Gerardo Blyde

Hay que construir un pacto social para todos. ¿Es fácil? No, para nada, es tremendamente difícil.

¿Sirve la Constitución de 1999 como base para ese pacto social? En mi criterio personal, sí puede serlo, aun cuando debe ser sometido a modificaciones que le permitan a este país desmembrado comenzar a unirse de nuevo

@GerardoBlyde

La inequidad imperante en la que pocos tienen tanto y la mayoría sobrevive “como puede” o “huye por no poder” es la más palpable evidencia del fracaso histórico que ha significado el chavismo en el poder desde 1999; pero, que el chavismo llegara, también evidenció el fracaso de un Estado, de un intento fallido de institucionalidad, que no pudo responder a su tiempo y atender debidamente a las necesidades de un pueblo que lo vio erróneamente como la solución.

Esta fantasía de país agricultor pobre, vuelto rico por voluntad divina con riquezas súbitamente estalladas del subsuelo, que no por esfuerzo propio; vuelto nuevamente pobre y endeudado, tras la experiencia de la Gran Venezuela y, por desgracia, una vez más rico durante gran parte del chavismo, por la misma causa divina no trabajada, sin que aprendiéramos nada del pasado, repitiendo y profundizando los errores cometidos e inventando nuevos (sin copiar ninguno de sus aciertos, que los tuvo), ha desmembrado a Venezuela y nos ha hecho caer en la más profunda de las pobrezas. Nuestra historia tiene demasiadas aristas, con múltiples causas y hondas equivocaciones.

Acelerado retrovisor constitucional

A riesgo de pasar por reduccionista o quizás por leguleyo (pues tengo el enorme defecto y orgullo de ser abogado) y, pidiendo disculpas anticipadas a quienes han hecho del estudio de la historia su vida –como mis respetados Inés Quintero o Rafael Arraiz Lucca, entre otros– por invadir con mi visión personal su campo, el estudio de nuestra historia constitucional es el estudio de nuestro intento recurrente por conformarnos como República, con instituciones respetuosas de las leyes y los retrocesos –también recurrentes– para impedir esa consolidación institucional.

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Recordando el ejemplo que usaba el padre Olaso (s.j.) en las aulas de la facultad: el derecho es el guante, la sociedad la mano que debe ser abrigada. La sociedad va creciendo como la mano y el guante debe adaptarse a ella, ser de su talla, ni más grande ni más chico, porque no cumplirá su función y la mano se congelará. No hay nada más político en una sociedad que su ordenamiento constitucional y su vigencia real o no.

Cada constitución ha respondido a una realidad histórica, varias a errores, a personalismos, a autoritarismos. Algunas a intentos fallidos de organizar el Estado para crear una institucionalidad que garantizara la convivencia. Otras han respondido a buenas intenciones, pero sin posibilidades reales de tener vigencia plena para el momento en que fueron redactadas. Dos de ellas sí crearon realmente instituciones: la de 1830 y la de 1961. Casi lo logran. Pero, al final, ambas fracasaron en su intento de formar una República constitucional de derecho y su vigencia fue finita.

Nuestras primeras constituciones, la de 1811 y la de 1819, fueron textos que dibujaron una República que no existía. Indiscutible su valor para sustentar la revolución y la guerra de independencia, pero lo cierto es que aquellas provincias embarcadas en la gesta emancipadora no pudieron estructurar un Estado y, mucho menos, instituciones de gobierno como las descritas en aquellos textos. El guante era muy grande para la sociedad de ese entonces.

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La Constitución de Cúcuta de 1821 tuvo como propósito la unificación de Nueva Granada, Quito y Venezuela, y diseñó un gran Estado central que desconoció la forma federal que debió tener para que aquel proyecto fuera exitoso. Al no concebir un Estado federal para la recién parida unión, su violación en Venezuela fue la regla desde el mismo día de su nacimiento. En 1822, el Cabildo de Caracas la rechazó y, de seguidas, comenzó un creciente movimiento separatista que desembocó en la sublevación de 1826, el esfuerzo infructuoso de salvarla en la Convención de Ocaña en 1828 y, ante la pérdida real de su vigencia y el vacío constitucional que se generó, el decreto dictatorial del Libertador Bolívar y la convocatoria a una constituyente para redactar una nueva carta magna en 1830 para regir una Gran Colombia que ya era inviable. El guante no era de la talla adecuada e incluso tampoco su tela era la apropiada.

En paralelo, Páez convocó en Valencia otra constituyente, que nace y queda para la historia como la mayor traición a Bolívar, pero creó la primera institucionalidad que fue más o menos estable y duradera. La forma de Estado que diseñó, permitió un modelo institucional que generó alternabilidad en el poder y, por vez primera, un pacto de convivencia política aceptado por todos los venezolanos. Además, marcó la estructura institucional del Estado en todas las constituciones que la sucedieron. Mal valorada por la traición a la idea de Bolívar, objetivamente analizada, fue la primera constitución que creó instituciones que en la práctica sí existieron, garantizó alternabilidad en el poder por casi 18 años y estuvo vigente por 27 años. Fue el guante apropiado para su tiempo.

En 1847, José Tadeo Monagas asalta el Congreso y rompe el hilo constitucional, deja en falsa vigencia la Constitución de 1830, pero renovó a los diputados por adeptos a su autoritarismo. Se mantiene en el poder hasta 1847, le entrega a su hermano José Gregorio Monagas hasta 1851, cuando regresa hasta su derrocamiento en 1858. Un año antes, en 1857, sus congresistas aprobaron una nueva Constitución que, sin duda, fue un retroceso histórico a la institucionalidad que había creado la de 1830.

El 5 de julio de 1858, se instala la Convención Nacional Constituyente, presidida por Fermín Toro, que repuso la vigencia de la Constitución de 1830 y nombró una comisión integrada por grandes juristas de la época: Gual, Sanoja y Toro, entre ellos, para que redactaran un proyecto de Constitución. Ratificaron a Julián Castro como presidente provisional de Venezuela. Regresa Páez de su exilio, pero las pugnas fueron creciendo entre los liberales partidarios de los Monagas y los conservadores que propiciaron la reposición del orden constitucional de 1830 y la redacción de un nuevo texto que, basado en aquel, mejorara la institucionalidad.

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Nació así la Constitución de 1858, que mejoraba el estado democrático nacido en 1830, abortado por los Monagas. Con una concepción descentralizada, crea las dos cámaras en el Parlamento, cuyos integrantes debían elegirse de manera directa. Establece el voto directo, secreto y universal para todos los ciudadanos, con la única limitante de la minoridad para la elección del Poder Ejecutivo, conformado por un presidente y un vicepresidente.

Ratifica los principios rectores de la Constitución de 1830: el carácter republicano, popular, representativo, responsable y alternativo del gobierno. Solo se requería ser venezolano por nacimiento para ser presidente, eliminado la exigencia de ser “propietario” que tenía la de 1830. Sin embargo, la confrontación que mantenían los liberales desplazados del poder hizo imposible la aplicación de su texto tan avanzado. Había sido redactada por los mejores juristas de la época, pero no reunió el requisito indispensable para tener existencia en la realidad: el consenso. La de 1830 sí lo tuvo, la de 1858, lamentablemente no. No era el guante apropiado para ese momento. Dos meses después de su aprobación, Antonio Leocadio Guzmán, Juan Crisóstomo Falcón y Ezequiel Zamora desembarcaron en la Vela de Coro y bajo la falsa bandera de luchar por la federación, desataron la terrible y cruenta guerra civil.

En marzo de 1864, se publica una nueva Constitución en la cual se enarbola la bandera de la federación y se renombra a la República como Estados Unidos de Venezuela, pero fue dictada para servir al general Juan Crisóstomo Falcón, sin crear en la vida real instituciones democráticas para gobernar. Siguieron textos constitucionales del denominado Período Liberal Amarillo, uno en 1874, para servir a Guzmán Blanco, otro en 1881. Y le siguieron el de 1891 y el de 1893. Con Castro en el poder vinieron las constituciones de 1901 y la de 1904, impuestas para servir a la voluntad del caudillo.

En 1909 entra en vigencia la primera carta magna gomecista, a la que le suceden el Estatuto Provisorio de 1914 y las constituciones disque “federales” de 1922, 1925, 1928 y 1931. Todas, letra muerta, pues la voluntad del dictador era en realidad la ley, y la institucionalidad que contemplaba cada una de ellas, solo estaba al servicio de Juan Vicente Gómez.

En 1936, el general Eleazar López Contreras en el poder por el fallecimiento de Gómez, refrenda una nueva Constitución, que fue reformada en 1945. En 1947 se dicta la Constitución Federal refrendada por la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt, pero quedó derogada al año y cuatro meses de su entrada en vigencia, por el golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948.

Marcos Pérez Jiménez, para no perder la tradición, también se hizo su propio texto constitucional, aprobado por sus dóciles seguidores el 11 de abril de 1953. El derrocamiento del dictador, el 23 de enero de 1958, impuso la necesidad de redactar una nueva constitución democrática.

¿Por qué perdió vigencia la Constitución de 1961?

Finalmente, el 23 de enero de 1961, el novel Congreso aprueba la nueva Constitución, que fue, hasta ahora, el texto más aceptado por los venezolanos como pacto de convivencia, en un esfuerzo por crear instituciones. Estuvo vigente por 38 años y sufrió dos enmiendas durante ese tiempo.

La concepción de una democracia representativa con elección directa, secreta y universal de la cabeza del Poder Ejecutivo y de los integrantes de ambas cámaras del Poder Legislativo; la asociación con fines políticos lícita, permitida para competir y alternar en el poder; la necesidad de crear una institucionalidad al servicio del ciudadano que manejara al Estado con imperio de la ley y no del gobernante de turno; la necesaria independencia de los poderes que garantizara controles en el consabido sistema de pesos y contrapesos para limitar al poder en beneficio del ciudadano; la apoliticidad de la Fuerza Armada recogiendo el ideal de Bolívar; todas esas, y muchas más, fueron ideas democráticas plasmadas con éxito en ese texto constitucional de 1961. Probó en la práctica y en su momento, reunir el consenso necesario para sembrar democracia y espíritu democrático y libre en el pueblo venezolano. Democratizó la educación, se produjo el ascenso y la creación de una gran clase media. Fueron dos décadas, quizás algo más, de sano crecimiento.

¿Qué falló? Fallaron algunos seres humanos que dirigieron esa institucionalidad a partir de la gran riqueza que trajo el petróleo. En el camino, embriagaron a la sociedad y se embriagaron ellos mismos de una fortuna no trabajada, regalada por la naturaleza que, con el esfuerzo de algunos con visión de futuro, se les quitó a las trasnacionales para ponerla al servicio de la nación. Esa borrachera de petrodólares acabó con la necesaria austeridad con la cual debía ser administrada la inmensa cantidad de nuevos ingresos, como lo hicieron otros pueblos que han administrado sus súbitas riquezas para construir una institucionalidad que brinde bienestar permanente y no pasajero a sus pueblos.

Entonces, cuando la borrachera terminó, irremediablemente vino la resaca. Y, como quien después de ganarse el premio gordo de la lotería, compró casa nueva, autos, yates, regaló y repartió a propios y extraños; despertó un buen día para descubrir que ya no ingresaba dinero, que no tenía cómo seguir con aquel nivel de gastos y, para colmo, que tenía todos sus bienes hipotecados pues los había dado en garantía para seguir gastando. “Recibo un país hipotecado” (Luis Herrera dixit). Viernes Negro, renegociación de la deuda, un presidente que dijo haber sido engañado en esa renegociación. Regreso al pasado con la reelección de mandatarios que emulaban la grandeza perdida o la estabilidad constitucional e institucional también perdidas. Intentos de golpes de Estado que no recibieron el rechazo de un pueblo, pues había perdido la fe en sus instituciones.

Mención aparte merecerían muchos medios y empresarios que se embarcaron en terminar de acabar con los ya muy débiles políticos y partidos del momento. Apoyaron y financiaron un “cambio” a lo desconocido, a lo incierto: un salto al vacío institucional.

La fiesta fue monumental. La resaca también. Se relajaron las normas, se descompuso el sistema de pesos y contrapesos. Se destruyó la institucionalidad que se había diseñado con tanto cuidado porque, cuando se tenía dinero y poder, el cielo era el límite. De este inmenso error no aprendimos nada. (Al tiempo, ya Chávez en el poder, volvería a embriagarse de dinero y poder, con mayor profundidad y sin ningún logro tangible).

Algunos en su tiempo lo advirtieron. José Ignacio Cabrujas, a quien jamás dejaba de leer en El Nacional –aun cuando me advertían que el dramaturgo era comunista– en una entrevista a la revista Estado y Reforma señaló: “El concepto de Estado es simplemente un truco legal que justifica formalmente apetencias, arbitrariedades y demás formas de <me da la gana>. Estado es lo que yo, como caudillo o como simple hombre de poder, determino que sea Estado. Ley es lo que yo determino que es Ley”.

Otros, como Jorge Olavarría (a quien tuve la suerte de conocer y ser su amigo en los últimos años de su vida) les recordaba a los partidos políticos que “la historia de los partidos de la época de la revolución francesa señala un patrón que se va a repetir luego en otras partes: no fueron las fuerzas “reaccionarias” de la monarquía las que destruyeron a los partidos que nacieron de la revolución francesa, fueron los propios partidos los que se destruyeron unos a otros. De esa mutua destrucción fue de donde surgió la tiranía de Bonaparte que los destruyó a todos”. Como en efecto sucedió en la época de la resaca aquí en nuestra patria (los partidos se atacaron mutuamente y hasta fueron destruidos desde su interior por algunos de sus propios dirigentes) y quién sabe si como está sucediendo hoy; lo que debería parar de inmediato porque nuestros partidos políticos son parte de los pocos resortes organizados con los que cuenta la resistencia democrática para la lucha por las libertades.

Así, poco a poco, la institucionalidad dejó de dar respuestas a las necesidades ciudadanas. Así, poco a poco, esa institucionalidad perdió fuerza y dejó de tener dolientes. Así se abrió el camino para que el pacto social que representó la Constitución de 1961 perdiera vigencia y le fuera fácil al “vengador” surgido de las Fuerzas Armadas, sepultar tanto a la Constitución como a la institucionalidad creada por ella. Ese guante tejido en 1961 para 1999 estaba completamente roto.

Y… llegamos a la Constituyente de 1999

Ya Chávez recién ungido como el “presidente salvador”, con una oposición política muy debilitada, convocó a una Asamblea Constituyente en 1999 para la que, en un principio, ni había publicado las bases comiciales con las cuales serían elegidos sus integrantes. Obligado tímidamente por la extinta y para ese entonces muy débil Corte Suprema de Justicia (resquicio de la institucionalidad de 1961 en terapia intensiva), terminó publicando unas bases que le aseguraban obtener, al ganar, una sobrerrepresentación en el órgano. Y así fue: Chávez había sido electo en diciembre de 1998 con 56.2 % de los votos. Necesitaba dominar la constituyente para imponer un nuevo modelo y, con una participación de solo 46,23 % de la población electoral y unas bases comiciales que aseguraban la sobrerrepresentación, de los 131 escaños constituyentes, se hizo con el 92 %. Esa definitivamente no era la foto de la verdadera composición política del país. Comenzó la pugna y la polarización extrema.

Con una abstención de 55,63 %, se aprobó en el referendo de diciembre de 1999 el texto constitucional de Chávez. Reglamentaria en extremo, garantista, con contradicciones notorias –como declarar la Federación, pero eliminar el Senado del Parlamento– y, con algunas posibilidades de crear nuevas instituciones democráticas, algunas mal concebidas ad initio. Poco duraron las buenas intenciones que su letra contiene. A mediados del 2000, desde la nueva Asamblea Nacional, se procedió a votar -en un bosque de manos alzadas- la toma del nuevo TSJ y las demás instituciones constitucionales. El intento de reinstitucionalizar al país había sido abortado.

Era evidente que la Constitución de 1999 no había sido redactada dentro del consenso necesario para convertirse en un verdadero pacto social de todos los venezolanos. Pero peor que eso, sus promotores no buscaron ganar ese consenso como pacto social en su ejecución; por el contrario, se apartaron de su letra. Como tantas otras Constituciones de nuestra historia, había nacido para ser violada por sus propios promotores. También por sus adversarios, que no la consideraban obligante y luchaban por restituir un orden constitucional extinto, el de 1961. Carmozano y paro petrolero de por medio, llegamos a la propuesta de reforma que el propio Chávez proponía para su texto constitucional.

He sostenido, y así lo creo, que la Constitución de 1999 se volvió el pacto social de los venezolanos cuando, en 2007, Chávez –con su mayoría parlamentaria– pretendió una reforma constitucional que implicaba la modificación de 69 de sus artículos. Entonces, quienes no apoyaron su aprobación en 1999 se convirtieron en sus principales defensores y, quienes la habían redactado como “la mejor del mundo”, apenas unos años después, proponían reformar casi una cuarta parte de su contenido. Al ganar el referendo los opositores a la reforma, se selló el pacto. Poco duró. Varias de esas reformas rechazadas, luego fueron aprobadas de contrabando con leyes inconstitucionales para dibujar un Estado comunal y, con una oposición debilitada, mediante enmienda, se aprobaron verdaderos atentados a la alternabilidad del poder, como la reelección indefinida, rechazada con la reforma constitucional fallida.

Mientras todo esto sucedía, los petrodólares comenzaron a fluir con mayor intensidad, años de altísimos ingresos se sucedieron. De nuevo, la fiesta de los millardos, la indigestión en el bacanal. Dinero y poder juntos, sin instituciones capaces de ejercer ningún control del gasto ni del endeudamiento público. La institucionalidad constitucional era letra muerta. Peor que en la época de la Gran Venezuela, este descomunal gasto público no fue ni parcialmente dirigido a gastos de inversión (como sí ocurrió otrora en CAP 1).

El proyecto mesiánico tenía un segundo aire, ¡y qué clase de aire! Daba para todo, aquí y fuera de aquí. Pocas voces clamaban por los controles, las instituciones y el cumplimiento de los procesos y formalidades legales. Decretos de emergencia sirvieron para evadir licitaciones, procesos de contratación y procura. Sobreprecios, compra de chatarra internacional, obras que se iniciaban y nunca se continuaron, obras que se volvían a reiniciar y se quedaban de nuevo estancadas. ¡Si así llovía, que no escampara!, pero escampó; siempre escampa.

Se acabó la fiesta y comenzó la peor de todas nuestras históricas resacas: el aparato productivo de Venezuela estaba destruido, incluyendo su industria petrolera, los ingresos bajaron y no daban, la República estaba –y está– más endeudada que nunca. Se va Chávez, llega Maduro –en una sustitución constitucional amañada– y se encuentra con un país arruinado por ellos mismos. Presos políticos, medios silenciados, violaciones de derechos humanos y el inicio de la diáspora (primero los más instruidos, luego todo el que ha podido). ¡Qué culazo! (y perdón por mi francés), pero no podía tener otro final esa fiesta milmillonaria.

Los que detentaban el poder se blindaron. Ante la falta del líder carismático y mesiánico, lo fundamental es mantenerse en Miraflores lo más posible, seguir controlando la institucionalidad y seguir con la confrontación, culpando a todos de sus propios errores.

El balance es tétrico. El fracaso del proyecto es brutal. Pero hay que sostenerlo, porque él significa sus propias sobrevivencias.

¿Cómo salimos de esto?

Luego de más de dos décadas de confrontación, nadie ha podido extinguir a la contraparte. En la pugna por el poder, quienes lo ejercen lo han usado sin límites y en ausencia absoluta de una institucionalidad real, como la prevista en 1999. Quienes objetan ese ejercicio han pasado por múltiples etapas de resistencia y de acciones. Poco vale a estas alturas tratar de determinar la constitucionalidad de nada. No vivimos en un Estado constitucional de derecho y justicia. Estoy seguro de que todos en su fuero interno lo sabemos.

Hay que construir un pacto social para todos. ¿Es fácil? No, para nada, es tremendamente difícil.

¿Sirve la Constitución de 1999 como base para ese pacto social? o, dicho de otra manera, ¿puede ese texto violado incesantemente convertirse en ese acuerdo necesario para la reinstitucionalización del país, la creación de instancias e instituciones que curen las profundas heridas sociales, establezca garantías para todos sin impunidad, regrese la alternabilidad en el poder con estabilización política, económica y social? En mi criterio personal, sí puede serlo, aun cuando debe ser sometido a algunas modificaciones que le permitan a esta sociedad fracturada, a este país desmembrado, comenzar a unirse de nuevo.

El hartazgo y la falta de esperanza en un futuro mejor son hoy los signos más evidentes de que nuestro pueblo no quiere ni puede seguir viviendo en este estado de inequidad que describí en el primer párrafo. Ese hartazgo y esa falta de esperanza es lo que lo empuja a huir por nuestras fronteras, con un solo pensamiento: cualquier cosa será mejor que esto.

Un país que no será nunca igual a aquel espejismo de nación rica que nos emborrachó ya en dos ocasiones; pero que puede ser un país democrático, de respeto a la ley y a la dignidad del ser humano, que desde abajo se reconstruya sobre bases sólidas, austero, con realismo. Ese país que todos llevamos en nuestro corazón donde quiera que estemos, que nos identifica como pueblo en nuestro hablar, en nuestro cantar, en nuestra forma de ser. Ese país que hoy está desmembrado, pero que con muchísimo esfuerzo se puede amalgamar. Hay que terminar de tejer el guante constitucional de 1999, adaptarlo a la realidad del 2023, para que pueda abrigarnos a todos con sentido de inclusión y permanencia.

Hay que vencer las soberbias propias del ser humano, hay que someter las posiciones irreductibles y reducirlas. Hay que desdibujar el mesianismo y el personalismo. Hay que negociar la construcción de instituciones que sobrepasen a los que temporalmente las ocupan o las ocuparán.

Solo un Acuerdo así, nos reinsertará de nuevo en la comunidad internacional democrática, que deberá servir de garante para que se cumpla en cada una de sus etapas.

Esta Tierra de Gracia, como la describió Cristóbal Colón, debe llegar a serlo de verdad. Y puede serlo. Ver el tablero completo, salir de las esquinas dogmáticas, volvernos a descubrir y a reinventar entre todos, es la única salida posible de este laberinto en que nos movemos y que nos consume a todos. ¡Carajo, sí hay futuro!

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

«Hoy, aquí y ahora, toda nuestra delegación comenzará el trabajo incesante y comprometido de hacer que esta negociación funcione»

A continuación reproducimos integralmente las palabras de Gerardo Blyde en el acto de instalación del proceso de negociación en México

Comenzamos estas palabras agradeciendo a México y a su Gobierno por haber aceptado ser el país sede para que hoy se inicie este proceso tan importante para Venezuela.

También agradecemos al Reino de Noruega por haber estado, por mucho tiempo, preocupado y ocupado de Venezuela, buscando identificar si existía entre las partes la verdadera intención de solucionar nuestros graves problemas, habiendo invertido incontables horas como facilitadores, para que consolidáramos el inicio de este proceso.

Igualmente, agradecemos el respaldo e interés que ha manifestado la comunidad internacional para la búsqueda de opciones que nos permitan superar las profundas diferencias existentes.

Hoy estamos comenzando la segunda etapa de un proceso de negociación que sabemos será complejo, que seguramente tendrá momentos muy difíciles, para el cual todo nuestro equipo se ha venido preparando. 

En la etapa previa de pendulación o exploración que hoy culmina, no ha sido fácil acordarnos en la agenda a ser discutida y desarrollada, las pautas que regirán el proceso y el formato bajo el cual se desarrollarán las negociaciones. Cada parte ha cedido de su narrativa para lograr un punto medio de inicio, teniendo la convicción de que el proceso es más que necesario.

Nuestra Venezuela está mal, muy mal. Nuestro pueblo sufre la peor crisis de su historia contemporánea; nuestra patria tiene hoy muy poco que ofrecer para el desarrollo personal de cada ciudadano, de cada padre o madre de familia, de cada joven o niño, de cada adulto mayor. Parte de nuestro pueblo ha huido y continúa huyendo, en búsqueda de alguna oportunidad fuera de nuestras fronteras. Un pueblo que, al interior de nuestro país, sobrevive pero no vive.

No es nuestra intención en esta ocasión realizar un listado de nuestros inmensos males. Todos los que vivimos en Venezuela los conocemos muy bien, como también lo saben nuestros compatriotas que han tenido de irse.

Tampoco hoy es momento, en aras de iniciar este proceso en el mejor de los ambientes, para que cada parte repita su narrativa sobre las múltiples causas que nos han traído hasta aquí.

Cada uno de nosotros podría repetir hoy, aquí, lo que, dependiendo de la acera en donde se encuentra, ve como las causas. Cada acción ha traído una reacción, en una escalada absurda de posiciones que nos han alejado cada día más.

Lo cierto es que, entre esas dos aceras, en donde cada parte sostiene narrativas diametralmente contrarias, está una calle llena de ciudadanos desesperanzados y sufriendo, nuestro pueblo.

Hoy, aquí y ahora, toda nuestra delegación comenzará el trabajo incesante y comprometido de hacer que esta negociación funcione.

Hoy, aquí y ahora, expresamos que venimos en búsqueda de acuerdos en todos los temas que vamos a tratar.

Hoy, aquí y ahora, manifestamos públicamente que toda nuestra delegación, y todos aquellos a los que representamos -unidos en la Plataforma Unitaria de Venezuela-, tenemos el compromiso irrenunciable de trabajar todo lo que haga falta para que logremos un Acuerdo Integral que le de a nuestro pueblo, un pacto de convivencia democrática de largo alcance en el tiempo y de profundos cambios en su contenido.

Ese es nuestro objetivo central: lograr ese Acuerdo Integral que beneficie a todos. Que cuando lo logremos, nadie se sienta vencido y todos nos sintamos incluidos. Un acuerdo que nos dé garantías de convivencia política y democrática; un acuerdo de mutuos reconocimientos y respeto para el ejercicio pleno de todos los derechos contemplados en la Constitución nacional; un acuerdo incluyente para todos, incluso para aquellos que hoy, con justas razones, puedan estar escépticos sobre este proceso.

Una negociación no es nunca un fin en sí misma. Una negociación es una herramienta, la mejor herramienta que tenemos los seres humanos para acordarnos, para buscar soluciones, para buscar salidas.

Se han construido en esta fase inicial pendular –por su propia naturaleza reservada– las bases suficientes para que comencemos el proceso más sólido por el que hayamos transitado. El apoyo de la comunidad internacional ha sido fundamental para que sea así, apoyo que agradecemos y que pedimos se mantenga desde ahora y hasta que logremos el acuerdo.

Venezolana, venezolano: sin importar con cuál parte te identifiques hoy, incluso si no te identificas con ninguna de ellas; si eres civil o estás uniformado; sin importar cualquier diferencia que podamos tener, te invitamos a darle una oportunidad a este proceso de entendimiento y a participar en la construcción y desarrollo de la agenda con tus propuestas e ideas. Mientras mayor sea tu apoyo, mayores probabilidades habrá de que no fracasemos en este serio intento por comprendernos.

Solo un acuerdo que nos devuelva la normalidad democrática, la convivencia pacífica, la garantía de la vigencia plena de las reglas que nos dimos para vivir en sociedad, la necesaria conformación de un sistema de pesos y contrapesos frente al poder, la garantía plena de respeto a los derechos humanos y el perdón, sin que ese perdón se convierta en impunidad, será el cimiento sobre el cual podremos construir una Venezuela próspera e incluyente, que vele por los más débiles y que trate a cada ciudadano con iguales derechos y le exija los mismos deberes.

Mucho trabajo tenemos por delante. Que Dios todopoderoso nos ayude, nos guíe y nos dé la fuerza y la claridad para el éxito de este proceso; tratemos de entendernos y alcancemos acordarnos, por los que estamos vivos y por los que ya no lo están.

Gracias.

Ciudad de México, 13 de agosto de 2021.

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Este 8 de noviembre fue suspendido un foro sobre gobierno y democracia que había sido organizado por Vladimir Villegas y Germán Ferrer, conductores de programas Vladimir a la 1 y Criterios en Globovisión. En dicho foro participarían variados expositores, entre ellos el alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde, y culminaría con la ponencia del exministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres. De acuerdo a Nelson Bocaranda, un tuit del exministro, donde propone un gobierno de consenso como salida a la crisis política, fue el causante de que el mismo presidente Maduro llamara a Germán Ferrer para suspender el foro.

A continuación la ponencia de Gerardo Blyde:

1.- Maduro Recién Electo Presidente:

El 18 de diciembre del año 2013, todos los alcaldes de oposición acudimos a Miraflores citados por el recién electo Presidente Nicolás Maduro. Me tocó realizar la intervención de cierre. Le expresé a todo el gobierno nacional que a todos nos tocaba respetar el orden constitucional.

Dije que la Constitución Nacional se había convertido en un verdadero pacto social no cuando fue aprobada aquel 15 de diciembre de 1999, si no cuando pretendió ser reformada en más de un tercio de su contenido pocos años después; el pueblo opositor acudió a defender su vigencia y el pueblo chavista se abstuvo para que la misma no fuera modificada. Maduro respondió públicamente que él no había pensado en eso, pero me dio la razón.

No dijimos aquello como un mero ejercicio intelectual o como tesis jurídica, lo dijimos como un claro mensaje político, pues el derecho constitucional es el que contiene la división del Poder Público, las atribuciones de competencias y la estructura misma del Estado. Una Constitución aceptada por todos es el pacto normativo de convivencia de un pueblo. Si sus normas son acatadas por todos, se constituye en el marco que permite la convivencia, la paz social, el desarrollo de los derechos y el respeto al ciudadano por parte del Estado. Sólo así una sociedad puede conseguir bienestar para todos. El mensaje era claro: Cumplamos todos la Constitución ya que, por fin, todos hemos defendido su vigencia.

2.- ¿Qué sucedió?

Sería muy extenso narrar todos los hechos sucedidos en estos casi tres (3) años de aquella reunión. Procedimientos inconstitucionales terminaron de manera anticipada con mandatos de alcaldes presentes allí, en desconocimiento el debido proceso y a la soberanía popular, entre tantas otras cosas que omitiré en este escrito.

El 6 de diciembre pasado los venezolanos acudimos a los centros electorales y elegimos a los nuevos diputados para el nuevo período de la Asamblea Nacional. Luego de dos (2) años en el gobierno, el Presidente Maduro, el PSUV y la Revolución que representan, sufrió una estrepitosa derrota. Ciento doce diputados fueron proclamados por el C.N.E. como la nueva mayoría calificada a favor de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). El Péndulo del reloj de la historia había cambiado de dirección. El gobierno se quedaba sin la mayoría parlamentaria que desde agosto del año 2000 había detentado.

El escaso margen con el que Maduro había ganado las elecciones fue el primer campanazo popular de que las cosas no iban nada bien. El gobierno y sus líderes no lo escucharon.

La elección parlamentaria fue entonces el grito del pueblo ante una dirigencia oficial a la que le gusta oírse a sí misma y pensar que lo que ellos dicen y piensan es lo que el pueblo piensa.

Un gobierno que supiera leer los hechos políticos de inmediato hubiera hecho política: ante la nueva realidad debía recomponerse de inmediato, buscar refrescarse en todo su tren ministerial, buscar puentes con los actores políticos opositores que encabezaron tal derrota electoral; hubiera producido además, un cambio inmediato del modelo de polarización hasta ahora utilizado, que se había agotado, y, por supuesto, un gran giro en materia económica. Nada de esto hizo.

El gobierno reconoció “de palabra” la derrota, pero la saliente Asamblea Nacional se apuró en nombrar magistrados violando los plazos y procedimientos legales (lo digo con conocimiento pues fui partícipe en la redacción de la Ley del T.S.J. que desarrollo los procedimientos constitucionales para el nombramiento d magistrados, cuando estuve como diputado).

Desde ese momento equivocó por completo la estrategia política que un demócrata hubiera ejecutado. Decidió blindarse en la Institucionalidad ante la carencia de la mayoría electoral.

• Amazonas

Tres (3) diputados del Estado Amazonas, proclamados por el C.N.E. y por tanto con inmunidad parlamentaria desde su proclamación (como lo establece la C.N.) fueron mediante decisión “cautelar” suspendidos de sus cargos, inaudita parte, sin ante-juicio de méritos, con la única y calculada intención de que no se conformara el 5 de enero, la mayoría calificada de 2/3 partes votada por el pueblo. Vale decir que hasta este parcializado C.N.E. en los escritos presentados ante el T.S.J. ha defendido sus actos de proclamación; ha señalado que no existió fraude electoral en el Estado Amazonas. Once meses más tarde siguen “suspendidos” los diputados. ¿Quién subvierte el orden constitucional y la voluntad del pueblo soberano?

Ese hecho gravísimo fue el primero de una cadena que ha, mediante sentencias, judicializado la política durante todo el año. El T.S.J., se convirtió no en el intérprete de la C.N. sino en el poder reformista de su articulado, de sus principios, de sus normas atributivas de competencias y del equilibrio del Poder Público.

• Estado de Excepción

Así, también mediante sentencia, fue eliminada la facultad de control parlamentario. El caso más grave sin duda lo constituye el control parlamentario sobre los Estados de Excepción, en específico sobre el Decreto de Emergencia Económica. Violando la C.N. y la Ley Sobre Estados de Excepción, el T.S.J. declaró nulo e inexistente el control parlamentario sobre lo más delicado que puede hacer solo de manera excepcional un Presidente, como lo es, la desaplicación temporal y controlada de normas constitucionales para hacerle frente a hechos o circunstancias también excepcionales.

La Ley Sobre Estados de Excepción fue de las poquísimas leyes aprobadas por unanimidad en la A.N. del 2000 al 2005. Chávez la vetó alegando que si la A.N. le decía que NO al Decreto Presidencial, este debía dejar de tener vigencia por completo y no aceptó nuestra propuesta de que pudiera la A.N. aprobar el decreto parcialmente, es decir, algunas medidas si y otras no. Al final, también por unanimidad, todos los diputados aceptamos el veto presidencial: Si la A.N. no aprueba el decreto, este deja de existir, y es un control diferente a la constitucionalidad que revisa el T.S.J. (Por cierto Chávez nunca dictó un Estado de Excepción).

Desde el primer decreto, su prórroga, y los decretos sucesivos, el derecho constitucional viene cuesta abajo en la rodada, usándose como si un Estado de Excepción pudiera ser permanente (por excepcional es temporal), y a su vez lo transformaron en una habilitante presidencial para, mediante decreto, gobernar solo sin Poder Legislativo, llegándose al colmo de aprobar la Ley de Presupuesto de la Nación por decreto. Los parlamentos nacieron en el derecho constitucional, para justamente controlar los gastos del Rey dado que los ingresos lo constituían los impuestos del pueblo. Los representantes electos por el pueblo controlan los gastos. Hasta esa función primaria del Parlamento fue suprimida este año bajo el Decreto de Emergencia Económica.

Por vía de sentencia (de interpretación constitucional o cautelares) al Poder Legislativo Nacional se le ha vaciado de sus competencias constitucionales: No puede legislar, no puede constituirse válidamente con todos los diputados electos, no puede ejercer funciones de control y prácticamente lo han reducido al ejercicio del debate político.

• El Revocatorio

Luego de haberse recorrido el tortuoso y muy dilatado camino reglamentado por el C.N.E. para llegar al momento en que finalmente se fijó la fecha para dar cumplimiento al único requisito constitucional para el ejercicio del derecho revocatorio del mandato presidencial, jueces penales de instancia, sin competencia electoral, otra vez inaudita parte y mediante decisiones cautelares, suspenden en varios estados del país de manera orquestada, el proceso de recolección del 20% de manifestaciones de voluntad para solicitar el Referéndum Revocatorio.

El Poder Electoral, a sabiendas de la incompetencia en razón de la materia de los jueces penales, y en pleno conocimiento de que las firmas objeto de esas acciones penales (de un supuesto fraude no probado ni sentenciado) ya habían sido descontadas y no están dentro del 1% de firmas validadas que su reglamentación exigió, de manera rauda y veloz se amarró a estas cautelares y suspendió el proceso revocatorio, trancando el camino político a la salida constitucional electoral y pacífica.

3.- ¿Dónde Estamos?

Mediadores internacionales con la incorporación del Vaticano han convidado a las partes al Diálogo, luego de la arremetida brutal contra el Referéndum Revocatorio y la reacción dura del liderazgo opositor.

El gobierno basa su posición de fuerza y su desconocimiento del orden constitucional en el control institucional.

La oposición basa su fuerza en el apoyo popular que si bien no es completamente suyo, si capitalizaría en cualquier medición, tanto la de sus partidarios, como la de todos aquellos que sin serlo de manera militante, expresarían mediante el voto su descontento y rechazo al gobierno.

Las partes sostuvieron un primer encuentro del cual a profundidad no se nos ha informado.

• Diálogo

El Diálogo no es una solución en sí mismo para la crisis política de la dimensión que vivimos. El diálogo es una herramienta que debe llevar a que se restablezca todo aquello del orden constitucional que se ha dejado de lado. El Diálogo no puede ser para negociar pedazos de ese orden constitucional que, como narré al inicio, se convirtió en las normas de convivencia aceptadas de todos los venezolanos.

Es importante el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la liberación de los presos políticos; es también importante el restablecimiento pleno de las facultades legislativas y contraloras de la A.N.; pero lo más importante de ese orden constitucional que debe restablecerse y que tiene entre sus fines esenciales el ejercicio democrático de la voluntad popular, como manifestación de la soberanía que no reside en quienes ocupamos cargos públicos sino que reside intransferiblemente en el pueblo, que se deje de impedir el ejercicio del derecho a revocar, basados en que el gobierno debe ser siempre democrático, participativo y de mandatos revocables. (Constitución dix)

En consecuencia, el primer punto de cualquier diálogo debería ser: Que el Poder Electoral termine con la inconstitucional suspensión que declaró y fije cuanto antes la nueva fecha para que el pueblo venezolano manifieste su voluntad de convocar a un Referéndum Revocatorio Presidencial.

Y digo es lo más importante porque se corre el riesgo de que solo se obtengan acuerdos y logros en materia de respeto a poder constituido representado en la Asamblea Nacional, o en materia de liberación parcial o medidas sustitutivas a presos políticos, descuidando lo que constituye la esperanza real de producir un cambio en la forma de conducción del país ante un modelo de confrontación constante que se agotó.

El Revocatorio prendió en la mayoría de los venezolanos como una posibilidad de cambiar a futuro un modelo que ha traído consigo un inmenso empobrecimiento del pueblo en general, la ausencia de productos alimenticios y de medicinas.

Un modelo que nos trajo una inmensa crisis económica y social que busca salidas en la política. No es al contrario.

• La Política

Si la política no produce las salidas, difícilmente se solventará la crisis económica y social que vivimos. Y si la política sólo se ocupa de los asuntos políticos parciales de una tendencia u otra, o de las tendencias dentro de las tendencias, se alejará cada día más del gran pueblo que sufre y pierde las esperanzas.

La salida pacífica prevista para la solución de las crisis políticas profundas, es la consulta al pueblo. Si para llegar a materializar esa consulta se tuviere que ceder u otorgar algunas garantías a quienes hoy detentan el poder y le niegan la consulta al pueblo porque saben que saldrían del poder, pues habrá que otorgarlas, sin que ello implique claudicar en los principios. Siempre será mejor ceder en algo para lograr que el poder constituyente se exprese, que el soberano hable, a llegar a un enfrentamiento entre hermanos de una misma patria.

El referendo revocatorio es la salida constitucional más directa y apropiada como solución política, para que la política se ponga al servicio de lo económico y lo social.

• Elecciones Generales

Hemos escuchado todos los venezolanos una propuesta supuestamente proveniente de alguno de los mediadores conforme a la cual podría plantearse un proceso adelantado de elecciones generales como producto del diálogo. Varios de los voceros del oficialismo le han salido al paso a este planteamiento con argumentos que resultan completamente incoherentes con lo que hasta hoy había sido su discurso por años. Señalan que esa posibilidad de adelanto de elecciones generales es imposible por no estar contemplada en la constitución. Hay que recordarles los hechos que ellos han apoyado y que no están en los textos constitucionales.

El primero de ellos fue el referendo para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, que no lo contemplaba la Constitución de 1961. Siempre sostuvieron que el soberano estaba por encima de la Constitución, en ejercicio de esa soberanía esa necesario consultar al poder constituyente. El referendo se realizó.

El segundo hecho acaba de suceder. El presidente Maduro se trasladó a Cartagena Colombia para apoyar el acuerdo de Paz suscrito entre el gobierno colombiano y las FARC. Apoyó incluso la consulta popular al pueblo Colombiano pues las disposiciones de ese acuerdo contenían condiciones de justicia transaccional fuera de lo permitido por la constitución colombiana. Si el pueblo colombiano hubiera aprobado el Acuerdo, sus disposiciones contrarias a la Constitución colombiana se hubieran ejecutado, Maduro y todos los del PSUV lo hubieran aplaudido.

¿Cómo entonces, bajo la vigencia de la Constitución de 1999, que consagra la participación popular y el ejercicio directo de la soberanía por parte del pueblo, ahora pretenden amarrar el ejercicio de esa soberanía a solo aquello que como mecanismo electoral esté establecido en la Carta Magna, pero además niegan el ejercicio del derecho a revocar, que sí está establecido?

Hay que exigir coherencia. El pueblo no es sabio solo cuando te apoya e ignorante y manipulado cuando deja de hacerlo.

• Consensos

En todo caso, nuestro país requiere de un amplio consenso para lograr una salida electoral y que sea el pueblo soberano quien decida. Sin seguridad jurídica, sin respeto al estado de derecho, sin respeto al mandato del soberano, y sin seguridad para la vida de los ciudadanos, nuestro Estado no podrá lograr el milagro económico deseado por el pueblo. Ese milagro demanda que lo público, lo privado y el pueblo trabajen mancomunadamente para la recuperación sustentable de nuestra patria y dejar de hacerla dependiente de la lotería de precios de nuestro único bien exportable: el petróleo.

Nuestra crisis es global. No se puede superar mirando sólo una parte pequeña de ella. Estamos obligados a ver el tablero completo o seguirá cada quien arrinconado en su pequeño cuadro jugando a posiciones inamovibles mientras la crisis se profundiza y se hunde aún mas nuestro pueblo.

Lograrán abastecer el mercado de bienes y servicios? ¿Lograrán que consiga-mos comida y remedios? ¿Seguirán amedrentando y aterrorizando, como política de Estado, a quienes aún producen o comercializan? ¿Cómo carrizo con lo que un empleado gana en bolívares podrá acceder a algo de lo que no esté subsidiado con dólar preferencial a 6,30? ¿Cómo asegura su carrito viejo, cómo repara su nevera o su cocina si se dañan, o su moto, o su bicicleta, o su máquina de coser? ¿Cómo pretende el Gobierno que los ciudadanos de a pie enfrenten el tsunami inflacionario que inevitablemente se va a desatar?

Son apenas seis preguntas, que buscan respuesta. Son las preguntas que se hacen los ciudadanos de a pie y que deberían hacerse quienes toman las decisiones en el gobierno nacional. Son preguntas para las que han evitado dar respuesta.

Vimos con mucha atención la declaración del presidente del BCV, Nelson Merentes, y del ministro de Finanzas, Marco Rodolfo Torres. Huelga decir que llevábamos meses esperando estos anuncios. Llegan tarde e incompletos. Y además sin permitir la suficiente cantidad de preguntas de los periodistas presentes, quienes vienen a hacer las traducciones de lo que dicen los personeros gubernamentales.

Dudas

Por supuesto que el país necesita información y análisis. De lo contrario, tomar decisiones es misión imposible. Merentes y Torres dijeron poco con sus palabras y mucho con sus gestos. Con ambos lenguajes no generaron confianza, que es por mucho el bien más escaso en la Venezuela de nuestros días. Disipar el clima de incertidumbre debió ser su objetivo primordial. No fue así. Y a juzgar por la reacción de la gente normal y corriente, las dudas tuvieron cría.

Los economistas intentan primero metabolizar los anuncios y luego explicarnos. Casi todos los especialistas independientes concluyen que las medidas no alcanzan para solucionar los problemas o mitigar las calamidades. Advierten que no atacan las enfermedades sino que vienen a ser, cuanto mucho, unos pañitos calientes o más bien tibios. Apuntan, una vez más, que sin enfrentar la crisis por todos los flancos solo se conseguirá correr unos centímetros más la arruga.

En la declaración de Merentes y Torres estuvo ausente la verdad. La verdad de un país que no produce para alimentar a sus habitantes, cuyas industrias y empresas han sufrido ataques barbáricos que han diezmado su capacidad de producción, con una corrupción ya incalculable que ha producido multimillonarios a costa de la salud, la educación, la seguridad, la movilidad, la alimentación y todo aquello que es necesario para ser una sociedad sana.

No dijeron los altos personeros cuánto van a costar estas medidas en términos de destrucción de empleos y cuánto van a fomentar la informalidad y la pobreza.

No queda nada claro cuánto será el incremento en el costo de los insumos que necesitan los gobiernos regionales y municipales para la prestación de tantos servicios a las comunidades. O cuándo van a cancelar las inmensas deudas a empresas nacionales e internacionales a las cuales se les prometen fechas y montos que nunca se cumplen, poniéndolas a caminar permanentemente por el desfiladero de la quiebra.

Las colas

Recurrieron sí al expediente de anunciar, casi con bombos y platillos, que se mantienen los 3 mil dólares de cupo para los viajeros. Y los 300 dólares para las compras internacionales por Internet. Eso se venía bonito en la declaración. Y tuvieron buen cuidado de dejar para el final, al pasar, que los dólares que se podrán adquirir libremente en bancos y las antiguamente llamadas casas de cambio, en la modalidad de un sistema llamado Simadi, solo podrán ser adquiridos a razón de un máximo de 300 dólares diarios, y que para hacer esa operación es imprescindible tener una cuenta en dólares en los bancos determinados por el Gobierno. ¿Cuántos venezolanos de a pie tienen tarjeta de crédito? ¿Cuántos tienen una cuenta en dólares abierta en los bancos especificados por el Estado? En cualquier caso, cabe imaginar desde ya las colas para comprar dólares y los vivos con información privilegiada vendiendo los puestos en esas colas.

Cada día nos parecemos más a Cuba. Nada de este disparate podría emprenderlo el Gobierno si no contará con la obsecuencia de una Asamblea Nacional en la cual una mayoría está rendida a los pies de Miraflores y los enchufados. Un Parlamento serio le pondría freno a la hoguera de vanidades.

Así que, amigo lector, prepare su cédula y sus dedos. Que este año hay que sacarle la alfombra legislativa al Gobierno.

@gerardoblyde

El Universal 

La insistencia en una pretendida guerra económica para tratar de ocultar lo que no se ahorró, lo que se dilapidó, lo que no se invirtió y con todo lo que se acabó, está llegando a extremos irracionales. El Gobierno Nacional decidió lanzarse por el camino de agudizar la crisis económica y tratar de endosarle las culpas a todo aquel que se pueda, mientras no sea a él mismo. ¿A dónde va con esta conducta que nos resulta incompresible a la mayoría de los ciudadanos?

La causa está en el desmantelamiento de nuestro aparato productivo y nuestra dependencia absoluta de lo importado; un modelo que consagró un Estado nuevo rico que pensó que lo sería eternamente. Un gobierno que malbarató esa riqueza y para el cual era más importante el control político de la sociedad y de todas las instituciones del Estado, que generar riqueza con esfuerzo propio.

La reaparición de Giordani con su frase «¡Ya somos casi el hazmerreír de América Latina!», fue la guinda que le faltaba a la torta. Dos correcciones: el «casi» sobra y, cambiemos «de América Latina» por «del mundo» para ser más exactos. Para Giordani, somos el hazmerreír; para mí una vergüenza, un caso que debe estudiarse en todas las escuelas de economía del mundo como el país que en dos oportunidades se ganó la lotería y botó el premio en espejismos.

La frase no vino sola; fue acompañada de varias otras declaraciones memorables: «Nosotros no hemos podido hacerle un cariñito a la burocracia ni a la tecnocracia venezolana. No la hemos impactado… Y ahora creamos vicepresidencias a granel, ministerios y viceministerios que, por cierto, no existen: son puras invenciones, dado que el ministerio es uno solo. Pero sí hay monasterios, misterios… y esperemos que no se transformen en cementerios». Pero el gobierno al que apoyó Giordani (Chávez) creó ese monstruoso Estado y el actual no pretende por nada del mundo disminuirlo, pues vive de ese clientelismo político traducido en el más ramplón populismo.

Otra de Giordani: «Entonces viene la crisis. Que llegue, a ver si adquirimos conciencia de los límites. ¡Qué bueno! Para que tengamos conciencia y nos ajustemos los cinturones, porque no hay dólares ni bolívares…». Cuando los había los botaron y, ahora que no los hay, el gobierno nos anuncia nuevos planes faraónicos y nos dice que tiene los recursos tanto en divisas como en bolívares para ejecutarlos. ¿Hasta dónde llegará la mentira oficial?

Giordani dixit: «Al presidente Hugo Chávez le dije una vez: Presidente, el ‘regalado’ se debe acabar. De allí lo que teníamos que hacer a partir del 7 de octubre del 2012…». Pero el gobierno anuncia que Petrocaribe seguirá igual y que también lo que se regala en viviendas y otros cientos de cosas permanecerá igual. El «regalado» es la norma, el esfuerzo propio la excepción en el modelo revolucionario que crearon, y Giordani estuvo allí.

Y también dijo: «El principal problema político de Venezuela es la distribución de la renta petrolera. ¿Cómo vamos a construir una sociedad socialista con esos perforadores de la renta enquistados en el sistema financiero?…». Con ellos no se puede construir ni una economía socialista ni capitalista ni de ninguna índole. No son sanos en ningún modelo. Han desangrado a Venezuela, pero allí siguen.

Y agregó: «Hay que hacer una ley draconiana contra la corrupción. ¿Por qué no aprobamos esa ley como una primera medida? El pueblo de Venezuela la va a aplaudir. ¿Quiénes no la van a permitir? ¡Los que están en ese proceso, involucrados en el fenómeno de la corrupción!…». ¡Exactamente! Estaban y siguen enquistados en el poder o vinculados directamente a él. Expoliaron miles de millones de dólares y lo seguirán haciendo. No se trata de leyes, ya las hay, se trata de instituciones independientes que las apliquen y los coloquen tras las rejas. Qué daño tan inmenso le han hecho a la democracia al colonizar los poderes públicos, consagraron la impunidad.

Y también debemos parar la oreja, dice Giordani: «Oye, ¡dejemos de importar alimentos! ¡Vamos a producir! ¡No te metas en lo que está funcionando! Parece que fuéramos el Rey Midas al revés. Pon a funcionar a Pdvsa, al Seniat, al BCV, al comercio exterior, al sistema financiero. Pongamos a funcionar la electricidad, las empresas de Guayana, las telecomunicaciones, los servicios públicos. Que la gente tenga medicinas y alimentación, y lo pequeño y mediano que funcione bien, déjalo tranquilo…». ¡Cuánta lucidez tardía!, luego de haber acabado con todo lo que tocaron.

Toda la declaración de Giordani es, sin duda, la confesión más importante de la burla que ha significado este modelo socialista (sólo de nombre) que ha convertido en muy ricos a pocos y ha multiplicado la pobreza en millones. Cómo duele la Patria al ver estos resultados.

@GerardoBlyde

El Universal 

Nada resulta más peligroso para un gobernante que aparezcan en altísimos porcentajes de la población a la que gobierna, emociones como la inconformidad, la desesperación, la frustración constante, la ansiedad y la reprobación. Los seres humanos necesitamos sentirnos motivados y esperanzados. Cuando sucede lo contrario los psicólogos hablan del síndrome de Brunout.

Así como un individuo puede estar afectado por este síndrome cuando no se siente satisfecho consigo mismo o con lo que ha logrado en la vida y puede derivar en depresión, me atrevo a decir -con la venia de los profesionales de la psiquiatría- que un pueblo, un colectivo, también puede sentirse frustrado, inconforme, ansioso, a la deriva e insatisfecho con lo logrado hasta ahora, pero, lo que es aún peor, sin esperanzas de que en un futuro cercano esa realidad que lo agobia sufra cambios importantes que lo reanimen.

La esperanza, ese estado de confianza o certeza consistente en la convicción interna de que vendrán o sucederán mejores cosas que las que ocurren en el presente, está cada día más reducida en la población venezolana. Existe, sí, por el contrario, un sentimiento colectivo de que las cosas irán a peor en el corto plazo.

Adonde quiera que voy las frases -y sobre todo las caras- de la gran mayoría son las mismas: «¿hasta cuándo esto?» o «¿qué vamos a hacer?

Seguro estoy que ni el Presidente ni sus ministros, ni todos los cientos de altos funcionarios gubernamentales que han tomado como bandera la supuesta existencia de una guerra económica como excusa a lo que estamos viviendo, se han paseado por un abasto, un mercado o una farmacia. No salen de ambientes controlados o de actos muy bien montados donde sólo se rodean de un grupo de personas dependientes de los beneficios del Estado para recibir aplausos a cada frase que digan contra el imperio, contra la oposición, contra los empresarios y comerciantes, y contra el mundo entero que, según ellos, conspira para vernos más pobres a todos los venezolanos.

No hay publicidad oficial o cadena gubernamental que pueda ocultar lo que en nuestros pueblos y ciudades está ocurriendo. El síndrome de Brunout nos está abrazando como una niebla oscura que se va colando por todas partes. Aunque algunos se esfuercen en ocultarla, en no quererla ver, aunque cierren todas las ventanas y puertas de sus despachos ministeriales o de Miraflores, esa niebla se cuela incisiva por las rendijas, por debajo de las puertas y avanza peligrosamente por todos los rincones.

Ese portero que cuida la entrada del lujoso despacho ministerial, o ese soldado que está custodiando la garita de cualquier gran edificio gubernamental, tiene mujer e hijos en casa a los que la leche no llega sin tener que hacer una cola de horas o sin tener que pagar un sobreprecio enorme al revendedor de la zona. Ese mismo que tienes tan cerca, tú que estás empoderado y enamorado del alto cargo gubernamental que ejerces, está igual que el taxista en la calle o el chofer de metrobús, o el obrero de la fábrica, o el empleado de una oficina. Está allí callado escuchándote hablar sobre una guerra económica, sobre los abusadores acaparadores, sobre los chinos y los rusos, sobre los árabes y el imperio. Ese mismo se está preguntando qué nos pasó. Pero no encuentra respuesta.

A ese le dijiste que éramos ricos, que los fondos para todas nuestras necesidades estaban asegurados, que nos convertiríamos en una súper potencia. Ese -que tienes tan cerca de ti- ya no te cree. Y, lo peor, ya no cree en nadie.

¿Te volvería a creer si le hablaras con la verdad, si reconocieras todos los errores, si rectificaras en el modelo fracasado, si le señalaras que vienen tiempos difíciles que tendremos que atravesar en colectivo para recuperar una patria productiva para todos? Quizás te volvería a creer, no lo sé con certeza, pero lo que sí se siente y, sobre todo, se ve en los rostros de millones de venezolanos, es que ahora no te está creyendo.

Hace falta que nazca en todos nosotros un ideal colectivo, un sentimiento compartido, que se indique un camino claro al futuro con una conducción sólida y responsable, que señale sin ambages que lo que viene será duro, difícil, pero que tenemos futuro como país, como colectivo. Que dentro de ese futuro colectivo también está incluida la aspiración personal de cada individuo, de cada ciudadano. Hace falta una esperanza común.

Mientras insistan en culpar a todos, la desesperanza seguirá aumentando. Un pueblo defraudado y deprimido termina reaccionando. Esa reacción colectiva no está escrita en ninguna parte. Si el rechazo a todo es demasiado profundo, será un rechazo a todos, a ustedes e incluso a nosotros, para que nazca algo nuevo que sí tenga la capacidad de volver a enamorar.

@GerardoBlyde

El Universal 

De regreso este año a esta columna, que ya lleva trece años los viernes, al ser la primera de este 2015 pensé en dedicarla a comparar dos discursos presidenciales ante sus respectivos parlamentos: el expresado el martes pasado por Obama y el dado el miércoles por Maduro. Rindieron cuentas y hablaron de sus proyectos futuros. Yo, que no soy precisamente nada fan de Obama (pienso se desinfló en el ejercicio del cargo), debo reconocerle que jugó duro y lanzó con inteligencia la pelota a la ahora mayoría republicana que domina el Congreso yanqui. Pero tratar de compararlo con lo que escuchamos todos aquí en nuestra patria del presidente Maduro simplemente no me es posible, pues su alocución fue confusa, desordenada, sin juego político de estadista e inundó la atmósfera nacional de pesimismo y sentimiento de asfixia.

«No tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor» fue la expresión de Churchill al asumir como primer ministro para enfrentar los retos históricos de su época. Hubiera preferido mil veces que Maduro hubiera -con valentía- admitido los errores cometidos que nos han traído a esta crisis sin precedentes en nuestros tiempos, que hubiera reconocido el fracaso de un modelo económico errado basado en gastar sin producir y en repartir sin valorar el trabajo y el esfuerzo personal. Hubiera preferido que nos invitara a todos los venezolanos a generar un ideal colectivo e individual en unidad para enmendar los errores, reconciliarnos como pueblo, trabajar duro con sudor propio para reactivar campos e industrias, devolverle a quienes saben ser productivos con sus tierras y fábricas para que vuelva a nacer el orgullo de consumir lo «Hecho en Venezuela».

Muy lejos de eso, diría que a años luz de cualquier cosa semejante, destinó su alocución a sembrar más desunión, más desconfianza, a buscar todo tipo de culpables lavándose las manos cual Pilatos, a anunciarnos más repartición de dinero incluyendo nuevo aumento del salario, sin señalarnos de dónde saldrá lo que el país requiere para funcionar. El asunto es simple: ni él mismo sabe de dónde saldrá. Dios proveerá, nos dijo. Dios nos proteja, fue lo que me vino de inmediato a la mente.

Ninguna de las medidas anunciadas -a medias- es suficiente para llenar el tremendo hueco fiscal existente. Ninguna genera confianza para atraer inversiones. Ni las tres bandas cambiarias, ni el aumento de la gasolina -que no se atrevió a soltar por completo y que delegó en Arreaza- ni las tímidas medidas de reformas impositivas contenidas en las leyes habilitantes son suficientes.

Quedó claro que nada logró para inyectarle dinero a nuestra economía en su largo periplo. Somos, de alguna manera, como el que se gana la lotería y mientras tiene plata todo el mundo busca y halaga. Pero cuando ha despilfarrado todo el premio, aquellos que lo buscaban, le sacan el cuerpo o lo reciben con lástima. ¿Cómo nos van a prestar los rusos si, tal como lo dijo Obama, su economía también está en ruinas? ¿Qué decir de los chinos, si son ellos la potencia que ejerce con mayor dureza en el mundo un capitalismo de Estado que sólo busca retribuciones y ganancias?

Hemos botado, por segunda vez en nuestra historia (esta vez con un fracaso aún más rotundo), la verdadera posibilidad de dejar de ser un país del tercer mundo y haber conquistado niveles de desarrollo y bienestar para todos nuestros ciudadanos. Hemos despilfarrado la mayor riqueza petrolera que jamás soñamos en tener, que se mantuvo por años y que no se ahorró. Hemos perdido de nuevo el tren a la modernidad y al progreso. El balance verdadero de nuestro país es esa cruda y fuerte realidad.

Un estadista en la Presidencia de la República hubiera asumido con todas sus letras y palabras la verdad. Una vez asumida esa verdad, hubiera trazado un rumbo, un camino, un modelo. Ese modelo debía ser austero, ese camino debía ser de esfuerzos, ese rumbo debía ser de crecimiento medido paso a paso. Un líder en la presidencia conduce, asume errores, corrige, rectifica y unifica.

Quedó más que claro que en estos dos años no se tomaron las medidas que se requerían a tiempo por dos razones: miedo a tomarlas por sus consecuencias y un fantasioso acto de fe en que el precio del petróleo se mantendría por siempre alto para seguir gastando sin producir nada.

Triste mensaje el de Maduro, triste futuro el de nuestra Venezuela, en manos de quienes lucen aún con terror de actuar como deberían hacerlo. «Sangre, sudor y lágrimas» unieron a un pueblo porque detrás estaba la esperanza de pasar ese camino para llegar a la estabilidad y el progreso. Aquí nos vende mentiras y espejismos que ya sólo algunos pocos creen que podrán detener la caída en barrena por donde vamos rodando.

@GerardoBlyde

El Universal 

En los próximos días la Asamblea Nacional producirá el nombramiento de varios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (aunque no de la Sala Constitucional, pues sus siete magistrados aún no tienen sus períodos vencidos), algunos rectores del CNE y la trilogía constituida por quienes encabezarán la Fiscalía General de la República, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.

Mucho se ha dicho sobre la falta de independencia de los poderes públicos desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, siempre resaltándose sus actuaciones en casos emblemáticos.

Algunos han señalado que esto es afirmado sólo por la notoriedad de algunos casos, pero que en su actividad cotidiana de control de la constitucionalidad o legalidad de los actos emanados del Gobierno Nacional o de la propia Asamblea Nacional, los poderes públicos sí han actuado con independencia para restablecer el orden infringido.

Un concienzudo estudio redactado a cuatro manos por los abogados Canova, Herrera, Rodríguez y Graterol demuestra que no es cierto que haya habido generalizaciones interesadas para dañar la imagen de los poderes. Al profundizarse en cómo ha decidido el Tribunal Supremo de Justicia los casos en los cuales se ha demandado al Estado alegando ilegalidades o inconstitucionalidades en sus actuaciones, este estudio revela verdades muy crudas. Ya está publicado bajo el título «El TSJ al servicio de la Revolución»(recomiendo particularmente su lectura, pues nos sitúa frente a la realidad existente).

Sólo algunas cifras tomo de este extraordinario trabajo a manera de ejemplo. Entre los años 2005 y 2013 la Sala Constitucional conoció de 1.732 demandas sobre control de los poderes públicos de las cuales sólo 116 fueron declaradas con lugar (es decir, a favor del accionante), lo que equivale al 7%. Al discriminarlas por tipo de procedimiento, las cifras que revela el estudio señalan lo siguiente: Amparo contra actos, 570 decisiones, sólo 12 con lugar (2%); Amparo contra leyes, 26 decisiones, ninguna con lugar; Recurso de Interpretación, 166 decisiones, sólo 23 con lugar (14%); Recurso de Nulidad, 495 decisiones, sólo 60 con lugar (12%); Recurso de colisión, 44 decisiones, 1 con lugar (2%); Controversia constitucional, 11 decisiones, ninguna con lugar; Omisiones de los poderes públicos, 40 decisiones, sólo 2 con lugar (5%); Avocamiento, 130 decisiones, 11 con lugar (8%); Protección de derechos colectivos, 53 decisiones, sólo 6 con lugar (11%); y, finalmente, Hábeas data, 197 decisiones, 1 con lugar.

Este es apenas un cuadro de todo lo que contiene este revelador libro. Valdría la pena realizar estudios similares con las actuaciones de cada uno de los otros poderes públicos.

Para que exista un Estado Democrático de Derecho y de Justicia, tal como reza nuestra Constitución, debe haber instancias a las que los ciudadanos puedan acudir a solicitar protección y tutela de sus derechos. Esas instancias deben, de manera imparcial y bajo el examen directo de los hechos y el derecho alegados, decidir sobre el restablecimiento del orden jurídico infringido por el Estado. Si esas instancias sirven al poder y no a los ciudadanos, han confundido y equivocado completamente su razón de ser, la causa misma de sus propias existencias. Han tergiversado quién es en democracia el verdadero soberano, que no es otro que el pueblo constituido por ciudadanos libres.

La división del poder existe sólo para proteger al ciudadano del poder mismo, para que exista un esquema institucional de pesos y contrapesos que pongan límites a excesos, abusos, actuaciones arbitrarias, ilegales o inconstitucionales. Cuando hablamos de independencia de poderes, hablamos esencialmente de un sistema que garantice que el orden jurídico establecido a favor de los ciudadanos -no del gobernante- tenga quien lo cuide, salvaguarde y lo haga prevalecer.

Por lo que se dice, amaneceremos el próximo año con nuevos integrantes en estos poderes. ¿Tendrán el valor de actuar de manera autónoma para garantizarles a los venezolanos el imperio de la ley? Si nos guiamos por la conducta asumida durante los últimos años por la mayoría de los que ahora ocupan los altos cargos, no tenemos muchas esperanzas de que eso suceda.

El 2015 será un año duro tanto en lo económico como en lo social. Ello derivará en profundización de la crisis política. Necesitaremos instituciones fuertes, comprometidas con el orden democrático y constitucional, independientes y defensoras del ciudadano.

Nota

Esta es nuestra última columna del año. Pasemos todos una Navidad en familia; recordemos a quienes no podrán hacerlo con los suyos. Que Dios nos ayude a superar toda esta crisis. Nos reencontraremos de nuevo en el 2015 en este mismo recuadro de los viernes.

@GerardoBlyde

El Universal