La Asamblea Nacional anunció la designación de un nuevo fiscal, contralor y defensor del Pueblo en víspera de una elección presidencial y luego de los acuerdos de Barbados
Los actuales miembros del Poder Moral fueron nombrados por una Asamblea Nacional Constituyente que desapareció sin su mandato principal de redactar una nueva Constitución
Tarek William Saab pasó de la Defensoría a la Fiscalía para reemplazar a la crítica y exiliada Luisa Ortega Díaz, Elvis Amoroso dejó la Contraloría para presidir el Consejo Nacional Electoral y de Alfredo Ruiz algunos no conocen ni su nombre
Apenas regresando de vacaciones decembrinas y siendo ratificado como presidente de la Asamblea Nacional chavista Jorge Rodríguez anunció para este 2024 la renovación de la alta cúpula del Poder Ciudadano en Venezuela.
“Nos referimos específicamente a la selección del fiscal o fiscala general de la República, del contralor o contralora general y del defensor o defensora del Pueblo” dijo el ex ministro de comunicación, alcalde de Caracas y rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Antes del asueto de año nuevo, Tarek William Saab, fiscal general de la República impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), asumió la presidencia del Poder Ciudadano conformado además por el defensor del Pueblo Alfredo Ruiz y el contralor, Jhosnel Peraza.
La presidencia, cuya duración es un año según el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, fue cedida por Elvis Amoroso, otrora contralor y ahora presidente del CNE.
“Me encuentro al lado de uno de los mejores abogados que tenemos no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica, hablar de Tarek es verdaderamente un placer para nosotros. Tarek siempre ha sido un hombre de Estado y defensor de los derechos humanos”, dijo Amoroso al entregar el mando del Poder Moral Republicano.
El juego de la sillita
Desde la llegada del chavismo a Miraflores en 1998, las instituciones públicas han ido poniéndose al servicio del Gobierno, y para ello, el partido en el poder, primero el Movimiento Quinta República (MVR) y después el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), han distribuido militantes entre ellas, que lejos de ponerse al servicio del pueblo sirven a los intereses particulares de una cúpula.
Iván Darío Badell (1994-1999) estaba en la Fiscalía cuando el fallecido presidente Hugo Chávez llegó al poder. Le siguieron Rafael Pérez Perdomo (1999), Javier Elechiguerra (1999-2000), Isaias Rodríguez (2000-2007) –quien luego fue segundo vicepresidente de la ANC y embajador en Italia- y Luisa Ortega Díaz (2007-2017), a la cual el madurismo expulsó del despacho pese a que fue ratificada hasta 2021 y reemplazada por Saab.
Ortega cayó en desgracia con el madurismo cuando en marzo de 2017 declaró que las sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desconociendo las funciones de la Asamblea Nacional electa en 2015, representaban una “ruptura del hilo constitucional”.
Ortega también contrarió la versión oficialista de que el estudiante Juan Pablo Pernalete murió en el marco de las protestas antigubernamentales de 2017 por el disparo de una pistola de perno., que fue la versión “oficial”. “La presencia de residuos en la franela y los análisis pertinentes han demostrado que fue por impacto de bomba lacrimógena, sabemos de qué grupo salió la bomba, pero no la persona, fue disparada por la Guardia Nacional Bolivariana”., sostuvo entonces Ortega Díaz.
Por otra parte, en la Defensoría del Pueblo creada por el chavismo comenzó Dilia Parra Guillén (1999-2000), le siguió Germán Mundarain (2000-2007) y Gabriela Ramírez (2007-2014), quien se opuso a la creación de una ANC sin solicitar una consulta previa del pueblo. Le siguieron Saab (2014-2017), que abandonó la instancia para pasar a la Fiscalía, y el actual defensor Alfredo Ruiz.
Pasamos a la Contraloría, en donde Clodosbaldo Russián fue el primer contralor al servicio de Chávez (1999-2011). Continuaron Adelina González (2011-2014) y Manuel Galindo (2014-2018) –quien también fue procurador general en reemplazo de la “primera combatiente” Cilia Flores. En la lista se añaden Elvis Amoroso (2018-2023), quien después de inhabilitar a varios líderes opositores como la abanderada a las presidenciales María Corina Machado, fue a parar a la presidencia del CNE y finalmente Jhosnel Peraza, coronel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), quien funge de actuañ encargado.
Dando patadas de ahogado
Para Rafael Uzcátegui, director del Laboratorio de Paz, las futuras designaciones de los integrantes del Poder Ciudadano responden a varias razones.
“En mi opinión, luego de los resultados de la primaria y del referendo sobre el Esequibo, el Gobierno necesita desesperadamente tomar decisiones que le permitan levantar un poco en las encuestas. Nos encontramos, por una suma de circunstancias, en un escenario novedoso en el país: el del chavismo sin pueblo”, opinó.
A juicio de Uzcátegui si bien el chavismo se ha convertido desde hace varios años en una minoría social y electoral, en este momento no cuenta con una base que le permita participar de manera competitiva en un proceso comicial.
“El Gobierno necesita mostrar a su antigua base de apoyo, ahora descontenta, que en teoría tendría la suficiente voluntad política para realizar una serie de iniciativas que mejoren la calidad de vida de la población y su poder adquisitivo. Una de las posibilidades es mostrando nuevos rostros no sólo en el poder moral, sino en otras dependencias del Ejecutivo”, agregó.
Por su parte, la cofundadora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, aseguró que los periodos de los miembros del Poder Ciudadano están vencidos.
“Cumplieron un periodo completo y más, además esas autoridades fueron nombradas por la ANC, que fue un órgano que no tenía las competencias para hacer esas designaciones, la Constituyente supuestamente fue electa para redactar una Constitución que nunca hizo”, recordó.
Marino Alvarado, abogado y defensor de derechos humanos, sostuvo que de acuerdo a lo estipulado en la Constitución, las personas que sean designadas fiscal, contralor y defensor del Pueblo deben ser independientes.
“No deben estar vinculadas al partido gobernante, no deberían considerarse como personas aptas para ese cargo los que hayan tenido un carnet del PSUV, pero dudo que eso ocurra porque estamos ante un Gobierno que se acostumbró a controlar los poderes públicos”, advirtió.
Una gestión gris
Alvarado sentenció que mucha gente en Venezuela se pregunta si realmente existe un defensor del Pueblo.
El activista y exintegrante de Provea indicó que el fiscal general ha sido corresponsable de los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en Venezuela: “Es una persona totalmente al servicio de los intereses del Gobierno, nada independiente, por su parte el contralor es una figura que viene del PSUV”.
Uzcategui calificó el trabajo del Poder Moral durante el chavismo como “pésimo”.
“La labor del defensor del Pueblo es tan nula que mucha gente desconoce su nombre. Hay consenso sobre los altísimos niveles de corrupción, que hablan de la inacción de la Contraloría. Por otra parte, la investigación por crímenes de lesa humanidad en el país y la existencia de una emergencia humanitaria compleja hablan también de las omisiones de la Fiscalía y la Defensoría”.
Por su parte, Louza destacó que el defensor del Pueblo fue degradado por la ONU al grado B: “Tiene derecho a participar, pero no a votar en instancias internacionales”. Y agregó que los contralores que ha tenido el chavismo solo se han dedicado a inhabilitar a líderes de oposición.
“No han hecho su trabajo, que es supervisar y auditar las cuentas del Estado, ni siquiera tenemos una Ley de Presupuesto, la situación de corrupción así lo demuestra, no hay memoria y cuenta, interpelaciones, ni balances transparentes de funcionarios”, detalló.
Alvarado sentenció que el proceso de escogencia de nuevos miembros del Poder Moral podría responder a la presión internacional sobre el Gobierno de Maduro luego de la firma de los acuerdos en Barbados: “La Fiscalía se ha convertido en un instrumento para la represión política tal y como lo ha determinado la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y es posible que esto aumente con la cercanía de las elecciones presidenciales”.
Louza sostuvo que el trabajo parcializado que hace la Fiscalía quedó demostrado en el pasado comité de Derechos Humanos de la ONU, donde los propios expertos coincidieron en que Saab tenía una posición pro Gobierno.
“Desde el principio del chavismo no cumplen con los requisitos, eso ha sido una constante, no hay control del Poder Público, no hay estado de Derecho, no se trabaja para el ciudadano, es pura propaganda política”, sentenció.
“Lo ideal para Venezuela es que haya un defensor al servicio de la gente, un fiscal que garantice el debido proceso y las investigaciones imparciales y un contralor que tenga capacidad efectiva para frenar la corrupción. Personas que ejerzan control sobre el poder Ejecutivo y no le sirvan”, concluyó Alvarado.
