Denuncian que en las cuatro intervenciones de penales en el último mes no tiene ninguna información de parte del Estado sobre el impacto a los privados de libertad y sus familiares
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), advirtió que el hacinamiento en los centros penitenciarios del país puede superar el 300 % de su capacidad debido a las recientes intervenciones militares de la «Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro» en distintas cárceles a nivel nacional.
En una entrevista a Radio Fe y Alegría el 3 de noviembre, Prado aseveró que el operativo puede convertirse en un «desastre» para el sistema penitenciario del país, ya que no existe una estructura para albergar a los privados de libertad afectados por la clausura de cárceles «por reparaciones» o sus intervenciones militares con la intención de sacar a los cabecillas delincuenciales, conocidos como «pranes».
Advierte que la Operación no ha podido lograr su cometido, entre varias razones, porque existen niveles «de complicidad» que van desde el Ministerio del Poder Popular Penitenciario, la Guardia Nacional Bolivariana, el juez de ejecución hasta el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Bajo la inacción de estos actores, se extiende el pranato con prácticas como el pago de impuestos a la población carcelaria. «Estos pranes cobran un impuesto al que denominan ‘la causa’ que consiste en pechar con 5, 10 o 15 dólares semanales a los reos», explicó Prado.
OVP: el Estado «oculta» cifras de hacinamiento
Los cuerpos de seguridad del Estado han tomado cuatro centros penitenciarios desde septiembre hasta la fecha de publicación de esta nota. Las cárceles de Tocorón (en el estado Aragua), de Tocuyito (en Carabobo), de Puente Ayala (en Anzoátegui) y de La Pica (en Monagas) fueron intervenidas por varios cuerpos de seguridad del Estado bajo la coordinación del vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, Remigio Ceballos.
El operativo más reciente fue en La Pica, el 3 de noviembre. Pero todos los operativos cumplen el mismo patrón: no se pudo encontrar al pran de los centros penitenciarios, las principales figuras que el Estado busca.
«Desde nuestra organización estamos informando a los organismos internacionales sobre lo ocurrido en estas cárceles», reitera en una nota de prensa la ONG.
Prado también denunció que el Estado no brinda información sobre el paradero de los pranes, así como los gastos que se dan en cada intervención militar.
«¿Cuántos homicidios realizaron?, ¿cuántos hirieron y extorsionaron?, ¿cuántos secuestros dirigieron desde las cárceles?», son algunas de las preguntas que el director del OVP considera que debe responder el Estado respecto a todas las cabecillas de las bandas que operan dentro de las cárceles.
Según la ONG, en las cárceles se ha observado que la «frecuencia en el consumo de alimentos se limita a una comida diaria con intervalos que han llegado a superar las 24 horas»
La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que las condiciones de higiene e infraestructura de las cárceles del país son «precarias» y que existe un «problema de alimentación grave».
«Los penales son utilizados como depósitos de personas y las condiciones de higiene e infraestructura son precarias. Asimismo, existe un problema de alimentación grave. El Ministerio de Asuntos Penitenciarios maneja una partida presupuestaria para cada preso. Sin embargo, la población penitenciaria no recibe los alimentos», dijo la directora de la ONG, Carolina Girón, citada en una nota de prensa.
De acuerdo con la organización, en las cárceles se ha observado que la «frecuencia en el consumo de alimentos se limita a una comida diaria con intervalos que han llegado a superar las 24 horas. El menú proporcionado no responde a una dieta balanceada con los nutrientes básicos e ingesta calórica establecida» por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Girón indicó que, desde 1999, hasta el año pasado, han muerto 7.792 personas en prisión. A partir de 2018 el «porcentaje de muertes por desnutrición y tuberculosis superaron las muertes violentas».
Señaló que estas fueron las causas de muerte de 90 de los 126 reclusos que fallecieron en 2021 en las cárceles venezolanas.
«En la cárcel no tiene por qué morirse nadie, porque la cárcel está bajo responsabilidad y custodia del Estado. Es algo que no se puede permitir. Los invitamos a reflexionar sobre nuestro sistema penitenciario», expresó Girón.
Por otra parte, aseguró que a los presos «los están tratando mal y, con ello, están creando personas resentidas y con odio», al tiempo que argumentó que «frente a una prisión no pueden estar ni policías ni militares». Con información de EFE.
Carlos Meléndez Pereira, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Lara (OVV Lara), explicó que el número de muertos por estas causas disminuyó en este semestre en comparación con el mismo período del año 2021.
“En los seis primeros meses del año pasado se registraron 26 muertes por estas enfermedades en la población penitenciaria de la entidad. Las condiciones de insalubridad y el hambre, son las principales razones que explican estos hechos, tal como lo vemos en los datos del Observatorio de Prensa”, dijo Meléndez.
Por tercer año consecutivo, los problemas de salud se mantienen como la primera causa de muerte en las cárceles de Venezuela, según el informe anual del Observatorio Venezolano de Prisiones
Muchas enfermedades como hepatitis, paludismo, gastrointestinales y cardiovasculares no tienen que llevar a la muerte, pero con la condición de desnutrición, están causando decesos entre detenidos y presos. En Venezuela, esto es una condena de muerte», declaró Carolina Girón, directora del OVP
La directora del OVP denunció un aumento en el número de cárceles «totalmente controladas por pranes»: «El pran decide si el preso va a una audiencia o no, quién vive en esa cárcel o no (…) están por encima de un juez», sostuvo
El OVP destaca que en los últimos cinco años se ha dado el fenómeno de inversión de la pirámide judicial, donde los procesados superan a los condenados
La primera causa de muerte en los centros penitenciarios del país son los problemas de salud que se agudizan por el hambre.
De acuerdo con estos datos, en 2021 murieron en cárceles 226 personas privadas de libertad. 90 de ellos fallecieron por cuestiones de salud. Por tercer año consecutivo, los problemas de salud se mantienen como la primera causa de muerte en las cárceles de Venezuela.
El porcentaje de personas privadas de libertad fallecidas por condición salud con respecto al total de muertes en el año 2021 aumentó a 71,42%. Esto es el porcentaje más alto desde 2017.
En el año 2021, se registraron como principales patologías que afectan a los presos la tuberculosis, desnutrición grave, neumonía, hepatitis, paludismo, escabiosis, enfermedades
gastrointestinales y enfermedades cardiovasculares.
Gráfico del informe de la OVP
Pese a la proliferación de estas enfermedades, no hay personal médico apostado permanentemente en los penales.
Por otra parte, la denegación de una alimentación balanceada se ha convertido en el «padecimiento principal de la población reclusa», destaca el Observatorio Venezolano de Prisiones.
Desde el 2017, «el hambre, la carencia de agua potable y las graves condiciones de salud» preocupaban al organismo y en 2021, lejos de solucionarse, estos problemas empeoraron y trajeron consigo proliferación de enfermedades, pérdidas de vidas y «prácticas inadmisibles dentro de las prisiones como actos de corrupción, situaciones de violencia, motines y huelgas».
«No llega la comida a nuestros centros penitenciarios, todas las protestas comienzan por hambre. No hay agua, ni recolección de desechos sólidos, es una condición precaria. enfatizó Carolina Girón, directora general del OVP, durante la presentación del informe.
«Esta es la realidad que quieren esconder y que se vive en las cárceles venezolanas. Tenemos también enfermedades como hepatitis, paludismo, gastrointestinales, cardiovasculares. Muchas de estas enfermedades no tienen que llevar a la muerte, pero con la condición de desnutrición, están llevando a la muerte a detenidos y presos. En Venezuela, esto es una condena de muerte fáctica», recalcó.
Añadió que los presos políticos que están recluidos en cárceles comunes sufren las mismas penurias: «Si sus familiares no les llevan la comida, pasan hambre, tienen problemas de acceso al agua».
Los estados donde se registraron mayor cantidad de muertes de presos por condiciones de salud en el año 2021 fueron Lara (31), Anzoátegui (21), Guárico (13) y Carabobo (8).
Otros datos del informe del OVP en claves
A continuación, algunos hallazgos relevantes del informe sobre la situación de las cárceles del OVP. Las gráficas fueron extraídas de dicha investigación.
Disminuye la población reclusa, pero no los altos niveles de hacinamiento
El OVP destaca la reducción, en los últimos cuatro años, de la población reclusa total en las cárceles de Venezuela.
«Entre los años 2020 y 2021 hubo un descenso poblacional del 10%, el cual se podría considerar muy pequeño en contraste con años anteriores. Sin embargo, a pesar de esta tendencia decreciente, la situación de los centros de reclusión de Venezuela se continúa caracterizando por la sobrepoblación y por altos niveles de hacinamiento, encontrándose las cárceles de nuestro país, por quinto año consecutivo, con una sobrepoblación mayor al 40% de su capacidad instalada, lo que se traduce en un hacinamiento de riesgo crítico, en atención a los estándares internacionales en la materia», especifica el texto.
En el año 2021, el OVP determinó un hacinamiento crítico del 159,09%, cálculo basado en la capacidad real instalada (21.188) y la población reclusa (33.710).
Reseñan en el informe que se han determinado casos de celdas de 10×10 metros cuadrados en las que sobreviven entre 90 y 100 reclusos, como en el Internado Judicial Rodeo II.
Más procesados que penados
El OVP destaca que en los últimos cinco años se ha dado el fenómeno de inversión de la pirámide judicial, donde los procesados superan a las personas que están penadas.
«Esta situación tiene un solo origen: el retardo procesal imperante dentro de todas las etapas del sistema judicial del país. Dentro de las prácticas más recurrentes notamos que una vez la persona es privada de libertad, el inicio de su proceso mediante audiencia preliminar se retarda por actos de incompetencia judicial que van desde la falta de presentación de algunos de los sujetos procesales, impedimentos en los traslados desde los centros de reclusión hasta los juzgados36, innumerables diferimientos, entre otros hechos que denotan una completa ausencia del acceso a la justicia y la celeridad procesal, permaneciendo así la persona detenida por un tiempo indefinido en lo que podemos denominar como una laguna judicial».
Se reducen las muertes en general, pero aumentan las muertes por salud
El año 2021 registro las cifra más baja de personas privadas de libertad fallecidas.
Sin embargo, al desagregar las causas, se determina que el total de personas muertas por salud en el 2021 alcanzó el porcentaje más elevado (71,42%).
El resto de las muertes responden mayormente a situaciones de violencia, con armas blancas y armas de fuego.
Una comida diaria
Se observó en la cárceles que la frecuencia en el consumo de alimentos se limita a una comida diaria, con intervalos que han llegado a superar las 24 horas.
Asimismo, el menú proporcionado no responde a una dieta balanceada con los nutrientes básicos e ingesta calórica establecida por la OMS (2000 a 2500 kcal/día para un varón adulto y de 1500 a 2000 kcal/día para las mujeres).
«Por el contrario, nuestra organización ha registrado que, a lo largo del territorio nacional, el menú mantiene patrones similares que consisten en: agua de arroz, agua de pasta, agua de verduras, harinas, alimentos sin sal y azúcar sin complementos proteicos», describe el informe.
Penales sin agua y cobro en dólares por cisternas
En las cárceles escasea el agua y les exigen a los presos una cuota monetaria para contratar cisternas.
«Un ejemplo de ello, se ha registrado en los dos penales del estado Lara, donde las cisternas son adquiridas por los privados de libertad oscilan entre 40 y 50 USD, agua que deben administrar para su consumo, aseo personal y lavado de ropa. De igual forma, Internado Judicial de San Felipe, conocido como La Cuarta, las personas en prisión solo reciben el líquido cuando hay visita, estableciendo por las autoridades un límite de 5 litros por recluso, mientras que dentro del penal deben pagar entre 5 y 7 dólares por un botellón
de agua», se refleja en el informe.
Desnutrición y déficit alimentario
Estos dos problemas son una realidad entre los privados de libertad. Según el OVP, en 2021 aumentaron las denuncias de familiares quienes aseguraban que los internos habían perdido 40 kilos desde la fecha de su reclusión.
En los calabozos también fallecen por temas de salud
64,15 % de los decesos registrados en el año 2021 en los calabozos policiales también por motivos de salud.
Cárceles controladas por los pranes
En la presentación del informe, la directora del OVP, Carolina Girón, describió que ha aumentado el número de cárceles «totalmente controladas por pranes».
«Ellos son quienes deciden la vida de las personas que están dentro, y también de las del exterior. El centro penitenciario tiene un jefe que es el pran, funcionarios del Estado hace lo que dice el pran, el pran decide si el preso va a una audiencia o no, quién vive en esa cárcel o no. El pran tiene una autoridad tal que él decide cuándo sale el traslado o no. Y si la población de la cárcel que él dirige disminuye y, por tanto, sus ingresos, los pranes exigen que más presos sean enviados a esa cárcel para poder aumentar sus ingresos, se cobra por visita conyugal, por llamada telefónica, por un plato de comida, por agua y todo ello con auspicio de autoridades», describió la vocera del OVP.
Indicó que la situación es de tal magnitud que los pranes se comparten con el Ministerio de Servicios Penitenciarios la dirección de los penales.
«La mayor población está en cárceles dirigidas por pranes. Ellos han formado autogobiernos y asombra que no solo dirigen a lo interno, sino a lo externo. Un pran está por encima de un juez y esto ocurre en la cara de las autoridades«, sostuvo.
Además, precisó que en las cárceles venezolanas circulan todo tipo de armas. «Solo falta un submarino, porque no hay mar. Hay de todo (….) desde hace décadas hay armas en las cárceles, pero antes las fabricaban ellos. Pero ahora conseguimos armas comunes, armas de guerra que, según la Constitución, solo deben estar en manos de las FANB. Hay granadas, ametralladoras, armas de gran calibre», precisó.
El OVP ha documentado que al menos 59% de la población reclusa se encuentra en cárceles bajo el control total del pranato: «12% responden a una figura mixta, aquellas en las que conjugan tanto la existencia de la figura del régimen como la figura del pranato, y solo el 29% corresponde a lo que el Estado ha denominado ‘Nuevo Régimen Penitenciario’, discrepando esta información con la cifra oficial dada por el Ministerio para Servicio Penitenciario, que asegura tener un control total del 98.1% de las cárceles del país».
Denuncia la organización la «falta de control efectivo por parte del personal encargado, y del Estado venezolano en general, estando acéfalos más de la mitad de los centros penitenciarios de nuestro país».
Sin datos sobre la pandemia
Girón enfatizó la opacidad con la que se manejó la pandemia en las cárceles.
«Vimos unas fotos de que vacunaban a los presos y no nos consta ni qué fue lo que les vacunaron, ni cuándo, ni si recibieron todas las dosis, tampoco tenemos información oficial de los contagios. Nos manejamos con rumores, no hay forma de corroborar en virtud de que sigue opaca la información. Protocolo no hubo, ni distanciamiento social por el hacinamiento, ni limpieza de manos, porque no hay agua», describió.
La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, durante una jornada del Plan Cayapa en la Penitenciaría de Barquisimeto, Lara. Foto Jesús Pernía / Mppsp, octubre de 2019.
El llamado “Plan cayapa” fue creado por Iris Varela, ministra para el Servicio Penitenciario, en enero de 2012, hace 9 años y unos meses. Su objetivo era disminuir el retardo procesal y darles celeridad a los juicios de las personas privadas de libertad.
Según una nota publicada en la página web de este ministerio el 16 de octubre de 2019, “Varela señaló que se iba a dar una continuidad permanente al Plan Cayapa para dar respuesta al problema procesal de las privadas y de los privados de libertad».
Entonces dijo: “Numerosos son los factores que se interponen para darle curso a los casos de los internos, como problemas de traslado, múltiples causas acumuladas en los juzgados, entre otros”. Y agregó “que se preveía extender este plan hacia los retenes de las policías estadales, a fin de atender a toda la población penitenciaria y agilizar la resolución de los casos”.
Lo cierto es que en los actuales momentos tenemos una población penitenciaria de 110.000 privados de libertad. La cifra es aproximada, pues no existen datos oficiales desde hace muchos años. De estos, un 7 % son mujeres y 65.000 se encuentran en centros de detención preventiva o calabozos policiales, que Varela ha convertido en las nuevas cárceles de Venezuela.
Es importante destacar que estos son espacios donde los privados de libertad deberían estar por un lapso no mayor de 48 horas, porque no reúnen las condiciones estructurales necesarias.
Aunado a esto, vigilar las condiciones de vida y el respeto a los derechos humanos de los hombres y mujeres privados de libertad es responsabilidad del Ministerio para el Servicio Penitenciario. Un mandato que establece el Código Orgánico Penitenciario y el decreto de creación de este ministerio de fecha 26 de julio de 2011. Los cuerpos policiales, convertidos en cuidadores de presos, solo son responsables de cuidar a la ciudadanía. En la actualidad al menos un 30 % de nuestros policías están en sus lugares de trabajo cuidando presos. En vez de estar en la calle cuidando a la gente.
Para darnos una idea del éxito o fracaso del “Plan Cayapa carcelario” es que a nueve años y unos meses más de su creación, aun y cuando no hay datos oficiales, como antes dije, el retardo procesal de los presos venezolanos llega aproximadamente al 70 %.
Esta cifra, la más alta del continente americano, nos demuestra que los procesos judiciales siguen paralizados y que este plan ha sido un fracaso rotundo.
El fracaso del “Plan Cayapa” es tan evidente, que a solicitud del fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Sabb, Nicolás Maduro ordenó en octubre del 2019 la instalación de una mesa de consulta de alto nivel para organizar un plan de descongestionamiento nacional de los calabozos policiales. Con resultados nada favorables hasta la fecha, por cierto.
No puedo negar que se han realizado varias jornadas del “Plan cayapa” en el país. Sin embargo, las mismas arrojan muy pocos resultados positivos. Ello, debido a que la alta movilidad de personas privadas de libertad de los sitios donde se encuentran sus procesos a lugares distantes imposibilita el seguimiento de los mismos y ocasiona por consecuencia un gran retardo procesal.
Por dar un ejemplo, hace poco tiempo se cerró la cárcel de Guanare en el estado Portuguesa, y sus reclusos fueron trasladados a sitios remotos como los estados Bolívar, Monagas, Sucre y otros.
Es evidente que sus causas quedarán paralizadas porque al no permanecer en los sitios donde están sus procesos, sumado a la falta de capacidad operativa para efectuar los traslados a tribunales, se genera un grave retardo procesal que el “Plan cayapa” no puede solucionar. Simplemente porque los miembros del poder judicial que asisten a estos operativos no son los jueces naturales de los reclusos, es decir los que llevan sus juicios, y no pueden tomar ninguna decisión.
Por eso pienso que el “Plan Cayapa” es otra de las muchas estafas que el Ministerio para el Servicio Penitenciario ha cometido contra la población reclusa en Venezuela y sus familiares. Les hacen creer que les darán la libertad con esta supuesta atención que les brindan y al final nada pasa, todo sigue igual. Mientras el retardo procesal sigue en aumento.
cnietopalma@gmail.com
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Siempre he pensado que las cárceles venezolanas se han convertido en un problema que pareciera no tener solución. Esto, sin dudas, guarda relación con el gran negocio económico que representan.
Mi maestro Elio Gómez Grillo solía decir que “las cárceles eran un negocio tan productivo como PDVSA (industria petrolera nacional)”. Por supuesto que lo comentaba hace muchos años, cuando era una de las principales industrias petroleras del mundo y no una empresa en quiebra, como lo es en la actualidad.
Aunque muchos no lo crean, las cárceles, y todas las actividades ilícitas que en ellas se producen, no solo es un asunto de pranes (nombre que se les da a los líderes negativos de la población reclusa). Se trata de un negocio en el que participa mucha gente inescrupulosa. Y que integra a funcionarios de todos los niveles del Ministerio para el Servicio Penitenciario y de la Guardia Nacional Bolivariana, entes encargados de la custodia interna y externa de las cárceles, respectivamente.
Para que un negocio de esta magnitud funcione, es necesaria la confluencia de todos los actores que lo integran. Están los presos a través de los pranes, los funcionarios que allí trabajaban y que se encargan de la custodia interna y externa de las cárceles. Y algunos agentes externos, que son de gran apoyo.
Esta trilogía, que yo llamo mafia carcelaria, es necesaria para que el negocio funcione de manera perfecta.
Todos reciben su tajada por los hechos ilícitos que en las cárceles se cometen. Una gran mafia que ha hecho y sigue haciendo millonarios a muchos sujetos que se lucran delinquiendo a través del servicio penitenciario venezolano.
En mi época de estudiante universitario, hace casi cuarenta años atrás, comencé a conocer el sistema penitenciario venezolano. Entonces el negocio era más discreto. Pero igualmente lo había. En ese tiempo me llamaba la atención ver a directores de cárceles, que ganaban unos sueldos miserables, con unos carros que ni con 2 años de su sueldo ahorrados hubieran podido tenerlos. El negocio era otro, estaba más relacionado con la comida, privilegios especiales a algunos presos y otros más sencillos, aunque igual de repugnantes.
Los negocios de las mafias carcelarias cada día van en aumento. Mientras peor funciona un recinto carcelario o un centro de detención preventiva, que son las nuevas cárceles de esta época, más lucrativo resulta el negocio.
Hoy son más lucrativos y realizados sin ningún tipo de escrúpulos. Ni disimulo. La comida sigue siendo un negocio, pero también las drogas, el ingreso de armas, de teléfonos celulares, visitas, prostitución, secuestros y extorsiones planificadas desde las cárceles y pare usted de contar. Todo, con absoluta impunidad y con la conchupancia de todos los integrantes de las mafias.
Las mafias carcelarias han destruido el sistema penitenciario venezolano. Cuando se decida solucionar el grave problema carcelario que vivimos en Venezuela, combatir estos grupos delincuenciales, unos con uniforme y otros sin ellos, será otra de las muchas tareas pendientes a solucionar.
HUMBERTO PRADO, COORDINADOR DEL OBSERVATORIO Venezolano de Prisiones (OVP), aseguró que, en los 20 años que lleva el oficialismo al frente del gobierno, han muerto 7.329 personas en las cárceles del país y, en ocho años de la creación del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, en el país han muerto 2.823 reclusos.
Prado califica como «un caos» el sistema penitenciario de Venezuela y es enfático al manifestar que, desde que comenzó la gestión de Iris Varela como ministra de Asuntos Penitenciarios, se ha agravado la situación carcelaria, tanto así que, según cifras que maneja el OVP, en promedio muere un preso por día.
Para Prado, Varela ha mentido al país pues, en ocho años, no ha podido acabar con los problemas de hacinamiento, retardo procesal, ocio, corrupción, violencia, problemas de salud, tráfico de droga y armas.
“El presupuesto para los presos ahora es peor antes le daban basofìa ahora es un agua marrón con gusano o arroz y lo tienen que para ingerir”, destaca el coordinador general de OVP.
LA JUEZA MARÍA AFIUNI ALCANZÓ AYER LA LIBERTAD tras una década de horrores, durante la que no faltaron torturas (desde rociarla con gasolina a usar cuchillos contra ella) además de abusos sexuales durante su paso por la cárcel. Así lo explicó ella misma ante el tribunal que la juzgaba, que hace unos meses inventó un nuevo delito («corrupción espiritual») para mantenerla en arresto domiciliario.
El relato de Afiuni completó ayer lo adelantado por el demoledor informe de Bachelet: en la Venezuela revolucionaria, que se dice feminista, también se multiplican los casos de violencia sexual, denunciados por las organizaciones civiles, pero que han quedado en un segundo plano entre la selva del horror.
La oficina de la Alta Comisionada señala directamente al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), a la Dirección General de Contrainteligencia (Dgcim) y a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por cometer delitos de violencia sexual contra mujeres y niñas durante su detención. Entre las agresiones físicas se han documentado tocamientos inapropiados, desnudez forzada, amenazas de violación y arrastramientos por el pelo, además de insultos sexistas y de género. Todos ellos para humillarlas y castigarlas, además de arrancarles falsas confesiones.
«Los guardias, así como otros reclusos, ejercen presión sobre las mujeres para que intercambien sexo por privilegios y/o protección. Varias mujeres también dijeron no tener acceso a asistencia médica especializada y, a diferencia de los hombres, no siempre se les permitía salir al patio o al gimnasio. A las mujeres detenidas por motivos políticos a menudo les denegaron las visitas», destaca el informe de Bachelet.
En el informe también se han reportado «casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar comida por sexo», además de las redes de prostitución que acompañan al éxodo migratorio.
«ESO YA LO TENÍAN PLANIFICADO». Con esa frase termina el testimonio de Josefina Payema, madre de Gabriel Muñoz, en el informe sobre la masacre que se registró entre el 15 y 16 de agosto pasado en el Centro de Detención Judicial de Amazonas, en Puerto Ayacucho. Esa misma sentencia la repitió el martes 21 de noviembre, cuando acudió a la presentación del informe sobre la matanza de 39 personas que elaboró el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), ONG encargada de la defensa de los derechos de los privados de libertad.
Payema consideró que hay varias claves que sostienen su hipótesis. Aseguró que antes de las 7:00 pm del martes 15 de agosto, una hora después de haber salido del penal, arribó al lugar un avión militar lleno de funcionarios policiales y militares. Se cumplió así lo que Gabriel le había dicho esa tarde: que desde hace días se planificaba una intervención por parte de las fuerzas del Estado. «Creo que dieron una orden desde Fiscalía y la gente se va a meter. Se lo digo usted para que no se preocupe», le había comentado su hijo, de 34 años de edad.
Tras haberse enterado de la llegada de los uniformados, Payema se comunicó varias veces con Gabriel para saber qué pasaba puertas adentro. A las 6:00 am del día 16 le había dicho que estaba bien. Sin embargo, 40 minutos después todo cambió. «A esa hora me mandó un mensaje que nunca lo olvido donde me dijo ‘mamá estoy casi muerto, cuídense, los quiero mucho y los amo'», recordó.
En vano, la madre intentó acercarse al penal pero los Guardias Nacionales cercaron el sitio y durante horas le negaron información sobre el paradero y el estado de los reos. A una de sus hijas y a su nuera las detuvieron porque insistían en pasar hacia el penal para verificar cómo estaba Gabriel. A ella misma se la iban a llevar en una patrulla por preguntar por su salud. Alrededor de las 8:00 am, el avión que había traído a los uniformados, se retiró.
«Ellos habían terminado su trabajo y se habían ido. Yo todavía tenía la esperanza de que mi hijo estuviese vivo. Veíamos que las ambulancias y el Cicpc, a cada momento, cargaban muertos, pero ellos (los guardias) decían que eran los militares quienes habían muerto y que los presos habían matado a muchos militares», relató la mujer. Sin embargo, en los hechos de Amazonas, solo cinco uniformados resultaron heridos. Los 39 muertos eran parte de los 100 privados de libertad que había en el sitio. Muchos de ellos cayeron por disparos en la nuca y en la cabeza como si se tratara de ejecuciones.
La madre también afirmó que dos semanas antes de la intervención policial-militar hubo cambios en la policía del estado Amazonas.
«Ya ellos venían preparando todo. Unos días antes cambiaron a los directivos de la policía y pusieron como jefes a funcionarios del Cicpc. Ellos habían permitido que los ‘pata de goma’ –supuesto grupo paramilitar– los atacaran. Ellos solo querían matarlos, porque de lo contrario hubiesen buscado la manera de llegar a un acuerdo con ellos, porque ellos ya sabían que de un momento a otro iban a tomar el penal», se lee en la declaración de Payema plasmada en el informe.
«Yo estoy dando la cara por mi hijo porque eso no se va a quedar así. Allí había personas inocentes y había otras que eran culpables, pero tampoco eran animales, porque ni a los animales se les trata de esa manera. Todos los que tengan que ver con esa masacre, porque eso fue una masacre, que reciban castigo. Yo más nunca voy a recuperar a mi hijo, por eso yo quiero que se haga justicia», enfatizó la madre este martes.
Todos lo sabían
Las afirmaciones de Payema las secundó el obispo de Amazonas, monseñor Jonny Reyes Sequera, quien conoció que se haría una intervención en la cárcel dos días antes de que sucediera. «Yo sabía y los presos también lo sabían. Pero nadie se imaginó que iba a ser una masacre», apuntó.
Al igual que la madre de Gabriel, el sacerdote vio cómo un avión trasladó a los funcionarios que ejecutaron la operación. «Eso lo hizo gente que fue invitada, que fue convocada y a la que le fue señalada una misión. Esa gente vino, mató y se fue», recalcó.
Reyes Sequera condenó la manipulación ejercida por el Estado para evitar que la matanza tuviera «resonancia». Recordó que a la semana siguiente de los hechos, pocos mencionaban lo que había pasado. «Ya nadie le paraba, a nadie le importaba porque la gente estaba ocupada con el Clap y el efectivo. Eso es triste, tenemos que crear conciencia social», añadió.
El discurso oficial también ha contribuido a reducir la masacre. «Se trata de decir que eran unos pranes, unas lacras, pero no podemos ceder en el hecho de que ellos eran personas y tenían dignidad (…) Aquí no venimos a echarle un cuento, ni una historia de fantasía, lo que ha visto la señora Josefina, lo que vieron los residentes de Ayacucho, los habitantes de San Enrique, aledaño al centro judicial, no es cuento, no es una posición ideológica por querer ir contra el Gobierno, es una experiencia de injusticia que se ha cometido hacia venezolanos que tenían una dignidad», aseveró el obispo.
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