Una detenida perdió a su bebé en la cárcel
La Fundación El Amparo, presidida por el ex diputado de la Asamblea Nacional (AN), Walter Márquez, denuncia trato cruel, retardo procesal y el cobro de vacunas a un total de 19 personas detenidos en el Alto Apure durante el conflicto Armado en Apure y quienes actualmente, se encuentran recluidos en la cárcel de Santa Ana, estado Táchira.
Los 19 reclusos son acusados por las autoridades penales de traición a la patria, rebelión militar, asociación para delinquir y ataque al centinela, sin existir pruebas que los vinculen con estos delitos, denuncia Márquez ante Una Ventana a la Libertad. (UVAL).
La denuncia fue dada a conocer este lunes 21 de marzo por dicha organización defensora de los Derechos Humanos (DD.HH.), tras cumplirse un año del conflicto armado en el estado Apure, hecho que estuvo liderado por los grupos armados en la frontera colombo-venezolana.
Márquez, aseguró tener informes que fueron elaborados por la Medicatura Forense de Guasdualito y que dan cuenta que los 19 detenidos fueron torturados, sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Revela que fueron agredidos, recibieron golpes en la cara, el cráneo, las manos, la rodilla y la espalda entre otras partes del cuerpo.
A su juicio, uno de los casos más graves fue el de Mónica Triana, quien asegura estaba embarazada al momento de la detención y no hubo ningún tratamiento especial para ella por lo cual perdió a su bebé en la cárcel y sigue detenida cuando debieron haberle dado una medida cautelar.
Los abogados defensores y los familiares de los detenidos están a espera que la Corte de Apelaciones de San Fernando de Apure designe el nuevo juez para este caso. Mientras, ello ocurre, la situación de los reclusos es muy compleja, porque los familiares de los mismos son de bajos recursos económicos y están siendo obligados a “colaborar” con el pago de los traslados, desde Santa Ana del Táchira hasta Guasdualito, estado Apure. Esto implica cuatro horas de carretera entre los dos estados.
“Ante la falta de vehículo, cauchos y gasolina, los familiares tienen que aportar para el traslado casi 150.000 pesos colombianos (41 dólares) por preso. Para cada traslado de los 19 se debe contar con casi 3 millones de pesos (770 dólares), cuya obligación le corresponde al Estado Venezolano”, agregó.
El Tribunal Militar de San Cristóbal llevó a cabo la audiencia preliminar. Luego la causa fue remitida al Tribunal Penal Ordinario de Guasdualito y posteriormente, la juez desestimó ese recurso y se inhibió del caso, por lo cual el juicio en la actualidad está paralizado.
El defensor de DD.HH. deja al descubierto que el Estado Venezolano incumple los acuerdos internacionales, a pesar que firmó un compromiso con la Corte Penal Internacional (CPI) en aras de reformar la jurisdicción penal y todos los juicios como los del Alto Apure.
