Este 8 de noviembre fue suspendido un foro sobre gobierno y democracia que había sido organizado por Vladimir Villegas y Germán Ferrer, conductores de programas Vladimir a la 1 y Criterios en Globovisión. En dicho foro participarían variados expositores, entre ellos el alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde, y culminaría con la ponencia del exministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres. De acuerdo a Nelson Bocaranda, un tuit del exministro, donde propone un gobierno de consenso como salida a la crisis política, fue el causante de que el mismo presidente Maduro llamara a Germán Ferrer para suspender el foro.

A continuación la ponencia de Gerardo Blyde:

1.- Maduro Recién Electo Presidente:

El 18 de diciembre del año 2013, todos los alcaldes de oposición acudimos a Miraflores citados por el recién electo Presidente Nicolás Maduro. Me tocó realizar la intervención de cierre. Le expresé a todo el gobierno nacional que a todos nos tocaba respetar el orden constitucional.

Dije que la Constitución Nacional se había convertido en un verdadero pacto social no cuando fue aprobada aquel 15 de diciembre de 1999, si no cuando pretendió ser reformada en más de un tercio de su contenido pocos años después; el pueblo opositor acudió a defender su vigencia y el pueblo chavista se abstuvo para que la misma no fuera modificada. Maduro respondió públicamente que él no había pensado en eso, pero me dio la razón.

No dijimos aquello como un mero ejercicio intelectual o como tesis jurídica, lo dijimos como un claro mensaje político, pues el derecho constitucional es el que contiene la división del Poder Público, las atribuciones de competencias y la estructura misma del Estado. Una Constitución aceptada por todos es el pacto normativo de convivencia de un pueblo. Si sus normas son acatadas por todos, se constituye en el marco que permite la convivencia, la paz social, el desarrollo de los derechos y el respeto al ciudadano por parte del Estado. Sólo así una sociedad puede conseguir bienestar para todos. El mensaje era claro: Cumplamos todos la Constitución ya que, por fin, todos hemos defendido su vigencia.

2.- ¿Qué sucedió?

Sería muy extenso narrar todos los hechos sucedidos en estos casi tres (3) años de aquella reunión. Procedimientos inconstitucionales terminaron de manera anticipada con mandatos de alcaldes presentes allí, en desconocimiento el debido proceso y a la soberanía popular, entre tantas otras cosas que omitiré en este escrito.

El 6 de diciembre pasado los venezolanos acudimos a los centros electorales y elegimos a los nuevos diputados para el nuevo período de la Asamblea Nacional. Luego de dos (2) años en el gobierno, el Presidente Maduro, el PSUV y la Revolución que representan, sufrió una estrepitosa derrota. Ciento doce diputados fueron proclamados por el C.N.E. como la nueva mayoría calificada a favor de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). El Péndulo del reloj de la historia había cambiado de dirección. El gobierno se quedaba sin la mayoría parlamentaria que desde agosto del año 2000 había detentado.

El escaso margen con el que Maduro había ganado las elecciones fue el primer campanazo popular de que las cosas no iban nada bien. El gobierno y sus líderes no lo escucharon.

La elección parlamentaria fue entonces el grito del pueblo ante una dirigencia oficial a la que le gusta oírse a sí misma y pensar que lo que ellos dicen y piensan es lo que el pueblo piensa.

Un gobierno que supiera leer los hechos políticos de inmediato hubiera hecho política: ante la nueva realidad debía recomponerse de inmediato, buscar refrescarse en todo su tren ministerial, buscar puentes con los actores políticos opositores que encabezaron tal derrota electoral; hubiera producido además, un cambio inmediato del modelo de polarización hasta ahora utilizado, que se había agotado, y, por supuesto, un gran giro en materia económica. Nada de esto hizo.

El gobierno reconoció “de palabra” la derrota, pero la saliente Asamblea Nacional se apuró en nombrar magistrados violando los plazos y procedimientos legales (lo digo con conocimiento pues fui partícipe en la redacción de la Ley del T.S.J. que desarrollo los procedimientos constitucionales para el nombramiento d magistrados, cuando estuve como diputado).

Desde ese momento equivocó por completo la estrategia política que un demócrata hubiera ejecutado. Decidió blindarse en la Institucionalidad ante la carencia de la mayoría electoral.

• Amazonas

Tres (3) diputados del Estado Amazonas, proclamados por el C.N.E. y por tanto con inmunidad parlamentaria desde su proclamación (como lo establece la C.N.) fueron mediante decisión “cautelar” suspendidos de sus cargos, inaudita parte, sin ante-juicio de méritos, con la única y calculada intención de que no se conformara el 5 de enero, la mayoría calificada de 2/3 partes votada por el pueblo. Vale decir que hasta este parcializado C.N.E. en los escritos presentados ante el T.S.J. ha defendido sus actos de proclamación; ha señalado que no existió fraude electoral en el Estado Amazonas. Once meses más tarde siguen “suspendidos” los diputados. ¿Quién subvierte el orden constitucional y la voluntad del pueblo soberano?

Ese hecho gravísimo fue el primero de una cadena que ha, mediante sentencias, judicializado la política durante todo el año. El T.S.J., se convirtió no en el intérprete de la C.N. sino en el poder reformista de su articulado, de sus principios, de sus normas atributivas de competencias y del equilibrio del Poder Público.

• Estado de Excepción

Así, también mediante sentencia, fue eliminada la facultad de control parlamentario. El caso más grave sin duda lo constituye el control parlamentario sobre los Estados de Excepción, en específico sobre el Decreto de Emergencia Económica. Violando la C.N. y la Ley Sobre Estados de Excepción, el T.S.J. declaró nulo e inexistente el control parlamentario sobre lo más delicado que puede hacer solo de manera excepcional un Presidente, como lo es, la desaplicación temporal y controlada de normas constitucionales para hacerle frente a hechos o circunstancias también excepcionales.

La Ley Sobre Estados de Excepción fue de las poquísimas leyes aprobadas por unanimidad en la A.N. del 2000 al 2005. Chávez la vetó alegando que si la A.N. le decía que NO al Decreto Presidencial, este debía dejar de tener vigencia por completo y no aceptó nuestra propuesta de que pudiera la A.N. aprobar el decreto parcialmente, es decir, algunas medidas si y otras no. Al final, también por unanimidad, todos los diputados aceptamos el veto presidencial: Si la A.N. no aprueba el decreto, este deja de existir, y es un control diferente a la constitucionalidad que revisa el T.S.J. (Por cierto Chávez nunca dictó un Estado de Excepción).

Desde el primer decreto, su prórroga, y los decretos sucesivos, el derecho constitucional viene cuesta abajo en la rodada, usándose como si un Estado de Excepción pudiera ser permanente (por excepcional es temporal), y a su vez lo transformaron en una habilitante presidencial para, mediante decreto, gobernar solo sin Poder Legislativo, llegándose al colmo de aprobar la Ley de Presupuesto de la Nación por decreto. Los parlamentos nacieron en el derecho constitucional, para justamente controlar los gastos del Rey dado que los ingresos lo constituían los impuestos del pueblo. Los representantes electos por el pueblo controlan los gastos. Hasta esa función primaria del Parlamento fue suprimida este año bajo el Decreto de Emergencia Económica.

Por vía de sentencia (de interpretación constitucional o cautelares) al Poder Legislativo Nacional se le ha vaciado de sus competencias constitucionales: No puede legislar, no puede constituirse válidamente con todos los diputados electos, no puede ejercer funciones de control y prácticamente lo han reducido al ejercicio del debate político.

• El Revocatorio

Luego de haberse recorrido el tortuoso y muy dilatado camino reglamentado por el C.N.E. para llegar al momento en que finalmente se fijó la fecha para dar cumplimiento al único requisito constitucional para el ejercicio del derecho revocatorio del mandato presidencial, jueces penales de instancia, sin competencia electoral, otra vez inaudita parte y mediante decisiones cautelares, suspenden en varios estados del país de manera orquestada, el proceso de recolección del 20% de manifestaciones de voluntad para solicitar el Referéndum Revocatorio.

El Poder Electoral, a sabiendas de la incompetencia en razón de la materia de los jueces penales, y en pleno conocimiento de que las firmas objeto de esas acciones penales (de un supuesto fraude no probado ni sentenciado) ya habían sido descontadas y no están dentro del 1% de firmas validadas que su reglamentación exigió, de manera rauda y veloz se amarró a estas cautelares y suspendió el proceso revocatorio, trancando el camino político a la salida constitucional electoral y pacífica.

3.- ¿Dónde Estamos?

Mediadores internacionales con la incorporación del Vaticano han convidado a las partes al Diálogo, luego de la arremetida brutal contra el Referéndum Revocatorio y la reacción dura del liderazgo opositor.

El gobierno basa su posición de fuerza y su desconocimiento del orden constitucional en el control institucional.

La oposición basa su fuerza en el apoyo popular que si bien no es completamente suyo, si capitalizaría en cualquier medición, tanto la de sus partidarios, como la de todos aquellos que sin serlo de manera militante, expresarían mediante el voto su descontento y rechazo al gobierno.

Las partes sostuvieron un primer encuentro del cual a profundidad no se nos ha informado.

• Diálogo

El Diálogo no es una solución en sí mismo para la crisis política de la dimensión que vivimos. El diálogo es una herramienta que debe llevar a que se restablezca todo aquello del orden constitucional que se ha dejado de lado. El Diálogo no puede ser para negociar pedazos de ese orden constitucional que, como narré al inicio, se convirtió en las normas de convivencia aceptadas de todos los venezolanos.

Es importante el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la liberación de los presos políticos; es también importante el restablecimiento pleno de las facultades legislativas y contraloras de la A.N.; pero lo más importante de ese orden constitucional que debe restablecerse y que tiene entre sus fines esenciales el ejercicio democrático de la voluntad popular, como manifestación de la soberanía que no reside en quienes ocupamos cargos públicos sino que reside intransferiblemente en el pueblo, que se deje de impedir el ejercicio del derecho a revocar, basados en que el gobierno debe ser siempre democrático, participativo y de mandatos revocables. (Constitución dix)

En consecuencia, el primer punto de cualquier diálogo debería ser: Que el Poder Electoral termine con la inconstitucional suspensión que declaró y fije cuanto antes la nueva fecha para que el pueblo venezolano manifieste su voluntad de convocar a un Referéndum Revocatorio Presidencial.

Y digo es lo más importante porque se corre el riesgo de que solo se obtengan acuerdos y logros en materia de respeto a poder constituido representado en la Asamblea Nacional, o en materia de liberación parcial o medidas sustitutivas a presos políticos, descuidando lo que constituye la esperanza real de producir un cambio en la forma de conducción del país ante un modelo de confrontación constante que se agotó.

El Revocatorio prendió en la mayoría de los venezolanos como una posibilidad de cambiar a futuro un modelo que ha traído consigo un inmenso empobrecimiento del pueblo en general, la ausencia de productos alimenticios y de medicinas.

Un modelo que nos trajo una inmensa crisis económica y social que busca salidas en la política. No es al contrario.

• La Política

Si la política no produce las salidas, difícilmente se solventará la crisis económica y social que vivimos. Y si la política sólo se ocupa de los asuntos políticos parciales de una tendencia u otra, o de las tendencias dentro de las tendencias, se alejará cada día más del gran pueblo que sufre y pierde las esperanzas.

La salida pacífica prevista para la solución de las crisis políticas profundas, es la consulta al pueblo. Si para llegar a materializar esa consulta se tuviere que ceder u otorgar algunas garantías a quienes hoy detentan el poder y le niegan la consulta al pueblo porque saben que saldrían del poder, pues habrá que otorgarlas, sin que ello implique claudicar en los principios. Siempre será mejor ceder en algo para lograr que el poder constituyente se exprese, que el soberano hable, a llegar a un enfrentamiento entre hermanos de una misma patria.

El referendo revocatorio es la salida constitucional más directa y apropiada como solución política, para que la política se ponga al servicio de lo económico y lo social.

• Elecciones Generales

Hemos escuchado todos los venezolanos una propuesta supuestamente proveniente de alguno de los mediadores conforme a la cual podría plantearse un proceso adelantado de elecciones generales como producto del diálogo. Varios de los voceros del oficialismo le han salido al paso a este planteamiento con argumentos que resultan completamente incoherentes con lo que hasta hoy había sido su discurso por años. Señalan que esa posibilidad de adelanto de elecciones generales es imposible por no estar contemplada en la constitución. Hay que recordarles los hechos que ellos han apoyado y que no están en los textos constitucionales.

El primero de ellos fue el referendo para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, que no lo contemplaba la Constitución de 1961. Siempre sostuvieron que el soberano estaba por encima de la Constitución, en ejercicio de esa soberanía esa necesario consultar al poder constituyente. El referendo se realizó.

El segundo hecho acaba de suceder. El presidente Maduro se trasladó a Cartagena Colombia para apoyar el acuerdo de Paz suscrito entre el gobierno colombiano y las FARC. Apoyó incluso la consulta popular al pueblo Colombiano pues las disposiciones de ese acuerdo contenían condiciones de justicia transaccional fuera de lo permitido por la constitución colombiana. Si el pueblo colombiano hubiera aprobado el Acuerdo, sus disposiciones contrarias a la Constitución colombiana se hubieran ejecutado, Maduro y todos los del PSUV lo hubieran aplaudido.

¿Cómo entonces, bajo la vigencia de la Constitución de 1999, que consagra la participación popular y el ejercicio directo de la soberanía por parte del pueblo, ahora pretenden amarrar el ejercicio de esa soberanía a solo aquello que como mecanismo electoral esté establecido en la Carta Magna, pero además niegan el ejercicio del derecho a revocar, que sí está establecido?

Hay que exigir coherencia. El pueblo no es sabio solo cuando te apoya e ignorante y manipulado cuando deja de hacerlo.

• Consensos

En todo caso, nuestro país requiere de un amplio consenso para lograr una salida electoral y que sea el pueblo soberano quien decida. Sin seguridad jurídica, sin respeto al estado de derecho, sin respeto al mandato del soberano, y sin seguridad para la vida de los ciudadanos, nuestro Estado no podrá lograr el milagro económico deseado por el pueblo. Ese milagro demanda que lo público, lo privado y el pueblo trabajen mancomunadamente para la recuperación sustentable de nuestra patria y dejar de hacerla dependiente de la lotería de precios de nuestro único bien exportable: el petróleo.

Nuestra crisis es global. No se puede superar mirando sólo una parte pequeña de ella. Estamos obligados a ver el tablero completo o seguirá cada quien arrinconado en su pequeño cuadro jugando a posiciones inamovibles mientras la crisis se profundiza y se hunde aún mas nuestro pueblo.