La comunidad universitaria venezolana enfrenta una situación de hostigamiento selectivo y sistemático, donde estudiantes, docentes e investigadores son objeto de detenciones, desapariciones y estigmatización por participar en espacios de deliberación crítica. Un informe publicado en octubre de 2025 por Aula Abierta documenta cómo la libre expresión en el ámbito universitario se ha convertido en una vulnerabilidad.
El documento, titulado “Estigmatización de los universitarios como terroristas”, señala que la represión se activa especialmente cuando la comunidad universitaria participa en asuntos públicos, lo que la expone a “desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y hostigamientos”. Estas prácticas suponen restricciones al derecho a la educación, la libertad de investigación y la participación crítica.
“Señalados como ‘terroristas’”, insiste el documento, los universitarios pierden no solo su libertad, sino también su condición de ciudadanos plenos.
El informe destaca que las detenciones se producen en un contexto de estigmatización oficial, y se pone como ejemplo unas declaraciones del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, en las que calificó públicamente a académicos venezolanos como “terroristas” durante una alocución televisada el 28 de mayo de 2025.
Aula Abierta advierte que esta retórica refuerza una política de Estado orientada a criminalizar la participación universitaria en la discusión de los asuntos públicos.
A los mecanismos de control estatal se suma la debilidad estructural de las casas de estudio: presupuestos mínimos, falta de recursos para pagar salarios, servicios y funcionamiento. Esta combinación favorece que la universidad llegue a convertirse en un blanco accesible para la represión. A continuación, los principales hallazgos del informe por categoría.
Detenciones arbitrarias y desapariciones
Entre el 1 de enero y 10 de octubre de 2025, Aula Abierta documentó que al menos 22 personas con vínculos académicos directos fueron detenidas y/o hostigadas (19 detenidos y 3 perseguidos).
En el grupo se encuentran nueve profesores universitarios, cinco estudiantes, dos trabajadores y defensores de derechos humanos adscritos a universidades, una investigadora, un representante de federación estudiantil y una representante de asociación estudiantil.
De los detenidos, siete fueron procesados por tribunales con competencia en terrorismo, lo que equivale al 37% de los casos.
La cifra es mayor si se toma en cuenta las semanas y meses siguientes al 28 de julio de 2024, fecha de las presidenciales. Desde esa fecha hasta el 10 de octubre de 2025, fueron 54 los detenidos y 40 los hostigados.
“Uno de los incidentes incluyó actos de intimidación contra familiares de un profesor en el exilio, lo cual constituye un acto de represión transnacional. Siete de los 19 universitarios detenidos fueron inculpados y/o procesados ante tribunales con competencia en terrorismo, para un total del 37 % de universitarios estigmatizados como terroristas”, denuncian.
Entre los 95 incidentes de represalias registrados de julio de 2024 a octubre de 2025 contra profesores y estudiantes universitarios se contabilizaron 54 detenciones, 40 casos de hostigamiento, la anulación del pasaporte de un docente.
La organización señala que 52,6% de los detenidos fueron víctimas de desaparición forzada, y que las autoridades han utilizado los tribunales antiterroristas para procesar a académicos críticos del gobierno o involucrados en investigaciones sobre derechos humanos.
Casos emblemáticos de profesores detenidos en 2025
El informe detalla múltiples casos representativos de la represión estatal contra universitarios. En el caso de los profesores, figuran:
Macario González, profesor y exalcalde de Barquisimeto, fue detenido el 12 de septiembre. El exalcalde de Barquisimeto y profesor universitario, desapareció después de que se le viera por última vez en la Universidad Fermín Toro en una reunión en la sala de profesores, denunció su hija Macarena González. El político y docente universitario, de 73 años, fue alcalde alcalde del municipio Iribarren entre 1995 y 2000 por el Movimiento al Socialismo (MAS).
Carlos Correa, profesor de la UCAB y director de Espacio Público, fue secuestrado y desaparecido en enero durante 168 horas antes de ser liberado bajo régimen de presentación.
Enrique Márquez, docente de LUZ y excandidato presidencial, permanece detenido en El Helicoide desde enero, bajo aislamiento prolongado y sin contacto con su familia.
Juan Pablo Guanipa, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia (LUZ), fue detenido el 23 de mayo de 2025 en Caracas, tras meses de permanecer en la clandestinidad para resguardar su seguridad. El ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, lo vinculó con un supuesto grupo que planeaba ataques para el 25 de mayo. No se ha proporcionado información sobre cargos formales específicos ni su presentación inmediata ante un tribunal. La CIDH emitió medidas cautelares a su favor.
Por los mismos hechos con los que vinculan a Guanipa fue detenido Carlos Marcano, periodista egresado de la Universidad Monteávila y profesor universitario según el Sindicato de Trabajadores de Prensa (STNP). También es colaborador en el área de comunicaciones de diversas organizaciones venezolanas. Fue detenido el 23 de mayo de 2025, aproximadamente a las 6:30 a.m., en su residencia de la urbanización Miranda, municipio Sucre, Caracas. No se han especificado los cargos formales presentados contra él ni su estado legal actual más allá de la detención.
Eduardo Torres, abogado y defensor de derechos humanos de la UCV, lleva más de 120 días recluido sin comunicación con familiares ni abogados, pese a contar con medidas cautelares de la CIDH.
Catalina Ramos, bióloga y expresidenta de la Asociación de Egresados de la USB, sigue detenida desde mayo sin debido proceso.
Rodrigo Cabezas, profesor y exministro de Finanzas, fue arrestado por la DGCIM tras cuestionar la política económica oficial y liberado luego de 41 días.
A finales de septiembre también se reportó la detención de Ricardo Berrios, economista y profesor en la Universidad Valle del Momboy. Afirman que se lo llevaron cuerpos de seguridad del Estado Venezolano adscritos a la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) número 28 de Valera. Se reportó que el 13 de octubre de 2025, luego de estar desaparecido por 14 días, fue presentado vía una audiencia telemática ante un Tribunal bajo la imputación de los delitos de terrorismo, conspiración, asociación para delinquir y traición a la patria.
Tortura y aislamiento
El caso del profesor Jesús Armas, detenido en diciembre de 2024, resume la gravedad del patrón según denuncia Aula Abierta: fue torturado y mantenido incomunicado durante más de 130 días.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a su favor, alertando sobre el riesgo de daño irreparable a su vida e integridad.
Persecución y detención de estudiantes
Aula Abierta expone también en su investigación los casos de estudiantes detenidos en el contexto poselectoral, como Carlos Aponte, quien se se encontraba en su vivienda cuando lo detuvieron de madrugada el 10 de enero en Yaracuy. Fue recluido en el Destacamento 45 de la Guardia Nacional Bolivariana ubicado en la ciudad de San Felipe. Esa misma tarde se llevó a cabo la audiencia de presentación ante un tribunal de terrorismo ubicado en la ciudad de Caracas de manera telemática, en la que se dictó privativa de libertad y se fijó como sitio de reclusión la sede del Conas en San Felipe. “Hasta el 30 de septiembre, Carlos Aponte y su primo, quien también fue detenido, se encontraban seguían tras las rejas y con limitada comunicación con sus familiares y amigos.
Un día antes de Aponte, el 9 de enero, detuvieron en Caracas al estudiante de la Universidad Central de Venezuela, Roalmi Alberto Cabeza, quien se encontraba en el distribuidor Altamira el mismo día en el que la líder opositora, María Corina Machado, convocó a una manifestación y fue aprehendida: “Cabeza fue el ciudadano que trasladó a Machado desde la concentración en Chacao, hasta Altamira. El 13 de enero de 2025, el Ministerio del Interior y Justicia confirmó
la detención de Cabeza. Para el 30 de septiembre de 2025, se desconoce la situación de salud y el procedimiento judicial del estudiante universitario ante negativa del Estado de informar”.
El 18 de julio de 2025, la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela denunció la detención del estudiante Simón Bolívar, consejero universitario, mientras que el pasado 31 de agosto, el Movimiento Estudiantil de la Universidad de Los Andes (ULA) alertó que habían sido detenidos los jóvenes Jesús Castillo, profesor universitario, y Yones Molina, estudiante y activista de comunicación política en Mérida.
Hostigamiento dentro y fuera de los campus
El informe también recoge múltiples incidentes de vigilancia, intimidación y militarización de espacios universitarios:
- Presencia de 100 policías encapuchados en asambleas estudiantiles de la UCLA durante enero de 2025.
- Confinamiento domiciliario del profesor Juan Barreto y presencia policial en los accesos de la UCV.
- Allanamientos y alcabalas en la Universidad de Oriente tras protestas pacíficas.
- Persecución contra familiares de académicos en el exilio, como el caso del profesor Cristofer Correia, cuya madre fue amenazada de detención.
Piden libertad y garantizar debido proceso
Aula Abierta concluye su balance sobre la persecución contra la academia y la comunidad universitaria venezolana con una lista de exigencias al Estado venezolano.
Cesar el hostigamiento y liberar de inmediato a los académicos detenidos, entre ellos Eduardo Torres, Juan Pablo Guanipa y Carlos Marcano.
Garantizar el debido proceso y el acceso a abogados y familiares.
Investigar de forma independiente las denuncias de desapariciones forzadas y torturas.
Y exhorta a la comunidad internacional a mantener un monitoreo activo sobre la situación de derechos humanos en el país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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