DDHH Olvidados | La familia de Cristian Ramos lleva cinco años esperando justicia
Cristian era un joven soñador, trabajador y muy pacífico. Era estudiante de quinto año de bachillerato cuando comisiones del Faes ingresaron a su casa, lo secuestraron, golpearon, torturaron y luego lo mataron por presuntamente haber participado en la quema de la casa de la alcaldesa Gisela Rodríguez
@yeannalyfermin
Enero de 2019 quedó grabado en la memoria de todos los venezolanos y especialmente en la de los habitantes de El Tocuyo, estado Lara, con el asesinato de Cristian Ramos, de 19 años de edad, a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
La convulsión en Caracas de una sociedad que creía que el momento del cambio político, económico y social había llegado se extendió por todo el país y miles de personas se lanzaron a las calles del sector El Bosque a protestar y exigir un cambio. Pero otras como Cristian, que se quedaron en casa, igual fueron alcanzados por el uso excesivo de la fuerza de los cuerpos de seguridad.
El 24 de enero, El Tocuyo estuvo agitado por los disturbios y enfrentamientos entre civiles y policías. La versión oficialista indica que en horas de la noche unos manifestantes intentaron quemar la casa de Gisela Rodríguez, la alcaldesa y mano derecha de Carmen Meléndez, gobernadora de la entidad para ese momento.
Eran las 2:00 de la tarde del 25 de enero cuando un grupo de funcionarios del FAES ingresÓ de manera violenta a la casa de Cristian, quien se encontraba jugando con su computadora Canaima y esperando a su tío para irse a trabajar.
Cristian Ramos vivía en Carora. Era estudiante. Y también fue asesinado por funcionarios del FAES. Su madre clama Justicia. Su caso sigue impune. #VenezuelaEnLaCPI pic.twitter.com/5UCGV19kUT
— Alianza de Familiares y Víctimas 2017 (Alfavic) (@Alfavic2017) November 7, 2023
Neymar Escalona, prima de Cristian, relata que lo sacaron de la casa a punta de golpes y se lo llevaron a una vivienda cercana donde vivían los hermanos José Alfredo y Anderson Torres Cortez de 24 y 17 años, respectivamente. “Acusados sin pruebas de intentar quemar la casa de la alcaldesa los secuestraron, los golpearon, torturaron, simularon un enfrentamiento y luego los mataron a tiros”, dijo.
Según cifras de la ONG Provea, cuatro personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado en los dos primeros meses de 2019, mientras que 653 fueron detenidas por protestar.
En el caso de Cristian Ramos y los hermanos Cortez hubo varias contradicciones en las versiones oficiales que ofreció el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el secretario de seguridad del estado Lara, Kleyder Ferreiro.
El órgano de investigación informó en una minuta policial que los jóvenes se habían enfrentado a unos funcionarios y los señaló de haber causado graves destrozos en la vivienda de la alcaldesa. Ferreiro, por su parte, dijo que los fallecidos formaban parte de una banda de delincuencia organizada que mantenía azotada a la comunidad y negó la actuación de las FAES en el hecho.
Según información recopilada por medios locales en la entidad, habitantes de El Bosque tomaron las calles para exigir justicia y para desmentir que hubo enfrentamiento entre los jóvenes y la policía y la versión de Ferreiro.
“No se ha hecho justicia”
Neymar Escalona explicó que hace un año, junto a los abogados, se acercaron a la fiscalía para saber el estatus del caso, pero les informaron que sigue en fase de investigación.
“La verdad es que no ha pasado nada. No se ha hecho justicia. El caso de Cristian es delicado porque involucra a la alcaldesa y funcionarios policiales”, aseguró.
Escalona describe a su primo Cristian como un joven soñador, trabajador y muy pacífico. “Era estudiante de quinto año de bachillerato cuando pasó lo que pasó”.
“A Cristian le gustaba trabajar. Trabajaba con su papá en el campo y con el dinero ayudaba a su familia. Tenía previsto irse con un hermano a Perú porque quería un mejor futuro”, dijo.
Neymar Escalona señaló que en el caso de los hermanos Escalona, la madre retiró la denuncia producto de manipulaciones y promesas de bienes materiales ofrecidos por la alcaldesa.
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