El Estado venezolano incumplió una vez más su obligación de cooperar con los mecanismos internacionales de derechos humanos.
En esta ocasión, el gobierno de Nicolás Maduro dejó vencer el plazo de 60 días para responder a 14 preguntas formuladas por cuatro relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los bloqueos sistemáticos de páginas web y servicios digitales en el país.
La comunicación, identificada con el código AL VEN 4/2026, fue enviada el 4 de septiembre de 2026 por el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales, la Relatora Especial sobre la libertad de opinión y de expresión, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos y el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad.
El silencio oficial consolida un patrón de opacidad en torno a las órdenes de censura que, según las denuncias, emanan de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
El mapa de la censura y los proveedores involucrados
Los expertos de la ONU señalaron que los bloqueos habrían sido ejecutados por los principales proveedores de servicios de Internet (ISP) del país: Cantv, Digitel, Telefónica Venezolana C.A. (Movistar), Inter, Net Uno, Airtek y G-Network.
Las restricciones se habrían intensificado notablemente durante la campaña de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y en el periodo postelectoral.
Para dimensionar el alcance de esta práctica, los relatores citan el informe presentado el 26 de junio de 2026 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ante el Consejo de Derechos Humanos.
Dicho documento constata el “bloqueo arbitrario de al menos 85 sitios web” por parte de proveedores públicos y privados. De esta cifra, 39 corresponden a medios de comunicación, además de una plataforma de redes sociales, 27 servicios de privacidad en línea y plataformas de distribución de contenidos multimedia.
Opacidad en medio de la emergencia
Uno de los puntos más críticos señalados por la ONU es el impacto de estos bloqueos durante situaciones de desastre. Tras los terremotos del 24 de junio de 2026, aunque se levantó temporalmente el bloqueo a la red social X (antes Twitter), la mayoría de las páginas web y medios de comunicación permanecieron inaccesibles.
Los expertos advirtieron que esta medida “afectó la difusión de reportes sobre la magnitud e impacto del desastre, la asistencia humanitaria disponible, la búsqueda de personas desaparecidas y otros asuntos de interés público”.
Para la ONU, mantener estas restricciones durante una emergencia humanitaria incumple el deber del Estado de garantizar el derecho de la población a acceder a información confiable y oportuna.
Un patrón contra la sociedad civil y el debido proceso
La comunicación de la ONU expresa una profunda preocupación por la falta de uniformidad en la implementación de los bloqueos entre los distintos proveedores de Internet. Esta disparidad, señalan, “plantea interrogantes sobre los mecanismos mediante los cuales las autoridades competentes supervisan y revisan las medidas de bloqueo”.
Además, los relatores alertan que los requerimientos de Conatel “podrían no haber cumplido con determinadas garantías previstas en la legislación nacional, incluyendo disposiciones constitucionales y administrativas pertinentes”. La falta de respuestas de Conatel y de las empresas de telecomunicaciones a las solicitudes de información de la sociedad civil “suscita preocupaciones respecto del cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública”.
Este escenario de censura digital tiene un impacto directo en la labor de la sociedad civil. Los mecanismos de la ONU destacaron que estos obstáculos restringen el derecho a promover, proteger y defender los derechos humanos, especialmente en lo referente a la documentación y difusión de posibles violaciones.
Finalmente, los expertos cuestionaron si el Estado venezolano ha incumplido su deber de proteger los derechos humanos en el contexto de las actividades de los proveedores de Internet, instando a adoptar medidas para prevenir impactos adversos, en línea con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Hasta la fecha, ni Conatel ni la vicepresidencia del área política han emitido pronunciamiento alguno sobre el contenido de la comunicación AL VEN 4/2026.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
