El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU reportó este martes, 30 de abril, un aumento alarmante de estos casos en Venezuela.
Desde diciembre de 2023, denunció el Grupo de Trabajo de la ONU desde Ginebra, en Venezuela se observa un “aumento alarmante de desapariciones forzadas de ciudadanos que ejercen sus derechos a la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos de interés público”.
Según el organismo, en su mayoría, las personas desaparecidas forzadamente son miembros del principal partido político de oposición, así como miembros del Ejército.
“Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales de julio de 2024, las desapariciones forzadas podrían tener un efecto paralizador y obstaculizar el derecho del pueblo a votar libremente”, afirmó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
“Estas detenciones prolongadas en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas. Parecen seguir un patrón según el cual las autoridades estatales privan a las personas de su libertad, las llevan a centros de detención reconocidos y les niegan derechos y protecciones fundamentales, como el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia jurídica”, dijeron los expertos.
Consideraron también que una persona privada de su libertad a la que no se le reconozca su detención, o si se oculta su suerte o paradero, queda fuera de la protección de la ley, lo que constituye una desaparición forzada, independientemente de la duración de dicha privación de libertad u ocultamiento, afirmó el Grupo de Trabajo de la ONU.
“Es crucial que se garantice sin demora información precisa sobre las personas privadas de libertad a quienes tienen un interés legítimo, como sus familiares y representantes legales de su elección”, dijeron los expertos.
Los expertos explicaron que el delito de desaparición forzada conlleva la violación de múltiples derechos humanos. Estos incluyen el derecho al reconocimiento como persona ante la ley, el derecho a la libertad y la seguridad, y el derecho a no ser sometido a tortura.
“También se están violando los derechos fundamentales de los familiares de la persona desaparecida”, señalaron.
“En estas situaciones, los familiares de las personas desaparecidas por la fuerza a menudo se ven obligados a buscar a sus seres queridos en centros de detención donde se les niega sistemáticamente información sobre su suerte o su paradero y pueden estar expuestos a represalias”, afirmaron los expertos.
Por otra parte, recordaron que el Estado tiene la obligación de buscar y revelar la verdad sobre los desaparecidos. La impunidad por estos crímenes socava la confianza en el Estado de derecho y las instituciones y perpetúa un clima de miedo e inseguridad en la sociedad.
“Exhortamos al gobierno de Venezuela a prevenir, erradicar y sancionar todos los actos de desapariciones forzadas, a proporcionar información sobre la suerte y el paradero de las personas actualmente detenidas en régimen de incomunicación por el Estado, y a brindarles todas las garantías jurídicas, incluido el derecho a comunicarse con sus familiares y ser visitados por ellos, acceso a asistencia letrada y derecho a ser presentados ante un tribunal competente para determinar la legalidad de su detención”, concluyeron.
