Un grupo de organizaciones internacionales, en representación de diversas organizaciones venezolanas, compareció esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para alertar sobre la intensificación de la política de “persecución sistemática” contra personas defensoras de derechos humanos en Venezuela.
Durante una audiencia pública, las organizaciones denunciaron un patrón sostenido de ataques que incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, anulación de pasaportes, criminalización, vigilancia digital, amenazas y campañas de estigmatización. “Denunciamos una serie de patrones que evidencian una estrategia deliberada de castigo y disuasión contra quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos”, alertaron.
Según los datos presentados, solo en el primer semestre de 2024 se documentaron más de 592 agresiones contra personas defensoras, cifra que se disparó tras las elecciones presidenciales de ese año. En lo que va de 2025, ya se han registrado al menos 236 ataques e incidentes de seguridad.
Uno de los casos expuestos fue el de Eduardo Torres, beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, quien permanece detenido e incomunicado en El Helicoide tras haber sido víctima de desaparición forzada. Las organizaciones alertaron además sobre el uso de figuras penales como “terrorismo” o “traición a la patria” sin pruebas, mientras se “niega sistemáticamente el acceso a una defensa adecuada y el contacto con familiares”. También se reportaron múltiples casos de tortura y condiciones inhumanas de detención.
Otro de los mecanismos represivos señalados fue la anulación arbitraria de pasaportes, sin justificación ni notificación oficial, que ha afectado incluso a familiares de activistas. “Esta medida ha impedido su participación en espacios internacionales, y en algunos casos ha sido la antesala de detenciones o desapariciones”, agregó el comunicado.
Durante la audiencia, también se advirtió sobre el cierre del espacio cívico mediante el uso de leyes restrictivas. En particular, la Ley de Fiscalización de ONG, aprobada en agosto de 2024, fue señalada como una herramienta de represión.
En el encuentro con la CIDH, se reconoció la importancia del informe publicado a inicios de 2025 por ese organismo sobre violaciones de derechos humanos en el contexto electoral venezolano. Sin embargo, se insistió en que la situación actual exige una respuesta más decidida.
Este pronunciamiento fue presentado y respaldado por Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Robert F. Kennedy Human Rights Center (RFKHR).
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