El acercamiento entre los gobiernos de Maduro y de Biden, anima a compradores de deuda venezolana que ven un muy rentable negocio en un horizonte próximo
Aunque no aparece en los titulares sobre negociaciones y elecciones en Venezuela, la deuda milmillonaria de la petrolera PDVSA y de los bonos soberanos de la república pesa mucho en el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y la República Bolivariana. Se calcula que esta deuda oscila entre 90 000 y 120 000 millones de dólares, dependiendo de la fuente que se consulte.
El acercamiento entre los gobiernos de Nicolás Maduro y de Joe Biden, que ya se ha traducido en la flexibilización de las sanciones que permitió a Chevron volver a exportar petróleo venezolano (y que ha continuado recientemente con una licencia para la explotación de gas) está animando a compradores de deuda venezolana que ven un muy rentable negocio en un horizonte próximo.
Pero para poder normalizar las relaciones, el gobierno de Biden le ha hecho algunas exigencias a Maduro, que el autócrata venezolano ha ido cumpliendo, al menos, a su manera. La primera de esas exigencias fue desmantelar la mafia que encabezaba Tareck El Aissami en PDVSA.
El argumento del gobierno de Estados Unidos era que no podía haber normalización mientras siguiera en la petrolera venezolana una banda de corruptos que negociaban barriles en un mercado internacional opaco y que se dedicaban a lavar capitales producto de la corrupción y el crimen. Además, no hay que olvidar que el propio El Aissami está sancionado por Departamento del Tesoro de EE. UU. y tiene precio a su cabeza por supuestos delitos de narcotráfico. El Aissami ya rodó, al menos aparentemente, aunque no se sabe dónde está ni si está a acusado por la fiscalía venezolana. También muchos de los miembros de su banda han sido destituidos y aparentemente apresados, aunque no hay claridad sobre su estatus judicial.
La otra exigencia tiene que ver con la presencia iraní, rusa y china en Venezuela. Esa es más difícil de cumplir, pues el chavismo en el poder no quiere perder esa carta geopolítica para poner presión sobre Estados Unidos. Sin embargo, alguna fórmula de control o reducción de la presencia de estos factores en Venezuela podría servir para avanzar hacia una normalización de relaciones con Estados Unidos.
Otro punto corresponde a los ciudadanos norteamericanos que siguen presos en Venezuela acusados de espionaje y conspiración. Ya el gobierno de Biden ha demostrado que está dispuesto a negociar prisioneros, como ocurrió con el indulto de los sobrinos de la primera dama Cilia Flores, que fueron condenados por narcotráfico en una corte en Nueva York, a cambio de la liberación de ejecutivos con nacionalidad estadounidense de la empresa Citgo que estaban encarcelados en la sede de la policía política, Sebin, en Caracas.
¿Eso implicará un intercambio entre el empresario colombo-venezolano Alex Saab por el defenestrado El Aissami? Esos son dos grandes huesos a roer, y no es probable que un intercambio a ese nivel ocurra. Saab espera por su juicio en una cárcel de Florida. Tiene mucha información del tramado de corrupción del chavismo, que las autoridades norteamericanas valoran altamente.
Por su lado, la deportación de El Aissami a EE. UU. sentaría un precedente muy negativo para miembros de la cúpula chavista como Diosdado Cabello o el mismísimo ministro de la Defensa, Padrino López, entre otros. Así que es muy posible que ese intercambio no se dé.
La ganga de la deuda venezolana
Los compradores de la deuda de PDVSA y de la república están apostando a que la normalización de relaciones entre EE. UU. y Venezuela sea una fuente de grandes rendimientos financieros. Muchos de ellos ya han hecho contratos orales de opciones de compra con tenedores bonos de PDVSA y de la república a precios ridículos de 10 centavos por cada dólar de deuda. Los contratos son orales ya que no pueden dejar nada por escrito por las sanciones del Departamento del Tesoro.
El negocio está en que, si el levantamiento de las sanciones se concreta, el acuerdo entre EE. UU. y Maduro incluirá el pago, al menos parcial con un descuento, de esas deudas. Eso quiere decir que quienes tengan la opción de compra podrán ganar unos 20 o 30 centavos de dólar por cada 10 centavos invertidos en los bonos. Nada mal para unos bonos que se consideraban dinero echado a la basura.
Los compradores de bonos harían un negocio redondo. Esperan que las negociaciones entre los gobiernos de Biden y Maduro establezcan que el pago de esa deuda, con un gran descuento que aceptarían las partes (de 50 a 60 % del valor nominal), se realizaría con parte de la factura petrolera de PDVSA. El pragmatismo se impondría a pesar de la retórica antiimperialista de Maduro y su cúpula, y a pesar de las exigencias prodemocracia de los Estados Unidos.
Queda pendiente el tema de las elecciones presidenciales que deben ocurrir en 2024. Por ahora, el asunto ha comenzado con mal pie con las inhabilitaciones de candidatos, especialmente de María Corina Machado, quien luce, en este momento, como la posible ganadora de las primarias de la oposición que se celebrarán en octubre de este año.
Sin embargo, los cálculos de los compradores de los bonos venezolanos es que algún tipo de normalización llegará a concretarse entre EE. UU. y Venezuela, una oportunidad de oro para hacer mucho dinero. Estas son las paradojas en tiempos de “socialismo del siglo XXI”, en los que privilegiados practicantes del capitalismo financiero sacan la mejor tajada.
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