Recientemente, cinco ataques con granadas a sedes policiales, que tuvieron lugar en menos de 48 horas, causaron conmoción en la opinión pública. Estos incidentes son solo unos entre muchos otros, registrados por la prensa nacional en los últimos años. El Ministerio de Interior y Justicia, y los cuerpos de seguridad por ahora solo han dicho que están en “investigaciones oficiales”. Mientras tanto –y aunque parezca insólito –los vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) circularán sin el logo policial para evitar ser blanco de ataques, tal como informó el periodista de sucesos del diario
El Nacional Javier Ignacio Mayorca.
Sus buenos dólares
Entre Bs. 60 mil y 120 mil bolívares cuesta una granada fragmentaria en el mercado negro dentro de Venezuela. Estas son estimaciones de uniformados consultados según El Nacional. Sobre cuánto cuesta cada granada al Estado venezolano –porque este tipo de armamento no está a la venta de manera legal para los civiles sino que se obtiene a través de filtraciones y robos del material armamentístico del país –esto solo lo saben los encargados de la adquisición de armamento para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Lo cierto es que cuantiosos recursos de las arcas nacionales, que podrían estar siendo destinado a cualquier necesidad, son desperdiciados de esta manera.
Un general retirado de la FANB accedió a participar en este artículo y explicó que todo este material explosivo no se fabrica en la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) y que por lo tanto es comprado en el exterior, en divisas y a precios internacionales. Según César Marín, Encargado Senior de Campañas Tácticas y Respuesta a Crisis de la oficina regional de Amnistía Internacional para las Américas, cada granada puede costar 500 dólares.
Referente a quiénes tienen acceso de manera legal a las granadas, el general retirado expresó que este material es distribuido en toda la estructura del Ejército venezolano, incluidos los rangos más bajos; desde los batallones e infanterías, que así como tienen fusiles también pueden tener granadas y cualquier otro elemento de combate.
Ninguna policía u otra fuerza de seguridad en Venezuela está autorizada a poseer granadas.
En este sentido, una de las hipótesis que maneja el General es que haya sustracción de este material desde las FANB como una manera de lucro de sus efectivos. Otra vía sería que los grupos armados cuenten con mucho dinero y puedan comprarlo a varios proveedores externos; la guerrilla colombiana manejaría este tipo de material.
“El Estado venezolano debe investigar realmente cuál es la procedencia de esos armamentos”.
En Venezuela se utilizan, entre otras, las granadas más mortales, que son las que llegan a manos de los delincuentes
Hablando sobre las granadas que se conocen en Venezuela, el general explicó que las fragmentarias son las más usadas en el país, ya que al explotar se esparcen esquirlas y causan más daño a las personas. También están las granadas aturdidoras, que pueden atontar a las personas que las escuchan y dejarlas fuera del combate. El general añadió que las que están usando para atacar a los policías en Venezuela son las granadas fragmentarias.
De acuerdo a esto, recomendó que la FANB haga un control estricto sobre los que custodian este material e inventaríe permanentemente el mismo, ya que es necesario tener un control cada vez que salen las granadas a las prácticas y cuándo regresan.
“Sabemos que hay extracción y tráfico de armas. La guerrilla colombiana ha introducido también armas al país, es un negocio muy lucrativo. A esto se le llama sustracción de material de guerra”.
De igual forma, el general expresó que hay bandas delictivas en Venezuela que también usan fusiles, otro instrumento de guerra incluso más mortífero que una granada misma, ya que puede ser usado a 300 o 400 metros de lejanía, mientras la granada tiene que ser de cerca.
“Hay bandas hamponiles que se han enfrentado a la policía con armas largas, aunque no se sabe cuál es el carácter por lo que las están usando, si es violencia política o terrorismo, o es hampa común contra la policía, eso no está determinado.”
No sólo contra policías
Según El Pitazo, desde enero hasta la tercera semana de mayo de 2015 se han contabilizado 24 hechos delictivos que incluyen el uso de armas fragmentarias. Las granadas “rodarían” en los barrios y en las cárceles de Venezuela a pesar de que el monopolio de su uso debería recaer en la FANB.
Un estudio de la organización de Naciones Unidas para el Desarme reveló que Venezuela fue la nación con más muertos por el uso de granadas entre 2013 y marzo del 2015, en ese lapso 18 personas fallecieron a raíz de la manipulación de este objeto.
En un estudio del portal Tal Cual se planteó la pregunta de cómo van a parar granadas en manos de civiles y los especialistas entrevistados arrojaron estas cinco respuestas:
1.- A través de algunos jóvenes que ingresan al servicio militar y se retiran en menos de 2 años, en ese tiempo sustraen las armas de los almacenes.
2.- Otra posibilidad está en la incautación de estas armas no declaradas de los cuerpos policiales.
3.- Una tercera vía es el caso de militares retirados quienes almacenan como souvenir en su paso por las Fuerzas Armadas.
4.- También está la posibilidad de que el material bélico ingrese por las fronteras.
5.- La quinta fuente es que los funcionarios de las FANB se las llevan de las prácticas de entrenamientos.
La dirección de Armas y Explosivos (DAEX) calculó que en Venezuela la matriculación de armamento ilegal en el 2013 alcanzaría 1.678.000 de unidades, y de estas cifras, más de 600 granadas están en manos de delincuentes.
¿Cómo deberían ser las cosas?
El coordinador del Programa de Seguridad Pública de la ONU, William Godnick explicó que las granadas son de uso militar contra objetivos militares, y su desvío se da principalmente porque son robadas o hurtadas de arsenales estatales, en general por funcionarios de las Fuerzas Armadas (FFAA). Los Tratados de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), señalan que las granadas son artefactos únicamente destinados para ser utilizados contra objetivos militares.
Por lo tanto, y en concordancia con el general que accedió a esta entrevista, el principal cuidado que deberían tener las FFAA para evitar que las granadas caigan en manos equivocadas es mantener un control estricto de los arsenales, con medidas de seguridad y control sobre el personal responsable. Igualmente, es necesario almacenar estos artefactos en cantidades limitadas.
El Ministerio de la Defensa es el responsable
El Encargado Senior de Campañas Tácticas y Respuesta a Crisis de Amnistía Internacional en México, César Marín, señaló que “en Venezuela todo el apartado de explosivos quedó fuera de la discusión de la ley desarme de 2013 por cuestiones de facilidad de la discusión, pero la realidad es que nunca hubo una intención de abarcar integralmente todas las armas y explosivos en un marco regulatorio moderno.” Todo lo relacionado con la regulación de los explosivos seguiría siendo entonces normado por la antigua y parcialmente vigente Ley de Armas y Explosivos del año 1939 que determina que la responsabilidad máxima sobre el uso irresponsable de este tipo de armamento recae en el Ministerio de la Defensa.
Repitiendo la pregunta de cómo se desvían las granadas, Marín apuntó que la causa normal es que sea sustraída por un funcionario corrupto que la vende o distribuye con alguna intención. Por lo tanto algunas personas dirán, ¿cómo puede ser responsabilidad del Ministerio de Defensa que alguien contrabandee una granada?
“Pues justamente al hacerse el uso de explosivos o si se incautan es responsabilidad de la autoridad detectar esos patrones y caminos de esos implementos letales. Si no lo hacen habiendo antecedentes de usos y de incautaciones en el pasado reciente en el país, lo más lógico es preguntarse por qué no ha habido ninguna investigación”, argumentó.
Sobre los tratados internacionales que deberían aplicarse en Venezuela, César Marín expresó que hay uno aplicable que es la CIFTA (Instrumento Regional para el Control de la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego) el cual básicamente aporta herramientas a los Estados para coordinar acción conjunta y prevenir la fabricación, tráfico de armas y explosivos en las Américas.
“Venezuela es signataria de ese acuerdo, que básicamente no usa. En él se dan algunas determinaciones sobre las responsabilidades de las agencias de control de tales implementos”.
Marín recomienda que de acuerdo a la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones de 1939, la norma general es almacenar este tipo de armas explosivas en sitios seguros y alejados de poblaciones, con acceso restringido e individualizado (registro escrito y huellas dactilares), con mantenimiento de inventario constante, etc. Además que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) debe rendir cuentas respecto a la fabricación, importación, exportación y comercialización de armas de fuego. Algo que no hace.
