Cada 21 de noviembre en Venezuela se celebra el Día del Estudiante Universitario para conmemorar las protestas protagonizadas por alumnos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en 1957, que concluyeron con la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero del año siguiente.
Pese a que la Seguridad Nacional, policía política del régimen en esa época, allanó la UCV, detuvo a estudiantes y cerró otros centros de educación superior, el ímpetu por avanzar hacia la libertad no frenó a una comunidad académica que impulsó la llegada al poder del líder de Acción Democrática, Rómulo Betancourt, por medio de elecciones libres.
Así con ese mismo ímpetu, este lunes 16 de noviembre, en el inicio de la semana, del estudiante universitario, decenas de alumnos de la UCV acompañaron a profesores, personal administrativo y obrero a la autopista Francisco Fajardo en Caracas, para protestar por la condiciones laborales en el área de educación superior.
La protesta no solo se llevó a cabo en la capital. Al menos una decena de estados se plegaron a un paro de 18 horas, convocado por varios entes, entre ellos la Federación Venezolana de Maestros (FVM) y la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV).
Para Miguelangel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV, en Venezuela se lleva a cabo una privatización de facto de la educación superior y los estudiantes son sometidos a una carrera de resistencia.
“Los mismos estudiantes tienen que mantenerse y el 34 % de estos debe hacer un aporte a sus universidades para que estas puedan seguir”, dijo el dirigente estudiantil.
De acuerdo con un reciente informe presentado por el Observatorio de Universidades (OBU), 7 de cada 10 estudiantes en casas de estudios de educación superior pública deben trabajar para costear sus estudios y apoyar en la economía de sus hogares.
Según Carlos Meléndez, director de OBU, un estudiante de una universidad pública en Venezuela gasta entre 40 y más de 400 dólares mensuales.
“La fragilidad de las casas de estudio hace que las posibilidades de cursar una carrera universitaria en Venezuela dependan en gran medida de los propios estudiantes y sus familias”, sostuvo Meléndez.
El profesor universitario manifestó que esta generación de estudiantes ha tenido que enfrentarse a situaciones de precariedad inéditas.
“El contexto es distinto, generaciones previas no vivieron esto, tienen que lidiar con insuficiencia de presupuesto para las universidades, desprotección socioeconómica y falta de capacidades institucionales”, apuntó el investigador, quien alertó que sólo el 18 % de los jóvenes entre 18 y 25 años estudian en universidades venezolanas.
Por su parte, la vicepresidenta de la FCU de la UCV, Rosa Cucunuba, expresó que las universidades padecen una asfixia presupuestaria que impide a los estudiantes evolucionar favorablemente.
“La realidad que enfrentamos es bastante difícil, algunos tenemos la fortuna de estudiar y trabajar al mismo tiempo, pero otros no pueden, algunos deben cumplir con un horario fijo y por tanto tienen que dejar la universidad”, indicó la dirigente estudiantil.
Meléndez aportó que de acuerdo con la más reciente investigación del OBU, 54 % de los estudiantes ha pensando en dejar la universidad y que en la provincia esta cifra aumenta debido a la precariedad de los servicios públicos.
A juicio de Carlos Tovar, secretario de Finanzas de la FCU de la Universidad Simón Bolívar (USB), un alumno de esa casa de estudios gasta en promedio entre 120 y 140 dólares mensuales, y su principal problema es en el transporte.
“Hay que preguntarse si nosotros somos parte de un proyecto fallido. Tenemos que estar orgullosos por todo el esfuerzo que hacen los estudiantes venezolanos, no damos el 100%, damos más y luchamos todos los días por conseguir mejoras”, expresó Tovar.
El estudiante de la USB lamentó también que el estudiante venezolano no puede competir internacionalmente con su par en el extranjero.
“Estamos en desventaja, no contamos con las herramientas necesarias, debemos enfocarnos en restablecer el orden que existía en las universidades”, agregó Tovar.
Excluidos e inconsultos
Suárez sostuvo que en su condición de presidente de la FCU de la UCV no ha sido convocado siquiera para revisar el proyecto de reforma de la Ley de Universidades, asimismo lo expresaron Cucunuba, Tovar y Meléndez.
“No hemos sido consultados, pareciera que al gobierno solo le interesa consultarle a los miembros de universidades controladas por ellos. Lo importante no es reformar la ley, lo importante es que se cumpla, no importa si es la ley del 60 o una nueva”, dijo Suárez.
Apenas este mes de noviembre, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), en conjunto con el Consejo Nacional de Universidades (CNU), puso sobre la mesa una propuesta para una nueva Ley de Universidades en Venezuela.
La iniciativa, que busca reformar el marco jurídico de la educación superior con una proyección de 30 a 50 años, ha encendido las alarmas en el sector académico, que ve en el texto un potencial retroceso en la autonomía universitaria consagrada en la Constitución de 1999.
La propuesta oficial se encuentra en una fase inicial de debate y contempla la realización de consultas nacionales y mesas de trabajo con estudiantes, profesores, trabajadores y comunidades antes de llevar un proyecto definitivo a la Asamblea Nacional.
Según los sectores impulsores, la nueva legislación busca una “reingeniería de la gestión pública” para replantear el funcionamiento administrativo de las casas de estudio. Entre los puntos clave destacan; la transformación digital y académica, actualización de planes de estudio, creación de carreras más cortas o flexibles, y fortalecimiento de los posgrados.
Sus promotores también afirman que el instrumento legal persigue la protección integral de los alumnos, con especial énfasis en la recuperación de comedores, transporte y sistemas de becas.
Académicos y autoridades universitarias advierten que el texto podría consolidar la figura del “Estado docente” en detrimento de la autonomía universitaria.
Los principales reclamos se enfocan en reducir las trabas burocráticas para la creación y aprobación de nuevas carreras, permitir la diversificación de fuentes de financiamiento más allá de las matrículas de pregrado y facilitar la firma de convenios internacionales y la captación de recursos del exterior sin las actuales restricciones cambiarias o administrativas.
Suárez argumentó que la crisis universitaria venezolana no es producto de un vacío legal, sino de una asfixia financiera prolongada y la falta de presupuesto estatal.
“El punto primordial de esa ley debe ser la asignación presupuestaria para las universidades y el diseño de estrategias para poder garantizar el acceso gratuito a los jóvenes que salen de la educación media general”, apuntó el presidente de la FCU de la UCV.
Rosa Cucunuba, vicepresidenta de la FCU de la UCV, alertó que la ministra de Educación Universitaria Ana María Sanjuan ha organizado foros para hablar de la reforma sin dar detalles y excluyendo a miembros de la comunidad universitaria.
“No se ha generado un debate, tenemos poca información y no hay confianza en los organismos, nos preocupa que no nos tomen en cuenta”, dijo Cucunuba.
A finales de octubre, Sanjuan visitó la sede de la Universidad de los Andes (ULA) en Mérida, donde asomó la necesidad de discutir y construir un consenso en torno a la reforma a la Ley de Universidades.
Carlos Meléndez, director del OBU, sentenció que las organizaciones tampoco han sido consultadas sobre la eventual reforma y que el gobierno chavista no necesitó de un recurso legal para transformar el sistema de educación superior.
“En todo caso, esa reforma debe incluir una serie de políticas públicas para que se le asignen presupuestos justos a las universidades y atender la grave crisis del patrimonio físico. Las universidades necesitan respuesta. No podemos partir de una base impuesta”, acotó Meléndez.
Meléndez agregó que el gobierno insiste en aplicar prácticas que no corresponden a las demandas del sector universitario como la centralización de sueldos y salarios y la bonificación del ingreso.
“Más que una ley, queremos discutir cuales son las condiciones de bienestar que necesitamos, con eso podemos lograr la paz y la reconciliación que tanto la ministra como quienes forman parte del gobierno desean”, agregó Meléndez.
Para Tovar, es fundamental que los estudiantes se sumen a futuras mesas técnicas en función de incidir en el curso de la educación universitaria.
“Nosotros somos lo primordial dentro de un plan país, si queremos avanzar en diversos sectores hay que inyectar generaciones futuras, nosotros debemos cimentar las bases de una nueva Venezuela”, concluyó.
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