El sábado 20 de septiembre fueron liberados cuatro familiares del defensor de derechos humanos Pedro Hernández Oropeza, de 40 años, quienes permanecían detenidos desde el pasado 17 de septiembre.
Los liberados son su padre Pedro Hernández, su esposa Natalia Álvarez, su hermano Daniel Hernández Oropeza y su primo José Gregorio Hernández, quien además funge como abogado del activista.
Las detenciones ocurrieron cuando los cuatro acudieron a un centro de reclusión para solicitar información sobre el paradero de Pedro Hernández. Según informó una fuente a El Pitazo, todos obtuvieron libertad plena, aunque el activista continúa privado de libertad.
A los familiares se les recomendó abandonar grupos de WhatsApp y extremar precauciones en el uso de redes sociales. Ninguno fue presentado ante tribunales durante su detención.
El pasado 16 de septiembre organizaciones y defensores de derechos humanos denunciaron la “desaparición forzada” de Pedro Hernández, director general de la ONG Campo, una organización del estado Yaracuy que defiende los derechos campesinos y de las personas que trabajan en las zonas rurales.
La ONG Caleidoscopio Humano señaló en su cuenta de X que los familiares de Hernández denunciaron su “desaparición forzada”, luego de que presuntos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lo interceptaran en horas de la tarde del martes.
¿Quién es Pedro Hernández?
Pedro Hernández ha denunciado desde hace años la persecución política, amenazas y discriminación hacia campesinos. En el año 2020, denunció que funcionarios de la Alcaldía de Bolívar, en Yaracuy, se mantenían contra un grupo de campesinos que trasladó en camilla el cadáver de un hombre, luego de conocer que la ambulancia asignada al municipio no tenía gasolina. El hecho se registró en Cerro Negro, del sector Tierra Fría.
En 2021, tuvo un rol clave en documentar y denunciar las irregularidades durante la campaña electoral en Yaracuy. Señaló que el proceso se desarrolló en medio de una emergencia humanitaria y bajo nuevos mecanismos de coacción política, como la venta de combustible subsidiado solo a quienes asistían a actos del PSUV.
Además, ha presentado informes comunitarios sobre las condiciones de vida en zonas rurales del municipio Bolívar de Yaracuy. Estos estudios se basan en diagnósticos con familias de comunidades rurales, analizando temas como vivienda, agua potable, educación, salud, saneamiento.
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