Los cadáveres de la pareja estaban cerca del vehículo del exdiputado del PSUV

Autoridades presumen que el exlegislador del estado Bolívar y miembro de la dirección estadal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Aldrín Torres, y la registradora civil del municipio Heres, Rebeca Núñez, fueron asesinados el mismo día en que fueron sometidos por desconocidos

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LOS CADÁVERES QUE A PRIMERA VISTA corresponden al exdiputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Aldrín Torres, de 48 años, y a su pareja, Rebeca Núñez, de 41 años, fueron localizados la tarde de este sábado en la carretera que comunica a Ciudad Bolívar con Ciudad Guayana.

El hallazgo fue realizado por el trabajador de un fundo cercano a la escena del crimen después de las 2:00 pm, quien informó la situación a comisiones de la Policía del estado Bolívar (PEB) adscritas al Centro de Coordinación Policial Marhuanta, cuyos funcionarios se trasladaron al lugar -una llanura con monte y árboles de chaparro ubicada a unos 500 metros del Distribuidor El Rosario- y confirmaron lo que el hombre les decía.

Un vehículo Cherry Orinoco (que coincidía con las características del carro de Torres) totalmente quemado y dos cadáveres a pocos metros del mismo, fue el panorama observado por los policías. “El de la mujer estaba a poco menos de un metro y el del hombre estaba a casi tres metros del carro”, describió uno de los policías estadales que atendió el caso.

Las probabilidades de que las osamentas pertenezcan al ex vicepresidente del Consejo Legislativo del estado Bolívar y miembro de la dirección estadal del PSUV, y a la registradora civil de Heres son muy altas, sin embargo desde el Cicpc señalaron que serán los exámenes médico-forenses los que determinen la identidad de los fallecidos. “Todo apunta a que son ellos, pero debemos tener la confirmación científica”, aclararon.

“El carro estaba quemado, pero los cuerpo no”, precisaron funcionarios del Cicpc en el levantamiento de los cadáveres en una zona boscosa paralela a la autopista Ciudad Bolívar – Puerto Ordaz.

El mismo día

La desaparición del exparlamentario Aldrin Torres, que en 2016 fue denunciado por su presunto vínculo con los autores materiales de la Masacre de Tumeremo, y Núñez ocurrió a tempranas horas de la mañana del 1 de agosto, cuando fueron interceptados y sometidos por los tripulantes de una moto y un vehículo Mitsubishi Signo a las afueras de la casa de la mujer, ubicada en el sector Marhuanta de Ciudad Bolívar.

Desde ese entonces permanecieron desaparecidos y se realizaron sin éxito varios operativos de búsqueda por parte de las autoridades regionales. El jueves el gobernador de Bolívar, Justo Noguera, y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizaron un sobrevuelo sobre Ciudad Bolívar y sus adyacencias, pero no lograron conseguir los cadáveres, ni el vehículo.

El levantamiento del lugar del suceso culminó pasadas las 7:30 de la noche de este sábado en una zona boscosa en el km 36 de la autopista Ciudad Bolívar

“El carro estaba quemado, pero los cuerpos no… quedaban eran las osamentas como parte del proceso de descomposición, lo que nos hace presumir que la pareja fue asesinada el mismo día en que fue raptada”, revelaron desde la policía científica sobre la data de muerte de los cuerpos hallados a pocos metros de la autopista Simón Bolívar.

De la lealtad plena a la crítica

El dirigente oficialista Aldrín Torres tuvo un perfil mediático alto durante el mandato del exgobernador de Bolívar, general Francisco Rangel Gómez, quien confió el “padrinazgo político” de los municipios del sur de la entidad al entonces diputado regional.

El legislador era un irrestricto defensor de las políticas regionales y un cumplidor fiel de las líneas nacionales del partido de gobierno, a tal punto que era una voz de choque en momento de alta tensión política como las protestas de 2014 y 2017 que tuvieron a Ciudad Guayana como enclave importante de las manifestaciones de la oposición y de un grueso de la sociedad civil en contra la represión del gobierno de Nicolás Maduro y por la agudización de la crisis económica.

Hasta poco antes de las elecciones municipales en Venezuela, Torres figuraba como candidato prominente del PSUV para la Alcaldía de Sifontes, cuya capital, Tumeremo, cobró notoriedad nacional en 2016 por ser escenario de una masacre de 17 mineros en medio de una escalada de violencia debido a la pugna en los yacimientos mineros en el profundo sur del país.

Sin embargo, los cambios de mando en el partido oficial, debido a la salida del cuestionado general Rangel Gómez, que en su momento negó la Masacre de Tumeremo, redujeron las opciones del exdiputado. La nueva cúpula del PSUV en la región, comandada por el nuevo gobernador de Bolívar, Justo Noguera, quien también proviene de las filas castrenses, alejó a Aldrín Torres de su opción política de convertirse en alcalde Sifontes.

Luego de las elecciones municipales, realizadas en diciembre de 2017, el dirigente bajó su perfil y ya no aparecía como en los tiempos de Rangel Gómez, en la primera línea del partido.

Por el contrario, Torres comenzó a través de columnas de opinión publicadas por medios regionales a formular críticas y denunciar supuestas irregularidades en CVG Minerven, cuestionando directamente a la gestión del hasta hace poco presidente de la estatal aurífera, Nino Ángulo.

“Es criminal lo que algunos permiten en Minerven, una empresa que en 2009, con solo dos plantas, menos yacimientos asignados, menos equipos y menos trabajadores, superó las cuatro toneladas de oro producidas, pero luego de la nacionalización que correctamente Chávez ordenó en 2011, con planes de superar las 10 toneladas de oro hacia 2015, hoy sus directivos hayan hecho descender su producción a menos de 500 kilos anuales”, escribió Torres en una columna de opinión citada por Correo del Caroní a propósito de su desaparición hace 11 días.

Reacciones

Varias figuras de la vida política bolivarense y nacional lamentaron lo que hasta ahora luce como un trágico desenlace de la desaparición del dirigente oficialista y su pareja. En las redes sociales abundaron mensajes de condolencias a las familias de las víctimas y otros tantos para exigir celeridad en las investigaciones para esclarecer el caso:

Américo De Grazia. @AmericoDeGrazia

LAMENTABLE y trágico que el secuestro del ex diputado Aldrin Torres y su pareja terminan asesinados. Hechos confirmados. En nuestro país, una tragedia supera la otra. Efecto del #ArcoMineroDeLaMuerte la victima venía denunciando a las mafias del oro que operan en Guayana pic.twitter.com/3cnVEzf2Pe

— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 11 de agosto de 2018

Justo Noguera Pietri. @JustoNogueraP

Lamentamos la pérdida irreparable de nuestros camaradas Aldrin Torres y Rebeca Núñez. Repudiamos todo acto terrorista y vándalico, no descasaremos hasta encontrar a los responsables de este hecho tan inhumano. Me pongo a la disposición de los familiares. Paz a sus almas! #11Ago

Nicmer Evans. @NicmerEvans

Cuánto dolor y cuanto repudio, ellos denunciaron corrupción en #ElArcoMineroDeLaMuerte y sus propios compañeros de partido callán porque son cómplices… Hallan muertos al diputado Aldrin Torres y a su esposa en Bolívar, tras 11 días desaparecidos https://t.co/N1kaCzbAcU

— Nicmer Evans (@NicmerEvans) August 11, 2018

César Ramirez. @Cesarramirezpoz

Lamento el asesinato del colega ex diputado Aldrin Torres y su esposa Rebeca Nuñez. Mi pésame a familiares, amigos y compañeros. Otras victimas que cobra la violencia en Guayana. pic.twitter.com/xuFJiklb6z

— Cesar Ramirez (@Cesarramirezpoz) August 11, 2018

Las cifras del equipo de Monitor de Víctimas en Bolívar revelan que de los 57 homicidios ocurridos en el municipio Caroní, del estado Bolívar, durante el tercer mes de 2018, 29 se cometieron bajo la figura de “resistencia a la autoridad”. De estas 29 muertes, 23 fueron a manos del Cicpc.

Durante el mes de marzo se registraron 57 homicidios en Ciudad Guayana. Según reportes de Monitor de Víctimas, 74% de los casos (42) tuvo lugar en San Félix, mientras que 26% (15) ocurrió en Puerto Ordaz.

Con base al levantamiento de datos realizado durante esos 31 días por el equipo de Monitor de Víctimas, se pudo precisar que 99% de las víctimas (56) eran de sexo masculino y solo una era de sexo femenino. Sobre las características de los fallecidos, 56 de los asesinados eran civiles y uno era funcionario, específicamente de la Policía del municipio Caroní.

Cabe resaltar que 53 de los 57 hechos de sangre registrados en Ciudad Guayana (93%) se perpetraron con armas de fuego, mientras que en otros 3 casos (5%) se emplearon armas blancas. Apenas en un caso (2%) fueron utilizados objetos contundentes y fuego para ultimar a la víctima.

Más por la autoridad que por el hampa

Un dato que destaca en las estadísticas colectadas durante marzo en Ciudad Guayana es que 29 de las muertes (51%) ocurrieron supuestamente bajo la figura de “resistencia a la autoridad”; es decir, hubo más decesos a manos de los cuerpos de seguridad del Estado que por la delincuencia. De estos casos:

– 23 (80%) fueron a manos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

– 3 (10%) fueron por la Policía del estado Bolívar (PEB).

– 2 (7%) fueron por la Policía del municipio Caroní (PMC).

– 1 (3%) fue por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Los móviles de los 28 homicidios restantes -cometidos tanto por la delincuencia común como por la delincuencia organizada- fueron: 18 por venganza (32%), 7 por robo (12%), y 3 por motivos aún desconocidos por las autoridades encargadas de esclarecer los casos (5%): Ministerio Público y Cicpc como órgano auxiliar.

El 60% de las víctimas de la violencia tenía entre 18 y 35 años de edad

Unare, la parroquia más violenta

Ciudad Guayana está conformada por 11 parroquias, y según el levantamiento de datos sobre homicidios realizado por el equipo de Monitor de Víctimas–Bolívar hubo un total de 57 casos distribuidos de la territorialmente de la siguiente manera:

– Unare (Puerto Ordaz): 16 homicidios.

– Simón Bolívar (San Félix): 14 homicidios.

– Chirica (San Félix): 7 homicidios.

– Vista al Sol (San Félix): 6 homicidios.

– Dalla Costa (San Félix): 5 homicidios.

– 11 de Abril (San Félix): 5 homicidios.

– Yocoima (San Fèlix): 2 homicidios.

– Pozo Verde (San Félix): 1 homicidio.

– Universidad (Puerto Ordaz): 1 homicidio.

– Cachamay (Puerto Ordaz): 0 homicidios.

– 5 de Julio (San Félix): 0 homicidios.

En cuanto al rango de edades, la distribución de las víctimas queda de la siguiente manera:

0 años – 11 años: 0 víctimas (0%).

12 años – 17 años: 1 víctima (2%).

18 años – 35 años: 34 víctimas (60%).

36 años en adelante: 6 víctimas (10%).

Edad desconocida: 16 víctimas (28%).

Letalidad policial en aumento

Según estadísticas manejadas por el diario Correo del Caroní, para marzo de 2017 se registraron 83 homicidios en Ciudad Guayana. Para entonces, solo 10 de las muertes ocurrieron bajo la figura de resistencia a la autoridad, lo que implica un aumento de 190% al compararlo con los 29 fallecidos bajo este móvil en 2018.

Respecto de esta situación, el director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño León, manifestó durante un foro realizado en la UCAB-Guayana el pasado 15 de marzo que “se está institucionalizando una pena de muerte en un país donde no existe legalmente, y aun cuando existiera, debe haber un proceso penal, investigación, aprehensión y luego una decisión”.

En declaraciones ofrecidas a El Nacional sobre el incremento de la letalidad policial, Briceño León advirtió que tanto el delito como la acción del Estado están “desangrando al país”. “Los homicidios se mantienen con sus altibajos, pero el crecimiento de las muertes por parte del Estado persiste (…) cuando esto ocurre la sociedad se hace más violenta. La represión, la fuerza desproporcionada del Estado no disminuye la violencia”, precisó el sociólogo.

Jefe del CICPC: “No puedo llamar homicidio a una muerte por resistencia a la autoridad”

Al consultársele sobre esta particularidad en los datos colectados por el equipo de Monitor de Víctimas–Bolívar durante marzo, el comisario Douglas Rico, director nacional del Cicpc, consideró que “no se le puede llamar homicidio a una muerte por resistencia a la autoridad, aunque evidentemente fallezca una persona”.

Cuando ocurre una muerte por resistencia a la autoridad el funcionario actúa en nombre del Estado

Obviando que el homicidio -proveniente del latin: homicidium, y compuesto por las palabras homo (hombre) y caedere (matar)- es la muerte causada por una persona a otra según la Real Academia Española, el funcionario pidió no generalizar. Alegó también que esta diferenciación la imparte la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) y que el Cicpc se rige por lo establecido en esta legislación, amén de la suscripción de tratados y acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos.

Finalizó explicando que cuando ocurre una muerte por resistencia a la autoridad el funcionario actúa en nombre del Estado, pero después el Estado debe revisar esa actuación y volverse contra el funcionario e iniciar una investigación para determinar si realmente ocurrió una resistencia o si se trató de una simulación de hecho punible que terminó en homicidio.

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Llamarse Pedro y ser primo de Alberto, uno de los involucrados en el rapto y asesinato del taxista Julio González, fueron motivos para que el policía lo ejecutara con dos balazos; sin siquiera darle oportunidad de explicar que no era al que buscaba, sino a su primo… también llamado Pedro.

Para el funcionario -perteneciente a las filas de la Policía del estado Bolívar (PEB)-, la orden de allanamiento a la casa de la familia Coral Lizardi estaba autorizada por la delación de uno de los implicados en el crimen contra sus compinches, firmada por su uniforme y sellada por el parentesco que tenía con el conductor ultimado.

“Estaba acostado y me abrieron la puerta de golpe. Era un policía, pero no me dijo nada y siguió al otro cuarto, donde Pedro escuchaba música. Ahí empezaron los gritos. Mi sobrino rogaba que no le hiciera nada, que no era a él a quien buscaban”, relata Mario Coral sobre lo ocurrido la noche del 10 de marzo.

Pese a las súplicas de Pedro Luis Coral Lizardi, de apenas 20 años, su tío oyó cuando el estadal lo golpeaba. Intentó salir a auxiliarlo pero otros dos policías, que habían tomado posiciones “estratégicas” dentro de la casa, se lo impidieron. “Váyase a dormir viejito. Tranquilo que no va a pasar nada”, le repetían.

Familiares y vecinos de la víctima señalan que la Policía del estado Bolívar simuló un hecho punible y alteraron el sitio del suceso

Sonaron tres detonaciones e inmediatamente el primer policía llegó al cuarto de Mario para preguntarle si escuchó los tiros. Le explica que el muchacho le disparó en dos oportunidades y que él debió repeler el ataque, matándolo en el acto. Posteriormente el PEB hizo una pregunta algo inusual y estúpida, pero reveladora al mismo tiempo:

– Por cierto viejito, ¿no sabes dónde está la pistola del muchacho?

A lo que el sexagenario respondió:

– Si te disparó como dices, ¿entonces con qué pistola lo hizo?

Al notar el error que supuso hacer esa pregunta, el uniformado se dio media vuelta y ordenó a sus compañeros pedir refuerzos y cerrar la casa desde su interior. Así lo hicieron.

Una serie de eventos desafortunados causaron la muerte de Pedro Luis: El primero fue la desaparición y posterior asesinato del taxista Julio González, quien prestaba servicios para la línea Orionca en la Terminal de Pasajeros Manuel Carlos Piar de Puerto Ordaz, y de donde salió la noche del jueves 8 de marzo con tres pasajeros.

Las investigaciones por el homicidio de un taxista tuvieron un desenlace completamente equivocado y fuera de ley

Su vehículo -un Honda Civic azul, placas MBI-61G- amaneció desvalijado y quemado la madrugada del viernes en las adyacencias de la Unidad Educativa Nacional (UEN) Nuevo Mundo, en el sector de San Félix, a dos cuadras de la vivienda de los Coral Lizardi. En ese mismo sector vivían los responsables del hecho:

– Alí José Fuentes, de 20 años.

– Alberto Silva Coral, de 21 años y apodado Beto.

– Pedro García Romero, de 20 años.

“La policía detuvo a Alí el sábado en la mañana y él contó lo que hicieron con el taxista y reveló que Beto y su primo Pedro (García) fueron sus cómplices en el crimen. Entonces le pidieron que los llevaran a donde Beto y él accedió”, contó Jenny Blanco, vecina de la familia Coral Lizardi, sobre el segundo desacierto de los uniformados para el trágico final de Pedro Luis.

Alí guió a los estadales adscritos al Centro de Coordinación Policial (CCP) La Victoria hasta la casa de Alberto Silva Coral, ubicada en la calle Ponce de León del sector Nuevo Mundo, en San Félix. Lo que el joven no sabía era que hacía meses su familia lo había corrido por su mal comportamiento y ahora vivía en otro barrio.

“Él no mintió. Dijo que Beto era primo de Pedro (García), pero no le dijo a los policías que en la casa había otro Pedro (Coral) también primo de Beto y que era un muchacho sano. Entonces esas bestias llegaron buscando a Beto, se encontraron con el Pedro equivocado y lo mataron sin dejar explicar la confusión”, explicó la vecina del muchacho.

Agregó que los policías actuaron fuera de su jurisdicción –y además, fuera de la ley- ya que al CCP La Victoria le corresponde patrullar parte de la parroquia Vista al Sol y la parroquia Yocoima, mientras que el sector Nuevo Mundo, ubicado en la parroquia Dalla Costa, es competencia del CCP Guaiparo. 

Amantina Jiménez, abogada y vecina de la familia Coral Lizardi, fue otra de las tantas personas que abogó por la inocencia de Pedro Luis y denunció las irregularidades que cometieron los uniformados de la PEB en el procedimiento con el que intentaron vengar a la familia del taxista asesinado.

“Pedrito era un muchacho sano. Tenía 20 años, pero era tenía un niño en su interior. Se la pasaba jugando pelotica e’ goma con los niños del barrio, volaba papagayos, era bien mandado y trabajador. Llegó hasta sexto grado y de ahí se puso a trabajar embolsando en la panadería La Revancha y en los (supermercados) chinos… se la pasaba trabajando, jugando y oyendo música”, enfatizó su vecina.

Agregó que en reiteradas ocasiones el muchacho manifestó su temor a que le pasara algo por las andanzas de su primo Beto y por eso evitaba juntarse con él. Por esa razón su papá, Elido Marcelino Coral, habló con el resto de la familia para que Alberto abandonara la casa y así poder darle tranquilidad al menor de sus dos hijos.

Pese a los esfuerzos de la familia de mantener alejados el mundo criminal en el que se desenvolvía Beto y el del inocente Pedrito, a las 7:00 de la noche del 10 de marzo todo se vino a pique. Un policía con sed de venganza e información incompleta infringió cuanta ley existe en materia penal y ejecutó a mansalva al Pedro incorrecto.

En el Certificado de Defunción de Pedro Luis Coral Lizardi señalan que presenta un solo disparo

“Le sembraron un revólver Smith & Wesson calibre 22 y hasta cambiaron las sábanas de la cama. Nosotros pensábamos que Pedrito estaba vivo y queríamos entrar a la casa, pero la cantidad de policías que llegaron como refuerzos lo impidieron. Nos golpearon, nos amedrentaron y no nos dejaban pasar. Sólo abrieron cuando llegó el Cicpc”, denunció Amantina.

Una vez se retiraron los policías del sector, la abogada se juntó con los vecinos e hicieron una lista de las patrullas y funcionarios que pudieron identificar para entregarla a la Fiscalía de Derechos Fundamentales. Hoy en día sólo están detenidos Alí, Beto y Pedro García por el caso del taxista; pero por la ejecución de Pedro Luis no hay ni un funcionario tras las rejas.

Foto: Germán Dam | El Estimulo

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EL SILENCIO OFICIAL PERSISTE a más de 72 horas del operativo realizado por la 51º Brigada de Infantería de Selva del Ejército en la mina Cicapra -ubicada en el municipio Roscio del estado Bolívar- y en donde murieron 18 personas: 17 hombres y una mujer.

Alegando no estar autorizado para hablar del caso, el gobernador de la entidad, Justo Noguera Pietri, apenas se refirió a lo ocurrido en Guasipati como un “ataque a una comisión militar” en el que fue necesario “el cumplimiento de protocolos” para repeler la acción.

Más allá de estas lacónicas declaraciones, ningún otro vocero del Gobierno se ha referido a lo ocurrido la madrugada del 10 de febrero en el yacimiento aurífero, ni siquiera el Comandante del Ejército venezolano, el mayor general Jesús Rafael Suarez Chourio.

Caso contrario ocurre con los familiares de las víctimas del procedimiento militar, quienes públicamente están exigiendo a la Fiscalía General de la República tomar las riendas de las investigaciones y esclarecer las condiciones en que murieron sus allegados.

Desmiente versión del enfrentamiento

“Lo de Cicapra fue una ejecución, no hubo enfrentamiento. Allí lo que hicieron fue ejecutar a todos los que estaban en el campamento principal y ya”, aseguró Mixae Vera, quien perdió a su hermano y a un cuñado en lo que ya se conoce como La Masacre de Cicapra.

Según su relato, era la primera vez que el agricultor Jovanni Vera (34) y el taxista Joel Contreras (38) entraban a una mina de Bolívar. “La situación del país los llevó contrabandear combustible y este era su primer viaje. Llegaron el jueves en la tarde”, indicó.

A los cuñados los agarró la noche mientras despachaban la gasolina y el diesel y decidieron a dormir en Cicapra. Su plan era regresar a Upata -a hora y media de Guasipati-  el viernes, pero esa madrugada el Ejército incursionó en la mina con otros planes.

“Para nadie es un secreto lo que pasó. Allí ajusticiaron a todo el que quisieron y luego salieron a decir que los enfrentaron. Si el enfrentamiento hubiera sido verdad, entonces habrían militares muertos o heridos, porque según ellos los emboscaron”, precisó Mixae.

Actas de defunción tipo planas

Otra de las irregularidades denunciadas es que en las actas de defunción entregadas por el personal del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) no son del todo precisas en cuanto a las heridas presentadas por las víctimas y “todas son idénticas”.

11 de los 18 muertos en la mina tienen disparos en la cabeza. Una de las personas que recibió este tipo de impactos fue la mujer que murió en el hecho. Sin embargo, el acta de defunción señala otra cosa.

Así lo revelaron allegados de Angelis Rodríguez Cuevas (34), quien resultó muerta junto a su esposo: Yubier Durán (28) y su hijo: Hiulys Maiker Uramiare Rodríguez (19). “A ella le dieron un tiro en cada seno y otro en la frente y en el acta no aparece eso”, reclamaron.

En efecto, el acta de defunción de la mujer especifica que la causa de muerte fue un shock hipovolémico producto de una hemorragia interna por herida de arma de fuego en el tórax. La de su hijo reza exactamente lo mismo, pese a que su cadáver presenta 4 disparos.

“Las actas de los señores que llevaban combustible por primera vez a Cicapra (Jovanni y Joel) dicen casi lo mismo, sólo cambia la palabra tórax por esternón… y así mismo dirán las demás, porque a los 18 los mataron de la misma forma”, denunciaron los familiares de Angelis y Hiulys.

Identificados 12 de 18

“Los mataron la madrugada del viernes, levantaron los cuerpos al mediodía y los llevaron al Fuerte Yocoima. Allí no los refrigeraron y el sábado fue que los llevaron al Cicpc”, revelaron los dolientes sobre el trato dado a los cadáveres por parte de los militares.

En el espacio destinado para el Senamecf los familiares de 12 de los 18 fallecidos en el operativo realizado por el Ejército en la mina Cicapra completaron el proceso de identificación a través de fotografías, ya que los cadáveres comenzaron a descomponerse.

Hasta ahora el listado de víctima es el siguiente:

– Angelys Birlus Rodríguez Cuevas

– Yubier Durán Arteaga

– Hiulys Mayker Uramiare Rofríguez

– Jovanni José Vera Jiménez

– Joel Contreras Bermúdez

– Jesús Eduardo Hernández

– Santiago Tenía García

– Juan José Salazar

– César Manuel Ramírez

– Tigüe Linares

– Deiker Madrid

– Deimos David Arteaga

Investigación a profundidad

Las familias han contado con el acompañamiento del diputado Rachid Yasbeck, representante del estado Bolívar en la Asamblea Nacional, quien se mostró asombrado por cómo el Gobierno trata de retomar el control de las minas de oro ubicadas al sur de la entidad.

“En 2015 pasó algo similar en Cicapra. Ahora en 2018 se repite el mismo patrón: Fuerzas castrenses ingresando a la mina y ajusticiando a objetivos específicos, según las evidencias y testimonios presentados por los familiares de las víctimas”, explicó el político guayanés.

A Yasbeck también le llama la atención el silencio oficial que pareciera encubrir las actuaciones militares, y en este caso en particular el hecho de que en las actas de defunción no aparezcan heridas de las cuales los familiares tienen conocimiento y documentaron para futuro.

“Hay cuerpos que tienen disparos en la cabeza o en la cara y eso no sale en actas… es como si no quisiesen dejar registro de ello. Este caso debe ser investigado a profundidad para esclarecer muchas cosas, sobre todo el tema de la actuación de los militares”, apuntó el diputado.

Hasta ahora se desconoce el paradero del cadáver de Jamilton Andrés Ulloa Suaréz, abatido este viernes en la mina El Limón. Al parecer será llevado vía aérea a Caracas

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EL 4 DE MARZO SÓLO UNA SEÑAL TELEFÓNICA abrió en el fundo Los Peregrinos mientras El Topo y su banda tenían retenidos a casi 400 mineros para ubicar y eliminar a quienes pertenecían al grupo de su rival: El Gordo. Este número y con los que se comunicaba fueron rastreados por días, a través de antenas retransmisoras, permitiendo así dar con los involucrados en la masacre de 17 mineros que hacían vida en Tumeremo, al sur del estado Bolívar.

Uno a uno fueron cayendo los más cercanos a Jamilton Andrés Ulloa Suárez, mejor conocido como El Topo: Rosa Gil, su mano derecha y rostro público de la agrupación criminal; Francisco Carache, alias Goliat y encargado de reclutar personas para trabajar en la banda; Luis Rueda, sobrino de la primera; y los hermanos Carlos y Manuel Balaquera, dueños de las maquinarias empleadas para trasladar  enterrar los cuerpos de las víctimas.

Por ocho semanas, toda señal que se comunicara con el número arrojado aquel 4 de marzo por la antena cercana a Los Peregrinos era rastreado; trabajo que permitió individualizar el número de Jamilton Andrés y hacerle el seguimiento -por toda Venezuela- pertinente para darle captura cuando menos se lo esperara… y así ocurrió esta madrugada, después que su señal celular estuviera inmóvil por varios días en El Limón, una de las tantas minas en su poder.

Sin versión oficial

Aunque no existe versión oficial sobre lo ocurrido, trascendió que fuerzas especiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ingresaron al sector con la intención de capturar a El Topo, ecuatoriano de 43 años de edad y quien llegó a Venezuela en 2002, sin embargo el hombre y su banda recibieron a tiros a las comisiones. Al verse superados, los leales a Ulloa Suárez se internaron en el monte… pero él no y murió haciendo frente a los funcionarios.

La noticia sobre el fallecimiento del autor intelectual y material de la Masacre de Tumeremo, hecho en el que fueron asesinados 15 hombres y dos mujeres, no fue conocida sino hasta pasadas las 3:00 de la tarde cuando su cadáver fue trasladado de la mina El Limón -ubicada a varias horas de  Nuevo Callao, en cuya vía fue hallados los cuerpos el 14 de marzo- a la Sub-delegación Tumeremo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Versiones encontradas corren referente a Carlos Ortiz, alias Cara e’ Niña y quien funge de jefe de algunas minas cuando El Topo se encuentra fuera de Tumeremo: desde la Policía científica informan que fue abatido junto a su jefe, mientras que desde la Policía del estado Bolívar (PEB) revelan que está vivo y que resultó detenido en el procedimiento. Se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento sobre el caso desde el Ministerio de Interior, Justicia y Paz.

Hasta la tarde de este martes, los familiares no habían podido ver los restos encontrados el lunes en la vía que conduce a una de las minas controladas por «El Topo». En 8 horas, sólo se ha identificado a tres personas

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«Algunos de los cuerpos no corresponden con los ya denunciados como desaparecidos». Esta información fue proporcionada por el familiar de uno de los mineros masacrados el pasado 4 de marzo, quien desde las 9:00 de la mañana de este martes se encontraba en el Fuerte Tarabay, a la espera de los exámenes médicos-forenses practicados a los 17 cadáveres hallados este lunes en la vía a la mina Nuevo Callao, ubicada a hora y media de Tumeremo.

Pese al intento de las instituciones del Estado de evitar la fuga de información sobre el caso de los mineros masacrados el pasado 04 de marzo en Tumeremo, al sur del estado Bolívar, durante la tarde de este martes se conocieron más detalles sobre el caso en el comando militar.

«Hay unos (cadáveres) que tiene tatuajes y que las familias que estamos acá no reconocemos, o características físicas que no concuerdan con los datos ya aportados (…) Tampoco nos han permitido ver los cuerpos, sino que ellos están haciendo todo con el ADN y la medicatura forense», reveló el hombre cuyo hijo se encuentra entre los ejecutados.

#Tumeremo Desde Tarabay me informa un familiar: Hay cuerpos que tienen rasgos y señales diferentes a los datos aportados por las familias

— Germán Dam (@GEDV86) 15 de marzo de 2016

También describió que un testigo tuvo un cara a cara con el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y le contó que fue obligado a cargar 25 cadáveres en un camión volteo. La respuesta del funcionario fue dirigirle unas palabras al general Jesús Mantilla Oliveros, jefe de la ZODi Guayana. «Hay que buscar porque debe haber otra fosa común», le dijo Saab al militar.

Saab informó posteriormente, vía Twitter, que los cadáveres conseguidos tenían heridas de armas de fuego.

La mina de Nuevo Callao, según los habitantes de Tumeremo, es un territorio controlado por «El Topo». Las autoridades también llevan a cabo una búsqueda en Hoja de Lata, otro de los puntos dominados por el presunto autor de la masacre.

Trabajo lento

Este martes se confirmó que hasta el Fuerte Tarabay llegaron 17 cadáveres. De estos, 15 eran hombres y dos eran mujeres. También se corroboró que el trabajo de identificación de los cuerpos ha sido lento. En ocho horas sólo se había podido identificar a tres de los muertos.

#Tumeremo En Tarabay llevan 8 horas haciendo exámenes medicos-forenses y sólo han logrado identificar a 3 de los 17 cuerpos — Germán Dam (@GEDV86) 15 de marzo de 2016

1. Lo revelado por @TarekWiliamSaab es grave. De ser sólo entre 3 y 6 los que correspondan con los mineros denunciados como desaparecidos…

— Germán Dam (@GEDV86) 15 de marzo de 2016

2. estaríamos hablando de que faltarían entre 14 y 11 cuerpos… lo que sumado a los ya encontrados daría un total de entre 31 y 28 víctimas

— Germán Dam (@GEDV86) 15 de marzo de 2016

Correo del Caroní, El Pitazo, Runrun.es / Foto: @GonzalezMPPRIJP

CUAL LORD VOLDEMORT DE LA SAGA HARRY POTTER, mencionar en Tumeremo al que no debe ser nombrado hace que el minero con más bríos se sienta temeroso de su entorno. “Uno nunca sabe quién está por ahí escuchando”, susurra uno de los pocos que se atrevió a romper el silencio que rodea a este peligroso personaje del día a día de una de las poblaciones mineras del sur del estado Bolívar: «El Topo».

Mucho se rumora y especula sobre las atrocidades cometidas por él y su banda, quienes controlan la mina Hoja e’ Lata y “hasta otros 30 campamentos mineros que hay desde este pueblo hasta Guyana”. Sin embargo, una realidad infunde pánico a los pobladores del lugar: es señalado por la desaparición de al menos 17 personas que el pasado 4 de marzo se dirigían desde Tumeremo hacia la mina Atenas y viceversa.

“Cuando joven fue paramilitar en Colombia –aunque es ecuatoriano– y por eso sabe hacer cosas que hace que cualquier guapo se acobarde. ‘El Topo’ fue quien trajo al sur (de Bolívar) la práctica de picar personas con motosierras… tiene una que casi que prende sola cuando dicen que hay que trozar a alguien”, comenta un minero ya entrado en años que participó activamente en la tranca de la Troncal 10, vía que comunica al estado Bolívar de norte a sur, por parte de los familiares de los desaparecidos.

Otro hombre lo interrumpe para agregar que en varias de sus minas tiene animales a los que alimenta con partes humanas. El primer interlocutor asiente con la cabeza. “A los muertos los pican y se los lanzan a los cochinos o a unas babas. Sino, los lanzan a pozos que ya no usan y ahí se quedan… si (los cuerpos de seguridad) ingresaran a las minas, encontrarían fosas comunes que da miedo”, finalizan el minero.

Ascenso al poder

Relatan los pobladores de la capital del municipio Sifontes que el ascenso de «El Topo» fue repentino. “Más de un minero llegó a trabajar codo a codo con ese señor. Cuando la primera bulla de Hoja e’ Lata -en enero de 2009- él y su familia entraron a sacar oro (…) estaba su hermano: El Negro Aurelio, su hermana: La Bacha y sus sobrinos. Luego, cuando la segunda bulla de Hoja e’ Lata, entraron con todo un ejército de hombres y se apoderaron de eso”, explica una mujer allegada a uno de los jóvenes desaparecidos desde el pasado 04 de marzo.

Acota que «El Topo» era el segundo al mando hasta que su hermano se batió a tiros con otro hombre apodado «El Niche» y ambos resultaron muertos en la reyerta. Este hecho fue reseñado por el Diario El Progreso el 04 de julio de 2009 e identificaron al último como Nelson Murillo, de 40 años. En el hecho también resultaron heridos otros tres sujetos, quienes fueron atendidos en el Hospital Dr. José Gregorio Hernández de Tumeremo.

“Al morir ‘El Negro Aurelio’, ‘El Topo se quedó’ con todo y ahora él controla lo que es oro, combustible y armas, mientras que su hermana y su sobrina manejan el licor, las drogas y las mujeres que se prostituyen en las minas”, precisa la joven para luego acotar que «Miguelito» y «El Indio» son sus lugartenientes y cumplen sus órdenes a cabalidad: “matan, pican gente y hacen cualquier cosa que infunda miedo en la población minera… porque además lo hacen frente a testigos para que rieguen la voz luego”.

Junto a estos sujetos también se la pasan «Dólar» y «Toto», a quienes cataloga como parte de su seguridad personal. Aclara que la banda no son únicamente los ya mencionados, sino que tiene hombres con armamento de guerra en cada mina que controla. “Para entrarles se necesitan por lo menos dos Fuerte Tiuna… y cuidado si no más, porque él también prepara a su gente para guerrear”, concluye abruptamente la joven al ver pasar a dos muchachos, obviamente conocidos por ella.

Otra historia

Encontrar en Tumeremo a alguien que de una opinión diferente sobre El Topo es casi imposible, todos saben que él y su banda han cometido atrocidades inimaginables desde 2009, cuando la muerte de su hermano lo ascendió al poder; sin embargo hubo una persona que ofreció un testimonio algo “imparcial” y arrojó una pequeña luz en torno a lo ocurrido hace una semana en la vía a la mina Atenas.

“En este pueblo hay un hombre al que apodan El Gordo y para nadie es un secreto que él y su gente de La Caratica (un barrio del Tumeremo) y de otros sectores de acá mismo querían instalar un sindicato como el del Kilómetro 88 y así poder cobrar vacuna a mineros, comerciantes y todo lo que produzca dinero en esta zona. Todos el mundo sabe y que ellos trancaron el pueblo a principios de febrero (suceso reportado por Correo del Caroní) para pedirnos apoyar esa sinvergüenzura”, precisa un profesional del volante.

Agrega además que dicho paro, en el que hasta el Liceo Zabaleta fue tomado por El Potro -segundo al mando de El Gordo- y otros integrantes de la banda, fue una forma de amedrentar a la población (y más aún a los compradores de oro) para que aceptaran ir una reunión en la que se presentarían las cuotas semanales que cada comercio debía aportar a la banda para sustentar su actividad criminal.

Crudamente revela que “lo que pasó en (la mina) Atenas fue que la gente de «El Topo» mató a la gente de «El Gordo», malandros mataron a otros malandros… aunque también cayeron varios inocentes. Eso pasó porque al primero no le convenía que el otro tomara el control de esa bulla y a su vez de Tumeremo. No entiendo porque la gente calla la verdad. Aquí (en el pueblo) todos sabemos que entre los muertos hay tres hermanos que son sobrinos de «El Gordo» y con esto no estoy justificando lo que allí pasó, porque es una pena que la situación llegara a ese punto cuando el Gobierno tiene todo para impedirlo”.

El hombre detrás del mito

En Tumeremo creen que las autoridades persiguen a un hombre cuyo rostro desconocen, situación completamente contraria a la realidad. ¿Difícil de encontrar? Sí ¿Imposible identificar? No. El expediente XP01-P-2012-003242, el cual reposa en el Circuito Judicial Penal del estado Amazonas, permitió darle nombre y rostro al más buscado del estado Bolívar: «El Topo», sobrenombre por el que es conocido Jamilton Andrés Ulloa Sánchez, de 43 años edad.

Según lo reseñado por este expediente, el cual primeramente cayó en manos del Tribunal Tercero en Funciones de Control, este nativo de Santo Domingo de los Colorados, Ecuador, fue detenido el 14 de julio de 2012 por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Su captura se realizó luego que un motorizado denunciara que le dispararon desde una Chevrolet Silverado blanca, placas A9IVC7A, mientras transitaba por la avenida Perimetral de Puerto Ayacucho.

En esa oportunidad, en la que también detuvieron a su esposa: Nancy Guevara, le incautaron una pistola Glock 9 mm, seriales LUD789 y 30 mil Bs en efectivo. En la audiencia de presentación el Ministerio Público imputó a Jamilton y a su mujer los delitos: homicidio calificado por motivos fútiles e innobles en grado de frustración y legitimación de capitales. Adicionalmente, «El Topo» fue señalado por ocultamiento de arma de fuego y municiones. En el acto, ambos alegaron que el motorizado -quien no asistió a la audiencia- los había intentado atracar; los cargos contra Nancy fueron desestimados y al ecuatoriano solo lo imputaron por el último de los delitos y le dieron una medida de presentación. Para el momento de su detención llevaba siete cadenas de oro de 24 kilates y mostró la factura para demostrar que eran de su propiedad.

Como era de esperar, la representación fiscal apeló la decisión y el 23 de julio de ese mismo año la Corte de Apelaciones del estado Amazonas falló a favor del Ministerio Público y ordenó la celebración de una nueva audiencia ante otro tribunal. El caso le tocó al Segundo en Funciones de Control y a ambos los imputaron únicamente por ocultamiento de arma de fuego y municiones… nuevamente les dieron una medida de presentación. Para el 18 de octubre de 2013 se realizó una audiencia en la que admitieron los hechos y se les suspendió el proceso penal en su contra, siempre y cuando cumplieran con las siguientes condiciones: la donación de 4 kits que con útiles escolares a dos preescolares de Puerto Ayacucho, así como la recuperación y mantenimiento de un parque en su comunidad. Adicionalmente, a El Topo le ordenaron presentarse cada 30 días por 3 meses. Para enero de 2014, Jamilton Andrés Ulloa Suárez ya era un hombre libre.

@GEDV86 / Correo del Caroní, El Pitazo y Runrun.es / Foto: Germán Dam Vargas

Comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y del Ministerio Público, así como pobladores de Tumeremo, peinaron la zona donde un grupo de mineros habría sido emboscado y posteriormente desaparecido el pasado viernes.

Aunque la brigada de la policía científica ya había ingresado este martes al fundo Los Peregrinos, donde se presume fueron atacados algunos de los 28 mineros desaparecidos, este miércoles 9 de marzo hallaron nuevos elementos de interés para las investigaciones de lo ocurrido en Tumeremo, estado Bolívar.

El lugar no había sido visitado por ninguna otra autoridad, no por los fiscales nacionales designados para investigar el caso.

Entre lo colectado hay vestimenta, calzados y un moto Bera azul, la cual estaba escondida en un matorral cercano a la entrada del Hato San Ramón.

El rastreo se extendió hasta la entrada del hato Atenas, punto ubicado a una media hora de la mina que lleva el mismo nombre y donde supuestamente la banda de “El Topo” atacó a otro grupo de mineros.

Sin embargo, el operativo de búsqueda fue suspendido por razones de tiempo, pues para el momento de ingresar al lugar ya estaba oscureciendo. Por esa razón logística decidieron ingresar al campamento este jueves 10 de marzo en horas de la mañana.

Foto: Germán Dam Vargas

La tranca sin fin

En la Troncal 10 permanecían los familiares de los mineros desaparecidos trancando la vía. Un grupo preparó comida para ofrecerle a las personas que han permanecido por más de cuatro días varados en el paso de Tumeremo, debido a la protesta por la presunta masacre ocurrida el pasado viernes 4 de marzo.

En horas de la noche acordaron dejar pasar 30 carros en cada sentido.