En Caracas, los terremotos del 24 de junio de 2026 destruyeron parcialmente al menos 14 de las 36 torres construidas por la extinta Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe) para la Gran Misión Vivienda Venezuela creada durante el gobierno de Hugo Chávez. Así lo revela la más reciente investigación de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual, cuyo equipo recorrió 17 de estos edificios porque sus daños habían sido documentados a través de reportes en medios de comunicación y redes sociales.
Tres meses después del doblete sísmico, estos 14 edificios tenían etiqueta amarilla con daños de mampostería en los primeros cuatro a seis pisos de las estructuras. Entre las áreas afectadas se encontraban los locales comerciales, así como las plantas bajas, que obligaron a la mayoría de sus residentes a desalojar temporalmente sus apartamentos y trasladarse en algunos casos a albergues temporales.
Para indagar el impacto de los daños, dos ingenieros acompañaron el recorrido del equipo ARI. En cada visita se completó un formulario para conocer datos del edificio —como el número de torres, pisos o apartamentos por nivel— y el estatus de las reparaciones y de habitabilidad de las estructuras. Se conoció que entre edificios variaba el ente encargado de las restauraciones, bajo la figura de los “padrinos”. Mientras en la mayoría estaban en desarrollo los arreglos, en tres conjuntos residenciales aún no habían iniciado. Solo uno de los edificios renovados (Opppe 11 – Gigante de Latinoamérica) fue entregado de manera oficial a sus beneficiarios con una visita de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.
Una de estas edificaciones afectadas fue la Opppe 58 de la parroquia Santa Teresa, a cuyos habitantes les inquietó la contradicción que se presentó entre las dos evaluaciones que se hicieron a esa construcción: tras la primera inspección, los ingenieros le pusieron una etiqueta roja en la entrada, lo que señalaba que la estructura estaba en riesgo. Esto de acuerdo con el método del semáforo técnico adoptado por el gobierno nacional para determinar si, luego del terremoto, un edificio podía ocuparse (verde), requería intervenciones (amarillo) o debía evacuarse (rojo).
Sin embargo, en una segunda revisión, cambiaron la etiqueta por una calcomanía verde ya que, aparentemente, no hubo daños estructurales. Indicaron, no obstante, que debían demoler y restaurar dos paredes de la planta “para mitigar riesgos”, y que había que corregir afectaciones en los servicios de agua y gas.
La misma incongruencia de criterios se detectó en otros dos edificios de la Opppe en Caracas. Y esa es apenas una de las irregularidades que la ARI identificó en los urbanismos visitados.
La mayoría de los entrevistados mencionó que el Gobierno les había entregado los materiales que reposaban en la planta baja del edificio o en sus apartamentos, como bloqueos o bolsas de cemento. Sin embargo, en algunos casos señalaban que lo que hacía falta era la mano de obra. Algunos de los que permanecían en carpas en las calles advirtieron que sabían que su presencia ahí era incómoda para las autoridades, y que estos preferían que esa realidad fuese menos visible.
Conoce más en este reportaje.
