La tormenta por Ayotzinapa arrecia. El portazo dado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) en su despedida de México ha generado una ola de apoyo global. Tras la llamada de atención de Washington, que pedía al Gobierno mexicano que no echase en saco roto las recomendaciones de este equipo, le llegó el turno a la ONU. El alto comisionado para los Derechos Humanos, Rupert Colville, ha mostrado su “preocupación por los muchos retos y obstáculos reportados por los expertos y que pudieran haber impedido que ciertas líneas de investigación fueran exploradas, incluyendo el papel y responsabilidad de militares y autoridades oficiales en el caso”.
La declaración de Naciones Unidas es un golpe directo a la Procuraduría General de la República (PGR). En su informe final, hecho público después de que el Gobierno mexicano decidiese no prorrogar su estancia, el GIEI ponía en duda la versión oficial, acusaba al organismo público de haber obstruido una y otra vez las pesquisas sobre la desaparición de los 43 estudiantes y de haber dejado sin investigar las “conductas omisivas” de determinados funcionarios públicos en referencia al Ejército. Para el equipo de expertos, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en este comportamiento refractario se incluían actos tan graves como la manipulación de algunos escenarios claves del caso y la tortura de 17 detenidos, supuestamente para asegurar el relato oficial.
Ante estas demoledoras conclusiones, el propio presidente Enrique Peña Nieto intentó apaciguar la marejada y ordenó que las propuestas del informe final del GIEI fueran analizadas. De poco sirvieron los paños calientes. Primero el poderoso Departamento de Estado y ahora la ONU han lanzado sus advertencias. “Hacemos un llamado al Gobierno para asegurar el seguimiento efectivo del informe y para afrontar los retos estructurales más amplios que éste ha expuesto”, señala el alto comisionado de Naciones Unidas. En su declaración, corta y contundente, Colville recuerda que el caso Ayotzinapa se ha convertido en una prueba crucial de “la voluntad y habilidad de las autoridades mexicanas para afrontar crímenes violentos y la corrupción”. Y que ante este reto el Gobierno debe “actuar decididamente sobre las recomendaciones del GIEI y garantizar los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas y sus familias”. En esta línea, la ONU ofrece su total respaldo al GIEI, sometido en México a fuerte campaña de desprestigio, y exhorta al Ejecutivo a “explorar exhaustivamente las nuevas líneas de investigación sugeridas por el Grupo, así como a fortalecer las investigaciones sobre este caso emblemático”. Para hacer efectivo este llamamiento, el comisionado muestra a Peña Nieto el camino a seguir y que pasa por comprometerse con “el mecanismo de seguimiento de las investigaciones, cuya instalación ha anunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
