Mayoría de magistrados oficialistas aspira a seguir en el TSJ pese a sentencias contra DD.HH.

Distintas ONG y juristas denunciaron en redes sociales que entre los 1.066 aspirantes a integrar el nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) figuran al menos 15 actuales magistrados oficialistas. Según advirtieron los defensores, estos jueces —que buscan repetir en sus cargos— son responsables de graves violaciones a los derechos humanos y del socavamiento del Estado de derecho en Venezuela.

El politólogo Rafael Santiago, a través de un mensaje posteado en su cuenta en X, indicó que en una primera revisión de los postulados al TSJ, se encontraron nombres “tremendamente preocupantes”.

Entre los oficialistas que se inscribieron para repetir en el nuevo TSJ están: Anabel Del Carmen Hernández Robles, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, Carmen Marisela Castro Gilly, Elías Rubén Bittar Escalona, Emilio Antonio Ramos González, Eneida Alexandra Moreno Pérez, Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, Jacqueline Del Valle Sosa Mariño, Jaime Jesús Báez Jiménez, Janette Trinidad Córdova Castro, José Luis Gutiérrez Parra, Juan Pablo Torres Delgado, Michel Adriana Velásquez Grillet, René Alberto Degraves Almarza, Tania D’Amelio Cardiet, Edelio Isabel González Díaz, Juan Carlos Cuenca Vivas, Katherine Nayarith Haringhton Padrón y Luis Emilio Rondón González.

Santiago calificó el hecho como “sumamente preocupante” y en una imagen señaló que los que avalaron el fraude del del 28 de julio “no pueden seguir en el TSJ”.

De acuerdo con registros judiciales, informes de organizaciones de derechos humanos como Acceso a la Justicia y sanciones internacionales, los señalamientos los oficialistas que buscan repetir en el TSJ se concentran principalmente en las salas Electoral, Constitucional, Político-Administrativa y Penal.

Nombres bajo la lupa

Tania D’Amelio Cardiet, actual presidenta de la Sala Constitucional, fue diputada del entonces MVR en dos periodos legislativos; desde el año 2009 hasta el 2022 fue rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta su designación en el TSJ.

La Sala Constitucional que preside declaró inadmisibles las solicitudes de revisión constitucional interpuestas por excandidatos presidenciales (como Enrique Márquez y Antonio Ecarri) contra la sentencia de la Sala Electoral. También rechazó amparos para obligar al CNE a publicar los resultados detallados.

Antes de llegar al TSJ en 2022, fue rectora principal del CNE durante más de una década. Fue sancionada por Estados Unidos (2017) y la Unión Europea (2018) por su papel en la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y por decisiones que obstaculizaron procesos electorales, como la suspensión del referendo revocatorio de 2016

Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, actual presidenta del TSJ y de la Sala Electoral, fue la responsable de la suspensión de las primarias opositoras en 2023. La Sala Electoral admitió un recurso del diputado José Brito y suspendió “todos los efectos” de las elecciones primarias de la oposición ganadas por María Corina Machado, ordenando además remitir el caso al Ministerio Público para investigar a la Comisión Nacional de Primaria.

Caryslia Rodríguez convalidó los resultados presidenciales. Bajo su presidencia ertificó de manera “inobjetable” el peritaje realizado al material electoral del 28 de julio de 2024 y convalidó la proclamación de Nicolás Maduro sin exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) la publicación desagregada de las actas mesa por mesa. Por este fallo, Rodríguez fue sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido.

Katherine Nayarith Haringhton Padrón, suplente de la Sala de Casación Penal y presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, tiene señalamientos que provienen de su etapa como fiscal del Ministerio Público (2014-2017) y vicefiscal general designada por el TSJ (2017).

Haringhton está sancionada por Estados Unidos desde 2015 y por la Unión Europea por violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2014, incluyendo la imputación de líderes opositores como Antonio Ledezma y María Corina Machado.

A Katherine Haringhton ordenó el allanamiento y detención contra el director de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, Rodrigo Diamanti.

Primera revisión

Acceso a la Justicia en una primera revisión sobre los candidatos a magistrados pudo constatar que un incremento del 90% respecto del número de postulados respecto del proceso dejado sin efectos a mediados de año (de 561 se pasó a 1066 aspirantes a magistrados).

El 85% (17 de 20) magistrados principales que se encuentran en funciones actualmente en el máximo tribunal, aparecen como postulados (con excepción de los magistrados cercanos a cumplir el período de 12 años Figueroa, Márquez y Suárez).

Algunos de los magistrados actuales que se postulan tienen años en el cargo, y algunos de ellos fueron designados como suplentes por la AN y no como principales, pero actúan como principales para cubrir vacantes.

También en la lista aparecen exmagistrados, entre ellos, el actual director de la Escuela Nacional de la Magistratura, quien fue magistrado anteriormente.

Asimismo, aparecen en la lista magistrados que están como suplentes en este momento en el TSJ.

Acceso a la Justicia expresó que espera que no ocurra con el TSJ lo mismo que ha pasado con los tribunales de terrorismo que no desaparecieron sino que se extendieron y con la Ley contra el Odio, la cual, aunque no está aprobada en su nueva versión, su proyecto de reforma se mantiene con las mismas prohibiciones ahora castigadas con multas y no con penas de prisión, pero con la misma censura y control.

Reacciones de la sociedad civil

La abogada penalista Rosario Grimont señaló a través de su cuenta en X que “no se puede reconstruir un país con los mismos que lo destruyeron, debe haber justicia para q pueda llegar la paz”.

Rodrigo Diamanti, defensor de derechos humanos y director de la ONG Sin Mordaza se pronunció a través de un video difundido en redes sociales advirtió que la incorporación de Katherine Haringhton perjudicaría la democratización del país.

Diamanti recordó que Haringhton ordenó el allanamiento de la sede de su ONG y su detención en 2014. También la vinculó con procesos contra María Corina Machado, Gustavo Tarre Briceño y otros opositores.

“Venezuela necesita recuperar la independencia del Poder Judicial. Quienes han contribuido a su secuestro institucional no pueden ser los responsables de su restitución”, expresó la abogada y presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solorzano.

Por su parte, el activista Nelson Piñero, posteó que la postulación de Caryslia Rodríguez “Constituye una burla para los venezolanos por parte del régimen: su rostro debería aparecer es en un cartel de recompensa por su captura”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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Distintas ONG y juristas denunciaron en redes sociales que entre los 1.066 aspirantes a integrar el nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) figuran al menos 15 actuales magistrados oficialistas. Según advirtieron los defensores, estos jueces —que buscan repetir en sus cargos— son responsables de graves violaciones a los derechos humanos y del socavamiento del Estado de derecho en Venezuela.

El politólogo Rafael Santiago, a través de un mensaje posteado en su cuenta en X, indicó que en una primera revisión de los postulados al TSJ, se encontraron nombres “tremendamente preocupantes”.

Entre los oficialistas que se inscribieron para repetir en el nuevo TSJ están: Anabel Del Carmen Hernández Robles, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, Carmen Marisela Castro Gilly, Elías Rubén Bittar Escalona, Emilio Antonio Ramos González, Eneida Alexandra Moreno Pérez, Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, Jacqueline Del Valle Sosa Mariño, Jaime Jesús Báez Jiménez, Janette Trinidad Córdova Castro, José Luis Gutiérrez Parra, Juan Pablo Torres Delgado, Michel Adriana Velásquez Grillet, René Alberto Degraves Almarza, Tania D’Amelio Cardiet, Edelio Isabel González Díaz, Juan Carlos Cuenca Vivas, Katherine Nayarith Haringhton Padrón y Luis Emilio Rondón González.

Santiago calificó el hecho como “sumamente preocupante” y en una imagen señaló que los que avalaron el fraude del del 28 de julio “no pueden seguir en el TSJ”.

De acuerdo con registros judiciales, informes de organizaciones de derechos humanos como Acceso a la Justicia y sanciones internacionales, los señalamientos los oficialistas que buscan repetir en el TSJ se concentran principalmente en las salas Electoral, Constitucional, Político-Administrativa y Penal.

Nombres bajo la lupa

Tania D’Amelio Cardiet, actual presidenta de la Sala Constitucional, fue diputada del entonces MVR en dos periodos legislativos; desde el año 2009 hasta el 2022 fue rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta su designación en el TSJ.

La Sala Constitucional que preside declaró inadmisibles las solicitudes de revisión constitucional interpuestas por excandidatos presidenciales (como Enrique Márquez y Antonio Ecarri) contra la sentencia de la Sala Electoral. También rechazó amparos para obligar al CNE a publicar los resultados detallados.

Antes de llegar al TSJ en 2022, fue rectora principal del CNE durante más de una década. Fue sancionada por Estados Unidos (2017) y la Unión Europea (2018) por su papel en la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y por decisiones que obstaculizaron procesos electorales, como la suspensión del referendo revocatorio de 2016

Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, actual presidenta del TSJ y de la Sala Electoral, fue la responsable de la suspensión de las primarias opositoras en 2023. La Sala Electoral admitió un recurso del diputado José Brito y suspendió “todos los efectos” de las elecciones primarias de la oposición ganadas por María Corina Machado, ordenando además remitir el caso al Ministerio Público para investigar a la Comisión Nacional de Primaria.

Caryslia Rodríguez convalidó los resultados presidenciales. Bajo su presidencia ertificó de manera “inobjetable” el peritaje realizado al material electoral del 28 de julio de 2024 y convalidó la proclamación de Nicolás Maduro sin exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) la publicación desagregada de las actas mesa por mesa. Por este fallo, Rodríguez fue sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido.

Katherine Nayarith Haringhton Padrón, suplente de la Sala de Casación Penal y presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, tiene señalamientos que provienen de su etapa como fiscal del Ministerio Público (2014-2017) y vicefiscal general designada por el TSJ (2017).

Haringhton está sancionada por Estados Unidos desde 2015 y por la Unión Europea por violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2014, incluyendo la imputación de líderes opositores como Antonio Ledezma y María Corina Machado.

A Katherine Haringhton ordenó el allanamiento y detención contra el director de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, Rodrigo Diamanti.

Primera revisión

Acceso a la Justicia en una primera revisión sobre los candidatos a magistrados pudo constatar que un incremento del 90% respecto del número de postulados respecto del proceso dejado sin efectos a mediados de año (de 561 se pasó a 1066 aspirantes a magistrados).

El 85% (17 de 20) magistrados principales que se encuentran en funciones actualmente en el máximo tribunal, aparecen como postulados (con excepción de los magistrados cercanos a cumplir el período de 12 años Figueroa, Márquez y Suárez).

Algunos de los magistrados actuales que se postulan tienen años en el cargo, y algunos de ellos fueron designados como suplentes por la AN y no como principales, pero actúan como principales para cubrir vacantes.

También en la lista aparecen exmagistrados, entre ellos, el actual director de la Escuela Nacional de la Magistratura, quien fue magistrado anteriormente.

Asimismo, aparecen en la lista magistrados que están como suplentes en este momento en el TSJ.

Acceso a la Justicia expresó que espera que no ocurra con el TSJ lo mismo que ha pasado con los tribunales de terrorismo que no desaparecieron sino que se extendieron y con la Ley contra el Odio, la cual, aunque no está aprobada en su nueva versión, su proyecto de reforma se mantiene con las mismas prohibiciones ahora castigadas con multas y no con penas de prisión, pero con la misma censura y control.

Reacciones de la sociedad civil

La abogada penalista Rosario Grimont señaló a través de su cuenta en X que “no se puede reconstruir un país con los mismos que lo destruyeron, debe haber justicia para q pueda llegar la paz”.

Rodrigo Diamanti, defensor de derechos humanos y director de la ONG Sin Mordaza se pronunció a través de un video difundido en redes sociales advirtió que la incorporación de Katherine Haringhton perjudicaría la democratización del país.

Diamanti recordó que Haringhton ordenó el allanamiento de la sede de su ONG y su detención en 2014. También la vinculó con procesos contra María Corina Machado, Gustavo Tarre Briceño y otros opositores.

“Venezuela necesita recuperar la independencia del Poder Judicial. Quienes han contribuido a su secuestro institucional no pueden ser los responsables de su restitución”, expresó la abogada y presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solorzano.

Por su parte, el activista Nelson Piñero, posteó que la postulación de Caryslia Rodríguez “Constituye una burla para los venezolanos por parte del régimen: su rostro debería aparecer es en un cartel de recompensa por su captura”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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