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Concejal de Apure muere tras sufrir ACV en las celdas del Sebin

@loremelendez

DIRIGENTES DEL PARTIDO PRIMERO JUSTICIA denunciaron este domingo, 17 de septiembre, la muerte del concejal del municipio Páez (Guasdualito) del distrito del Alto Apure, Carlos Andrés García, quien sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) mientras estaba en prisión por razones políticas.

García falleció poco después de las 6:00 pm en el Hospital Central de San Cristóbal, a donde fue trasladado este fin de semana. Allí cumplía el beneficio de casa por cárcel que recibió el jueves por su grave condición médica. Según varios diputados que se hicieron eco de la noticia –como Carlos Paparoni, Delsa Solórzano y Jony Rahal–, la orden no fue ejecutada de inmediato por las autoridades de Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en cuyas celdas estaba recluido.

«Estando detenido ilegalmente, a Carlos Andrés le dio un ACV y le fue negado cualquier tipo de atención médica. Solo fue trasladado a un centro de salud cuando ya no había posibilidades de hacer nada para mejorar su salud», dicen dos tuits de PJ con respecto al caso.

Las deterioradas condiciones físicas de García ya había sido alertadas. A mediados de agosto pasado, Edinson Ferrer, presidente de la Asociación de Concejales por Venezuela, dijo que el político tenía un «grave estado de salud» y que requería ser trasladado a un hospital y el Sebin lo negaba.

Ya al momento de su detención, el pasado 17 de diciembre de 2016, García había sufrido una descompensación y descontrol de la tensión, según el mismo Ferrer, quien abogó por su liberación inmediata. Había sido apresado en Guasdualito, junto al político local Eduard Cogollo, en medio de los disturbios que se presentaron en el pueblo por la abrupta salida de circulación del billete de 100 bolívares, que luego fue repuesto por Nicolás Maduro. Allí ocurrieron saqueos a comercios e incendios a agencias bancarias.

La casa de García fue allanada también ese día. Dirigentes políticos denunciaron que le habían sembrado dinero en efectivo. El Ministerio Público lo acusó de los delitos de instigación pública a delinquir, daño violento, incendio en grado de participación y hurto.

El concejal es el segundo preso político que muere en cautiverio. El primero fue Rodolfo González, conocido como «el aviador», quien se suicidó en las celdas del Sebin del Helicoide, en Caracas, en marzo de 2015.

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AN exhorta al Ejecutivo a abrir canal humanitario para estados afectados por saqueos

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En la sesión de este 19 de diciembre, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad un exhorto al Ejecutivo para que permita la apertura de un canal humanitario para atender a los estados afectados por los saqueos y hechos de violencia suscitados desde el pasado 16 de diciembre, en especial Bolívar.

El diputado Alfonso Marquina, presidente de la Comisión de Finanzas, señaló que los problemas que surgieron la semana pasada a raíz del lapso para detener la circulación del billete de 100 bolívares, por lo que fueron consecuencia de la ineficiencia del Gobierno en tomar las medidas adecuadas para no dificultar el uso de la moneda por los ciudadanos.

Por su parte, el diputado por el estado Bolívar y presidente del Parlatino, Ángel Medina, expuso imágenes de los cinco municipios afectados por disturbios este fin de semana: El Callao, El Palmar, Tumeremo, Ciudad Bolívar, Guasipati, Ciudad Piar y La Paragua.

Medina explicó que estos municipios cuentan con pocas organizaciones bancarias y utilizan muy poco las transacciones electrónicas, por lo que el uso del dinero en efectivo es fundamental. Por lo tanto, cuando el Gobierno tomó la medida de sacar de circulación el billete de mayor denominación, los ciudadanos se quedaron sin la posibilidad de recibir sus pagos y de adquirir alimentos.

El parlamentario expresó la preocupación e incertidumbre que están experimentando los ciudadanos de ese estado, pues en Ciudad Bolívar al menos 350 comercios fueron violentados. A eso se suma el cierre de la frontera con Brasil, lo que imposibilita que la población pueda comprar alimentos en el país vecino.

Por otra parte, señaló que en algunas zonas después de que violentaron los comercios intentaron entrar en casas y urbanizaciones. Además, criticó que las autoridades del estado tardaron 72 horas para activar un plan de seguridad para resguardar a los ciudadanos.

Con información de El Universal