Los recientes decomisos de cobre en Venezuela muestran cómo sigue la fuga de suministros básicos en el país mientras la crisis económica se agudiza, y los ciudadanos toman medidas desesperadas para ganar algo de dinero extra.
La policía investigativa de Venezuela confiscó 7,5 toneladas de tuberías de cobre y arrestó a más de 100 personas en varios operativos contra el contrabando, según información de El Nacional.
El cobre tenía origen principalmente en la capital Caracas y en los estados vecinos de Carabobo y Aragua, y tenía como destino otros países de la región, aseguraron las autoridades. Parte de este se encontró en un barco que se dirigía desde el estado costero de Falcón hacia las islas del Caribe.
La policía declaró que hay varios grupos responsables del robo de cobre en todo el país, y que atacan principalmente a las firmas de contratistas eléctricos. Al parecer estos grupos están integrados por ladrones «expertos» en cable, y contratar a habitantes de la calle para ejecutar las actividades. Los ladrones han dejado sin electricidad varias zonas.
Análisis de InSight Crime
Mientras el pueblo venezolano lidia con una crisis económica severa, inflación crónica y desabastecimiento, más la falta de servicios públicos básicos, el contrabando de metales hacia otros países parece haber tomado auge. El bronce, aluminio y cobre y otros metales son objeto de contrabando organizado y a gran escala y por parte de personas que buscan un ingreso extra.
Se dice que en la ciudad de Cúcuta, en la frontera de Colombia con Venezuela, puede venderse un kilo de cobre por unos 36.000 bolívares venezolanos, que al día de hoy equivalen a poco más de US$1. Dado que el salario mínimo mensual en Venezuela está por los US$5, esto representa un ingreso importante al otro lado de la frontera.
También se dice que la gente roba y sustrae kilómetros de cable eléctrico de la infraestructura pública y privada, incluyendo escuelas, centros de salud, fábricas de briquetas de carbón, semáforos y postes de luz. En algunos casos, los residentes se llevan los cables de sus mismas casas para vender como chatarra a los intermediarios. Esos intermediarios van a vender el cobre a fundiciones y fabricantes legales en Venezuela, o lo pasan ilegalmente al otro lado de la frontera para venderlo a los negociantes de chatarra en Colombia.
Como sucede con otras formas de contrabando, esta práctica incentiva el deterioro cíclico de los servicios públicos y la infraestructura en toda Venezuela. El robo de cables ha dejado sin servicio eléctrico, de internet o teléfono a barrios y universidades. Lo mismo sucede con otros servicios vitales. Por ejemplo, mientras el sistema de salud en Venezuela requiere con urgencia suministros básicos, cientos de empresas farmacéuticas siguen entrando ilegalmente en el vecino país.
Los mercados criminales diferentes del contrabando también prosperan en Venezuela, y Caracas es una de las ciudades más violentas del mundo. El ejército, miembros de alto rango del gabinete del presidente Nicolás Maduro y su misma familia se han visto implicados en el tráfico transnacional de cocaína
