El abogado y exfiscal venezolano Zair Mundaray advirtió que las redes de criminalidad organizada transnacional tienen un peso determinante en las relaciones con Estados y representan uno de los principales desafíos para una eventual transición democrática en Venezuela.
Durante su intervención en La Conversa de la Alianza Rebelde (ARI), sostuvo que las estructuras criminales han consolidado espacios de poder, economías y mecanismos de control territorial que dificultan la recuperación de la institucionalidad.
Mundaray señaló al panel integrado por Ronna Rísquez, directora de ARI; Cesar Batiz, director de El Pitazo y Luis Blanco, director de Runrunes, que la criminalidad organizada transnacional no ocupa un lugar suficiente en los programas de estudio de las escuelas de politología en Venezuela, pese a que constituye un factor central para comprender las relaciones internacionales contemporáneas.
El abogado afirmó que los vínculos entre Venezuela y Colombia, así como las dinámicas de poder en México, están atravesados por este fenómeno.
Insistió en que cualquier proceso de transición o reinstitucionalización debe considerar la influencia de las organizaciones criminales.
Advirtió que estos grupos tienen interés en preservar el status quo porque les permite mantener sus actividades y espacios de poder.
Actuaciones de Estados Unidos y futuro de las investigaciones
Mundaray consideró que las actuaciones judiciales de Estados Unidos contra figuras vinculadas con presuntas redes de corrupción y criminalidad pueden ampliar considerablemente el alcance de las investigaciones.
Mencionó los casos de Alex Saab y Álvaro Pulido, y sostuvo que la colaboración de personas involucradas en estas estructuras podría aportar información sobre otros actores y operaciones.
El abogado planteó que las fiscalías estadounidenses pueden utilizar acuerdos con acusados para obtener pruebas adicionales y avanzar hacia otros integrantes de las redes investigadas.
“La lista de entregables va a crecer”, afirmó.
También advirtió que el orden en que se producen las detenciones y actuaciones judiciales podría responder a necesidades específicas de las investigaciones.
Dudas jurídicas sobre las entregas de detenidos
El exfiscal abordó las implicaciones legales de la llegada a Estados Unidos de personas vinculadas con investigaciones criminales sin que se haya seguido un procedimiento formal de extradición.
Mundaray recalcó que no debe confundirse una entrega con una extradición y sostuvo que hasta el momento no se ha producido una solicitud formal de extradición hacia Estados Unidos.
“Un procedimiento de extradición contempla canales diplomáticos y actuaciones judiciales destinadas a examinar los documentos del caso, así como garantías relacionadas con el derecho a la defensa”, sostuvo el abogado.
Caso de Tareck El Aissami y las nuevas aristas penales
Mundaray también se refirió a la posibilidad de que el exministro y exvicepresidente de la República, Tareck El Aissami, enfrente una nueva imputación relacionada con el caso de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Según explicó, el procedimiento estaría relacionado con la firma de un punto de cuenta que habría permitido desmantelar parte de una infraestructura industrial y venderla como chatarra sin cumplir los procesos previstos legalmente.
Es llamativo que este frente judicial se abra después de que concluyera otro proceso vinculado con la CVG”, sentenció.
A su juicio, estos hechos refuerzan la necesidad de examinar la crisis venezolana no solo desde una perspectiva política, sino también penal.
El control territorial y la llamada “Ley del Monte”
El exfiscal explicó que algunas organizaciones criminales han convertido determinadas zonas de Venezuela en espacios donde ejercen control territorial y condicionan la vida cotidiana de las comunidades.
“He tenido conversaciones con habitantes de Arauquita, al noreste de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, donde estos grupos son «los dueños del territorio”, dijo.
Mundaray subrayó que desmontar ese control no es una tarea inmediata, debido a que las organizaciones han establecido economías, fuentes de ingresos y formas de convivencia bajo sus propias reglas.
“En estas comunidades se utiliza la expresión Ley del Monte para referirse a un orden impuesto por actores armados en ausencia de una institucionalidad efectiva”, agregó.
Investigaciones podrían alcanzar a otras figuras del poder
Mundaray sostuvo que las investigaciones estadounidenses no necesariamente se limitan a los acusados que ya han sido procesados. En su análisis, la información que aporten personas vinculadas con las redes investigadas podría permitir reconstruir operaciones económicas y establecer responsabilidades adicionales.
Mencionó la trama relacionada con el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), así como las investigaciones sobre el sector petrolero y el caso PDVSA-Cripto.
“Las investigaciones sobre Alex Saab continuaron pese a los cambios políticos relacionados con su situación judicial y que la Fiscalía estadounidense habría separado distintas líneas de investigación para avanzar sobre otros hechos”, indicó.
También sostuvo que parte de las estructuras vinculadas con estas operaciones permanece bajo investigación y que las pruebas obtenidas podrían tener consecuencias para otros actores.
“Los fiscales no van a dejar de trabajar”, expresó, al explicar que los cambios políticos no necesariamente detienen las investigaciones penales.
Denuncias sobre la estructura policial y el narcotráfico
Otro de los puntos abordados por Mundaray fue la intervención de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la detención de un capitán, hechos que vinculó con problemas estructurales dentro de los organismos de seguridad.
El exfiscal cuestionó las atribuciones de investigación antidrogas que ejerce la PNB y denunció presuntas irregularidades en el manejo de las incautaciones, la cadena de custodia y la destrucción de sustancias ilícitas.
A su juicio, estas prácticas podrían facilitar la circulación irregular de drogas y la existencia de redes de corrupción dentro de organismos policiales, fiscalías y tribunales.
“Algunos grupos civiles y colectivos han sido incorporados a operativos policiales, hay testimonios sobre la participación de personas sin formación policial en procedimientos de seguridad”, dijo el abogado.
Asimismo, cuestionó la presencia de mandos militares al frente de organismos policiales, al señalar que la legislación establece restricciones sobre esa estructura de mando.
Transición que deberá enfrentar estructuras criminales
Para Mundaray, uno de los mayores desafíos de una eventual reinstitucionalización democrática será desmontar las redes criminales que han penetrado distintas áreas del Estado y establecido mecanismos de control político, económico y territorial.
“No basta con sustituir autoridades o modificar decisiones políticas si permanecen intactas las estructuras que permiten el funcionamiento de esas redes”, indicó.
Consideró que las investigaciones sobre presunta corrupción, narcotráfico y otras actividades ilícitas pueden contribuir a esclarecer cómo operan estas organizaciones y cuáles son sus conexiones.
“Los fiscales estadounidenses están adquiriendo un mayor conocimiento sobre la forma en que estas estructuras han penetrado el Estado venezolano, esa es la clave de todo esto”, sentenció.
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