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Ricardo Álvarez

Gobernador colombiano teme crisis por llegada de venezolanos

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El gobernador del departamento de Arauca, ubicado en el este de Colombia y fronterizo con Venezuela, teme una «crisis» en su región si se reabre la frontera y aumenta la llegada de venezolanos a la zona en busca trabajo y atención médica.

En una entrevista publicada este lunes por el diario El Tiempo, el gobernador Ricardo Alvarado advirtió que «una avalancha o un supuesto aumento del volumen de personas hacia Arauca nos generaría una crisis en el departamento que no tendríamos cómo soportarla».

«En este momento, la frontera está cerrada y hay un paso controlado, pero donde la lleguen a abrir no estamos preparados para atender a quienes nos lleguen», dijo.

La porosa frontera entre Colombia y Venezuela, de 2.219 km, permanece cerrada desde agosto pasado por orden del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien justificó su decisión como una medida para combatir el contrabando y frenar el crimen organizado.

Sin embargo, Alvarado precisó que mas bien el paso fronterizo está «controlado» por el gobierno venezolano y diariamente unas 10 a 15 personas llegan a Arauca desde Venezuela porque las «dejan pasar».

Una vez en territorio colombiano, en su mayoría buscan «soluciones en la parte de salud ante la crisis que han tenido por el suministro de medicamentos» o trabajo.

También hay «colombianos que viven al otro lado y se las ingenian para venir a buscar la atención médica y algunos productos básicos», explicó el gobernador.

Venezuela vive una fuerte crisis política y social, con una escasez de 80% de los alimentos y la inflación más alta del mundo (180,9% en 2015), además de una desaforada criminalidad, que motivan el rechazo a Maduro, cuyos niveles de apoyo rondan un 25%.

Corrupción salpica a partido gobernante de Honduras

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TEGUCIGALPA, Honduras (AP) – Empresarios vinculados a un fraude multimillonario al sistema de seguridad social de Honduras financiaron la campaña del gobernante Partido Nacional en 2013 con 2,8 millones de dólares, según un informe divulgado la madrugada del viernes por la comisión legislativa que investigó el caso.

Los inversionistas depositaron 10 cheques por importe de 940.000 dólares en las cuentas del entonces precandidato a la presidencia Ricardo Álvarez, que ahora es vicepresidente del país, dijo el diputado Mario Pérez en una sesión del Congreso.

Otros dos cheques de 190.000 dólares fueron entregados por la firma CA Technologies al Partido Nacional.

Pérez, diputado y correligionario de Álvarez y del presidente Juan Orlando Hernández, encabezó una comisión de investigación formada por 13 legisladores de siete formaciones.

El grupo criticó la actuación del Ministerio Público en 12 sonados escándalos de corrupción ocurridos en la última década en Honduras. Sin embargo, no pidió abrir un juicio político contra el fiscal general, Oscar Chinchilla, como previamente anunciaron algunos congresistas de la oposición.

Álvarez se enfrentó en unas primarias a Hernández, que asumió el cargo en enero de 2014 para un mandato de cuatro años.

Los legisladores instaron a los jueces a revisar las cuentas del partido para verificar el origen de los fondos usados en la campaña electoral de hace dos años.

La comisión del Congreso dijo que el Ministerio Público aún no aclara «por negligencia, tardanza en aplicar la justicia e incapacidad» la corrupción en el país.

«Yo no tengo nada que ver con la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)», dijo el presidente del país en la víspera tras instar a su partido a «devolver cuanto antes los fondos que recibió del desfalco».

«Las investigaciones deben continuar, caiga quien caiga», agregó el mandatario.

Según el Ministerio Público, una red dirigida por Mario Zelaya, ex director del IHSS durante la presidencia de Porfirio Lobo (2010-2014), desvió de manera fraudulenta unos 320 millones de dólares de los fondos destinados a comprar medicamentos, insumos para el sistema sanitario y pagar pensiones de vejez e invalidez.

Zelaya fue detenido tras refugiarse en Nicaragua y desde hace seis meses está detenido a las afueras de Tegucigalpa, junto a dos ex viceministros, el de Salud y el de Trabajo. Tanto ellos como los 18 ex directivos del IHSS están siendo investigados.

El ex fiscal Víctor Fernández dijo que la corrupción en el ente habría dejado al menos 1.000 muertos por no recibir la atención adecuada por falta de recursos.

Los investigadores determinaron también que el ex presidente Manuel Zelaya, derrocado en junio de 2009 por los militares por intentar quedarse en el poder, gastó unos 600.000 dólares en empresas publicitarias y canales de televisión con fondos provenientes de la partida de sueldos y salarios de la Presidencia, pese a que ninguno de los beneficiados trabajaba para el Estado.

Según el informe, Zelaya (2006-2010) pagó 44.000 dólares por una noche de alojamiento en un hotel de la capital cuando era presidente.

La fiscalía ha enjuiciado a Enrique Flores, ex ministro de Presidencia de Zelaya, por malversar presuntamente 2,1 millón de dólares de fondos donados en 2008 por Taiwán.

«El desfalco millonario de la Seguridad Social impulsa al pueblo a salir a las calles a protestar porque los fondos se utilizaron para financiar campañas políticas», advirtió a The Associated Press el activista Ariel Varela, uno de los numerosos jóvenes que han organizado multitudinarias manifestaciones en todo el país en las últimas dos semanas.

Se hacen llamar Oposición Indignada y convocan sus actos a través de medios sociales.