El nombramiento de Román Maniglia como nuevo superintendente del Seniat generó expectativas en el sector privado sobre la posibilidad de una reforma tributaria, pero las primeras medidas de su gestión indican que va en otra dirección y se ha concentrado en simplificar trámites, digitalizar procesos y reducir exigencias administrativas.
El pasado 7 de julio, cuando la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la designación de Maniglia, le asignó como tarea principal la digitalización del sistema tributario venezolano. La instrucción apunta más a modernizar la administración y recaudación de los tributos que a modificar la estructura de las obligaciones tributarias que recaen sobre empresas y personas naturales.
Desde el Seniat, Maniglia eliminó el vencimiento del Registro de Información Fiscal (RIF) y la obligación de exhibirlo físicamente en los comercios. También derogó la homologación previa de los sistemas de facturación y avanzó en la interconexión con el Saren para evitar que los contribuyentes tengan que entregar información que ya está disponible en otras plataformas.
La digitalización también alcanzó las aduanas y este 14 de septiembre el nuevo superintendente ordenó eliminar la solicitud en físico de documentos que ya forman parte de los expedientes digitales y activar criterios de selectividad para acelerar el despacho de mercancías.
Los cambios apuntan a reducir la burocracia y hacer más eficiente la relación con el contribuyente. Sin embargo, aún no han abordado las demandas que el sector privado viene planteando desde hace meses sobre el peso de los tributos, la superposición de obligaciones y el costo de permanecer en la formalidad.
Del bolsillo de los contribuyentes
El Seniat recauda los principales tributos nacionales, entre ellos el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto sobre la Renta (ISLR) y el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), además de los vinculados con las operaciones aduaneras, el tabaco y las especies alcohólicas. A estos se sumó en 2024 la contribución especial para la protección de las pensiones.
La carga tributaria termina reflejándose en los precios que pagan los consumidores. El IVA, cuya alícuota general es de 16%, una tasa que se ubica en el rango medio-alto en la región, se incorpora directamente al precio final de los bienes y servicios a los que se les aplica este impuesto.
Otros tributos y contribuciones que recaen sobre las empresas pueden trasladarse de manera indirecta a los costos de producción, importación, distribución y comercialización, es decir al final que pagan los consumidores.
Consecomercio ha advertido, por ejemplo, que el IGTF encarece las operaciones y afecta la cadena productiva. Este es un impuesto que pecha con hasta 3% el pago en divisas en efectivo, por ejemplo.
El efecto se refleja en productos de consumo masivo como alimentos, pero también en bienes como vehículos, ropa y otros productos que incorporan costos tributarios a lo largo de la cadena.
La recaudación tributaria interna cerró 2025 en alrededor de 10.300 millones de dólares, de acuerdo con las estimaciones del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB (IIES-UCAB). En su informe correspondiente a septiembre, el instituto proyecta unos 10.800 millones de dólares para 2026, con el IVA y el ISLR como sus principales componentes.
En esa estimación, el IVA representaría 40,7% de la recaudación interna, seguido por el ISLR con 20,4%, mientras que la renta aduanera aportaría 27,7% y otros ingresos internos 11,2%.
Menos trámites no significan menos impuestos
Las primeras medidas de Maniglia han sido recibidas favorablemente por los gremios. Consecomercio ha reconocido que el Seniat está dando pasos en la dirección correcta, pero sostiene que todavía es necesario trabajar en una “nueva arquitectura del sistema tributario” que permita avanzar hacia un modelo más favorable para la producción.
Si bien es cierto que eliminar una exigencia administrativa puede reducir tiempo y costos para una empresa, esto no modifica por sí mismo las alícuotas, las bases imponibles, las retenciones, los anticipos ni la cantidad de tributos que recaen sobre una actividad económica.
En una reunión que representantes de Fedecámaras, Consecomercio, Conindustria, AVEX y cámaras regionales sostuvieron con Maniglia en julio, le plantearon la necesidad de revisar la arquitectura tributaria como parte de un modelo de desarrollo productivo.
Consecomercio también ha planteado eliminar el IGTF, reducir alícuotas y simplificar procedimientos. El gremio ha pedido además que los 335 municipios del país avancen en la armonización tributaria y ha señalado que unas tasas más bajas pueden contribuir a ampliar la base de contribuyentes.
El IIES-UCAB apunta en una dirección similar. Su informe más reciente señala que los cambios recientes en la tributación interna han sido pequeños y que la evolución de la recaudación responde más al entorno macroeconómico que a modificaciones de la política tributaria. El instituto también identifica los anticipos de IVA e ISLR como un elemento central del esquema vigente.
Una carga que va más allá del Seniat
Parte del problema está precisamente fuera del ámbito del Seniat. A los tributos nacionales se suman impuestos municipales y contribuciones parafiscales que pueden elevar el costo de operar formalmente.
En agosto, los abogados Karla D’ Vivo y Alejandro Granadillo advirtieron, en entrevista en Fedecámaras Radio, sobre las distorsiones de la tributación municipal. Granadillo señaló que algunas retenciones aplicadas a empresas sin establecimiento o vínculo territorial pueden producir “doble tributación” y acumular créditos fiscales difíciles de trasladar, lo que termina elevando los costos operativos.
En cuanto a las contribuciones parafiscales, el abogado tributarista Juan Carlos Castillo, expresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, considera que los cambios administrativos del Seniat y el Saren son insuficientes para hablar de una reforma tributaria y planteó revisar aportes como los destinados al Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología y al Fondo Nacional del Deporte.
Por su parte, el economista Asdrúbal Oliveros considera positiva la digitalización del pago de impuestos, pero advierte que por sí sola no resuelve los problemas fiscales del país. A su juicio, Venezuela necesita una reforma integral que permita reducir la evasión, ampliar la base de contribuyentes y simplificar un sistema que se ha vuelto complejo y costoso.
Oliveros sostuvo en sus redes sociales que ampliar esa base no debería significar crear más impuestos ni aumentar permanentemente la presión sobre los mismos contribuyentes, sino incorporar más actividad económica a la formalidad.
En este sentido, el IIES-UCAB pone el foco en esa tensión y señala que, sin cambios en la dirección de la política tributaria, el esquema de recaudación no petrolera seguirá descansando en la intención de maximizar los ingresos fiscales mediante la intensificación de controles y anticipos sobre la base tributaria formal.
La pregunta que queda abierta es si la digitalización será también el punto de partida para revisar esa estructura o si se limitará a hacer más eficiente el modelo que ya existe.
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