Tumeremo

Familiares de las víctimas echan de menos la ayuda que el gobierno regional les prometió, entre las que se incluían casas de Misión Vivienda y pensiones para esposas e hijos de quienes fueron presuntamente asesinados por la banda de “El Topo” hace 6 meses

 

@loremelendez

ÉL ERA UNO DE LOS QUE RECLAMABA. Una de los tantos que, durante varias noches, pidió que le devolvieran a su hijo en cualquier condición. En marzo pasado, junto a los familiares y amigos de otros 16 mineros desaparecidos en Tumeremo, cerró la Troncal 10 del sur del estado Bolívar para exigir que le regresaran el cadáver de su muchacho que ni siquiera tenía 21 años.

“Yo me siento como abandonado después de todo lo que pasó. Yo estoy prácticamente necesitado, porque él era quien me ayudaba. Aunque no me ha faltado la bendición de nuestro Señor, a mí más nunca me dieron respuesta del caso”, dice el padre de una de las víctimas de la masacre que ocurrió hace seis meses. Por seguridad, prefirió mantener su identidad en secreto.

El reclamo del hombre no se refiere a las investigaciones sobre la tragedia, sino a las ayudas que el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, prometió a los familiares de quienes murieron a manos del más poderoso de los pranes de las minas del municipio Sifontes: Jamilton Andrés Ulloa Sánchez, alias “El Topo”. Varios de los parientes consultados coinciden en que, aunque no se hizo público, el mandatario regional aseguró que indemnizaría a los padres, esposas e hijos de los asesinados, y que en algunos casos, hasta les entregaría casas de la Misión Vivienda.

El padre indicó que, ante la necesidad y el miedo, la esposa de su hijo se fue al centro del país con su bebé. “Yo lo poquito que tengo, si puedo, se lo mando. Aquí una vez nos dieron un poquito de comida, y nos dijeron que iban a ayudar a las mujeres, que nos iba a apoyar. Pero nunca pasó más nada”, contó.

La hermana de otra de las víctimas relató que su cuñada, esposa de uno de los asesinados, debió vender un terreno que ambos habían comprado porque ya no tenía dinero. “Se le acabó la plata y ella tiene un hijo de un año, mi sobrino. ¿Cómo iba a hacer para comprar un kilo de harina, que cuesta como 2.500 o 3.000 bolívares?”, agregó. La mujer mencionó también el combo de alimentos que le otorgó la Gobernación de Bolívar. “Nos hicieron ir hasta el Fuerte Tarabay a recoger la bolsa (2 kilos de harina de maíz, 2 de arroz, 1 aceite) un mes después de la masacre. Y más nunca volvieron a dar nada. Eso es una burla”, afirmó.

Seis meses de miedo

Otro familiar sentenció que, desde la tragedia, la vida en las minas de Tumeremo no ha sido igual. A pesar de que los yacimientos de oro llevan años bajo el control de delincuentes y de que ya se habían registrado desapariciones, los pobladores asistían confiados, sabiendo que no debían contrariar al pran. Pero luego de que “El Topo” acabara en un solo día con 17 personas, nadie se siente a salvo. “Antes iban niños, mujeres y todo. Pero ahora sólo van los hombres y tienen que ser muy precavidos”, relató el pariente.

“Pero hay que volver a la mina, ¿qué vamos a hacer? Este es un pueblo minero y vivimos del oro”, aseveró la tía de uno de los jóvenes asesinados. De las 17 personas que murieron, 15 eran menores de 30 años.

Para Américo De Grazia, diputado que presidió la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para investigar estos hechos, el balance de los últimos 6 meses transcurridos después de la tragedia no es nada satisfactorio, porque las masacres han seguido ocurriendo. “Ahora, los asesinatos no sólo los cometen los pranes o los criminales de las minas, sino también las OLP, y luego dicen que murieron en supuestos enfrentamientos. La muerte es lo que sigue operando en las minas”, señaló.

Se comenta en Maripa de la muerte de 8 mineros en el alto Caura.Sucre/Edo Bolívar.Al menos 3 cadáveres llegaron al CICPC/Cd Bolivar

— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 11 de julio de 2016

La masacre del Caura este fin de semana se materializó en las minas del Playón.Se habla de al menos 8 muertos.Tragedia ambiental y humana — Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 11 de julio de 2016

 

De Grazia se ha convertido en portavoz de algunos de estos sucesos. Desde la masacre, han muerto 21 personas en las minas y 8 de estas han caído en las 4 OLP que se han aplicado en la zona desde entonces. Entre los decesos se cuenta el de “El Topo”, el autor de la matanza de los 17 mineros.

El diputado resaltó que las operaciones de los militares se han materializado en minas de Tumeremo, El Dorado, El Callao, Guasipati, La Paragua y el Alto Caura, donde los mismos obreros han reclamado los malos tratos y los robos que les han hecho los mismos uniformados, quienes les quitan el oro que sacan de los yacimientos. “Es un hecho lamentable que sea el signo de la muerte el que está marcando la ‘limpieza’ de territorios mineros que hoy pretenden ser entregados a grandes transnacionales”, aseveró.

Todas las zonas afectadas por las OLP, según De Grazia, están dentro de los 112.000 kilómetros que abarcan la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco, decretada el 24 de febrero de 2016, 9 días antes de la masacre de Tumeremo.

“¿Eso es casualidad? ¿Eso no nos levanta un mínimo de sospecha?”, acotó De Grazia, quien recordó que el 31 de diciembre de este año vence el plazo para que buena parte de las minas de Bolívar se entregue a la empresa canadiense Gold Reserve bajo el paraguas del mencionado decreto. Para esa fecha, más de 30 mil mineros deben haber sido sacados de ese territorio.

La sombra de “El Topo”

Al final de la tarde del pasado 6 de mayo, el ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López, informó al país que más temprano, una OLP había tenido como saldo la caída de “El Topo” y que parte de su banda, señalada también por la masacre de los mineros, había sido detenida. Ya para ese momento, la foto del hombre a quien también llamaban “El Don”, había circulado en las redes sociales. Vestía una camiseta roja con el logo de la estatal Pdvsa y las manchas de sangre ocupaban la mitad de su pecho y un área cercana a la garganta.

Pero en Tumeremo, los familiares de las víctimas dudan que su verdugo esté muerto. “Yo no creo que lo hayan matado, por la forma de ser de ese nombre, con tantos contactos. No creo que se hubiese dejado matar así, en una mina”, comentó la tía de uno de los mineros masacrados.

“Yo lo único que le digo a usted, es que hay mucha gente que dice que ese señor se fue a Valencia después de que nos quitó a nuestros hijos. Todas las familias tenemos dudas sobre la muerte de ‘El Topo’”, dijo el padre de uno de los mineros masacrados.

Aunque la muerte de “El Topo”, para el Ejecutivo, cierra el caso, hubo quienes indicaron que faltaban cabos por atar. “Él era autor material del crimen, pero nunca se dijo quiénes eran los autores intelectuales, los verdaderos interesados en que esas áreas fuesen desalojadas para poder negociarlas con grandes transnacionales”, denunció De Grazia.
“Esta película no ha terminado. Apenas comienza y va a tener efectos colaterales, un genocidio financiero, étnico, ambiental, político”, reclamó el parlamentario. Para él, las investigaciones han dejado más preguntas y respuestas, entre estas, el porqué el Gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez -–a quien se ha asociado con las mafias mineras– desmintió la masacre durante las primeras horas de los acontecimientos.

 

 

“Los mineros de Tumeremo”, la cobertura realizada en alianza por Runrun.es, El Pitazo y Correo del Caroní, es uno de los dos trabajos venezolanos que fueron seleccionados entre los 10 finalistas del premio de periodismo Gabriel García Márquez en la categoría cobertura.

Lorena Meléndez, Lisseth Boon y Ronna Rísquez de la Unidad de Investigación de Runrun.es forman parte del equipo de periodistas pertenecientes a tres medios que, en diez piezas, plasmaron la historia de 17 mineros del poblado de Tumeremo, en el estado Bolívar, que fueron masacrados y desaperecidos por una banda delictiva presuntamente vinculada con cuerpos de seguridad y funcionarios del estado.

El grupo de comunicadores nominados por la alianza también lo integran Óscar Murillo, Germán Dam, Pableysa Ostos, Ramses Silverio, Leonardo Suárez, Marcos Valverde y César Batiz del Correo del Caroní y El Pitazo.

Efecto Cocuyo fue el otro medio venezolano que logró ubicarse entre los 10 finalistas en la misma categoría de cobertura, con una serie de trabajos sobre la falta de medicinas para el tratamiento de niños en Venezuela, realizados por María Laura Chang.

La periodista Alicia Hernández, corresponsal en Venezuela de El Confidencial de España también fue seleccionada por su trabajo en la cobertura de las elecciones parlamentarias en diciembre del 2015.

La selección oficial 2016 de nominados a la cuarta edición de los premios Gabriel García Márquez está conformada por las 40 mejores historias del periodismo iberoamericano, elegidas entre 1.608 trabajos postulados.

Dentro del jurado para la categoría Cobertura está el venezolano Elías López, director editorial de The New York Times en Español desde 2007. También se encuentra la argentina especialista en periodismo de datos, Sandra Crucianelli, y la brasileña Consuelo Dieguez de la revista Piaui.

Los 10 trabajos de cada categoría (Cobertura, Texto, Innovación e Imagen) serán sometidos a tres rondas de juzgamiento por distintos grupos de jurados internacionales. De estos, se elegirán tres finalistas que recibirán 6 millones de pesos colombianos y un diploma por su destacada participación. El trabajo periodístico que gane entre los finalistas recibirá 33 millones de pesos colombianos, un diploma que lo acredita como ganador y un ejemplar de la obra Gabriel, del artista colombiano Antonio Caro.

Los ganadores se darán a conocer el 29 de septiembre durante el Festival Gabriel García Márquez en el Jardín Botánico de Medellín, que hasta el 1 de octubre será el epicentro de charlas, talleres, entrevistas, exposiciones, muestras de trabajos, conciertos y homenajes al Gabo.

 

Puede leer aquí los diez trabajos de la cobertura de “Los mineros de Tumeremo” realizada por Runrun.es, El Pitazo y Correo del Caroní:

Parte 1: Pobladores de Tumeremo trancan vía a Gran Sabana para exigir respuestas sobre mineros desaparecidos

Parte 2: Rangel Gómez desoye protesta de Tumeremo que clama por paradero de mineros

Parte 3: Protestantes en Tumeremo denuncian que mineros desaparecidos fueron masacrados

Parte 4: Miedo, desolación y ningún rastro de mineros desaparecidos a 48 horas de protesta en Tumeremo

Parte 5: CRÓNICA | Minero sobreviviente confirma balacera y muertes en yacimiento de oro en Tumeremo

Parte 6: FOTOS Y TESTIMONIOS DE SOBREVIVIENTES: Este fue el sitio donde ocurrió la masacre de Tumeremo

Parte 7: Esquema de pranato carcelario y mafias de la construcción se traslada a minas de Bolívar

Parte 8: Los rostros e historias detrás de la masacre de Tumeremo

Parte 9: El Topo: la leyenda de un pran que se hizo realidad con la masacre de Tumeremo

Parte 10: El doloroso sepelio de los mineros masacrados en Tumeremo

 

La ONG Cofavic, dedicada a la protección de los derechos humanos, emitió un informe final sobre la muerte y desaparición de 28 mineros en Tumeremo, ocurrida en el mes de marzo, en la que responsabiliza al Estado venezolano por los sufrimientos físicos, morales y mentales padecidos por las víctimas.

Asimismo, destaca que las instituciones públicas deben cumplir, de manera ineludible, con su obligación de esclarecer los hechos. En este sentido, invita al Estado a apegarse a los estándares del Derecho internacional para juzgar a todos los responsables en forma efectiva.

«El Estado no asumió, con la debida diligencia, todas aquellas medidas necesarias para evitar que operaciones de esta envergadura pudiesen llevarse a cabo en una zona declarada de seguridad por su carácter fronterizo y estratégico», agrega el documento final.

El equipo multidisciplinario de Cofavic se trasladó al estado Bolívar con el objetivo de verificar los hechos y testimonios relatados, realizar la documentación y asesorar, en las áreas psicológicas y jurídicas, a las presuntas víctimas y sus familiares.

A continuación el comunicado completo de la organización:

Estado venezolano no adoptó las previsiones razonables para evitar los crímenes cometidos en Tumeremo

Luego de los hechos irregulares registrados el 4 de marzo de 2016 en la población de Tumeremo, estado Bolívar, donde presuntamente habrían ejecutado extrajudicialmente o desaparecido forzosamente a 28 mineros del pueblo, quienes trabajaban en una mina cercana, el Comité de Familiares de las Victimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)  elaboró un informe de seguimiento con el objetivo de documentar las violaciones a los derechos humanos presuntamente ocurridas.

En el documento se precisa que debido a la magnitud de los hechos y por el temor que sembró esta masacre en la población civil, se puede determinar la consolidación del control de grupos armados civiles  en esa zona del país e ilustra las consecuencias de las múltiples omisiones, actos de aquiescencia y la presunta colaboración de agentes del Estado con grupos armados civiles, así como la impunidad y la crueldad con la que desarrollan los crímenes estas bandas armadas.

El equipo multidisciplinario de COFAVIC se trasladó al Estado Bolívar con el objetivo de verificar los hechos y testimonios relatados, realizar la documentación y asesorar, en las áreas psicológicas y jurídicas, a las presuntas víctimas y sus familiares, corroboró que los hechos recientes suscitados en Tumeremo se produjeron en un contexto de alta militarización y control policial. Pese al excepcional control y despliegue de las fuerzas de seguridad en la zona, los grupos armados han actuado con toda libertad y crueldad.

Por tanto, se concluye en el informe, que el Estado venezolano es responsable por los sufrimientos físicos, mentales y morales padecidos por las presuntas víctimas, así como por la falta de investigación denunciada por sus familiares y por todos los daños ulteriores que se deriven de estos lamentables acontecimientos.

En el documento se insiste en la necesidad de investigar de manera imparcial, efectiva y conclusiva los sucesos registrados en Tumeremo. “Es un principio del Derecho internacional que el Estado responda por los actos y omisiones de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial, aun si actúan fuera de los límites de su competencia”.

Los profesionales de COFAVIC que actuaron en la zona determinaron que la movilización de un número considerable de personas presuntamente armadas por la zona minera del estado Bolívar y el establecimiento de retenes, revelan que el Estado no adoptó las previsiones razonables para controlar las rutas disponibles y asegurar la vida y la integridad  de las personas que transitan, laboran o viven en el mencionado territorio.

Lo expuesto conlleva a señalar que el Estado no asumió, con la debida diligencia, todas aquellas medidas necesarias para evitar que operaciones de esta envergadura pudiesen llevarse a cabo en una zona declarada de seguridad por su carácter fronterizo y estratégico.

En el informe se señala que el Estado venezolano debe cumplir de manera ineludible e intransferible con su obligación de esclarecer los hechos, juzgar a todos los responsables en forma efectiva, recobrar los cuerpos de las presuntas víctimas e identificar individualmente a cada uno mediante mecanismos confiables e independientes.

También se constató, luego de la visita en la zona minera, que en Tumeremo y otras localidades cercanas,  han ocurrido presuntamente otras masacres las cuales han quedado silenciadas por el miedo y porque presuntamente una parte importante de las víctimas son de origen extranjero o no tienen familiares en la zona que reporten su desaparición.

Asimismo, se puede determinar que la masacre de los mineros de Tumeremo no es un hecho aislado. En septiembre de 2006, por ejemplo, un grupo de mineros fue asesinado por presuntos efectivos militares en el sector de La Paragua, municipio Raúl Leoni en el Estado Bolívar .

Las personas consultadas refirieron que en la zona son muy frecuentes los enfrentamientos entre bandas de delincuencia organizada, que usan  varios modus operandi para ejercer control y promover  terror entre la población y que ocurren presuntas ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desmembramientos a los cuerpos  y otros objetos cortantes, desaparición forzada de personas, ocultamiento de cadáveres dentro de minas abandonadas, entre otros crímenes de derechos humanos. Se trata de crímenes caracterizados por su crueldad e impunidad y relatados por personas que presuntamente son obligadas a presenciarlos como una manera de mostrar castigos ejemplarizantes.

Por todo lo anterior, COFAVIC insta al Estado venezolano a:

Investigar de manera independiente, eficaz y conclusiva (Arts. 23, 29 y 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela CRBV).  En casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

Realizar las investigaciones exclusivamente en la jurisdicción civil (Art. 29 de la CRBV): Debe garantizarse que las investigaciones, en cumplimiento de la Constitución, sean realizadas exclusivamente por los órganos de la jurisdicción civil. Deben separarse de todo el proceso de investigación a los organismos de seguridad del Estado cuyos funcionarios presuntamente puedan haber participado de manera directa o indirecta en los hechos.

Utilización de estándares internacionales para documentar los presuntos crímenes (art 23 de la CRBV): Con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, se han especificado los principios rectores que es preciso observar cuando se considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades que conducen una investigación deben intentar como mínimo: identificar a la víctima; recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte: y distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados.

Durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación. El Estado debe sin dilación y con todas las garantías incorporar a los sobrevivientes como víctimas y documentar debidamente las lesiones sufridas por estos.

La ubicación de la totalidad de las víctimas de estos hechos de desaparición y la investigación de otras víctimas que formen parte de hechos anteriores sucedidos en el estado Bolívar, garantiza la no repetición de estos actos y combate la impunidad. De igual forma es la única manera de que se pueda conseguir una investigación auténtica y reparadora para las víctimas.

Debe considerarse la participación de expertos internacionales independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), lo cual ayudaría al establecimiento de conclusiones independientes que refuercen las evidencias y establezcan las verdaderas responsabilidades en este caso.

Establecimiento de la verdad como derecho fundamental, lo que garantizaría una reparación integral y la garantía de no repetición.

Analizar si se han agotado correctamente todas las líneas de investigación, particularmente los vínculos entre la delincuencia organizada y actores estatales, mediante la aplicación de los estándares internacionales en el tema.

Impulsar un programa de salud mental con perspectiva de género en la localidad de Tumeremo, dirigido a disminuir los efectos individuales y colectivos que dejan prácticas como las torturas y la desaparición forzada de personas y promover acciones destinadas a fomentar una cultura de paz y no violencia.

 

La semana pasada el país recibió la noticia de la muerte de dos de los delincuentes más buscados en el país y que dirigían dos de las principales megabandas criminales que existen en Venezuela. El primero, José Antonio Tovar Colina, conocido como “el Picure”, fue dado de baja luego de un enfrentamiento con efectivos policiales en el barrio Concha de Mango en El Sombrero, estado Guárico, y quien dirigía una que operaba en los estados Guárico, Aragua y Miranda. El otro delincuente muerto fue José Andrés Ulloa Sánchez, alías el Topo, él y su banda controlaban yacimientos en el sur del estado Bolívar, donde 90% de la población vive de la minería y desde el año 2009 controlaba la zona, fue además el responsable de la muerte de 18 mineros recientemente en la ciudad de Tumeremo en el estado Bolívar.

Ambos personajes, líderes de 2 grandes megabandas, forman parte de estos grupos delincuenciales que se han establecido en el país en los últimos años y que en su mayoría están compuestas de más de 80 personas con un gran arsenal de armamentos, en su mayoría de guerra, con el que no sufren ningún temor a enfrentarse a los cuerpos de seguridad venezolanos y cometer infinidades de delitos entre los que encontramos: secuestros, extorsiones, robos, tráfico de drogas, sicariatos etc.

La estructura de estas megabandas es muy similar a las que se ven en las cárceles venezolanas, donde los pranes y su grupo cercano mantienen el control absoluto de los recintos penitenciarios. Esta organización muy bien constituida, con una cadena de mando que es respetada por sus integrantes, probablemente se debe a que muchos de los líderes de estas megabandas vienen de la cárcel y desde ahí han tomado esta forma de organización carcelaria y de la cual fueron sus líderes para aplicarla en la calle a los grupos delincuenciales que ellos dirigen, aunado a que en muchos casos trabajan en conjunto con los pranes carcelarios.

Muchos expertos en el tema consideran que las megabandas, a diferencia de los grupos delincuenciales anteriores que no tendrían más de 10 miembros, fueron tomadas de las maras centroamericanas que mantienen el control de la actividad delictiva en esos países.

El abogado y criminalista Fermín Mármol dice que existen ocho bloques criminales que agobian el país:

1) Bandas y megabandas criminales. 2) Colectivos armados y violentos, “que son los paramilitares urbanos”. 3) Frente Bolivariano de Liberación (FBL) y sus distintas divisiones, “que serían los paramilitares rurales”. 4) El “pranato carcelario” o “la República de los pranes”. 5) Seudosindicatos de la construcción y los seudosindicatos mineros. 6) Incidencia de extranjeros en Venezuela: FARC, ELN, paramilitares, garimpeiros y disidentes de cualquiera de estos grupos. 7) Holding de la corrupción. 8) Holding del tráfico ilegal de drogas y legitimación de capitales. De acuerdo con el abogado “todos los días 100.000 personas salen a las calles a cometer un delito, ya sean violentos (secuestro, robo, homicidio), o delitos de astucia (estafa, fraudes, apropiaciones indebidas, corrupción)”.

A todos estos grupos, en los que según Mármol García estaría agrupada la delincuencia en el país, me atrevería a agregar uno más que, aun y cuando podría agruparse en el “holding de la corrupción”, por el grave daño que están causando actualmente a toda la población venezolana, merecen ser estudiados aparte; me refiero a los grupos que trafican con los alimentos y que popularmente conocemos como bachaqueros.

Para la organización Paz Activa y su director general, Luis Cedeño: “Las Fuerzas Armadas se han conseguido con pequeñas milicias muy bien organizadas y con un poder de fuego que representan un contrapeso a las fuerzas regulares, cuentan con recursos humanos y financieros para mantener unidades operativas de alta movilidad y flexibilidad en su desempeño que las hacen polivalentes en los diversos escenarios en que operan; desde un secuestro, hasta un asalto a una comisaría o punto de control militar con gran eficacia”.

La firma británica Jane’s Information Group publicó recientemente, un informe sobre la situación de violencia criminal que se ha propagado en Venezuela en los últimos años, con el surgimiento de megabandas criminales (+ de 50 miembros) que retan de manera directa al poder del Estado en muchas regiones de Venezuela. En este informe señala: “Las malas condiciones socioeconómicas y una respuesta débil del gobierno han permitido el fortalecimiento de las bandas nacionales, lo que plantea un desafío directo a la autoridad del Estado en muchas áreas. Esta es la consecuencia de una política fallida de tolerancia hacia las bandas criminales la cual les permite la oportunidad de aumentar su tamaño, su red y capacidades. En particular, esto plantea una amenaza masiva a las fuerzas de seguridad (que han sido objeto de robos para despojarlos de sus armas o de venganza) y seguridad privada (empresas de protección y diplomáticos), que no podrían soportar un ataque sorpresa por una banda fuertemente armada de 150 personas, con fusiles de asalto y granadas.  Ello es muy difícil de resistir”. Para esta organización “la situación continuará deteriorándose durante el año ya que las autoridades gubernamentales no están abordando el origen de la delincuencia y la violencia, que incluye la desigualdad de ingresos, instituciones débiles, la corrupción generalizada, la falta de capacidad de aplicación de la ley, la falta de coordinación entre los niveles nacional, regional y las policías municipales e, incluso, la participación del equipo de gobierno y los funcionarios militares como apoyo logístico a las operaciones de tráfico de drogas de los países andinos a Estados Unidos y Europa a través de América Central y el Caribe”.

Sin dudas, el problema de las megabandas es otro de los muchos que enfrentamos los venezolanos y donde el tema de la seguridad ciudadana, según encuestas realizadas, ocupa el segundo lugar entre las preocupaciones más grandes que tenemos. Esto no se va a resolver con la muerte del “Picure” o “el Topo” donde en esas bandas se ha concebido una estructura organizacional que no hay dudas que garantizará la continuidad de las mismas, sino con políticas acertadas en seguridad ciudadana por parte del Poder Ejecutivo. No hay que olvidar que en los últimos 17 años se han diseñado 23 planes de seguridad y que todos han fracasado, incluyendo el último llamado Operación de Liberación al Pueblo (OLP), muy cuestionado por sus constantes violaciones de los derechos humanos.

Los venezolanos y todos los que aquí habitamos estamos urgidos de vivir seguros, y el Estado está en la obligación de garantizarlo, es nuestro derecho. ¿Cuánto tiempo más esperaremos para esto?

 

@cnietopalma

El Nacional

 

 

Varios personajes del gobierno han asegurado que el diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolivar (MUD / Causa R), Américo De Grazia, está vinculado con la banda de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias “el Topo”, autor de la masacre de Tumeremo, pueblo minero del estado Bolívar, ocurrió la noche del 4 de marzo de este año, donde al menos 17 personas fueron asesinadas.

El diputado De Grazia, quien presidió la comisión legislativa que realizó investigaciones sobre la masacre en Tumeremo, fue el encargo de presentar, el pasado jueves 5 de mayo, el informe final sobre la masacre de Tumeremo, aprobado por mayoría parlamentaria.

 

Las acusaciones

El viernes 6 de mayo, el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, dio a conocer detalles del operativo del Sebin donde murió «El Topo» el pasado 4 de mayo y aseguró que De Grazia estaba vinculado con la banda del delincuente.

En sus declaraciones, el ministro mencionó que “El Topo” tenía vinculación con políticos opositores al sur del estado Bolívar, con los que supuestamente negocian las ganancias obtenidas con la explotación ilícita de oro. “Forman parte de un plan para golpear el Arco Minero y vincular al gobierno nacional a crímenes atroces”.

“Tenemos información exacta que vincula a un diputado de la derecha que tenía el número exacto de víctimas en el mismo momento en que se desarrollaba la masacre de un lugar en donde solo hay comunicación satelital. Sin importar las investiduras, continuarán las investigaciones”, concluyó.

 

Tras conocerse las acusaciones, la ministra para Servicio Penitenciario, María Iris Varela, aseguró a través de su cuenta oficial en Twitter, que no le sorprende las conexiones de El Topo con factores de la oposición.

“Tras confesiones de Lorenth Saleh para cometer crímenes y atentados, las conexiones de El Picure y El Topo con factores de oposición no sorprenden”, indicó la ministra en su cuenta.

El sábado 7 de mayo, el presidente Nicolás Maduro le pidió al Ministerio Público abrir una investigación en contra del parlamentario por su presunta vinculación con la masacre de Tumeremo. El presidente aseguró que “la gente capturada está hablando (…) y aparece más de un político de la ultraderecha”, indicó, al tiempo que hizo referencia al De Grazia, y al igual que el ministro González López, indicó “en tiempo real estaba escribiendo en Twitter a la misma hora que se estaba produciendo la masacre (de Tumeremo), a seis horas del lugar y ahí no hay ningún tipo de telefonía.»

 

De Grazia responde

La primera respuesta por parte del diputado fue en una entrevista para El Nacional publicada el sábado 7 de mayo. De Grazia acusó a González López de querer encubrir lo que él considera una “neocolonización minera” que pretende imponer el gobierno en Guayana. Advirtió que se planea desplazar a más de 12 pueblos indígenas que hacen vida en zonas que serán entregadas a 150 trasnacionales que trabajan con el oro.

“En el marco de la masacre ocurrió la puesta en marcha del Arco Minero, ocurrió la puesta en marcha de la compañía anónima militar gasífera, petrolífera y minera, ocurrió la bulla minera internacional en que invitaron a 150 trasnacionales del oro – de 35 países distintos- a participar en el proyecto. Van a hacer una limpieza étnica a más de 12 pueblos indígenas distintos que hacen vida en ese Arco Minero de 118.847 kilómetros cuadrados, más grande que la República de Cuba y Panamá; vale decir que 12% del territorio nacional y 45% del estado Bolívar. El proyecto compromete la reserva forestal y ataca la cuenca del Caura y del Caroní”, dijo el parlamentario.

De Grazia aprovechó la cobertura periodística para enviar mensaje a González López: “Que no se equivoque el ministro, aquí no está hablando con cobardes, nosotros no somos de los que nos rendimos por teléfono, aquí vamos  a defender a Guayana. Aquí vamos a estar de frente contra la corrupción, contra la mafia del oro y contra ese neocolonialismo minero que pretende instrumentar el gobierno para favorecer al gran capital a través de la entrega de nuestras riquezas minerales”.

Después de conocerse la orden del presidente, vino otra respuestas, donde el diputado expresó en su cuenta de Twitter que la muerte de los mineros reveló el catecismo tercermundista del régimen. “Ecocidio, etnocidio y genocidio”, indicó. Igualmente utilizó su cuenta de Twitter para desmentir el tema de sus tuit en tiempo real, asegurando que «la tecnología no miente» y que la información la suministró un día después de la masacre, el 5 de marzo.

 

Maduro «De Grazia tuiteaba,en tiempo real,mientras se ejecutaba la masacre»,mi primer Twitter fue 24 horas después pic.twitter.com/b68wrJjCPv

— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 9 de mayo de 2016

 

La tecnología no miente,Maduro si.Mi primer Twitter sobre la masacre,fue después de @rangelgomez negara la misma pic.twitter.com/LT3h08Eyiz

— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 9 de mayo de 2016

 

5/3/16 a las 7,24pm le respondí a @rangelgomez en mi primer Twitter, pic.twitter.com/kEbRpygIlA

— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 9 de mayo de 2016

 

Las palabras de apoyo no se hicieron esperar. El dirigente de la MUD por el estado Bolívar y dirigente nacional de la Causa R, Andrés Velásquez, rechazó la acusación e indicó que «si las acusaciones son hechas con el propósito de amedrentar e inhibirnos de hacer las denuncias que tenemos que hacer, se equivoca el gobierno, se equivoca el General (González López)”

Consideró que el gobierno intenta tapar lo denunciado en el informe de De Grazia “en el que se demuestra la negligencia del ministro que recibió previamente información del tráfico de armas y de quienes estaban dando esas armas a los pranes de la minería”.

Por su parte, el también dirigente de la Causa R y parlamentario José Prat aseguró que “es el gobernador Rangel Gómez quien debe dar muchas explicaciones: primero, por negar la masacre de Tumeremo y llamarla ‘masacre virtual’, ¿qué pretendía? ¿Tapar los hechos como denuncian los vecinos de Tumeremo?; segundo, por la situación de anarquía que reina en el sur del estado Bolívar con la explotación de minerales y que en doce años de su gobierno se ha agravado, al punto de estar en manos de bandas criminales, además de no asistir a la interpelación en la Asamblea cuando fue citado por la comisión investigadora del caso”, explicó Prat.

El diputado por el estado Bolívar insistió en que el mandatario regional debe exponer las “verdaderas razones” por las que no asistió a la interpelación en la Asamblea Nacional ni llegó a Tumeremo al momento de producirse la protesta luego de la masacre, “llama poderosamente la atención esta actitud del Gobernador”.

Desde la Mesa de la Unidad Democrática también mostraron sus respaldo. El secretario general de la MUD, Jesús «Chuo» Torrealba, se solidarizó con el parlamentario y aseguró que las acusaciones «detendrán la lucha de la Unidad contra la corrupción y el crimen»

Hasta ahora se desconoce el paradero del cadáver de Jamilton Andrés Ulloa Suaréz, abatido este viernes en la mina El Limón. Al parecer será llevado vía aérea a Caracas

 

@GEDV86

EL 4 DE MARZO SÓLO UNA SEÑAL TELEFÓNICA abrió en el fundo Los Peregrinos mientras El Topo y su banda tenían retenidos a casi 400 mineros para ubicar y eliminar a quienes pertenecían al grupo de su rival: El Gordo. Este número y con los que se comunicaba fueron rastreados por días, a través de antenas retransmisoras, permitiendo así dar con los involucrados en la masacre de 17 mineros que hacían vida en Tumeremo, al sur del estado Bolívar.

Uno a uno fueron cayendo los más cercanos a Jamilton Andrés Ulloa Suárez, mejor conocido como El Topo: Rosa Gil, su mano derecha y rostro público de la agrupación criminal; Francisco Carache, alias Goliat y encargado de reclutar personas para trabajar en la banda; Luis Rueda, sobrino de la primera; y los hermanos Carlos y Manuel Balaquera, dueños de las maquinarias empleadas para trasladar  enterrar los cuerpos de las víctimas.

Por ocho semanas, toda señal que se comunicara con el número arrojado aquel 4 de marzo por la antena cercana a Los Peregrinos era rastreado; trabajo que permitió individualizar el número de Jamilton Andrés y hacerle el seguimiento -por toda Venezuela- pertinente para darle captura cuando menos se lo esperara… y así ocurrió esta madrugada, después que su señal celular estuviera inmóvil por varios días en El Limón, una de las tantas minas en su poder.

Sin versión oficial

Aunque no existe versión oficial sobre lo ocurrido, trascendió que fuerzas especiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ingresaron al sector con la intención de capturar a El Topo, ecuatoriano de 43 años de edad y quien llegó a Venezuela en 2002, sin embargo el hombre y su banda recibieron a tiros a las comisiones. Al verse superados, los leales a Ulloa Suárez se internaron en el monte… pero él no y murió haciendo frente a los funcionarios.

La noticia sobre el fallecimiento del autor intelectual y material de la Masacre de Tumeremo, hecho en el que fueron asesinados 15 hombres y dos mujeres, no fue conocida sino hasta pasadas las 3:00 de la tarde cuando su cadáver fue trasladado de la mina El Limón -ubicada a varias horas de  Nuevo Callao, en cuya vía fue hallados los cuerpos el 14 de marzo- a la Sub-delegación Tumeremo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Versiones encontradas corren referente a Carlos Ortiz, alias Cara e’ Niña y quien funge de jefe de algunas minas cuando El Topo se encuentra fuera de Tumeremo: desde la Policía científica informan que fue abatido junto a su jefe, mientras que desde la Policía del estado Bolívar (PEB) revelan que está vivo y que resultó detenido en el procedimiento. Se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento sobre el caso desde el Ministerio de Interior, Justicia y Paz.

 

El Ministerio Público presentará ante un tribunal de control del segundo circuito del estado Bolívar al sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Kelver Jesús Rivas Ruiz (23) por su presunta responsabilidad en la muerte de su pareja, la locutora Lucía Marina Seaone Homsy (27), en Tumeremo.

De acuerdo con la información preliminar, en horas de la mañana de este jueves, vecinos del sector La Frontera localizaron el cuerpo de Seoane Homsy con un impacto de bala en el patio de su casa, ubicada en el sector La Frontera de Tumeremo.

A las 8:00 p.m, el militar fue aprehendido en la sede del comando de la Zona 62 de la GNB en Puerto Ordaz, municipio Caroní de la citada jurisdicción.

La mujer se desempeñaba como locutora en la emisora Minera 88.7 FM en Tumeremo.

El Ministerio Público comisionó a los fiscales 36° nacional y 5ª auxiliar del segundo circuito del estado Bolívar, Miguel Hernández y Jennifer Durán, respectivamente, a fin de que dirijan la investigación por la muerte de la locutora Lucia Marina Seoane Homsy (27), cuyo cuerpo fue hallado este jueves 28 de abril, en su residencia ubicada en el sector La Frontera, Tumeremo, municipio Sifontes de esa jurisdicción.

Los fiscales del caso coordinan las diligencias de investigación que ejecutan los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas para el esclarecimiento del hecho.

Entre las experticias practicadas están la inspección técnica del sitio del suceso, fijación fotográfica del lugar, colección de evidencias físicas y el levantamiento planimétrico.

Según la información preliminar, en horas de la mañana de este jueves, vecinos del sector La Frontera localizaron el cuerpo de Seoane Homsy en el patio de su casa ubicada en Tumeremo, el cual tenía un impacto de bala.

Conviene destacar que la joven se desempeñaba como locutora en la emisora Minera 88.7 FM en esa localidad.