El director de Fundaredes está preso desde julio de 2021 y su proceso penal ha estado plagado de irregularidades
Este próximo fin de semana, el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, cumplirá 800 días privado de libertad.
Tarazona fue detenido el pasado 2 de julio de 2021 por funcionarios de los cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, estado Falcón, para denunciar que estaban siendo hostigados por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) e igualmente por sujetos sin identificar.
Al activista se le imputan los delitos de incitación al odio, terrorismo y traición a la patria.
Durante marzo 2021, Tarazona fue una de las escasas fuentes de información que se refirió al conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el estado Apure, donde alrededor de 3 mil personas fueron desplazadas y hubo múltiples denuncias de abusos a la sociedad civil.
Tarazona asomó una eventual relación entre el exministro y exgobernador chavista, Ramón Rodríguez Chacín, con la guerrilla colombiana.
Desde su captura, Tarazona ha estado sometido a retardos procesales, supuestas torturas y patologías médicas como coronavirus, ansiedad e hipertensión arterial.
No conforme con las arbitrariedades denunciadas por Fundaredes, el juicio contra Tarazona comenzó desde cero en octubre del año pasado a consecuencia de una supuesta baja médica del juez de la causa.
La ONG indicó que las condiciones de reclusión de Tarazona no son adecuadas. No cuenta con ventilación ni iluminación adecuada y se le niega el acceso a un espacio de recreación.
Varios organismos nacionales e internacionales se han pronunciado a favor de la liberación del activista.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una medida de protección y anunció que está dispuesta a llevar a cabo una visita a su centro de detención en El Helicoide. La Misión de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también se pronunció y Amnistía Internacional lo considera “un preso de conciencia”.
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