Familiares exigieron justicia para presos políticos militares

Cuestionan la violación al debido proceso, el impedimento a la legítima defensa y las condiciones de insalubridad a las que son sometidos los detenidos

Esposas, madres y familiares de presos políticos militares encabezaron una protesta en la Plaza Brión de Chacaíto para exigir a la Corte Marcial el inicio de juicio a los Comandantes de los Batallones Blindados del Ejercito detenidos hace dos años.

Leonela Difurt, esposa del comandante Henry Medina Gutiérrez, condenó que tras dos años de la privativa de libertad, a su esposo y demás oficiales presos el 2 de marzo de 2018, se les viole el debido proceso y se les impida la legítima defensa.

“Hoy alzamos la voz porque la Corte Marcial es totalmente inoperante: No otorga medidas cautelares, no permite el derecho a juicio, ni emite boletas”, sentenció Difurt en representación de Comité de Familiares de Presos Políticos Militares.

“Convirtieron Ramo Verde y la Dgcim en depósitos humanos donde mantienen a nuestros esposos sin juicio justo”, añadió.

Yoselyn Carrizales, esposa de Igber Marín Chaparro, militar destacado como el número uno de toda la historia de la Academia Militar y hoy preso político, cuestionó las condiciones insalubres a las que mantienen sometido a su pareja en la denominada “Casa de Los Sueños”, haciendo referencia a las celdas ubicadas en los subsótanos de la Direccion General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

“Desde agosto mantenemos comunicación solo tres horas a la semana, antes de eso, estuvo tres meses incomunicados donde sólo nos recibían agua y pastillas”, sumó Carrizales.

Por su parte, Sandra Hernández, esposa de Luis Bandres, oficial preso en enero de 2019 por el alzamiento de Cotiza, se solidarizó con los parientes de los Comandantes del Ejército clamando por su libertad inmediata.

Al ser consultada sobre los maltratos de los que son víctimas los uniformados, la esposa de Bandres detalló que el oficial aún presenta signo de torturas en rostro y manos: “Fue electrocutado. Lo golpeaban hasta desmayarse, luego lo mojaban y electrocuaban para que volviera a reaccionar y seguir golpeándolo (…) Le arrancaron piel de la mano”, explicó.

Gloria Calderón, madre de Luis Lugo Calderón, militar detenido en Ramo Verde, narró que el acusado cumplió su condena y a pesar de ello continúa tras las rejas. “En 2018 le dieron cautelar y a las dos horas se lo llevaron a la Dgcim donde estuvo desaparecido por un mes y dos días, cuando lo vimos parecía un cádaver ambulante”, puntualizó

Calderón denunció que desde noviembre de 2019 su hijo cumplió la pena y a pesar de ello “aún continúa secuestrado en la cárcel de Ramo Verde”. “Me cansé de ir a la Corte Marcial donde no me dan respuesta”, enfatizó.

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Cuestionan la violación al debido proceso, el impedimento a la legítima defensa y las condiciones de insalubridad a las que son sometidos los detenidos

Esposas, madres y familiares de presos políticos militares encabezaron una protesta en la Plaza Brión de Chacaíto para exigir a la Corte Marcial el inicio de juicio a los Comandantes de los Batallones Blindados del Ejercito detenidos hace dos años.

Leonela Difurt, esposa del comandante Henry Medina Gutiérrez, condenó que tras dos años de la privativa de libertad, a su esposo y demás oficiales presos el 2 de marzo de 2018, se les viole el debido proceso y se les impida la legítima defensa.

“Hoy alzamos la voz porque la Corte Marcial es totalmente inoperante: No otorga medidas cautelares, no permite el derecho a juicio, ni emite boletas”, sentenció Difurt en representación de Comité de Familiares de Presos Políticos Militares.

“Convirtieron Ramo Verde y la Dgcim en depósitos humanos donde mantienen a nuestros esposos sin juicio justo”, añadió.

Yoselyn Carrizales, esposa de Igber Marín Chaparro, militar destacado como el número uno de toda la historia de la Academia Militar y hoy preso político, cuestionó las condiciones insalubres a las que mantienen sometido a su pareja en la denominada “Casa de Los Sueños”, haciendo referencia a las celdas ubicadas en los subsótanos de la Direccion General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

“Desde agosto mantenemos comunicación solo tres horas a la semana, antes de eso, estuvo tres meses incomunicados donde sólo nos recibían agua y pastillas”, sumó Carrizales.

Por su parte, Sandra Hernández, esposa de Luis Bandres, oficial preso en enero de 2019 por el alzamiento de Cotiza, se solidarizó con los parientes de los Comandantes del Ejército clamando por su libertad inmediata.

Al ser consultada sobre los maltratos de los que son víctimas los uniformados, la esposa de Bandres detalló que el oficial aún presenta signo de torturas en rostro y manos: “Fue electrocutado. Lo golpeaban hasta desmayarse, luego lo mojaban y electrocuaban para que volviera a reaccionar y seguir golpeándolo (…) Le arrancaron piel de la mano”, explicó.

Gloria Calderón, madre de Luis Lugo Calderón, militar detenido en Ramo Verde, narró que el acusado cumplió su condena y a pesar de ello continúa tras las rejas. “En 2018 le dieron cautelar y a las dos horas se lo llevaron a la Dgcim donde estuvo desaparecido por un mes y dos días, cuando lo vimos parecía un cádaver ambulante”, puntualizó

Calderón denunció que desde noviembre de 2019 su hijo cumplió la pena y a pesar de ello “aún continúa secuestrado en la cárcel de Ramo Verde”. “Me cansé de ir a la Corte Marcial donde no me dan respuesta”, enfatizó.

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