YA ESTÁN PERSEGUIDOS por los K. Les sacan su historia de relaciones con las dictaduras argentinas. Fuera de esas acusaciones, ciertas o no, el gobierno de CK, como el de NK antes, está empeñado en cerrar el diario y sus otros medios para obligarlo a dejar de lado las acusaciones investigadas y probadas por los periodistas de Clarín en torno a la corrupción de los funcionarios kirchneristas. Así como la valija de Antonini fue mejor trabajada por el diario La Nación el caso de las coimas entre los chavistas y los kirchneristas viene siendo más profusamente investigado por Clarín.
Cualquier coincidencia con lo que aquí hace Cadivi, MinFinanzas, Seniat y otros organismos rojos rojitos con Globovisión, El Nacional, El Universal o la prensa y medios radioeléctricos del Interior del país.
Hoy el diario coloca esta nota en su página web. Se explica por sí sola.
Nueva embestida oficial contra el Grupo Clarín
En las últimas 24 horas, y como parte de su embestida contra los accionistas privados de Papel Prensa, el Gobierno atacó al Grupo Clarín por distintas vías.
Ayer, dos inspectores de la Comisión Nacional de Valores(CNV, cuya última resolución contra Papel Prensa fue impugnada por la Justicia) se presentaron en las oficinas del diario Clarín para pedir libros contables de 1976 y 1977. La ley obliga a las empresas a guardar los balances por 10 años, hecho que parecían desconocer los enviados por el titular del organismo, Alejandro Vanoli, que responde a Guillermo Moreno. Lo llamativo fue que la agencia estatal Télam emitió un cable informando sobre la inspección antes de que la misma tuviera lugar.
Los inspectores se basaron en una denuncia realizada por el abogado Antonio Liurgo contra directores de Clarín y La Nación por Papel Prensa. Lo curioso fue que una inspección de la CNV de las mismas características fue al diario La Nación hace una semana, cuando Liugo aún no había hecho la denuncia. A Liugo se lo vincula al kirchnerismo y ya había denunciado al vicepresidente Julio Cobos después que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijera que cualquier particular podría hacerlo.
Además, el Gobierno fogoneó otra denuncia contra Clarín a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), dirigida por José Sbatella, por supuesta “manipulación en el precio de acciones”. “Eso no tiene asidero. Hay un descabezamiento de la UIF y su transformación en una herramienta de persecución política”, respondió el Grupo Clarín. En esta causa, el Gobierno se ampara en dichos del ex ejecutivo del JP Morgan, Hernán Arbizu, que buscar no ser extraditado a los Estados Unidos, donde enfrenta juicios por estafas a clientes del banco.
Todo parece indicar que a pesar del acoso la investigación de Clarin continuará. Hoy mismo publican un documento en el que se demuestra que uno de los agentes argentinos para hacer negocios con Venezuela certifica que hay que dar un 15% de comisión.
Las pesquisas del congreso argentino siguen avanzando:
Una carta revela la imposición de comisiones para vender a Venezuela
09/07/10
Es un aviso del titular de la Cámara de maquinaria agrícola a sus socios, de 2005. Les dice que según el contrato deben aceptar pagar al intermediario un 15% de la operación.
Por LUCIANA GEUNA
El 1° de noviembre de 2005, cuando faltaba un minuto para las seis de la tarde, Jorge Luis Médica, entonces presidente de CAFMA, la cámara que agrupa a las fabricantes de maquinaria agrícola, envió un mail a sus asociados: “Lamentablemente los acontecimientos se han precipitado inesperadamente y hoy hemos recibido la novedad de que (…) se tiene previsto firmar el acuerdo entre los gobiernos de Argentina-Venezuela”, escribió Médica. “Esto implica -seguía el correo- aceptar la designación de la trading Palmat S.A. que ha fijado sus honorarios en un 15%”. Con palabras aún más claras, concluyó: “Somos conscientes que esto implica un riesgo pero realmente no nos queda margen para ajustar el contrato a nuestro parecer”.
Este correo electrónico –al que accedió Clarín– describe la situación en la que se encontraban las empresas al momento de entrar al programa para vender maquinaria agrícola por 282 millones de dólares en el marco del Convenio Básico sobre Cooperación Económica, Industrial, Tecnológica y Comercial entre Argentina y Venezuela.
Palmat es la intermediaria que está siendo investigada por la Justicia para saber si ese 15% que cobraba por todas las operaciones de exportación de maquinaria a Venezuela escondía, en realidad, el pago de coimas.
Una de las intrigas fundamentales del juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita es saber si Palmat fue una trader impuesta por los Gobiernos para ocultar “retornos”, algo que los miembros de CAFMA niegan hasta ahora.
En diálogo con Clarín, Médica dijo no recordar detalles sobre el mail y explicó que “no había tiempo para nada y era la primera vez que exportábamos. Había que tomar una decisión. Había gente con otras ideas pero no tenían propuestas”. Según su relato, una empresa de la Cámara ya estaba exportando con los servicios de Palmat y por eso la buscaron.
En la misma línea, cuando declaró en el expediente el actual titular de esa entidad, José María Alustiza, sostuvo que decidieron contratar a Palmat “en una reunión de la CAFMA en función de dos determinantes que eran el precio más bajo sobre el de Cotia (una trader brasilera)”.
El diario La Nación consignó en mayo pasado que Cotia negaba haber tenido algún tipo de conversación con la Cámara argentina para convertirse en intermediaria.
-¿Y qué miembro de CAFMA propuso la idea de contratar a Palmat?, le preguntaron a Alustiza en la causa.
-No lo recuerdo, pasaron muchos años, respondió.
El mail de 2005 mostraba un panorama más concreto: “Así están dadas las cosas -decía- y queremos anticipar a vuestro conocimiento la realidad que enfrentamos sin posibilidad alguna de modificar consensuadamente el curso de los acontecimientos”.
A partir del convenio que le daba la exclusividad a Palmat como intermediario, la Cámara también cobraba el 1% de cada una de estas operaciones por gastos de hoteles y abogados.
Las dudas sobre el rol de esta trader llegaron al expediente a partir de un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo cuando estaba a cargo de Eduardo Mondino. El ex embajador Eduardo Sadous había dicho también en su declaración “que hubo empresarios del sector maquinaria agrícola que no fueron beneficiados por no haber pagado lo acordado en calidad de retorno”.
Desde entonces, los investigadores siguen la pista de este negocio. En ese camino, esta semana el juez Ercolini pidió, respondiendo a una solicitud del fiscal, un paquete de medidas que incluye la citación como testigos, para el 11 y 12 de agosto, a Médica y Rosana Negrini, otra dirigente de la entidad. Además, convocaron a las empresas que exportaron a partir del convenio.
En uno de los puntos, requiere a la Unidad de Información Financiera que revele si existe información sobre posible lavado de dinero de los titulares de Palmat y sus asociadas, junto a Madero Trading, la otra intermediario que cobró comisión por exportaciones.
