34 casos de violaciones de derechos humanos, 100% de allanamientos sin orden judicial y 55,8% de robos de pertenencias reportó el informe titulado “Cuando el terror invadió a Guárico, historias de una comunidad violentada por la fuerzas de seguridad venezolanas”, elaborado por la ONG Defiende Venezuela y la Fundación InSight Crime.
La investigación revela una serie de irregularidades cometidas por funcionarios de cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro durante la denominada Operación Trueno, llevada a cabo en abril de 2022 en Altagracia de Orituco.
De acuerdo con el reporte, el operativo que tenía como objetivo desmantelar al grupo criminal conocido como Tren del Llano, devino en una retahíla de abusos a los derechos humanos por parte de efectivos contra la sociedad civil.
En el informe se develan prácticas ilegales y abusivas, allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias y uso de violencia física y psicológica contra los detenidos.
El documento también expone la existencia de centros de tortura en propiedades privadas y la contratación de trabajadoras sexuales por parte de los agentes de seguridad.
Un tren a toda marcha que atropelló los derechos humanos
Así como la cárcel de Tocorón era el centro de funcionamiento del Tren de Aragua, Altagracia de Orituco servía de base de operaciones al Tren del Llano, organización criminal dedicada al narcotráfico, extorsión, secuestro y homicidios.
Después que miembros del Tren del Llano esgrimieron armas en un evento público de la comunidad, en abril de 2022 el gobierno venezolano lanzó la Operación Trueno, sin embargo el operativo en vez de ayudar a la población sembró mayor zozobra y produjo una serie de violaciones a los derechos humanos.
Habitantes de la comunidad se quejaron de las actuaciones de efectivos de la Dirección contra la Delincuencia Organizada (DCDO), la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes establecieron numerosos puntos de control.
El informe de Defiende Venezuela e InSight Crime destaca que algunas personas fueron acusadas falsamente de pertenecer al Tren del Llano. Además denunciaron que las fuerzas de seguridad emplearon tácticas intimidatorias como el uso de fuerza excesiva, amenazas y agresiones físicas.
“Uno de los casos más emblemáticos es el de una joven de 20 años que fue detenida junto con una amiga mientras regresaba a su casa. Ambas fueron trasladadas a un centro de detención clandestino donde fueron abusadas sexualmente y forzadas a firmar declaraciones autoincriminatorias bajo amenaza”, reza el informe.
“Otro de los afectados, fue detenido cerca del trabajo de su esposa y sometido a asfixia con una bolsa de plástico, así como a golpes y amenazas, para que revelara nombres de supuestos miembros del Tren del Llano”.
El informe documenta métodos de tortura como choques eléctricos, simulacros de ejecución y privación de alimentos y agua.
De acuerdo a la investigación muchas de las víctimas continúan sufriendo de estrés postraumático, ansiedad y depresión.
En el 100% de los casos de encarcelamiento documentados, las víctimas fueron sometidas a desapariciones forzadas.
