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Organizaciones alertan sobre continuidad del modelo extractivo en el Arco Minero

Este miércoles, 5 de agosto, en la Audiencia Pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el “Impacto de la minería y actividades extractivas en Venezuela” organizaciones nacionales y extranjeras expusieron la consolidación del modelo extractivo en el sur de Venezuela y respondieron preguntas sobre la situación de derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco.

Durante la sesión, SOS Orinoco, Washington Office on Latin America (WOLA), Due Process of Law Foundation (DPLF), Provea, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y la Comisión Internacional de Juristas, señalaron que no ha habido cambios sustantivos en la gobernanza del territorio desde el 3 de enero y a firmaron que el gobierno de Delcy Rodríguez “ha permitido la consolidación del sistema de gobernanza criminal híbrido”.

Las licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos fue otro punto denunciado durante la sesión. Las organizaciones advirtieron que las autorizaciones de la OFAC no exigen trazabilidad del mineral, ni verificaciones independientes que garanticen que el oro y otros recursos están libres de conflicto.

“Las licencias otorgadas no obligan a excluir áreas controladas por el ELN, disidencias de las FARC, sindicatos mineros, el Tren de Aragua o estructuras militares, ni incorporan salvaguardas ambientales o requisitos de consentimiento previo, libre e informado para las comunidades indígenas” se lee en la denuncia realizada por la ONG SOS Orinoco.

SOS Orinoco incluyó los testimonios de dos líderes Pemón que hablaron desde el Arco Minero y Gran Sabana sobre los abusos de DDHH, contaminación por mercurio, violencia, tráfico de menores y mujeres e invasión por grupos armados organizados.

“Ley de Minas profundiza el modelo depredador”

Durante su intervención, Óscar Murillo, en representación de Provea, se refirió a la Ley Orgánica de Minas aprobada en abril de 2026.

“la ley profundiza en un modelo de extractivismo que ignora la evidencia científica sobre la repercusión en la Amazonía, desatendiendo la obligación estatal de prevenir violaciones de derechos humanos y daños ambientales irreversibles”, posteó Murillo.

El coordinador general de Provea aseguró que los cambios legislativos solo tendrán sentido si se dan dentro de un proceso de respeto por la Constitución y la normativa ambiental venezolana, así como un proceso de reconstrucción institucional.

Problema multifactorial

Javier Palummo, Relator Especial sobre DESCA, señaló que la situación expuesta por las organizaciones “no puede analizarse únicamente como un problema de explotación minera o degradación ambiental”.

A través de su cuenta en X, Palummo señaló que la información presentada plantea posibles afectaciones interrelacionadas al ambiente, el agua, la salud, la alimentación, la educación, el trabajo y los derechos territoriales, culturales y colectivos de los pueblos indígenas.

Asimismo, subrayó que las autoridades de los pueblos indígenas y sus sistemas propios de vigilancia territorial deben ser reconocidos y fortalecidos, y no desplazados por respuestas exclusivamente militares o centralizadas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Organizaciones de derechos humanos advirtieron ante la CIDH que la minería ilegal sigue expandiéndose en el sur de Venezuela bajo un esquema de gobernanza híbrida y sin controles ambientales.

Las organizaciones solicitaron a la CIDH mantener el monitoreo sobre la situación y reiteraron que la ausencia de garantías, supervisión y transparencia en el sector minero venezolano profundiza la crisis humanitaria y ambiental en el sur del país.

SOS Orinoco, Washington Office on Latin America (WOLA), Due Process of Law Foundation (DPLF), Provea, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y la Comisión Internacional de Juristas advirtieron ante la CIDH que la minería ilegal sigue expandiéndose en el sur de Venezuela bajo un esquema de gobernanza híbrida y sin controles ambientales
Arco Minero
Redacción Runrun.es
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Este miércoles, 5 de agosto, en la Audiencia Pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el “Impacto de la minería y actividades extractivas en Venezuela” organizaciones nacionales y extranjeras expusieron la consolidación del modelo extractivo en el sur de Venezuela y respondieron preguntas sobre la situación de derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco.

Durante la sesión, SOS Orinoco, Washington Office on Latin America (WOLA), Due Process of Law Foundation (DPLF), Provea, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y la Comisión Internacional de Juristas, señalaron que no ha habido cambios sustantivos en la gobernanza del territorio desde el 3 de enero y a firmaron que el gobierno de Delcy Rodríguez “ha permitido la consolidación del sistema de gobernanza criminal híbrido”.

Las licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos fue otro punto denunciado durante la sesión. Las organizaciones advirtieron que las autorizaciones de la OFAC no exigen trazabilidad del mineral, ni verificaciones independientes que garanticen que el oro y otros recursos están libres de conflicto.

“Las licencias otorgadas no obligan a excluir áreas controladas por el ELN, disidencias de las FARC, sindicatos mineros, el Tren de Aragua o estructuras militares, ni incorporan salvaguardas ambientales o requisitos de consentimiento previo, libre e informado para las comunidades indígenas” se lee en la denuncia realizada por la ONG SOS Orinoco.

SOS Orinoco incluyó los testimonios de dos líderes Pemón que hablaron desde el Arco Minero y Gran Sabana sobre los abusos de DDHH, contaminación por mercurio, violencia, tráfico de menores y mujeres e invasión por grupos armados organizados.

“Ley de Minas profundiza el modelo depredador”

Durante su intervención, Óscar Murillo, en representación de Provea, se refirió a la Ley Orgánica de Minas aprobada en abril de 2026.

“la ley profundiza en un modelo de extractivismo que ignora la evidencia científica sobre la repercusión en la Amazonía, desatendiendo la obligación estatal de prevenir violaciones de derechos humanos y daños ambientales irreversibles”, posteó Murillo.

El coordinador general de Provea aseguró que los cambios legislativos solo tendrán sentido si se dan dentro de un proceso de respeto por la Constitución y la normativa ambiental venezolana, así como un proceso de reconstrucción institucional.

Problema multifactorial

Javier Palummo, Relator Especial sobre DESCA, señaló que la situación expuesta por las organizaciones “no puede analizarse únicamente como un problema de explotación minera o degradación ambiental”.

A través de su cuenta en X, Palummo señaló que la información presentada plantea posibles afectaciones interrelacionadas al ambiente, el agua, la salud, la alimentación, la educación, el trabajo y los derechos territoriales, culturales y colectivos de los pueblos indígenas.

Asimismo, subrayó que las autoridades de los pueblos indígenas y sus sistemas propios de vigilancia territorial deben ser reconocidos y fortalecidos, y no desplazados por respuestas exclusivamente militares o centralizadas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Organizaciones de derechos humanos advirtieron ante la CIDH que la minería ilegal sigue expandiéndose en el sur de Venezuela bajo un esquema de gobernanza híbrida y sin controles ambientales.

Las organizaciones solicitaron a la CIDH mantener el monitoreo sobre la situación y reiteraron que la ausencia de garantías, supervisión y transparencia en el sector minero venezolano profundiza la crisis humanitaria y ambiental en el sur del país.

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