Los adultos mayores que han emigrado son una población pequeña e invisibilizada dentro de los venezolanos en el exterior que sufre grandes limitantes para obtener ingresos propios, acceder a la salud pública, tener autonomía, entre otros
@Lucianpietf
Las Personas Mayores Migrantes (PMM) enfrentan varios obstáculos para encontrar trabajo en el exterior y además sufren limitantes en el goce de sus derechos a una vida digna, salud, autorrealización, entre otros, de acuerdo a un informe publicado este miércoles por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), titulado «Recomenzar lejos de casa. La migración forzada de personas mayores venezolanas», y elaborado mediante investigaciones y entrevistas en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú y Uruguay.
En medio de la Emergencia Humanitaria Compleja, el CDH-UCAB estima que 86% de las Personas Mayores (PM) en Venezuela están en condición de pobreza. La hiperinflación no permite que puedan subsistir solamente con su pensión o jubilación, por lo que deben realizar actividades económicas informales, apoyarse en ayudas humanitarias o depender de las remesas que puedan enviar sus familiares.
Esta situación ha impactado en la salud mental y física de las PM, que priorizan la alimentación sobre las medicinas. Pueden sufrir tristeza, ansiedad y preocupación por no poder costear sus necesidades y/o tener que depender de los demás.
El informe indicó que la mayoría de las personas mayores acude al sistema de salud público solo en emergencias (33% asisten a un hospital), pero no periódicamente por problemas financieros y dificultades de movilidad, lo cual ha ocasionado una desmejora en su salud, sumándose a ello que más del 90% no cuenta con seguro médico.
«En 2022 se registraron 30 suicidios de personas mayores, mientras que entre julio y diciembre fallecieron cuatro por falta de atención medica oportuna por parte del estado», destacó el Centro.
Estas son las principales razones que mueven a los adultos mayores fuera del país. En otros casos, algunos han migrado con el objetivo de llevar a sus nietos a que se encuentren con sus padres migrantes en el exterior, para acceder a tratamientos médicos o ayudar a sus hijos con el cuidado de sus nietos.
Las dificultades del extranjero
El acceso al empleo es complicado para los adultos mayores migrantes por discriminaciones de edad, límites en el registro y validación de estudios académicos y el reconocimiento de la experiencia – por la lentitud y corrupción en el sistema de apostilla de documentos en Venezuela-.
Ante la imposibilidad de tener un empleo formal, se ocupan en empleos informales como venta de comida, pequeños emprendimientos, trabajo de guardería y clases a domicilio o en colegios privados sin contrato, con salarios usualmente debajo del mínimo. Las PMM también pueden verse relegados al hogar para cuidar de sus nietos y su vida puede verse subordinada a esta responsabilidad, sin remuneración, afectando su autonomía.
Respecto al acceso a la salud, la investigación arrojó que muchas de las personas mayores migrantes llegan a los países receptores en condiciones precarias, con desnutrición, enfermedades no tratadas y necesidad de atención para enfermedades de alto costo. En Uruguay y México, por ejemplo, son atendidos en el sistema de salud pública sin inconvenientes. En Colombia, Chile, y Perú son atendidos con algunas limitaciones, pero en otros países la atención es deficitaria.
Con relación a la salud mental de estos adultos mayores, el CDH manifestó que si bien hay trastornos neuropsiquiátricos propios de la edad, hay otras afectaciones que se relacionan directamente al hecho de migrar, como el desafío de adaptarse, comenzar de nuevo, aprender otras dinámicas sociales e idioma.
Sin jubilación
Por otro lado, el Centro hace mención de que, actualmente, el Estado no garantiza el derecho a la seguridad social (pensión y jubilación) para los adultos mayores.
Algunos de los que migraron realizaron en su momento los trámites necesarios para el traslado de sus pensiones al nuevo país de residencia, donde se les debería hacer el cálculo de la moneda nacional a divisas, pero desde el 2015 el Estado venezolano dejó de pagar la pensión a más de 12.500 pensionados y jubilados en el extranjero, ‘’dejándolos desamparados’’, y además eliminó las solicitudes de divisas preferenciales para este grupo en el 2016, declaró el CDH.
Venezuela mantiene convenidos bilaterales en materia de seguridad social y pago de pensiones con Portugal, Italia, España, Uruguay, Ecuador y Chile, pero las personas mayores migrantes en estos países no están cobrando sus pensiones por la falta de pago del gobierno venezolano, aunado a que la hiperinflación ha disminuido el valor de estos pagos, ya que no han sido indexados al dólar o al euro.
En el informe se expresó que «esta situación ha dejado esta situación ha dejado sin independencia económica a los adultos mayores que están en el exterior, excluyéndolos socialmente y arrojándolos a la pobreza».
¿Cuántos se encuentran en el exterior?
Hay poca información disponible, pero de acuerdo con el informe, el censo realizado a la población migrante y refugiada venezolana en Perú arrojó que en 2018 las personas mayores migrantes constituían el 1.6% y en 2022 las cifras ascendieron a 2.573. En Chile, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), para el 2019 las cifras se ubicaron en 15.175.
En Colombia, se estima que 71.492 migrantes venezolanos tienen 60 años o más. En España, desde 2014 hasta 2019, unas 29.364 personas mayores venezolanas estaban residenciadas allí, sumadas a 61.055 españoles mayores de 65 años que retornaron a esa nación.
El CDH-UCAB explicó que «las personas mayores migrantes (PMM) venezolanas constituyen el grupo más pequeño de los más de 7.3 millones que han migrado; además, es una población invisibilizada, incluso por las estadísticas oficiales de los Estados de acogida (…) lo cual constituye una primera barrera para el diseño y ejecución de políticas públicas específicas para este sector de la población en los países receptores».
Finalmente, el documento ofreció recomendaciones entre las cuales están: recuperar el sistema de pensiones y jubilaciones para venezolanos dentro y fuera del país, cumplir con los compromisos derivados del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social (1988), firmar y ratificar la Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores (CIPM) e implementar políticas públicas para los afectados, y levantar datos de las PMM y su distribución geográfica.
Para los países receptores, recomendó recopilar y hacer pública la información de las PMM en su territorio, desarrollar políticas públicas diferenciadas y realizar jornadas de regularización y registro en el sistema de seguridad social para estos grupos.