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Rocío San Miguel: cinco meses encarcelada y sin derecho a la defensa

Más de 200 ONG exigieron la inmediata liberación de la activista   

Rocío
Redacción Runrun.es
Hace 2 semanas

Cinco meses han pasado desde que la activista y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, fue aprehendida en el aeropuerto Internacional de Maiquetía por funcionarios de la policía política del régimen de Nicolas Maduro, desde entonces no ha podido contactar con sus abogados.

Sus abogados no han podido ver el expediente y califican la detención de la abogada y defensora de los derechos humanos como un acto violatorio al debido proceso.

A San Miguel la detuvieron el pasado 9 de febrero en la terminal aérea cuando se disponía a viajar con su familia a la ciudad de Miami y fue implicada en una supuesta conspiración para atentar contra Maduro.

La abogada permanece recluida en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y se le acusa de terrorismo, traición a la patria, instigación al odio y asociación para delinquir. 

Diez días después de su aprehensión el fiscal general impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, dijo que Rocío San Miguel entregó información sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea (UE) y a embajadas de otros tres países.

De acuerdo a Saab, en la residencia de San Miguel en Caracas se encontraron mapas, teléfonos, agendas y computadoras que prueban que “entregó información sensible a potencias extranjeras en reuniones secretas con representantes diplomáticos y con militares extranjeros”.

Solidaridad con Rocío

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk,  expresó su “profunda preocupación” por la detención de San Miguel.

“Todas las acciones que hemos ejercido a los fines de tratar de constituir la defensa técnica son infructuosas, el amparo lo declararon inadmisible, apelamos de esa decisión dictada por la Corte de Apelaciones y aún esperamos respuesta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia”, dijo Juan González, uno de los abogados de San Miguel.

Asimismo, más de 200 organizaciones no gubernamentales exigieron la liberación inmediata de la activista, así como solicitaron a la comunidad internacional tomar acciones.

 

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