Vía Tal Cual
Para el cardenal Jorge Urosa Savino, arzobispo de Caracas, es necesario corregir la situación de encierro que viven los opositores Leopoldo López, Enzo Scarano y Daniel Ceballos. “Están siendo acusados sin mayor fundamento y están atravesando un juicio sin el debido proceso”, dijo ayer a los medios tras la homilía en honor a los 150 años de nacimiento de José Gregorio Hernández.
Urosa pidió que se “respete la justicia”, aunque no quiso pronunciarse directamente sobre el comunicado que emitió días atrás el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas. Cree necesario, en todo caso, que se cumpla con el resguardo de los derechos humanos.
Las declaraciones de Urosa se producen luego de que se denunciara el supuesto traslado de López y Ceballos a un centro de reclusión de mayor seguridad, tras las protestas que han realizado en la cárcel de Ramo Verde. La información la divulgó el sábado la esposa del dirigente de Voluntad Popular, Lilian Tintori, a quien se le impidió cumplir, junto a sus hijos, con el régimen de visita.
Sin novedad
Tintori aseguró que el director de Cenapromil, coronel Homero Miranda, había anunciado que López sería trasladado a un penal de máxima seguridad. Sin embargo, ayer notificó a través de su cuenta en Twitter que no se había producido ninguna movilización. “El único traslado que debe haber es para la calle con su pueblo, porque es inocente”.
Tintori, junto a la esposa de Daniel Ceballos, Patricia, advirtieron que mientras no sean liberados, los líderes opositores continuarán en protesta activa permanente, denominada “el barrotazo”, tal como lo declararon a través de un manifiesto manuscrito el pasado 24 de octubre.
En un video con declaraciones de López, en nombre de sus compañeros de reclusión en Ramo Verde, explica que la protesta “barrotazo” es consecuencia de las arbitrariedades, tratos inhumanos, crueles y denigrantes que han venido sufriendo en Ramo Verde por órdenes del coronel Homero Miranda, a raíz de los pronunciamientos internacionales que en las últimas semanas han instado a su libertad en concordancia con la resolución emanada por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sobre el cual hasta el momento el gobierno de Nicolás Maduro no ha actuado oficialmente.
