sexo que han tenido uniones estables de hecho.

“Negación de un derecho deriva en la negación de otros derechos”

En otros países de la región el tema del reconocimiento a los derechos de la comunidad LGBTI+, como el cambio de nombre y de género en el caso de las personas trans y el matrimonio entre personas del mismo sexo, son temas ya resueltos.

En Venezuela, activistas de distintas ONG han denunciado que hay un retraso de al menos siete años en cuanto a la visibilización y el respeto de los derechos de la comunidad. 

Quiteria Franco, activista, defensora de derechos humanos,  coordinadora general de Unión Afirmativa de Venezuela y de la Red LGBTI, aseguró que “la negación de un derecho deriva en negación de otros derechos”. A su juicio, una ley bien clara y específica contra todo tipo de discriminación resolvería otros tipos de problemas como el derecho a la educación, a la salud, el derecho a un empleo digno y el derecho al acceso a la justicia. 

“La no protección contra la discriminación basada en orientación sexual y la identidad de género produce otras violaciones de derechos humanos precisamente porque no hay una protección legal clara sobre la no discriminación”, dijo la activista. 

Para Quiteria Franco, el Estado tiene una deuda de “muchísimos” años con la ley contra todo tipo de discriminación. Explicó que si bien es cierto que en la Constitución el artículo 21 se prohíbe todo tipo de discriminación “fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”, aún no es suficiente. 

“Aún no es suficiente el artículo 21, porque no se aclaran puntos como cuál es la institución responsable, cómo se garantizan esos derechos, cuáles son los tipos de discriminación, qué es discriminación y qué no es discriminación, cosas que a su juicio se aclararían teniendo una ley”, resaltó.

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