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Claves | Los postulados al Poder Ciudadano y las alertas que encienden el procedimiento

El camino hacia la renovación del Poder Ciudadano en Venezuela ha entrado en una fase crítica con la publicación el pasado 16 de marzo, por parte de la Asamblea Nacional juramentada en enero de 2026, de los listados de aspirantes,

Lejos de ser un trámite meramente administrativo, la danza de nombres revela una compleja red de intereses donde convergen figuras de alto perfil del oficialismo, académicos de renombre y un fenómeno particular que ha encendido las alarmas de los analistas: la doble postulación.

Mientras el Comité de Postulaciones avanza en el cronograma, el escrutinio público ha puesto la lupa sobre varios postulados: candidatos que saltan de pretender alcaldías y gobernaciones a buscar la titularidad del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

Este proceso no solo definirá a los titulares de estas instituciones, sino que marcará el diseño institucional del sistema de justicia y los derechos humanos en el país.

Los nombres que más suenan

Dentro de los listados resaltan figuras con una notable vinculación a la administración pública, en el ámbito del derecho penal, así como algunos que han estado ligados de manera estrecha a los gobiernos de Nicolás Maduro y el expresidente Hugo Chávez:

  • Larry Devoe : Abogado y actual fiscal general encargado tras la renuncia de Tarek William Saab. Ha sido una pieza clave en la defensa jurídica del Estado ante organismos internacionales, desempeñándose como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y representante ante la CIDH y la Corte Penal Internacional.
  • Ernesto Villegas: Reconocido periodista y político que actualmente ejerce como ministro de Cultura y presidente del Programa de Paz. Su trayectoria en el gobierno incluye haber sido ministro de Comunicación e Información en dos ocasiones, presidente de VTV y jefe de Gobierno del Distrito Capital. En estos días en los que su nombre se reveló como postulado, se viralizaron nuevamente en redes los videos de sus declaraciones en 2017 cuando, en el marco de las protestas, aseguró que la muerte del estudiante Juan Pablo Pernalete se había producido por el impacto de una pistola de perno cautivo y no por una bomba lacrimógena de la Guardia Nacional.
  • Mirelys Contreras: Abogada que ocupó el cargo de ministra del Servicio Penitenciario durante dos periodos (2017–2018 y 2020–2023).
  • Magaly Vásquez: Académica y Secretaria General de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Fue la redactora del Código Orgánico Procesal Penal en 1998 y es la primera mujer penalista en ingresar a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
  • Carlos Calatrava: Educador y director de la Escuela de Educación de la UCAB entre 2020 y 2024. Su labor se ha centrado en la investigación de políticas públicas y el análisis del estamento militar en Venezuela.
  • Julio César Pineda: Diplomático con más de 30 años de carrera, habiendo servido como embajador en Libia, Corea del Norte y Kuwait. Es conocido por su programa de televisión “Brújula Internacional”.
  • Ángel Zerpa Aponte: Exjuez y docente universitario que fue designado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio en 2017, hecho por el cual fue detenido y posteriormente liberado bajo medidas cautelares.
  • Enrique Ochoa Antich: Político y activista de derechos humanos, exdiputado al Congreso Nacional en la década de los 80.
  • Emilio Graterón: Abogado y exalcalde del municipio Chacao. Ha trabajado recientemente con organismos de la ONU en temas de resiliencia urbana.
  • Nelson Chitty La Roche: Abogado y profesor de la UCV que fue diputado al Congreso por 15 años en representación de COPEI.

Doble postulación

En el proceso también figura un grupo de 14 ciudadanos que han presentado sus nombres para optar a ambos cargos de manera simultánea. Los nombres que figuran bajo esta modalidad son:

  • Adriana Del Valle Meaño Díaz
  • Ignacio Ramírez Romero
  • Tomás Rafael Aguilera Marín
  • Edgar José Fuenmayor De La Torre
  • Gabriel Gregorio Guerrero Gil
  • Yonmar Yhovanny Montoya Yonmar
  • Gilberto Alfredo Landaeta Gordon
  • Josmary Angelica Paéz Fonseca
  • Marioly Elideth Flores Vives
  • Libardo Rubén García Robles
  • Juan Bautista Mirabal Ascanio
  • Karla Consuelo Ramírez Loreto
  • Jesús Enrique Ramírez Paz
  • Luisa Elena Rivero

Los “insistentes”

El usuario de X Giuseppe Gangi, conocido por crear la plataforma de cotejo de resultados de las elecciones presidenciales de 2024 con información del Comando ConVzla y reportes adicionales, elaboró una base de datos a partir del cotejo de las listas publicadas por la Asamblea Nacional sobre los aspirantes al Poder Ciudadano.

En esta base de datos se documentó que hay varios postulados que en el pasado aspiraron a cargos de elección pública. A estas personas, el periodista especializado en la fuente electoral Eugenio Martínez, los calificó como “los insistentes”.

Por ejemplo, Martín Gerardo López Ríos y Gabriel Guerrero Gil son diputados suplentes de la Asamblea Nacional, juramentados en enero de 2026, es decir, participaron en el proceso electoral del 2025. En el caso de López Ríos, también aspiró a la alcaldía del municipio Leonardo Infante, del estado Guárico, el año pasado.

También, el abogado Julio César Pineda Pabón fue candidato a la gobernación del Esequibo en las elecciones regionales de 2025, pero finalmente declinó su candidatura días antes de la contienda electoral.

Otros nombres figuran como jueces de paz, bien sea porque participaron en elecciones comunitarias para este cargo o porque lo ejercieron. Un juez de paz es una autoridad judicial comunitaria encargada de resolver conflictos cotidianos de forma rápida y pacífica, priorizando el diálogo y la conciliación. A diferencia de un juez ordinario, su enfoque no es puramente legalista, sino que busca restaurar la armonía y la convivencia en su localidad.

El “gatopardo” en ejecución

Algunos especialistas del derecho y dirigentes políticos que analizaron las listas manifestaron su preocupación por algunos nombres postulados. La abogada constitucionalista María Alejandra Díaz alertó vía X que algunos “personajes postulados” puede representar la prueba de que el “gatopardo está en plena ejecución”, es decir, en sus propias palabras, “cambiar todo para que nada cambie”.

“Estas convocatorias de la Asamblea Nacional validan una pseudo legalidad y normalizar una superestructura que sigue respondiendo al mismo diseño autoritario que el 3 de enero terminó de enterrar a la República”, advirtió Díaz.

Por su parte, Delsa Solórzano, abogado y líder del partido Encuentro Ciudadano, consideró fundamental que las decisiones institucionales que se tomen en la nueva “etapa política que vive Venezuela”, sea con “estricto apego a la Constitución”.

“Nuestro interés es que esta nueva etapa del país se desarrolle de la mejor manera posible y que podamos avanzar efectivamente hacia las tres etapas que deben conducir a la transición democrática”, señaló Solórzano en su cuenta de X.

Recordó que la designación del fiscal general de la República y del defensor del Pueblo no es un trámite discrecional de la Asamblea Nacional y que la Carta, en su artículo 279, dispone que el Consejo Moral Republicano debe convocar un Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad.

Dicho comité debe realizar un proceso público de evaluación del cual surja una terna por cada cargo, que posteriormente se somete a la consideración de la Asamblea Nacional: “Solo a partir de esas ternas la Asamblea Nacional puede escoger a los titulares correspondientes, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. Este mecanismo es la garantía de transparencia, participación ciudadana e independencia institucional”, insistió la exdiputada.

Mientras que organizaciones no gubernamentales como Provea y Acceso a la Justicia consideraron necesaria la aplicación de un baremo para establecer criterios de evaluación de los candidatos. “Sin eso, la selección solo depende de lealtades políticas, no de méritos”, alertó Provea.

A su vez, Acceso a la Justicia indicó que un baremo tiene la función de “determinar quiénes están mejor capacitados, evitando que la selección dependa de inclinaciones personales“. Para la elección del fiscal general y del defensor del pueblo en Venezuela, señaló la ONG, “la aplicación de un baremo permite que la evaluación se centre en el mérito y la idoneidad de los postulados, en lugar de en consideraciones políticas”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Plataforma Unitaria denuncia “pactos” para designar a nuevo fiscal general y defensor del Pueblo
Dentro de los listados resaltan figuras con una notable vinculación a la administración pública, en el ámbito del derecho penal, así como algunos que han estado ligados de manera estrecha a los gobiernos de Nicolás Maduro y el expresidente Hugo Chávez
Poder Ciudadano
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Imagen creada con inteligencia artificial
Andrea González
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El camino hacia la renovación del Poder Ciudadano en Venezuela ha entrado en una fase crítica con la publicación el pasado 16 de marzo, por parte de la Asamblea Nacional juramentada en enero de 2026, de los listados de aspirantes,

Lejos de ser un trámite meramente administrativo, la danza de nombres revela una compleja red de intereses donde convergen figuras de alto perfil del oficialismo, académicos de renombre y un fenómeno particular que ha encendido las alarmas de los analistas: la doble postulación.

Mientras el Comité de Postulaciones avanza en el cronograma, el escrutinio público ha puesto la lupa sobre varios postulados: candidatos que saltan de pretender alcaldías y gobernaciones a buscar la titularidad del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

Este proceso no solo definirá a los titulares de estas instituciones, sino que marcará el diseño institucional del sistema de justicia y los derechos humanos en el país.

Los nombres que más suenan

Dentro de los listados resaltan figuras con una notable vinculación a la administración pública, en el ámbito del derecho penal, así como algunos que han estado ligados de manera estrecha a los gobiernos de Nicolás Maduro y el expresidente Hugo Chávez:

  • Larry Devoe : Abogado y actual fiscal general encargado tras la renuncia de Tarek William Saab. Ha sido una pieza clave en la defensa jurídica del Estado ante organismos internacionales, desempeñándose como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y representante ante la CIDH y la Corte Penal Internacional.
  • Ernesto Villegas: Reconocido periodista y político que actualmente ejerce como ministro de Cultura y presidente del Programa de Paz. Su trayectoria en el gobierno incluye haber sido ministro de Comunicación e Información en dos ocasiones, presidente de VTV y jefe de Gobierno del Distrito Capital. En estos días en los que su nombre se reveló como postulado, se viralizaron nuevamente en redes los videos de sus declaraciones en 2017 cuando, en el marco de las protestas, aseguró que la muerte del estudiante Juan Pablo Pernalete se había producido por el impacto de una pistola de perno cautivo y no por una bomba lacrimógena de la Guardia Nacional.
  • Mirelys Contreras: Abogada que ocupó el cargo de ministra del Servicio Penitenciario durante dos periodos (2017–2018 y 2020–2023).
  • Magaly Vásquez: Académica y Secretaria General de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Fue la redactora del Código Orgánico Procesal Penal en 1998 y es la primera mujer penalista en ingresar a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
  • Carlos Calatrava: Educador y director de la Escuela de Educación de la UCAB entre 2020 y 2024. Su labor se ha centrado en la investigación de políticas públicas y el análisis del estamento militar en Venezuela.
  • Julio César Pineda: Diplomático con más de 30 años de carrera, habiendo servido como embajador en Libia, Corea del Norte y Kuwait. Es conocido por su programa de televisión “Brújula Internacional”.
  • Ángel Zerpa Aponte: Exjuez y docente universitario que fue designado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio en 2017, hecho por el cual fue detenido y posteriormente liberado bajo medidas cautelares.
  • Enrique Ochoa Antich: Político y activista de derechos humanos, exdiputado al Congreso Nacional en la década de los 80.
  • Emilio Graterón: Abogado y exalcalde del municipio Chacao. Ha trabajado recientemente con organismos de la ONU en temas de resiliencia urbana.
  • Nelson Chitty La Roche: Abogado y profesor de la UCV que fue diputado al Congreso por 15 años en representación de COPEI.

Doble postulación

En el proceso también figura un grupo de 14 ciudadanos que han presentado sus nombres para optar a ambos cargos de manera simultánea. Los nombres que figuran bajo esta modalidad son:

  • Adriana Del Valle Meaño Díaz
  • Ignacio Ramírez Romero
  • Tomás Rafael Aguilera Marín
  • Edgar José Fuenmayor De La Torre
  • Gabriel Gregorio Guerrero Gil
  • Yonmar Yhovanny Montoya Yonmar
  • Gilberto Alfredo Landaeta Gordon
  • Josmary Angelica Paéz Fonseca
  • Marioly Elideth Flores Vives
  • Libardo Rubén García Robles
  • Juan Bautista Mirabal Ascanio
  • Karla Consuelo Ramírez Loreto
  • Jesús Enrique Ramírez Paz
  • Luisa Elena Rivero

Los “insistentes”

El usuario de X Giuseppe Gangi, conocido por crear la plataforma de cotejo de resultados de las elecciones presidenciales de 2024 con información del Comando ConVzla y reportes adicionales, elaboró una base de datos a partir del cotejo de las listas publicadas por la Asamblea Nacional sobre los aspirantes al Poder Ciudadano.

En esta base de datos se documentó que hay varios postulados que en el pasado aspiraron a cargos de elección pública. A estas personas, el periodista especializado en la fuente electoral Eugenio Martínez, los calificó como “los insistentes”.

Por ejemplo, Martín Gerardo López Ríos y Gabriel Guerrero Gil son diputados suplentes de la Asamblea Nacional, juramentados en enero de 2026, es decir, participaron en el proceso electoral del 2025. En el caso de López Ríos, también aspiró a la alcaldía del municipio Leonardo Infante, del estado Guárico, el año pasado.

También, el abogado Julio César Pineda Pabón fue candidato a la gobernación del Esequibo en las elecciones regionales de 2025, pero finalmente declinó su candidatura días antes de la contienda electoral.

Otros nombres figuran como jueces de paz, bien sea porque participaron en elecciones comunitarias para este cargo o porque lo ejercieron. Un juez de paz es una autoridad judicial comunitaria encargada de resolver conflictos cotidianos de forma rápida y pacífica, priorizando el diálogo y la conciliación. A diferencia de un juez ordinario, su enfoque no es puramente legalista, sino que busca restaurar la armonía y la convivencia en su localidad.

El “gatopardo” en ejecución

Algunos especialistas del derecho y dirigentes políticos que analizaron las listas manifestaron su preocupación por algunos nombres postulados. La abogada constitucionalista María Alejandra Díaz alertó vía X que algunos “personajes postulados” puede representar la prueba de que el “gatopardo está en plena ejecución”, es decir, en sus propias palabras, “cambiar todo para que nada cambie”.

“Estas convocatorias de la Asamblea Nacional validan una pseudo legalidad y normalizar una superestructura que sigue respondiendo al mismo diseño autoritario que el 3 de enero terminó de enterrar a la República”, advirtió Díaz.

Por su parte, Delsa Solórzano, abogado y líder del partido Encuentro Ciudadano, consideró fundamental que las decisiones institucionales que se tomen en la nueva “etapa política que vive Venezuela”, sea con “estricto apego a la Constitución”.

“Nuestro interés es que esta nueva etapa del país se desarrolle de la mejor manera posible y que podamos avanzar efectivamente hacia las tres etapas que deben conducir a la transición democrática”, señaló Solórzano en su cuenta de X.

Recordó que la designación del fiscal general de la República y del defensor del Pueblo no es un trámite discrecional de la Asamblea Nacional y que la Carta, en su artículo 279, dispone que el Consejo Moral Republicano debe convocar un Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad.

Dicho comité debe realizar un proceso público de evaluación del cual surja una terna por cada cargo, que posteriormente se somete a la consideración de la Asamblea Nacional: “Solo a partir de esas ternas la Asamblea Nacional puede escoger a los titulares correspondientes, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. Este mecanismo es la garantía de transparencia, participación ciudadana e independencia institucional”, insistió la exdiputada.

Mientras que organizaciones no gubernamentales como Provea y Acceso a la Justicia consideraron necesaria la aplicación de un baremo para establecer criterios de evaluación de los candidatos. “Sin eso, la selección solo depende de lealtades políticas, no de méritos”, alertó Provea.

A su vez, Acceso a la Justicia indicó que un baremo tiene la función de “determinar quiénes están mejor capacitados, evitando que la selección dependa de inclinaciones personales“. Para la elección del fiscal general y del defensor del pueblo en Venezuela, señaló la ONG, “la aplicación de un baremo permite que la evaluación se centre en el mérito y la idoneidad de los postulados, en lugar de en consideraciones políticas”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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