Yaritza Berríos, fiscal asignada al caso, manifestó “no estar de acuerdo” con la decisión del juez Edgardo Sánchez de otorgar libertad plena a tres personas señaladas por cometer una presunta extorsión en el estado Lara. El abogado de los acusados asegura que se trata de la simulación de un hecho punible. Ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el caso, a pesar de que involucra a un efectivo vinculado con la seguridad directa del Presidente
Por Adriana Núñez Moros
@AdrianitaN
Gilson Mauricio Barroeta Flórez, supuesto socio de los sobrinos Flores; Robert David Zapata Aldana (27) un sargento de primera de la Guardia Nacional, adscrito a la Guardia de Honor Presidencial (GHP); y Eliomar Jesús Aponte Mendoza (36) fueron presentados la noche de este martes 23 de febrero de 2017 ante los Tribunales de Barquisimeto, estado Lara, luego de ser detenidos el sábado por su presunta participación en la extorsión de un ciudadano.
Cerca de las diez de la noche el juez de control cuarto Edgardo Sánchez informó su decisión de conceder libertad plena a los detenidos y dictaminar la nulidad de todo el proceso. Yaritza Berríos, fiscal 4º con competencia contra la legitimación de capitales, delitos financieros y económicos, extorsión y secuestro, delitos contra el tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos y la fiscal auxiliar, Yelitza Cortez, refutaron el fallo y ejercieron un recurso de apelación con efecto suspensivo. Dentro de la sala, Berríos alegó “no estar de acuerdo con la decisión”, informaron a Runrunes fuentes en los tribunales.
Barroeta, Aldana y Aponte fueron representados por los abogados Pedro Troconis, coordinador del Foro Penal Venezolano en su capítulo Lara, Gustavo Peñalver y David Alvarado. En entrevista telefónica Troconis aseguró que el Tribunal de Control anuló todas las actuaciones efectuadas por los funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) —organismo que practicó el procedimiento— por irregularidades en la detención y en la investigación. “Además, (el Tribunal) ordenó oficiar a la Fiscalía Superior que se iniciara una investigación contra Ramón Alexander Escobar Luque, la supuesta víctima”, explicó.
Sin embargo, en las actas de la detención a las que Runrunes tuvo acceso, la víctima se identifica como Henrry José González Vegas, de 54 años. En una nota publicada previamente por Runrunes se confirma la veracidad del estatus de reportado en el que se encuentra el automóvil señalado en el acta que se muestra a continuación. Se protegen algunos datos de las actas con el fin de preservar la identidad de las fuentes y de las familias de los señalados.
Troconis definió esto como “una incongruencia” y aseguró que la presunta víctima es Escobar Luque. Además, alegó que la persona identificada como víctima debía más de 252 millones de bolívares a Barroeta Florez por concepto de la adquisición de dos vehículos y, por ello, el juez consideró estar ante la presencia de la simulación de un hecho punible. “Como Barroeta insistía en que le pagara, este se aprovechó, hizo un procedimiento con los funcionarios del Conas y lo denuncia por extorsión”, declaró. Barroeta es acusado de solicitar 800 mil bolívares para regresar un vehículo robado.
En función del recurso de apelación ejercido por la juez Berríos, el tribunal debe paralizar la decisión y remitir la decisión a la Corte de Apelaciones. Entretanto, a Barroeta Flórez se le imputan los delitos de agavillamiento, extorsión y tráfico ilícito de armas en modalidad de ocultamiento y seguirá detenido hasta que se tome una decisión. Zapata Aldana fue imputado por los delitos de agavillamiento y porte ilícito de arma de fuego; seguirá el proceso en libertad —aún está detenido— y debe presentarse ante los tribunales cada ocho días. Aponte Mendoza, vigilante de la casa de Barroeta, fue absuelto por tener el porte del arma que llevaba consigo y debe presentarse cada vez que el tribunal lo requiera.
Se espera que el proceso se retome el miércoles primero de marzo, luego del asueto de Carnaval.
El silencio oficial
Karina Peraza Rodríguez, periodista del diario regional El Impulso indicó que no hubo presencia evidente de familiares de los detenidos durante la presentación. “Se supo que algunos de ellos estaban dentro de vehículos particulares que se encontraban parqueados en las afueras del Edificio Nacional, en donde se pudo observar presencia de carros último modelo”, señaló en su reporte.
Cinco días después de la detención no hay información sobre este caso en el portal web del Ministerio Público; tampoco ha habido un pronunciamiento por parte de alguna alta autoridad nacional, a pesar de que involucra a un funcionario encargado de la seguridad inmediata del Presidente Nicolás Maduro. Peraza Rodríguez indicó que hizo intentos por comunicarse con Rafael Torrealba, jefe de la Zona de Defensa Integral de Lara, y con Hernán Homez Machado, comandante de la Zona de la Guardia Nacional Bolivariana número 12 del estado Lara, sin obtener respuesta. El Impulso tampoco pudo obtener declaraciones de otras autoridades locales.
Los vínculos con los primos Flores
El 21 de febrero de 2017 Runrunes publicó una investigación en la que se detallaba la relación entre uno de los detenidos por este caso y los sobrinos del presidente de Venezuela, Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, hallados culpables por la justicia estadounidense por participar en una conspiración para ingresar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos.
En ese trabajo se relató cómo el nombre de Barroeta Florez es mencionado al menos en cuatro oportunidades en el último documento presentado por la Fiscalía estadounidense ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, encargada del caso de los primos Flores. En la audiencia previa al juicio que se llevó a cabo el 14 de noviembre de 2016 se revelaron extractos de conversaciones extraídas de los teléfonos incautados a Campo y Flores en el momento de su detención.
Además, se hicieron públicos algunos detalles sobre varios contactos con los que conversaban frecuentemente; entre ellos, un contacto llamado “Gilson” —para ese entonces, “Gilson” a secas—. La imagen que se muestra a continuación es un extracto de los apuntes de la autora de esta nota durante la sesión de ese día. El número de teléfono fue corroborado por otra de las reporteras asistentes a la presentación.
Efraín Campo intercambiaba con “Gilson” fotografías de armas de fuego y comentarios sobre la “belleza” de estas (“so beautiful”). No fue hasta el 13 de febrero de 2017 que la Fiscalía develó el nombre completo del supuesto proveedor de armas de los sobrinos Flores: Gilson Mauricio Barroeta Flores. El número correspondiente al contacto “Gilson”, según las evidencias presentadas en la corte neoyorquina, es el mismo que se le atribuye al iPhone incautado a Gilson Mauricio Barrueta Flores (sic).
El abogado Troconis calificó la vinculación es un “error” y Barroeta “no tiene una vinculación familiar” con Efraín Campo y Franqui Flores. Al ser consultado por la coincidencia entre el número presentado en el juicio en Nueva York y el revelado en el acta de detención levantada por el Conas dijo desconocer, de momento, este detalle. “Mi función aquí es su defensor en este caso en particular. Eso que pase afuera para mi siguen siendo cuentos de redes porque no soy el abogado ahí”, dijo.
