La ONGJusticia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció la negativa del estado a recibir comunicaciones destinadas a la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena la libertad inmediata de los hermanos Rolando, Otoniel y Juan Bautista Guevara.
JEP señaló a través de un post publicado en X que la conducta observada —caracterizada por dilaciones, remisiones arbitrarias de competencia y la negativa administrativa a recibir escritos— constituye una obstrucción al acceso a la justicia y un incumplimiento “grave” de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado venezolano.
La ONG advirtió que este tipo de prácticas “profundizan la violación continuada de derechos humanos, perpetúan la privación ilegítima de libertad de las víctimas y comprometen la responsabilidad internacional” del Estado.
“Exigimos el cumplimiento inmediato e integral de la sentencia de la Corte IDH y el cese de cualquier actuación que obstaculice su ejecución. La justicia tardía y negada también es una forma de injusticia”, sentenció la ONG.
Rechazamos el retardo injustificado y la negativa reiterada de órganos del sistema de justicia venezolano a recibir comunicaciones destinadas a la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena la libertad inmediata de Rolando, Otoniel y Juan…
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) January 28, 2026
Trabas judiciales
La abogada Jackeline Sandoval, representante legal de los hermanos Rolando, Otoniel y Juan Guevara, denunció este martes una cadena de obstáculos institucionales que impidieron, una vez más, la ejecución de la orden de excarcelación dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que exige la liberación inmediata de los tres detenidos.
La abogada detalló en un post en Instagram que acudió al Ministerio Público para consignar formalmente la sentencia de la CIDH y no obtuvo respuestas.
Luego, se dirigió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para notificar la sentencia condenatoria contra el Estado venezolano y exigir su cumplimiento. Allí, el secretario de la Sala aseguró que la competencia correspondía a la Sala Penal.
En la Sala Penal le notificaron que la ejecución de la orden recaía en el tribunal de la causa, lo que llevó a la abogada a dirigirse al Tribunal 6° de Ejecución del Área Metropolitana de Caracas.
Cuando se trasladó a dicha sede, se negaron a recibir la comunicación. De acuerdo con la abogada, la secretaria le informó que la jueza Fátima Jardín León rechazó el documento, alegando que debía leer previamente su “extenso contenido y anexos” antes de aceptarlo.
Finalmente, la abogada decidió acudir a la Inspectoría General de Tribunales. Aunque ya había concluido el horario de atención, funcionarios dejaron constancia de su comparecencia y le indicaron regresar al día siguiente para formalizar la denuncia.
Caso hermanos Guevara
Los hermanos Juan Bautista, Rolando y Otoniel Guevara fueron detenidos en noviembre de 2004 en el marco de la investigación por el asesinato del fiscal Danilo Anderson.
Los hermanos Guevara permanecen privados de libertad desde 2006 en el centro de detención conocido como El Helicoide. Fueron condenados a 30 años de prisión.
Jackeline Sandoval afirma que la sentencia de los hermanos Guevara “se sostuvo exclusivamente sobre el testimonio de dos testigos que, entre 2008 y 2010, confesaron públicamente haber recibido sobornos de funcionarios del Estado para mentir”.
La abogada insistió en que sin los “testimonios falsos” no existiría prueba alguna que vincule a los hermanos Guevara con el asesinato de Anderson.
Según un fallo de la CIDH, el caso de los hermanos Guevara constituye una de las condenas más contundentes del sistema interamericano sobre violaciones cometidas durante los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, y reafirma la existencia de crímenes de Estado.
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