La ONG develó que más del 90 % de los jueces en el país son provisorios, facilitando su remoción en caso de que no cumplan las órdenes del Ejecutivo
De 20 magistrados nombrados en 2022 en el Tribunal Supremo de Justicia, en 18 se detectaron vínculos probados con el oficialismo
El acceso a la carrera judicial no se hace por concurso de oposición desde hace casi 20 años
Casos políticos son asignados a un grupo específico de fiscales
La causa de que en Venezuela no se administre una verdadera justicia responde a la falta de independencia del Poder Judicial, supeditado a los intereses del Ejecutivo y de su brazo político, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Así lo refleja un informe alternativo efectuado por la ONG Acceso a la Justicia presentando ante un Comité de expertos de Naciones Unidas en el marco de la quinta revisión de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por el Estado venezolano.
De acuerdo con la ONG, el Estado venezolano no cumple con el PIDCP del cual es parte y por el que tiene la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y las libertades de los habitantes del país.
Esta situación ha sido denunciada por diversos organismos internacionales entre los que destacan la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela (MIIDHV), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
Acceso a la Justicia señala que las irregularidades parten de nombramientos apartados de lo que dicta la Constitución.
“En el caso del defensor del Pueblo y del fiscal general por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 2017, y en el de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por un Parlamento dominado por el chavismo desde 2021, que también se ha dado a la tarea de controlar e interferir aún más en el Poder Judicial con una supuesta reforma de la justicia que ha denominado «revolución judicial”.
Justicia de paso
La ONG resaltó que más del 90 % de los jueces en el país son provisorios, facilitando su remoción en caso de que no cumplan las órdenes del poder político, cuestión que viola su independencia judicial (artículo 14 del PIDCP).
Por una medida del Tribunal Supremo de Justicia, el acceso a la carrera judicial no se hace por concurso de oposición desde hace casi 20 años, lo que afecta el ingreso de profesionales calificados para ejercer como jueces competentes y autónomos, contrariando los artículos 25 y 26 del PIDCP.
En el informe resalta que la Asamblea Nacional reformó la Ley Orgánica en 2022 para permitir que magistrados que fueron elegidos para un único período de 12 años, fueran reelectos en un nuevo proceso de renovación del TSJ a cargo de un Comité de Postulaciones Judiciales dominado por militantes del PSUV.
“De 20 magistrados nombrados en 2022, en 18 se detectaron vínculos probados con el oficialismo, por lo que no se trata de un máximo juzgado independiente, al igual que el TSJ anterior”.
La designación del inspector general de tribunales también dejó de ser potestad del TSJ para ser controlada por la AN, lo que es inconstitucional.
Fiscales a la orden del Estado
Igualmente que los jueces, los fiscales no están libres de injerencias y presiones de agentes del poder político al no gozar de estabilidad en sus funciones.
La resolución 2.703, del 14 de septiembre de 2018, que reforma el Estatuto del Ministerio Publico, señala que todos los cargos son de libre nombramiento y remoción. Dicha resolución viola el artículo 14.1 del PIDCP y una de las recomendaciones es derogarla.
“De acuerdo con la MIIDHV, antiguos fiscales han revelado que los casos políticos se asignaban normalmente a un grupo específico. Además, y ante una decisión fiscal adversa, los fiscales superiores se coordinaban al parecer con los jueces para anularlas. Por último, se ha desarrollado la práctica de reasignar fiscales a cargo de las investigaciones en algunos casos de alto perfil derivados de las protestas de 2017”.
La ONG también destaca las múltiples irregularidades denunciadas por distintos organismos internacionales sobre los procesos judiciales
- Audiencias privadas en tribunales de terrorismo creados por resoluciones internas del TSJ y no por ley, lo que viola la garantía del juez natural.
- Irrespeto al derecho a ser asistido por un abogado defensor de libre elección (privado o público). De hecho, hay denuncias de presiones para que los acusados acepten a defensores públicos que no velan por sus intereses, sino que más bien los convencen de declararse culpables.
- El ACNUDH ha documentado que los defensores privados no son notificados de las audiencias o se les impide el acceso a los tribunales y a los expedientes de sus defendidos.
- La MIIDHV también ha registrado casos en los que se obliga a acusados a firmar acuerdos de culpabilidad o a grabar videos de supuestas confesiones, violándose en el derecho a la presunción de inocencia y un juicio justo.
- Retardo procesal con prisiones preventivas que van más allá del máximo de 3 años establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, lo que deriva en detención arbitraria y falta de traslado de los procesados a las audiencias.
- Uso de la justicia militar para juzgar a civiles en casos de persecución política, lo cual fue muy frecuente en las masivas manifestaciones antigubernamentales de 2017.
Con información de Acceso a la Justicia
LEA ONG expone vulneración de justicia en Venezuela ante Consejo de DDHH de la ONU
