En democracia, quienes portan togas deben aplicar las leyes como la diosa Temis, sin parcializarse por quienes tienen el poder o el dinero. Por su parte, los que portan sables están obligados a no tener injerencia política partidista. Ambos deben respetar la Constitución y las leyes.
En tiempos de dictadura, muchos jueces y magistrados se apartan de sus responsabilidades por temor, por razones pecuniarias o ideológicas. La desobediencia a instrucciones de Miraflores puede acarrearles cárcel o destitución. Mientras que los militares se pueden convertir en guardia pretoriana que apoya al régimen, guardar silencio o pedir la baja. Obedecer facilita ascensos inmerecidos. Desobedecer acarrea cárcel o ser pasado a retiro.
En Venezuela, desde el año 2000 se han violado la Constitución y las leyes. ¿Qué responsabilidad tienen quienes visten togas y los que portan sables?
Jueces y magistrados
Muchos jueces correctos han sido destituidos, otros se han sometido al Ejecutivo. Entre los primeros, cabe mencionar que, en 2004, fueron destituidos los integrantes de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo, Ana María Ruggieri, Perkins Rocha y Juan Carlos Apitz, porque dictaron sentencia que no fue del agrado del presidente Chávez. Uno de los casos más repudiables es de la jueza María Lourdes Afiuni que, por aplicar la justicia en contra de la voluntad de Chávez, fue destituida, encarcelada y torturada. Fue condenada en sentencias aberrantes en diferentes instancias por los jueces Alí Paredes, Manuel Antonio Bognano, Mariana Oliveros, Adriana López y Maikel Moreno, entre otros.
Entre los casos en que los que los encargados de impartir justicia han acatado órdenes de Miraflores, cabe citar que, en el 2009, la jueza Marjorie Calderón, a petición de la fiscal Haifa El Aissami, sentenció sin pruebas a un grupo de policías y comisarios de la Policía Metropolitana que intentaron evitar la masacre del 11 de abril 2002 propiciada por Chávez. Los tres últimos fueron excarcelados este año.
Otro caso importante ha sido la denegación de justicia a Linda Loayza, secuestrada y torturada por Luis Carrera Almoina, hijo de un chavista. El juez Vladimir Zerpa Aponte dio casa por cárcel a Carrera y la jueza Rosa Cádiz Rondón lo absolvió. Recientemente el juez José Antonio García Morán, por órdenes de Delcy Rodríguez, le negó el derecho a Perkins Rocha de acogerse a la Ley de Amnistía. Rocha fue encarcelado desde el 27 de agosto 2024 por ser asesor jurídico de Vente Venezuela. Todavía está preso en su casa.
Los magistrados que ocupan o han ocupado la presidencia del TSJ, la Sala Plena y los integrantes de la Sala Constitucional han avalado las violaciones a la Constitución. Entre los más notorios cabe mencionar a Maikel Moreno, Gladys Gutiérrez y Luisa Estela Morales. Los de la Sala Electoral y la Plena han permitido trampas y abusos, entre ellos Caryslia Rodríguez y Tania D’Amelio. Son responsables de la inconstitucional participación de Maduro en la elección presidencial después de la muerte de Chávez y de desconocer el triunfo de Edmundo González el 28 de julio del 2024.
La exfiscal general Luisa Ortega Díaz y el exfiscal Tarek William Saab también deben ser investigados. Son responsables por encarcelamientos ilegales, torturas y muertes en las cárceles.
Militares
El sector político y el resto de la sociedad les hemos dicho a los que portan sables que no pueden inmiscuirse en la política, no ser árbitros de las decisiones del gobierno de turno, ni intentar enderezar entuertos. Sin embargo, cuando se presentan dificultades, muchos civiles han insistido en que la Fuerza Armada debe intervenir. En democracia, son los otros poderes del Estado a los que corresponde enjuiciar y destituir, si el caso lo amerita, al presidente de turno.
Sin embargo, una cosa es que no puedan ser árbitros, y otra que se identifiquen con el castrochavismo, como Vladimir Padrino, Gustavo González López y Alexander Granko Arteaga. Además, los militares, a través de sus mandos, deben expresar sus inquietudes y señalar abusos al presidente de la república. Padrino, como ministro de la Defensa, calló como un cobarde y fanático chavista.
El fallecimiento en la cárcel, en el 2019, del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, como consecuencia de las torturas; el general Isaías Baduel, quien murió preso en el 2021 por falta de atención médica; y el asesinato en Chile, en febrero 2024, del teniente Ronald Ojeda, son una vergüenza para la humanidad y particularmente para el general Padrino, hoy ministro de Agricultura.
Afortunadamente, también hay oficiales que han dado mensajes institucionales, como los que integran la reserva activa, inscritos en el Frente Institucional Militar. También muchos han sufrido cárcel y exilio, y actualmente hay 140 militares presos, según información del Foro Penal venezolano, del 9 de noviembre 2026.
Conclusión
La responsabilidad por las violaciones a la Constitución, así como por las trampas en las elecciones corresponde a los integrantes del TSJ, particularmente a la Sala Constitucional y a la Electoral, a la Asamblea Nacional, al fiscal general y al defensor del pueblo. A la Fuerza Armada no le corresponde tomar partido, pero sí manifestar, a través de sus mandos, sus preocupaciones y rechazo a las violaciones de los derechos humanos. Además, individualmente tanto un militar, como un civil, tienen la obligación de contribuir al restablecimiento de la Constitución cuando esta es violada.
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